La presidenta regional de ANEF Arica y Parinacota y dirigenta nacional de la Asociación Nacional de Funcionarios Regionales de SENAME (ANFUR), Carolina Bravo, manifestó su preocupación por la falta de claridad en el proceso de traspaso del Servicio Nacional de Menores (SENAME) al Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil, problemática que hoy en día afecta principalmente al norte de nuestro país, ya que la primera bajada en la implementación del nuevo Servicio comienza el 13 de julio del 2023, desde la región de Arica y Parinacota hasta la región de Coquimbo, por lo cual los trabajadores/as enfrentan numerosas inquietudes y falta de claridad en aspectos muy relevantes sobre su futuro laboral.

Según Bravo, si bien es cierto existen mesas de trabajo sostenidas con las tres asociaciones de carácter nacional, los avances en torno a temas trascendentales con el Ministerio de Justicia y SENAME, en búsqueda de certezas han sido lentas, y también lo ha sido el proceso de preparación para el traspaso y la aprobación de los respectivos decretos con fuerza de ley. Esto ha generado confusión y un sinnúmero de situaciones que afectan a los trabajadores/as y que a la fecha no tienen definición. Existen dudas sobre la homologación de cargos, los criterios de prelación que se han aplicado para dichos cargos, cuales regiones contarán con sistemas semi cerrados, cuáles serán las dotaciones por región, si se contará con algún segmento protegido que favorezca a las personas por edad, cuáles serán los grados de dichos cargos, la exigencia de profesionalización para los educadores y coordinadores y los cargos que definitivamente no vienen considerados y cuya falta de continuidad mantiene a las personas muy afectadas ante la posibilidad de no ser traspasadas.

La representante de ANFUR explicó: “Las respuestas han sido lentas y poco formales, siendo gran parte de ellas tales como “se está trabajando en ello” “se está viendo”. En este sentido se entiende que es parte de un proceso que cruza aspectos técnicos y presupuestarios, pero la gente del norte ve con mucha angustia que ya no queda tiempo, ante lo cual se instala una atmósfera de incertidumbre y desconfianza en el proceso y sus actores, incluidos los dirigentes, quienes no logran dar las respuestas que las bases esperan ante un proceso tan trascendental como el que se está viviendo” 

Falta de garantías

Es importante señalar que a un mes y medio de la fecha en que se debe comenzar el nuevo Servicio, “no existe claridad aún bajo que concepto se va a proceder, ya que el traspaso comienza el 13 de julio y termina el 13 de enero del 2024 en el norte. Entonces, qué trabajadores parten, quiénes terminan ¿los cargos que deben comenzar siendo traspasados en las direcciones regionales deben seguir ejecutando funciones en SENAME, o tendrán que ejecutar la mitad de las funciones en el Servicio antiguo y la mitad en el nuevo? son todas inquietudes que se han levantado y la verdad es que ante la gran mayoría de preguntas que los funcionarios/as han expresado, no hay respuestas claras por parte de las autoridades“.

Bravo agregó “las autoridades deben considerar que somos trabajadores/as públicos, quienes desempeñamos nuestras funciones en contacto directo con jóvenes infractores de ley, en contextos muy hostiles, de mucha adversidad y en sistemas privativos de libertad  muy complejos, por lo tanto, tener a los trabajadores en esas condiciones, de incertidumbre, de no saber que viene el día de mañana, si van a tener trabajo el próximo año o no, si podrán asumir compromisos económicos, es un tema muy delicado, necesitamos una mayor preocupación por la salud mental de las personas que están ejerciendo funciones hoy, ya que son quienes están encargados del trabajo de reinserción de muchos jóvenes”

En alerta

Ante esta situación, los trabajadores/as de ANFUR SENAME Arica han decidido iniciar un proceso de movilización, declarándose en estado de alerta, dando a conocer a través de carteles ubicados en el CIP CRC sus principales inquietudes, buscando visibilizar su situación, considerando la lejanía que mantienen con el resto de regiones. La dirigenta destacó, entre otros, la importancia de que las autoridades del Ministerio de Justicia aceleren los procesos y brinden claridad a los trabajadores/as, haciendo un llamado en esa línea, al subsecretario de justicia Jaime Gajardo, a modo de mejorar la información en calidad, tiempo y forma. 

Dicha autoridad fue informada sobre las inquietudes de los trabajadores/as del norte en una visita realizada este lunes a la región de Arica y Parinacota donde el presidente regional de ANFUR fue recibido por el representante del Ministerio de Justicia. La lentitud del trabajo en los decretos con fuerza de ley involucrados en la implementación de este servicio y la implementación progresiva de la ley en diferentes regiones han generado críticas, considerando que la carga de la “puesta a prueba” recae en las regiones del norte. 

Finalmente, los trabajadores/as requieren certezas para poder decidir, bajo legítimo derecho, si continúan o no en el nuevo Servicio, ya que la disponibilidad de información clara y precisa es fundamental para tomar decisiones informadas. 

La ministra del Interior y Seguridad Pública, Carolina Tohá, anunció que hoy se envió al Congreso un proyecto de ley que “fortalece el rol de las municipalidades en prevención del delito y seguridad
pública”.
La iniciativa legal surge del trabajo que ha venido desarrollando el gobierno con diversas fuerzas políticas, parlamentarios, asociaciones de municipalidades y municipios, con el fin de elaborar una agenda amplia de medidas que responda a la demanda ciudadana por más seguridad. También, responde a los puntos N°4 y N°5 del “Compromiso Transversal por la Seguridad” suscrito en abril de este año entre el ejecutivo y las Asociaciones de Municipalidades y es uno de los proyectos de la agenda de “fast track” legislativo que el gobierno acordó con los presidentes del Senado y la Cámara de Diputados y Diputadas.

Prevención

En materia del rol preventivo, la iniciativa reforma los Consejos Comunales de Seguridad, crea un comité operativo de funcionamiento mensual, incorpora criterios de seguridad en los instrumentos de planificación urbana y territorial comunal y fortalece los planes de seguridad de los municipios. Además, contempla la creación de una categoría funcionaria, los “Inspectores de Seguridad Municipales”, dedicada exclusivamente a las funciones de seguridad y fiscalización, en coordinación
con las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública.

La ministra Tohá dio cuenta de la iniciativa al inaugurar la Asamblea de la Asociación Chilena de Municipalidades, que lidera la alcaldesa de Peñalolén, Carolina Leitao, y que se desarrolla hasta este viernes en La Serena, región de Coquimbo. En la ocasión, la secretaria de estado destacó que “el corazón de este proyecto responde a una necesidad largamente conversada con ustedes como alcaldes y alcaldesas, para fortalecer las funciones con las cuales los municipios ejercen labores de seguridad y de fiscalización”. En este sentido, agregó que espera que el debate legislativo que se registre a contar de la próxima semana en el Parlamento, permita avanzar en la búsqueda de  “establecer nuevas exigencias que iremos fortaleciendo paulatinamente, como que los guardias tengan idoneidad física y sicológica, que no tengan antecedentes penales, ni de violencia intrafamiliar”.

Otro de los aspectos destacados es que se destinarán $5 mil millones al año para un fondo que los municipios deberán destinar a la entrega de elementos de protección a los guardias municipales, como un bastón retráctil, chaleco antibalas y formación especial para ejercer estos nuevos roles. “Se van a establecer parámetros que son vinculantes, porque entrar en materias de seguridad es delicado. No queremos que se confunda porque no está en nuestro horizonte tener policías municipales, pero sí coadyuvantes en materia de seguridad, que especialmente permita que lo que hoy día ya hacen los municipios en materia de patrullaje, de apoyo a las víctimas, de fiscalización, lo hagan con más protección, en mejores condiciones, con más capacidades y con un reconocimiento legal que hasta el día de hoy ha sido relegado”.

Principales aspectos del proyecto
-Fortalecimiento de la institucionalidad de las municipalidades en seguridad

– Los municipios podrán desarrollar directamente o con otros órganos de la administración del Estado, funciones relacionadas con el desarrollo, implementación, evaluación, promoción, capacitación y apoyo de acciones, planes, medidas y proyectos, así como celebración de convenios, en el ámbito de la seguridad pública, la prevención del delito, la reinserción social y la asistencia a víctimas, a nivel comunal.

– Crea el Comité de Coordinación Operativa dentro del Consejo Comunal de Seguridad Pública, el cual se reúne mensualmente (o cada vez que sea necesario). Es presidido por la Alcaldesa o Alcalde y está integrado por el Director o Directora de Seguridad, así como por los representantes de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública y del Ministerio Público.

– Modifica el Plan Comunal de Seguridad Pública con el objetivo de incorporar medidas de atención y asistencia a las víctimas de delito; de prevención de delito; mejoramiento de las condiciones urbanas, semiurbanas y rurales; así como la incorporacion de los lineamientos establecidos en la Política Nacional de Seguridad Pública.

– Incorpora el enfoque de seguridad en el diseño de las obras de urbanización y edificación, así como en el plan comunal de inversiones, infraestructura de movilidad y espacio público.

Crea la figura de los Inspectores Municipales de Seguridad
Los inspectores municipales de seguridad cumplirán funciones preventivas y también coadyuvantes.
– Entre las funciones preventivas están el informar al consejo comunal de seguridad pública sobre situaciones que pongan en riesgo a la seguridad de la comuna; la asistencia a víctimas con posterioridad a la comisión de delito; colaborar en la fiscalización en el territorio comunal (ley de alcoholes, rentas municipales, ordenanzas municipales, etc.).

– Entre las funciones coadyuvantes están el desarrollo de un trabajo coordinado con las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, en materias como: intervención en procedimientos policiales de bajo nivel de riesgo, cuyo protocolo de actuación quedará definido en el reglamento de la ley; patrullajes preventivos independiente y mixtos (con policías); control de medidas cautelares.

– Capacitación. Para habilitar a los funcionarios en estas nuevas herramientas, la Subsecretaría de Prevención del Delito (SPD) y Carabineros de Chile suscribirán un convenio para impartir un plan formativo que será requisito para desempeñar esta tarea. La SPD también deberá llevar una nómina actualizada del personal que ejerce funciones como Inspector o Inspectora de Seguridad Municipal.

– Contarán con elementos de protección que será proporcionados por los municipios, entre los que no se cuentan armas de fuego ni elementos cortopunzantes.

El Ministerio de Salud emitió una advertencia sobre una posible alerta sanitaria en las comunas de Concón, Quintero y Puchuncaví debido al aumento de la contaminación en la zona. Además, anunció que, a través de un decreto, la Secretaría Regional Ministerial (Seremi) de Valparaíso podría cerrar las empresas contaminantes.

En un comunicado oficial difundido por la Seremi, el Ministerio de Salud señaló textualmente: “A raíz del aumento de atenciones de salud y de los incrementos observados en contaminantes ambientales registrados en la estación de calidad del aire de Quintero centro, el Ministerio de Salud ha iniciado el proceso para decretar Alerta Sanitaria para las comunas de Concón, Quintero y Puchuncaví, de forma de contar con mayores facultades que permitan dar respuesta a la emergencia que afecta a la zona”.

El decreto otorgará a la Seremi de Salud de Valparaíso facultades extraordinarias para llevar a cabo acciones de salud pública y otras medidas complementarias destinadas a prevenir y controlar de manera efectiva las posibles consecuencias sanitarias derivadas de la contaminación atmosférica. Asimismo, las autoridades tendrán la capacidad de cerrar parcial o totalmente las industrias que estén generando emisiones contaminantes.

Otras medidas

En respuesta al nuevo episodio de contaminación ambiental ocurrido en la comuna de Quintero, la Fiscalía abrió una investigación de oficio. Al menos 100 niños y jóvenes presentaron síntomas de intoxicación, como desmayos, náuseas, dolor de cabeza y de estómago, lo que llevó a la Seremi de Educación a suspender las clases.

Además, la Superintendencia de Medio Ambiente ha dictado medidas provisionales contra siete empresas en Concón, Quintero y Puchuncaví tras el episodio de contaminación. La entidad constató un aumento en las atenciones de salud asociadas a la contaminación atmosférica en diferentes centros de salud de las comunas. Entre las medidas se encuentra la reducción del 70% de los flujos de carga y descarga de productos que emitan compuestos orgánicos volátiles (COVs), así como la aplicación de los planes operacionales de cada empresa en caso de mala ventilación.

Los vecinos también han advertido un intenso olor a gas que se intensifica a medida que se avanza hacia la zona industrial.

Carolina Bravo, presidenta regional de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF) en Arica, ha buscado relevar situaciones de maltrato laboral y acoso hacia trabajadores públicos en la región, existiendo casos con seguimiento dentro de los distintos Servicios, dentro de los cuales se encuentra el Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (Sernapesca).

En este sentido ANEF Arica ha estado manteniendo conversaciones con autoridades en el marco de la implementación del Convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que trata sobre violencia y acoso en el ámbito laboral. Según Bravo, durante estas conversaciones se han abordado “las exigencias que mandata este Convenio, así como también las responsabilidades que tienen autoridades como Seremis y jefes de servicio en torno a su implementación y validación al interior de cada uno de ellos, existiendo un compromiso con el delegado presidencial a objeto de generar un protocolo de actuación en esta materia”

Tres casos centinela

En relación a los casos específicos en Sernapesca, Bravo afirmó: “En este servicio, existen casos centinela, denominados de esta forma por la Superintendencia de Seguridad Social, y referidos a aquellos trabajadores diagnosticados con una enfermedad mental de carácter profesional por las mutualidades, y, a razón de ello, tienen un seguimiento donde dicha institución hace una serie de exigencias al empleador con el objeto de mejorar las condiciones, los espacios y ambientes que gestan el desgaste a propósito del maltrato del cual el trabajador es objeto.” Agregó que Sernapesca Arica y Parinacota cuenta con tres casos en esta condición, relacionados con situaciones de maltrato y acoso laboral.

En este marco, este lunes, la ANEF regional celebró un encuentro con el nuevo director regional de Sernapesca, Cristián Espinoza. Al respecto, Bravo explicó que “la idea es trabajar con él desde un principio, e informarle desde los propios trabajadores, lo que se está haciendo con los gremios base de Sernapesca, y de esta manera, poder comenzar a regular y poner más atención en las formas, en las dinámicas relacionales entre las autoridades, las jefaturas y los trabajadores, así también, las dinámicas de relación entre los propios trabajadores las que muchas veces se promueven desde el actuar de las mismas jefaturas.” Destacó que encontraron apertura por parte de la autoridad, quien acoge de buena manera el acompañamiento de la ANEF a los equipos de trabajo.

Carolina Bravo afirmó: “Estamos teniendo reuniones con las instituciones que tienen casos centinela, o denuncias de maltrato u acoso laboral, a propósito de que, en Arica y Parinacota, hemos visto una proliferación de servicios en los que, lamentablemente, han emergido este tipo de situaciones.” Asimismo, se discutió la posibilidad de establecer una mesa de trabajo con Sernapesca, contando con la buena disposición de la recién asumida autoridad regional.

Más de 120 organizaciones y representantes de la sociedad civil han unido sus voces en una carta abierta dirigida al Presidente Gabriel Boric. En esta misiva, expresan su preocupación respecto al debate surgido en torno a las concesiones de salmonicultura en áreas protegidas, en el marco de las discusiones llevadas a cabo en la Comisión Mixta del Proyecto de Ley SBAP.

Según el documento, existe una notable inquietud debido a que, aunque el mencionado proyecto ha logrado avances en la protección de la biodiversidad, persiste el temor de que actividades perjudiciales para el medio ambiente puedan realizarse dentro de áreas protegidas, haciendo hincapié específicamente en la operación de concesiones salmoneras en la Patagonia Chilena.

Las organizaciones firmantes, entre las cuales se encuentran Terram, Rewilding Chile, Mission Blue y Defendamos Chiloé, han presentado tres puntos específicos que consideran vitales en el proyecto de ley SBAP.

Evitar nuevas concesiones

En palabras de la carta: “Es fundamental que se evite otorgar nuevas concesiones para la salmonicultura dentro de áreas protegidas, sin importar la categoría de conservación del área en cuestión (Parque Nacional, Reserva Nacional, Parque Marino, Monumento Natural, Santuario de la Naturaleza, Reserva de Región Virgen, Área Marina Costero Protegida, etc.), tal como fue señalado en el artículo 92 aprobado por la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Diputadas y Diputados“.

Además, hacen hincapié en la importancia de rechazar todas las solicitudes de concesiones que estén en trámite dentro de áreas protegidas, así como la necesidad de que aquellas concesiones que no cumplan con la legislación vigente y estén sujetas a caducidad sean retiradas de las áreas protegidas sin posibilidad de ser reubicadas.

Asimismo, las organizaciones subrayan la necesidad de que la nueva ley respete el principio de no regresión en materia ambiental, el cual tiene como objetivo evitar que un Estado retroceda en materia de protección ambiental una vez que ha avanzado en dicho ámbito.

La carta también hace referencia a las declaraciones previas del Presidente Boric, en las cuales afirmó que “industrias como la de la salmonicultura tienen que salir de las áreas protegidas“.

“Hoy su gobierno debe definir si se compromete a no otorgar nuevas concesiones para la salmonicultura dentro de áreas protegidas, tal como lo señalan los lineamientos y pautas a seguir de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), además de cumplir con el compromiso asumido por Chile en la Conferencia de las Partes N°15 (COP15) de la Convención de Diversidad Biológica o Biodiversidad, en la cual su gobierno se comprometió a poner bajo protección para el 2030 el 30% de los ecosistemas terrestres y marinos, promesa que no se podría cumplir si la salmonicultura continúa ocupando espacios costeros de las áreas protegidas“, enfatiza la misiva.