El 7 de junio no se elige solo un gobierno: se define el sentido de la democracia, la soberanía y el futuro del Perú.

El proceso de escrutinio electoral en el Perú ha alcanzado un punto decisivo. Con el 100% de las actas procesadas y un 94,74% de los votos válidamente emitidos ya contabilizados, se configura una tendencia clara e irreversible: el candidato presidencial de los movimientos sociales y de Juntos Por el Perú, Roberto Sánchez, mantiene una ventaja de 20.778 votos, consolidando su posición en esta etapa clave del proceso.

En la primera vuelta electoral, Sánchez fue creciendo desde el Perú profundo enarbolando tres grandes temas:

· Asamblea Constituyente para una nueva Constitución para refundar el Perú.
· Verdad, justicia y reparaciones para las víctimas del estallido social.
· Libertad para el presidente Pedro Castillo, injusta y arbitrariamente encarcelado.

Restan aún por resolverse 4.898 actas observadas, cuyo tratamiento se encuentra dentro del plazo legal establecido —hasta la segunda semana de mayo—. Sin embargo, más allá de estos procedimientos pendientes, lo sustantivo ya se ha definido en el terreno político y ciudadano. Estamos ante una señal inequívoca de la voluntad popular.

En efecto, aunque la proclamación oficial aún no se haya producido, todo indica con claridad que Roberto Sánchez disputará la segunda vuelta presidencial frente a Keiko Fujimori, configurando así un escenario de alta polarización y de profunda disputa de proyectos de país de cara al 7 de junio.

En este contexto —y salvo que se materializara un escenario excepcional como una eventual vacancia impulsada por el actual Congreso contra el presidente José María Balcázar, que generaría una situación de inestabilidad institucional, (aunque lo consideramos improbable—), todo indica que el cronograma electoral será respetado.

Por otra parte, el candidato del pueblo, Roberto Sánchez, ya ha iniciado su despliegue territorial en defensa del voto del Perú profundo. Su presencia en las regiones comienza a consolidarse con claridad, siendo percibida cada vez con mayor fuerza como expresión viva de una campaña arraigada en los territorios y en la voluntad popular.

Pero lo que hoy vive el Perú trasciende el dato electoral. No estamos ante una disputa convencional entre candidaturas, sino ante una confrontación estructural entre dos proyectos históricos.

· Por un lado, la continuidad de un modelo excluyente, concentrador de la riqueza, funcional a intereses de élite y marcado por prácticas autoritarias que han debilitado la institucionalidad democrática y la soberanía nacional.
· Por otro, la posibilidad de abrir paso a una alternativa que no solo recupere la centralidad del pueblo y ponga en el centro la justicia social y la soberanía sobre los recursos estratégicos, sino que además derrote al abuso y la corrupción, reivindique y recupere la esperanza que representó el gobierno y el legado del presidente Pedro Castillo, ampliándola y renovándola a través de un programa de transformación con Roberto Sánchez, orientado a una democratización efectiva del Estado y de la economía.

En este marco, tal como lo están planteando con mucha fuerza Roberto Sánchez y otros candidatos de izquierda y progresistas, como Ronald Atencio y López Chau, resulta fundamental defender con firmeza la integridad del proceso electoral, rechazar cualquier intento de desconocer o distorsionar la voluntad popular y garantizar que cada voto sea respetado.

Lo que está en juego el próximo 7 de junio no es solo quién gobierna el Perú. Está en juego la legitimidad de la democracia, la vigencia de la soberanía popular y el derecho irrenunciable del pueblo peruano a decidir su destino sin tutelas ni imposiciones.

Esta fecha no es solo una conmemoración: es un llamado urgente a la acción. Cada día, miles de trabajadoras y trabajadores enfrentan condiciones laborales que ponen en riesgo su salud física y mental. Detrás de cada accidente o enfermedad laboral hay derechos vulnerados, desigualdades persistentes y, muchas veces, decisiones evitables.

En 2026, la Organización Internacional del Trabajo centra su campaña en los factores psicosociales y la prevención en el entorno de trabajo, alertando sobre el impacto creciente del estrés, la sobrecarga laboral, la violencia y la inseguridad en el empleo. Este enfoque resulta especialmente relevante en un contexto donde las transformaciones del mundo del trabajo intensifican las exigencias y debilitan las condiciones laborales.

Desde el movimiento sindical sostenemos con claridad: la salud y la seguridad en el trabajo no son un costo, son derechos humanos fundamentales. No pueden quedar librados al mercado ni a la lógica del ajuste. Esto implica avanzar hacia políticas públicas integrales que prioricen la prevención, fortalezcan los sistemas de inspección, garanticen la participación de las y los trabajadores y promuevan entornos laborales seguros, saludables y libres de violencia.

Los riesgos psicosociales no son individuales ni aislados: son consecuencia de formas de organización del trabajo que muchas veces priorizan la productividad por sobre la salud. Por eso, su abordaje exige respuestas colectivas, regulación estatal efectiva y un rol activo de las organizaciones sindicales.

Encabezada por Julio Fuentes, presidente de la Confederación, la reunión contó con la presencia de dirigentes de las distintas organizaciones miembro en la Argentina: Matías Fachal, secretario general de la FJA y secretario de Administración y Finanzas de la CLATE; Carlos Custer, presidente del Consejo Político Consultivo; Estérea González, sec. de Comunicación de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE-Argentina) y secretaria alterna de Género y Diversidad de la Confederación; César Baliña, también dirigente de la ATE y Secretario de Previsión de la CLATE; Mario Muñoz, de ATE y Secretario de Negociación Colectiva de la Confederación y Guillermo Lugones, secretario general de la Unión del Personal Jerárquico del Banco de la Provincia de Buenos Aires (UPJ).

Participaron también dirigentes judiciales de distintas provincias como: Franco Mascheroni, secretario general de la Asociación Gremial de Empleados Judiciales de Santa Cruz; Claudio Salazar, de Neuquén, quien se desempeña como secretario de Relaciones Internacionales de la FJA ; Raúl Belcastro, de Chubut, secretario de Hábita, Previsión y Seguridad Social de la FJA y Sebastián Cerdán, de la Ciudad de Buenos Aires, secretario de Organización de la Federación que nuclea a las y los judiciales argentinos.

Durante el encuentro, Fuentes realizó un pormenorizado informe sobre las acciones y plan de trabajo de la CLATE en este 2026, entre ellas: la reconstrucción de la historia de la Confederación camino al aniversario 60 que se cumplirá en febrero de 2027; los avances en el plan de formación con la Diplomatura en Sindicalismo Internacional; la consolidación de la comunicación de la Confederación a través de sus herramientas audiovisuales como el noticiero quincenal CLATEVisión y las redes sociales; y los aspectos organizativos y administrativos camino a una nueva Conferencia Internacional de la OIT en Ginebra en junio próximo.

Más de 840.000 personas mueren cada año a causa de problemas de salud vinculados a riesgos psicosociales, como las largas jornadas de trabajo, la inseguridad laboral y el acoso en el lugar de trabajo, según un nuevo informe mundial de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Estos riesgos psicosociales relacionados con el trabajo están principalmente asociados a enfermedades cardiovasculares y trastornos mentales, incluido el suicidio.

El informe también señala que estos riesgos son responsables de la pérdida de casi 45 millones de años de vida ajustados por discapacidad al año, lo que refleja los años de vida saludable perdidos debido a enfermedad, discapacidad o muerte prematura, y se estima que generan pérdidas económicas equivalentes al 1,37 % del PIB mundial cada año.

El informe, El entorno de trabajo psicosocial: avances mundiales y vías de acción, destaca el creciente impacto de la forma en que el trabajo se diseña, organiza y gestiona en la seguridad y salud de los trabajadores. Advierte que los factores de riesgo psicosocial —incluidas las largas jornadas, la inseguridad laboral, las altas exigencias con bajo control y el acoso y la violencia en el lugar de trabajo— pueden generar entornos laborales perjudiciales si no se abordan adecuadamente.

¿Qué es el entorno de trabajo psicosocial?

El informe introduce el concepto de entorno de trabajo psicosocial como los elementos del trabajo y de las interacciones en el lugar de trabajo relacionados con la forma en que se diseñan los puestos, cómo se organiza y gestiona el trabajo, y las políticas, prácticas y procedimientos más amplios que rigen el trabajo. Estos elementos, tanto de manera individual como combinada, afectan a la salud y el bienestar de los trabajadores, así como al desempeño empresarial.

Para comprender mejor los riesgos psicosociales, el informe propone tres niveles interrelacionados del entorno laboral:

En primer lugar, la naturaleza del propio trabajo, incluidas las exigencias, las responsabilidades, la adecuación a las competencias de los trabajadores, el acceso a recursos y el diseño de las tareas en términos de significado, variedad y utilización de competencias.

En segundo lugar, la forma en que el trabajo se organiza y gestiona, lo que abarca la claridad de funciones, las expectativas, la autonomía, la carga de trabajo, el ritmo de trabajo, la supervisión y el apoyo.

En tercer lugar, las políticas, prácticas y procedimientos más amplios que rigen el trabajo. Estos incluyen los regímenes de empleo y de tiempo de trabajo, la gestión del cambio organizacional, la vigilancia digital, los procesos de desempeño y remuneración, las políticas y sistemas de seguridad y salud en el trabajo, los procedimientos para prevenir la violencia y el acoso en el trabajo, y los mecanismos de consulta y participación de los trabajadores.

El informe subraya que los riesgos psicosociales se originan en estos elementos y pueden prevenirse mediante enfoques organizativos que aborden sus causas estructurales. También destaca la importancia de integrar la gestión de los riesgos psicosociales en los sistemas de seguridad y salud en el trabajo, con el apoyo del diálogo social entre gobiernos, empleadores y trabajadores.

Cómo estimó la OIT las 840.000 muertes

La cifra de más de 840.000 muertes al año se estimó utilizando dos fuentes principales de evidencia.

La primera es la información sobre la prevalencia mundial de cinco grandes factores de riesgo psicosocial en el trabajo: la tensión laboral (altas exigencias combinadas con bajo control), el desequilibrio entre esfuerzo y recompensa, la inseguridad laboral, las largas jornadas de trabajo y el acoso y la violencia en el lugar de trabajo. La segunda es la investigación científica que demuestra cómo estos riesgos aumentan la probabilidad de enfermedades graves como las cardiopatías, los accidentes cerebrovasculares y los trastornos mentales, incluido el suicidio.

Estos niveles de riesgo se aplicaron a los datos mundiales más recientes sobre mortalidad y salud de la Organización Mundial de la Salud y del Estudio sobre la Carga Mundial de Morbilidad para estimar el número de muertes y los años de vida ajustados por discapacidad atribuibles a estos riesgos cada año. Este enfoque permitió a la OIT cuantificar tanto la carga humana como la económica, incluidas pérdidas de productividad reflejadas en los costes del PIB asociados a los años de vida saludable perdidos.

Además, el informe sintetiza un amplio conjunto de pruebas que muestran que los riesgos psicosociales están vinculados a una amplia gama de enfermedades mentales y físicas entre los trabajadores, incluidas la depresión y la ansiedad, así como enfermedades metabólicas, trastornos musculoesqueléticos y alteraciones del sueño.