En el Hotel Quagliaro de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) en la ciudad de Buenos Aires, Argentina, se realizó esta actividad con el objetivo de conocer y profundizar sobre un tema de gran interés geopolítico y la presencia regional e internacional en un continente de más 14 millones de kilómetros cuadrados y que concentra cerca del 70 por ciento del agua dulce del planeta.

Los múltiples frentes abiertos de amenazas – sean a países amigos, adversarios y enemigos sin distingo – procesos de desestabilización, intervenciones, agresiones y guerras con participación de Estados Unidos, bajo diversas variantes y países (Ucrania, Venezuela, China, Rusia, El Líbano, Palestina, entre otros), se han multiplicado bajo la segunda administración del presidente estadounidense Donald Trump, destacándose las acciones contra Cuba.

En este listado, la política de máxima presión y crímenes contra países de Latinoamérica se destaca por décadas de agresión contra la República de Cuba. Impregnada con la violación del derecho internacional, el uso de estrategias de guerra suave al estilo del detallado por el politólogo Gene Sharp[^1] y todo tipo de acciones delictivas, que se extienden ya por 64 años. Hablo de un manual golpista que, en sus cuatro primeros puntos, han tenido como blanco y puesto en práctica en Cuba con mayor o menor intensidad. Y el quinto de los puntos signados por Sharp es parte de las amenazas continuas de Washington.

Escalada bajo la segunda presidencia de Trump

En mayo de 2026, las relaciones entre Cuba y Estados Unidos están marcadas por una escalada de tensiones que suben de tono día a día bajo la segunda presidencia de Donald Trump. Gobierno que tiene en su secretario de Estado, Marco Rubio –de origen precisamente cubano– a su principal portabandera bélico e incitador al «castigo» en todos los ámbitos contra la patria de sus padres. No hay nada peor que un Malinche.

Estados Unidos no cesa de agredir en todas las formas posibles a Cuba, de tal manera de lograr el sueño megalómano de Trump y los suyos: la claudicación de la revolución cubana. Para ello, el incremento del bloqueo más extenso que registre la historia moderna contra un país soberano. Un proceso delictuoso que aumenta día a día las acciones que pesan, sobre todo, en la población de esta nación latinoamericana.

Estados Unidos ha impuesto nuevas sanciones económicas y emite, a través de un vociferante Donald Trump y sus acólitos como Peter Hegseth –secretario de guerra del gobierno estadounidense– y el propio Marco Rubio, intimidaciones de intervención militar. Cuba responde con denuncias de agresión y llamados a la comunidad internacional para lograr algún tipo de respuesta que permita terminar con décadas de apremios contra la isla mayor de las Antillas. Camino difícil pues todas y cada una de las 30 resoluciones de condena a este bloqueo ilegal y criminal presentadas en la ONU han sido vetadas una y otra vez por Estados Unidos.

El 1 de mayo de 2026, el gobierno de Trump en su política crónica contra Cuba firmó una orden ejecutiva que amplía el abanico de sanciones contra funcionarios cubanos, entidades en sectores clave como energía, defensa y finanzas, y cualquier colaborador extranjero, con el fin de «asfixiar» al gobierno cubano. Este año se ha ampliado el restricciones al sector militar, intensificado al sector energético –un bloqueo en temas vinculados al petróleo que ha empeorado las condiciones de vida de la población cubana– y bancario, incluyendo 422 hoteles e inclusive casas particulares en arriendo vacacional, afectando el sector turístico.

Para Estados Unidos, todo es posible de sancionar contra Cuba. Es la máxima de Washington, cuyo régimen de delitos contra Cuba es considerado uno de los más prolongados y rigurosos de los últimos 80 años en el mundo. Todo ello con un entramado legal que ha evolucionado en estos 64 años, haciendo aún más dura la vida de la sociedad cubana. Solo durante la primera administración Trump se implementaron 243 medidas coercitivas, restricciones sobre áreas específicas de la economía que endurecieron aún más el bloqueo y embargo económico sobre la nación latinoamericana, oficializado el año 1962 mediante la llamada Proclamación Presidencial 3447[^2].

La megalomanía de Trump: «Tomaré el control de la isla»

Al igual que contra la República Islámica de Irán, en la guerra de agresión llevada a cabo junto al régimen israelí contra la nación persa, Trump suele clamar que la victoria está cerca, aunque sus fracasos son evidentes. Con Cuba afirma que «tomará el control de la isla casi de inmediato». La megalomanía y la mitomanía de este denominado narciso maligno afirma que primero terminará con el «trabajo» en Irán y determinará que el portaviones USS Abraham Lincoln viaje al Caribe. Ahí determinará que dicha nave «se detenga a unos 100 metros de la costa de Cuba, desde donde los isleños dirán: muchas gracias, nos rendimos». Narrativa enloquecida que explicitó en una intervención como orador principal en una cena privada en West Palm Beach, Florida, el pasado 1 de mayo.

Por su parte, el presidente cubano Miguel Díaz-Canel no solo rechazó la crónica política de sanciones contra su país como «genocida», sino que elevó las amenazas de Washington a un nivel «peligroso», llamando a la defensa de la soberanía en manifestaciones por el 1 de mayo, precisamente cuando las ofensas y declaraciones bélicas de Trump volaban tan alto como su ego. Díaz-Canel ha calificado esta conducta delictuosa de Washington como una «agresión unilateral cargada de crueldad contra el pueblo cubano» que profundiza las dificultades de la isla y constituye un evidente asalto a su soberanía.

Por su parte, el canciller Bruno Rodríguez denunció el 5 de mayo la intención militar de Estados Unidos, dadas a conocer por el ejecutivo como «crímenes internacionales», vinculándolos al bloqueo económico y energético, y apelando a la legalidad internacional y sus instituciones –que suelen ser sordas, mudas y ciegas ante Washington– para que se aplique una Carta de las Naciones Unidas que solo ha servido para defender los intereses de Occidente.

Una política perniciosa de dos siglos

La política de apremios, desestabilización, bloqueos económicos, sanciones, intervenciones, golpes de Estado e incluso invasiones ha sido parte de la historia de relaciones perniciosas entre Estados Unidos y el resto del continente americano: Centroamérica, el Caribe y Sudamérica. Efectivamente, la historia de lo que conocemos como América Latina, desde la fundación misma de Estados Unidos en 1776, ha estado ligada estrechamente a la política exterior de este país y su política hegemónica y arrogante, como solía sostener el asesinado líder religioso iraní Seyed Ali Jamenei.

Para el analista Reinaldo Chirinos: «Los motores que han impulsado la política exterior estadounidense en la región son diversos y complejos, abarcando desde justificaciones ideológicas infundadas en contra del avance del comunismo como excusas, que no son otra cosa que frenar el derecho de los pueblos a ser libres e independientes, y así poder controlar las riquezas nacionales en beneficio de las aspiraciones imperiales, la usurpación y saqueos a los pueblos latinos»[^3].

Esto, por parte de las diversas administraciones estadounidenses, que siguen considerando a América Latina parte de la bandera de barras y estrellas y donde Cuba ha sido crónicamente agredida: usurpación de la bahía de Guantánamo, una política de bloqueo, sanciones y máximas presiones desde el momento mismo del triunfo revolucionario en 1959 y que, en este año 2026, tiene a la isla caribeña en una crisis humanitaria y energética de envergadura con amenazas de ataques e invasión por parte del gobierno de Donald Trump.

Intimidaciones expresadas bajo disímiles excusas, incluyendo el consabido y clásico argumento de la protección de la «seguridad nacional» de Estados Unidos. Línea argumentativa evidenciada por Marco Rubio a la cadena ultraderechista Fox News a fines de abril, en que este secretario de Estado acusó a Cuba de facilitar la presencia de servicios de inteligencia de «los adversarios» de Estados Unidos a 90 millas de su territorio y aseguró que la administración trumpista no lo tolerará. Referencia a la Federación de Rusia y la República Popular China, quienes desmienten esta narrativa propia de la guerra fría, explicitada ya desde hace varios años a la fecha[^4].

Este martes 5 de mayo se llevó a cabo en la Cámara de Diputados de Brasil, en Brasilia, una sesión solemne para celebrar el Día Internacional de los Trabajadores y las Trabajadoras. El acto contó con la presencia de congresistas, dirigentes sindicales y representantes de distintas entidades del sector público y privado.

La iniciativa fue impulsada por la senadora Alice Portugal, del Partido Comunista de Brasil (PCdoB), quien encabezó la sesión y destacó la importancia de la movilización popular y la defensa de los derechos laborales. «Necesitamos garantizar que nuestros derechos no sean recortados y avanzar en demandas fundamentales, como el fin de la jornada 6×1 y la jubilación especial», afirmó.

«Paz, pan y trabajo«

El presidente de CLATE, Julio Fuentes, participó del acto junto al titular de la CSPB y vicepresidente 1º de CLATE, João Domingos Gomes dos Santos, y otros dirigentes de la confederación brasileña.

«Aprovechamos esta tribuna para dar nuestra consigna: paz, pan y trabajo. Paz, porque queremos estar en los puestos de trabajo, y no en los campos de batalla. Pan, porque queremos justicia social. Y trabajo, porque el avance tecnológico debería permitirnos reducir la jornada laboral para que todos podamos trabajar», señaló Fuentes en su intervención.

Negociación colectiva: «La madre de todas las conquistas»

En una de las intervenciones más contundentes de la sesión, el presidente de la CSPB, João Domingos Gomes dos Santos, enfatizó el momento histórico que atraviesan los servidores públicos: «Estamos inaugurando una nueva etapa para los trabajadores brasileños, una etapa de conquistas», afirmó.

João Domingos se refirió al proyecto de ley 1893/2026, presentado por el gobierno brasileño, que reglamenta la negociación colectiva en el sector público y que tramita en el Congreso. «La negociación colectiva es la madre de todas las conquistas, es la reina de todas las conquistas. Es a través de ella que vamos a salir del estado de discriminación en las relaciones laborales que padecen los servidores públicos.”

El dirigente sindical también reforzó el carácter estratégico de la movilización política: “No basta con reelegir al presidente Luiz Inácio Lula da Silva… tenemos que garantizar que la mayoría ultraconservadora no prevalezca en esta Cámara. Esa es nuestra tarea.”

En mayo se cumplen 4 años desde que la Universidad Nacional del Chaco Austral (UNCAUS) le otorgara a Cristina Fernández de Kirchner el Doctorado Honoris Causa y ella pronunciara su magistral conferencia donde acuñó con precisión, el concepto de “Insatisfacción Democrática”. Cristina, señaló cómo, en nuestras sociedades latinoamericanas, la democracia representativa ya no logra satisfacer las expectativas materiales y simbólicas de vastos sectores populares. La gente vota, elige gobiernos, pero al final la plata no alcanza, la desigualdad se agrava y la promesa republicana de que “el pueblo manda” se diluye en la rutina de un sistema que parece girar en vacío. Esa insatisfacción es real, profunda y explicable: es el fruto de décadas de neoliberalismo, ajuste estructural y captura del Estado por intereses concentrados.

Cristina hizo un diagnóstico certero, puso nombre y alertó el rumbo en que estábamos y que llama aún hoy a la acción ya que cuatro años después, la insatisfacción no agota la realidad actual. No solo hay insatisfacción ciudadana ante un orden democrático que no entrega resultados; lo que estamos viviendo es algo más grave: una democracia en estado de excepción o de sitio. La representación de la voluntad popular no solamente no satisface a sus electores; directamente se ve limitada, deformada y, en muchos casos, abiertamente alterada en sus principios fundacionales por prácticas autoritarias de los gobiernos de turno. El Estado de Derecho se mantiene formalmente —hay elecciones, parlamentos, tribunales—, pero en la práctica opera bajo un régimen de excepción permanente donde el poder ejecutivo concentra facultades extraordinarias, manipula instituciones y compra o coacciona la voluntad de los representantes.

Esta tesis no es mera retórica. Se verifica en hechos concretos y recientes que muestran un patrón regional preocupante.

En Argentina, dos casos emblemáticos ilustran con crudeza esta doble mecánica de intervención en la democracia y en el derecho soberano del pueblo a elegir a sus representantes. Por un lado, el exsenador Edgardo Kueider —detenido en diciembre de 2024 en la frontera con Paraguay mientras intentaba ingresar con más de 200 mil dólares sin declarar— encarna la compra directa de voluntades: legislador que pasó de votar como peronista a convertirse en pieza clave para aprobar la Ley Bases del gobierno de Javier Milei. No se trata de un incidente aislado: es la materialización de cómo el Ejecutivo puede torcer la voluntad popular expresada en las urnas mediante incentivos económicos a quienes deben representar al pueblo. La soberanía popular se convierte en mercancía.

Por el otro, la proscripción judicial de Cristina Fernández de Kirchner: en junio de 2025, la Corte Suprema de Justicia confirmó su condena a 6 años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos en la causa Vialidad. Esta decisión, calificada por amplios sectores del campo popular como un claro caso de lawfare o proscripción política, impide directamente al pueblo argentino elegir libremente a una de sus figuras políticas más representativas y con mayor apoyo popular histórico. Se viola así el principio elemental de la soberanía popular: el derecho de los electores a decidir quién los representa, sin que un poder judicial politizado pueda sustituir o vetar esa voluntad. La proscripción de Cristina no es solo un ataque personal; es una intervención estructural en el corazón mismo de la democracia.

En Honduras, la situación es aún más descarada. En abril de 2026, diputados de la bancada del Partido Liberal confirmaron haber recibido depósitos y cheques de entre 50 y 100 mil lempiras directamente desde Casa Presidencial, gobernada por el Partido Nacional. El argumento oficial —“ayudas para la gestión social”— no disimula la realidad: se trata de un mecanismo clientelar clásico para asegurar lealtades legislativas. El Presidente, a través de recursos públicos, alquila disciplinamiento parlamentario. La separación de poderes se vuelve ficción; el Congreso deja de ser contrapeso y se transforma en extensión del Ejecutivo.

En Ecuador el proceso es aún más sofisticado e institucional. El Consejo Nacional Electoral (CNE), el 26 de abril de 2026, canceló la inscripción de dos partidos de oposición —Unidad Popular y Construye— por supuestos incumplimientos en el número de adherentes, antes a principio de año rechazó la inscripción de más de diez nuevos partidos políticos y movimientos al mismo tiempo que suspendía por 9 meses a la principal fuerza opositora, la Revolución Ciudadana. El gobierno de Daniel Noboa ha decretado y mantenido estados de excepción en nueve provincias clave (incluyendo Pichincha y Guayas, con Quito y Guayaquil), imponiendo toques de queda y restringiendo el libre tránsito y las movilizaciones justo en el breve periodo preelectoral de las seccionales adelantadas a noviembre de 2026. El resultado es previsible: se acorta el tiempo de los opositores para organizarse, se elimina competencia electoral mediante decisiones “técnicas” y se limita la expresión ciudadana bajo el pretexto de la seguridad. La voluntad popular queda encerrada entre la proscripción, el calendario manipulado y la excepcionalidad permanente.

En Chile, bajo los gobiernos de Boric y de José Antonio Kast, la Macrozona Sur (La Araucanía y provincias de Arauco y Biobío) vive desde hace más de cuatro años bajo un Estado de Excepción Constitucional de Emergencia que ha sido prorrogado de forma sistemática y casi ininterrumpida por el Congreso. Lo que empezó como medida temporal se ha normalizado: despliegue militar prolongado, restricciones al libre tránsito y un régimen de facto donde los derechos fundamentales operan con reglas distintas. Esta excepcionalidad permanente convierte una zona significativa del país en un territorio bajo sitio democrático, donde la gobernabilidad se impone por la fuerza en lugar de por el consenso ciudadano.

En Perú, las elecciones generales de abril de 2026 estuvieron marcadas por retrasos masivos en la instalación de mesas de sufragio (en varios distritos de Lima y otras zonas), lo que generó acusaciones directas de fraude por parte de candidatos como Rafael López Aliaga y una crisis postelectoral que cuestionó la legitimidad del proceso. Sumado al uso recurrente de estados de emergencia en diversas regiones y a la tradición de inestabilidad institucional (con múltiples cambios de mando presidencial en pocos años), estos hechos erosionan la confianza en el escrutinio electoral y dejan la representación popular bajo sospecha permanente. La voluntad ciudadana se ve alterada no solo por la logística fallida, sino por la desconfianza sistémica que genera.

Estos no son episodios aislados. Forman parte de una tendencia continental donde los gobiernos —de distintos signos ideológicos— invocan la “gobernabilidad”, la “seguridad”, el “riesgo climático” o la “emergencia” para justificar un estado de excepción de facto. Giorgio Agamben lo advirtió hace años: la excepción se vuelve regla. Y cuando la excepción se normaliza, la democracia representativa deja de ser el gobierno del pueblo para convertirse en la administración de una oligarquía que controla el Ejecutivo, captura las instituciones arbitrales o invierte el equilibrio de poderes.

La insatisfacción democrática que describió Cristina desnudó algo más siniestro: la erosión estructural de la soberanía popular. Los ciudadanos siguen votando, pero su voto se ve cada vez más mediatizado, condicionado o directamente anulado por mecanismos que operan fuera del escrutinio democrático. La representación ya no traduce la voluntad general; la distorsiona o la sustituye.

Estamos ante una democracia sitiada. Y solo recuperando la centralidad de la soberanía popular —con instituciones verdaderamente independientes, con transparencia radical en el financiamiento político y con mecanismos de control ciudadano permanentes— podremos salir del estado de excepción y volver a hacer de la democracia un instrumento real de emancipación colectiva. De lo contrario, seguiremos celebrando elecciones que, cada vez más, serán mera formalidad para legitimar un poder que ya no representa al pueblo.