Foro de la Juventud del ECOSOC 2026: Alianzas y financiación para la juventud

 

Esta sesión del Foro de la Juventud del ECOSOC 2026 tiene como objetivo reforzar la coherencia entre la financiación para el desarrollo, el desarrollo social y la inversión, así como la creación de empleo decente para las personas jóvenes en todo el mundo. La sesión:

  • Examinará cómo las alianzas multiactor en el marco del ODS 17 pueden fortalecer la financiación para el desarrollo y ampliar las inversiones sociales que apoyan el empleo decente para la juventud, en particular para las mujeres jóvenes;
  • Explorará los vínculos entre la reforma de la arquitectura financiera mundial, la sostenibilidad de la deuda, la fiscalidad, así como el espacio de políticas nacionales y los sistemas de justicia que garantizan los derechos de las personas jóvenes y promueven la igualdad de género;
  • Presentará iniciativas colaborativas, a nivel de país y lideradas por jóvenes, que movilizan financiación pública y privada para ampliar las oportunidades de empleo para la juventud;
  • Reforzará el papel de las personas jóvenes, en particular las mujeres jóvenes y las juventudes con diversidad de género, como socios en igualdad de condiciones en la definición y co-creación de soluciones de financiación, incluidas aquellas que también funcionan en la economía informal, y en el avance de la implementación de la Agenda 2030, el Compromiso de Sevilla y la Declaración Política de Doha.

 

Estatales peruanos en alerta para defender derechos de los trabajadores CAS

La Confederación Intersectorial de Trabajadores Estatales (CITE) del Perú, integrante de CLATE, realizó un plantón este miércoles frente al Colegio de Economistas de Lima, en rechazo a las declaraciones del Decano de esa institución, Manuel Mesía Herrera, quien amenazó con presentar una Demanda de Inconstitucionalidad contra la Ley 32563, que regula los derechos de los «trabajadores CAS».

Esta norma, promulgada recientemente por el Ejecutivo, es una demanda histórica de los trabajadores estatales sujetos al régimen de Contrato Administrativo de Servicio (CAS), conquistada luego diversas jornadas de lucha en las calles y gestiones parlamentarias.

La ley garantiza derechos fundamentales, como el pago de una Compensación por Tiempo de Servicio (CTS) al 100% al finalizar el contrato laboral y el pago de gratificaciones por Fiestas Patrias y Navidad en julio y en diciembre.

Mediante un comunicado, la CITE rechazó la «actitud injerencista» del Decano del Colegio de Economistas de Lima, quien «se coloca en contra de los trabajadores, incluídos los cientos de profesionales economistas que laboran en las diversas entidades públicas bajo el régimen laboral CAS».

La CITE afirma que el objetivo del Decano «no es defender la economía de los peruanos, sino los intereses de las grandes empresas privadas, en contra de los trabajadores y el pueblo en general».

«Hacemos un llamado a todos los trabajadores CAS con la profesión de economistas en todo el país que exijan a los directivos de su Colegio Profesional que se abstengan de presentar esta demanda de inconstitucionalidad y que rechacen estas posturas antilaborales «disfrazadas» de técnicas o tecnócratas», añade el comunicado de la CITE.

Ante un mundo complejo y en riesgo, Moscú busca articular

El congreso del Foro Socialista Internacional (Sovintern), que se realizará el 25, 26 y 27 de abril en Moscú, se piensa como una nueva forma de reconfiguración del mapa político de la izquierda global, en un contexto marcado por tensiones geopolíticas, bloqueos, sanciones económicas y fragmentaciones de los espacios progresistas.

En ese marco se rendirán homenajes a Fidel Castro por el centenario de su nacimiento y habrá pronunciamientos de solidaridad con dirigentes como Cristina Fernández de Kirchner, Pedro Castillo y Nicolás Maduro.

Desde el momento mismo de su idea y concepción, el encuentro buscará posicionarse frente a los múltiples y graves conflictos sociales, políticos y bélicos que conmueven al globo y denunciará los bloqueos económicos a Cuba, Venezuela, Nicaragua e Irán.

Con la participación prevista de unos 300 delegados de los cinco continentes, el Sovintern se propone trascender el formato tradicional de los foros internacionales y avanzar hacia una articulación internacional más coordinada de todas las fuerzas progresistas.

El coordinador ejecutivo del Sovitern para América Latina y España, Lois Pérez Leira, indicó que el Foro Socialista Internacional pretende constituirse en “un instrumento válido” para enfrentar lo que definió como “el avance del imperialismo y el fascismo a nivel global”.

En esa línea, el evento no sólo tendrá una dimensión ideológica, sino también política: romper, al menos simbólicamente, el aislamiento que Occidente ha puesto en acción sobre Rusia desde el inicio del conflicto con Ucrania.

El diagnóstico que sobrevuela a la convocatoria no es nuevo y cuenta con una vieja tradición política, pero en esta oportunidad gana en necesidad de urgencias, pues la izquierda internacional aparece dispersa, con escasa capacidad de coordinación y, en muchos casos, a la defensiva.

En ese sentido, el Sovintern intenta recuperar la tradición de las internacionales políticas del siglo XX, pero adaptada a un escenario más fragmentado, donde conviven partidos comunistas, movimientos antiimperialistas y expresiones progresistas de diverso signo.
El lema del encuentro, “Por un nuevo socialismo del siglo XXI”, retoma la impronta impulsada por el ex presidente bolivariano de Venezuela, Hugo Chávez, aunque en un contexto muy distinto al de la primera ola progresista latinoamericana de fines del siglo XX y principios del actual.

La referencia no es menor: implica reconocer la necesidad de actualizar un ideario que, tras el retroceso de varios gobiernos de la región y el avance de nuevas derechas, busca redefinirse.

Más allá de las definiciones, el desafío de fondo será otro: que el Sovintern sea algo más que una declaración de principios.
La historia reciente de estos espacios muestra que la retórica suele superar a la capacidad de acción; y frente a esa realidad Moscú ofrece un escenario y un impulso político renovados.

¿Podrán las fuerzas convocadas construir una agenda común en un mundo que, como en otras épocas, vuelve a ordenarse en clave de bloques? Esa es la gran incógnita y el gran desafío.

Colombia lidera la salida de países del Sur Global del régimen del ISDS

En el marco de una campaña internacional que los sindicatos de servicios públicos vienen impulsando, junto a otras organizaciones, para que Colombia asuma un papel de liderazgo en la salida de países del Sur Global del sistema internacional de arbitraje de inversiones, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha anunciado que el país va a salir del régimen argumentando que los tribunales terminan resolviendo las disputas a favor de los privados.

No por coincidencia, un día antes del anuncio de Petro el miércoles 25 de marzo, los miembros de la ISP participaron en Bogotá en el evento “Arbitraje de Inversión y la Transición Energética Justa”, organizado por el Center for Economic and Policy Research (CEPR). El evento reunió a académicos, organizaciones de la sociedad civil y representantes del Estado para debatir los impactos profundamente negativos de los tratados bilaterales de inversión y de los mecanismos de solución de controversias inversionista-Estado (ISDS), que subordinan a los países a tribunales internacionales de arbitraje.

30% de las demandas contra Estados latinoamericanos se relacionan con servicios públicos…

En este régimen, los inversores extranjeros – e incluso grandes inversores nacionales que canalizan su capital a través de paraísos fiscales – pueden demandar a los Estados cuando estos adoptan políticas de desarrollo económico, protección ambiental, fortalecimiento de servicios públicos o protección social que afecten sus ganancias. En su anuncio, Petro subrayó que “varios países ya han anunciado o concretado su salida de este tipo de arbitraje, entre ellos Estados Unidos”.

En una carta enviada al presidente Petro, el Secretario General de la ISP, Daniel Bertossa, señaló: “Esta decisión constituye un paso importante en el fortalecimiento del espacio de política pública de los Estados y en la promoción de modelos de desarrollo equitativos”.

Bertossa destacó la importancia de que Colombia se retire del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) y denuncie los Tratados Bilaterales de Inversión y los Tratados de Libre Comercio que contienen cláusulas de ISDS perjudiciales para lxs trabajadores y los servicios públicos. “Desde la ISP hemos sostenido de manera consistente la importancia de proteger los servicios públicos frente a procesos de privatización y frente a influencias indebidas de actores corporativos”, agregó.

Un nuevo documento de trabajo OIT–Banco Mundial destaca el impacto desigual de la IA generativa en el empleo a nivel mundial

Un nuevo documento de trabajo conjunto de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y el Banco Mundial concluye que la inteligencia artificial generativa (IA generativa) transformará los mercados laborales en todo el mundo, pero con efectos desiguales entre países. En las economías en desarrollo, las perturbaciones podrían materializarse más rápidamente que las ganancias de productividad, debido a las brechas digitales existentes y a las diferencias en la forma en que se organiza el trabajo.

El documento – un estudio de base conjunto de la OIT y el Banco Mundial para el Informe sobre el desarrollo mundial 2026 – analiza la exposición de los mercados laborales a la IA generativa en 135 países, abarcando alrededor de dos tercios del empleo mundial. Muestra que las diferencias en infraestructura digital y en la composición de tareas laborales son clave para determinar cómo se distribuyen los riesgos y las oportunidades entre economías avanzadas y en desarrollo.

La exposición a la IA generativa es mayor en las economías avanzadas, especialmente en ocupaciones administrativas y profesionales. Los países en desarrollo, aunque en general están menos expuestos, enfrentan limitaciones estructurales que reducen su capacidad para beneficiarse de esta tecnología.

Un hallazgo clave es el papel de la brecha digital. Los trabajadores en empleos vulnerables a la automatización suelen estar ya conectados, incluso en contextos de bajos ingresos, lo que implica que las pérdidas de empleo podrían producirse con relativa rapidez. Estos empleos suelen representar puestos de mayor calidad en los países de menores ingresos, incluidos los trabajos administrativos y de oficina que históricamente han ofrecido una vía hacia el trabajo decente, especialmente para mujeres y jóvenes. Existe el riesgo de que la automatización impulsada por la IA cierre estas oportunidades.

Al mismo tiempo, muchos trabajadores en ocupaciones con potencial de ganancias de productividad carecen de acceso fiable a Internet en contextos de bajos ingresos, lo que limita su capacidad para beneficiarse de la IA generativa. Además, aunque las ocupaciones puedan compartir denominaciones similares entre países, las tareas realizadas en un mismo puesto varían considerablemente según el contexto. El documento muestra que los trabajadores en economías de menores ingresos tienden a realizar menos tareas analíticas no rutinarias, dependen menos del uso de computadoras en el trabajo y llevan a cabo más tareas rutinarias o manuales, lo que reduce el potencial de ganancias de productividad derivadas de la implementación de la IA generativa.

En conjunto, la investigación concluye que el impacto de la IA generativa en los mercados laborales dependerá no solo de las capacidades tecnológicas, sino también de la infraestructura digital, la organización de las tareas y las competencias. El documento subraya la necesidad de políticas que amplíen la conectividad digital, apoyen el desarrollo de competencias y fortalezcan las instituciones del mercado laboral y los sistemas de protección social para garantizar que los beneficios de la IA generativa se distribuyan de manera más equitativa.

Moción de no acción frena resolución de EE.UU. sobre “género” en medio de una disputa global y con fuerte incidencia sindical

La propuesta estadounidense, ingresada en la fase final del proceso y sin consultas previas, pretendía instalar una interpretación restrictiva del concepto basada en el Anexo IV de la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing. La iniciativa generó un amplio rechazo entre los Estados miembros, no solo por su contenido, sino también por el procedimiento utilizado.

En nombre de la Unión Europea, Bélgica cuestionó duramente el texto, señalando que “es fácticamente incorrecto” y que “intenta reescribir lo acordado cuidadosamente hace más de 30 años”. Asimismo, advirtió que no era aceptable forzar decisiones sin negociación ni consulta, en un espacio cuya legitimidad descansa precisamente en el consenso.

Ante este escenario, Bélgica activó una moción de no acción —un recurso excepcional— para impedir que el proyecto fuera considerado. La iniciativa fue respaldada por países como Brasil, que subrayaron la ausencia de condiciones mínimas para una deliberación multilateral seria. La moción fue finalmente aprobada por 23 votos a favor, 3 en contra y 17 abstenciones, bloqueando completamente la resolución.

Estados Unidos criticó la decisión, acusando que se trata de un precedente que “erosiona los métodos de trabajo” del sistema multilateral. Sin embargo, para una mayoría de delegaciones, el problema no solo fue sustantivo, sino también procedimental: se trataba de impedir la instalación de nuevas definiciones sin negociación intergubernamental.

Incidencia sindical de la ISP

Más allá del episodio formal, el proceso estuvo atravesado por una intensa disputa política en la que el movimiento sindical internacional, particularmente la Internacional de Servicios Públicos (ISP), jugó un rol activo.

Luchamos mucho para hacer algo en contra de la propuesta de Estados Unidos. El esfuerzo colectivo de las delegadas de la ISP fue fundamental.

A través de la articulación de sus delegaciones -como parte de algunos gobiernos también-, participación en espacios paralelos y cabildeo directo con Estados miembros, la ISP contribuyó a sostener posiciones en defensa de los marcos internacionales de derechos humanos, incluyendo la Plataforma de Acción de Beijing. Esta incidencia fue importante para reforzar la postura de varios países que defendieron el lenguaje acordado y resistieron intentos de retroceso.

El trabajo coordinado entre sindicatos, sociedad civil y delegaciones afines permitió también posicionar temas estructurales en las conclusiones finales, como el acceso a la justicia en el mundo del trabajo, los sistemas de cuidado y el fortalecimiento de los servicios públicos, en un contexto de alta fragmentación política.

Luchamos mucho para hacer algo en contra de la propuesta de Estados Unidos. El esfuerzo colectivo de las delegadas de la ISP fue fundamental. Hablamos mucho con la negociadora de Brasil para garantizar que nuestra lucha fuese representada en la posición de nuestro país. Sigamos juntas en la lucha por todas las mujeres” – Shirley Morales, Federação Nacional dos Enfermeiros, Brazil

La disputa por el concepto de género

Las intervenciones de las delegaciones evidenciaron que la controversia va más allá de una definición semántica. Por un lado, un bloque de países —incluyendo Estados Unidos y otros países que expresaron reservas— insistió en limitar el concepto de género a una interpretación binaria basada en el sexo biológico, subordinando además los compromisos internacionales a marcos nacionales, culturales o religiosos.

Por otro lado, un amplio grupo de Estados defendió la integridad de los acuerdos internacionales existentes, advirtiendo que reabrir conceptos ya negociados pone en riesgo décadas de avances en derechos de las mujeres.

Al mismo tiempo, se configuró una tensión transversal en torno al multilateralismo, así mientras distintos países coincidieron en lamentar el quiebre del consenso —por primera vez en la historia de la CSW—, las razones de fondo divergieron profundamente. Para algunos, el problema fue la inclusión de ciertos conceptos; para otros, el intento de restringirlos.

En este contexto, la moción de no acción no solo bloqueó una resolución, sino que marcó un punto de inflexión en la dinámica de la Comisión: ya no se disputa únicamente el contenido de los acuerdos, sino también las reglas bajo las cuales estos se construyen.

La CSW70 cierra así dejando en evidencia una reconfiguración del debate global sobre igualdad de género, en la que actores estatales y no estatales —incluido el movimiento sindical— están desempeñando un papel cada vez más decisivo.

El secretario general de ATE recibió en la sede nacional al presidente de CLATE

En este marco, Aguiar realizó un panorama sobre la situación actual del sector público en el país atravesado por la lucha contra la reforma laboral, la cual actualmente se encuentra suspendida casi en su totalidad por ser inconstitucional. En este marco, resaltó el esfuerzo de ATE para combatir contra la campaña mediática que aseguraba que la norma no afectaba al empleo estatal, cuando la realidad muestra que son numerosos los puntos que lo atacan, como los sectores de trabajo que se rigen total o parcialmente por la Ley Contrato de Trabajo, la no presunción de relación laboral en la figura del monotributo, o el cambio de fuero de la Justicia Laboral a la Administrativa, entre otros puntos.

El presidente de la CLATE brindó un extenso informe sobre la cuestión geopolítica, el impacto del ataque a Irán por parte de EE.UU. e Israel, y su antecedente genocida en Gaza; las crisis humanitarias y políticas en nuestra región, como son la invasión a Venezuela y el secuestro de su presidente Nicolás Maduro, y el bloqueo total a la república hermana de Cuba, ahogando aún más su economía impidiendo el ingreso de combustibles, vitales para el funcionamiento del país.

Otro de los temas fue acerca de la 114° Conferencia Internacional del Trabajo que se realizará del 1 al 12 de junio de este año. Hablaron sobre los avances en las gestiones frente a la OIT de cara al 50 aniversario de la sanción del Convenio 151 sobre negociación colectiva en el sector público, y la necesidad de comprometerlos a seguir propiciando esta herramienta tan importante para las y los trabajadores estatales.

También dialogaron sobre la importancia de la creación del Frente de Gremios Estatales de Latinoamérica y el Caribe, junto a la Internacional de Servicios Públicos (ISP) y la Unión Internacional Sindical (UIS&SP) de la Federación Sindical Mundial (FSM). Este espacio internacional de trabajadores del sector público es una importante herramienta de unidad en la acción para fortalecer la presencia del sector en los ámbitos internacionales y frente a las luchas que enfrentamos en cada uno de nuestros países.

Estados Unidos: Armas, Monopolio e Injerencia

Los Estados Unidos, bajo cualquier administración de gobierno, sean estos demócratas o republicanos, burros o elefantes, ambiciona la hegemonía en todas las esferas. Incluyendo el monopolio mundial de la venta de armas. Esto, por el evidente control y la influencia, en amplias esferas de las relaciones internacionales, que ello conlleva.

Lo mencionado tiene una pequeña ventana de apertura al permitir que el socio más fiel y con quien suele llevar sus ambiciones imperiales del régimen estadounidense, haga uso del mercado de las armas, sin freno alguno. Me refiero al hijo putativo estadounidense, el régimen sionista israelí.

Si son aliados europeos, estos también tienen acceso a ciertas migajas del mercado, pero con una serie de limitaciones y entre los más importantes es la cumplir las prohibiciones establecidas por Washington respecto a la venta y traspaso de armas con componentes tecnológicos del complejo militar industrial (1) de Estados Unidos.

El tema del control de la venta de armas, por parte de Washington, es la prueba evidente que el tema de la Guerra en Ucrania que enfrenta a Rusia contra Estados Unidos, la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) usando como testaferro al régimen ucraniano, no es la razón para intervenir en los asuntos internos de los estados que han decidido establecer relaciones vinculadas a sistemas de defensa, vínculos militares u otras áreas afines a la industria militar con la Federación de Rusia. La excusa es Ucrania.

Lo fundamental es el hecho que, en forma crónica, Estados Unidos amenaza a todo aquel que no se comporta en forma genuflexa frente a las determinaciones de la Casa Blanca y el inquilino de turno en materias económicas, militares, políticas. Sean estos amigos, adversarios o evidentemente enemigos. Una realidad que, a partir de la segunda administración de Donald Trump se expresa en todo su carácter violatorio de todo lo que significa la legislación internacional. Tema que a estas alturas ya parece una perogrullada decir que no se respeta por Washington.

Estados Unidos, habitualmente ataca a Rusia y a los países que compran armas a Rusia amenazando, sin pudor, alguno, con utilizar las sanciones de la sección 231 que se recogen en la llamada “»Countering America’s Adversaries Through Sanctions Act» Ley estadounidense para contrarrestar adversarios a través de una fuerte política de sanciones” (2) CAATSA por sus siglas en inglés. Si ello es insuficiente entonces se procede entonces a generar políticas desestabilizadoras o sencillamente agredir.

En años anteriores, salió a la luz pública, la estrategia de Washington para impedir que la Federación de Rusia venda armas en mercados que Estados Unidos considera privativos o que afectan lo que suele llamar su “seguridad nacional” eufemismo que encubre su ideología de dominio bajo el marco megalómano de un supuesto Destino manifiesto (3)

Bajo la primera administración de Donald Trump su ex subsecretario de seguridad internacional y no proliferación de Estados Unidos, Christopher Ford anunció sanciones contra un aliado de Washington, miembro de la OTAN, como es Turquía por la decisión el gobierno de Recep Tayip Erdogan de comprar armas a Rusia y así diversificar sus fuerzas armadas. En específico el sistema de antimisiles S400 donde se presionó al gobierno turco con denegar acceso a préstamos y licencias de exportación.

“Durante los últimos años hemos utilizado la amenaza de tales sanciones (CAATSA) para privar a la industria armamentística rusa de posibles clientes en el extranjero. El comercio exterior de armas del Kremlin proporciona a Rusia fondos que luego utiliza para pagar las armas con las que se posiciona en contra de Estados Unidos y sus aliados. Este comercio de armas también ayuda a Rusia a crear relaciones con clientes extranjeros para obtener ventajas estratégicas” (4) La búsqueda de maneras de atacar a Rusia han sido diversas. El año 2023 Estados Unidos patrocinó una gira del ex canciller alemán Olaf Scholz para tratar de reducir la dependencia de Rusia, buscar alianzas geopolíticas frente a China y asegurar suministros de litio, pero…en la agenda venía también la misión de generar la cesión de armas, de la época soviética, en poder de ejércitos latinoamericanos, al régimen ucraniano.

Los gobiernos de Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, México y Perú recibieron, previo a la visita de Scholz la “recomendación” de la jefa del comando sur de Estados Unidos Laura Richarson que donaran a Ucrania, su equipamiento militar comprado a Rusia. La gira fue un fracaso, pero mostró la utilización de cervatillos, por parte de Washington, de dirigentes políticos como el genuflexo Olaf Scholz que representa esa Europa sin dignidad ni soberanía (5)

Desde Washington se comenzó a presionar también a los gobiernos de Cuba, Nicaragua y Venezuela para ceder sus equipos militares rusos a Ucrania, ofreciendo reemplazos de equipos estadounidenses, para sí reducir la dependencia de la industria de armamentos ruso. Washington no quiere a nadie en la región más que su presencia e influencia hegemónica. Tampoco resultó

La Federación de Rusia frente a estas continuas provocaciones de los gobiernos estadounidenses ha tenido una conducta de condena, pero sin dejar de buscar la ampliación de sus mercados a pesar de las presiones y las crónicas amenazas, que son parte del ADN político del régimen estadounidense. Demócratas y Republicanos tienen la misma conducta arrogante, hegemónica con la cual hay que contender como es el caso de estas leyes sancionatorias que afectan a Rusia, pero también a Irán y Corea del Norte.

Estados Unidos usa continuamente la mencionada CAATSA para disuadir a los países que compren material militar ruso: Aviones, Sistema Antimisiles, sistemas de vigilancia electrónica e incluso tratar de desestabilizar los contactos y contratos para el uso de la desarrollada tecnología aeroespacial que Rusia entrega para el lanzamiento de satélites.

Esta ley fue firmada en agosto de 2017 por el presidente Donald Trump tras ser aprobada por el Congreso de un país que suele desgarrar vestiduras respecto a la libertad de comercio, el derecho de los pueblos siempre y cuando no afecte sus intereses globales. Productos del uso de esta ley violatoria d ela soberanía d ellos pueblos, la compra de armas rusas por parte de los países se redujo de 31 en 2019 a sólo doce el 2023.

Pero, incluso antes de febrero del año 2022 – cuando se inicia la operación especial rusa de desnazificación y desmilitarización de Ucrania, Estados Unidos ya había logrado que cesara la compra de armas rusas, de la propia Ucrania, Georgia y Siria. Las políticas de imposiciones contra los gobiernos generan esa realidad que Rusia trata de frenar y contender.

Traigo a colación las declaraciones del canciller ruso Serguéi Lavrov quien relató, hace un tiempo, un ejemplo evidente de la conducta plena de ilegalidades de Washington. Haciendo referencia al hecho que el gobierno mexicano presidido por el ex presidente de Andrés Manuel López Obrador había iniciado tratativas para México evaluara la posibilidad de comprar helicópteros a su país. La idea era suministrar hasta 50 helicópteros de fabricación rusa, principalmente modelos Mi-17 y Mi-8, gestionados por la empresa Rosoboronexport (6)

Ipso facto, un funcionario del gobierno del ex presidente Joe Biden. Me refiero al entonces asesor principal de la Oficina de Asuntos del hemisferio occidental, el economista Hugo Rodríguez, quien amenazó en el congreso estadounidense que México podía recibir sanciones por CAATSA. Las palabras textuales fueron “A nivel de Washington, hemos planteado este camino de sanciones a nuestros homólogos en Ciudad de México por el tema helicópteros rusos”.

Misma política llevada, incluso con sus aliados de la OTAN y la Unión Europea, a quienes Washington suele amenazar con alzas arancelarias, el retiro de las bases estadounidenses de territorio europeo – y con ello el escudo nuclear con que ese continente se ha vestido además de las armas de destrucción masiva que posee Francia y Gran Bretaña – si no se aumentaba el aporte en presupuestos de guerra del 2 al 5% del PIB. A pesar de los esfuerzos de Europa por ganar autonomía en materia de defensa, las transferencias entre países europeos sólo representan una quinta parte del total dentro del continente.

Esto, en un escenario donde esa compra masiva de armas de Europa a Washington se explica por la imposición de Washington a sus socios europeos para comprar armas con destino al régimen al régimen neonazi ucraniano, así como por el fortalecimiento de sus capacidades militares frente a la continua campaña política y mediática de señalar como un mantra la amenaza que significa Rusia.

Bajo esa doctrina de demonizar a la Federación de Rusia, quitar mercados mediante presiones indebidas, ilegales, violatoria de la soberanía de las naciones, procesos de desestabilización – como los vividos en Siria, por ejemplo – la ampliación de la injerencia en los asuntos internos de nuestros países, lo que ha originado es que el complejo militar industrial estadounidense se esté llenando los bolsillos con ventas multimillonarias. No sólo a esa Europa sin soberanía, sino también a las monarquías del Golfo Pérsico, naciones latinoamericanas y asiáticas.

Es ahí donde la aprobación de esa ley CAATSA y las presiones de Washington y su tropa de cervatillos europeos, ha cercenado la posibilidad de seguir con contratos establecidos por Rusia o avanzar en acuerdos con potenciales clientes de Moscú, como fue el caso de los 50 helicópteros modelo MI 18 y MI 7 a México.

Los datos que se poseen del 2025 señalan que los principales compradores de armas de la Federación de Rusia rusas siguen concentrándose en Asia, liderados por la India, que acumula tres cuartas partes de las ventas, seguida de China y Bielorrusia. Aunque la Federación de Rusia ha perdido terreno globalmente (hoy posee el 7% del mercado) por las razones mencionadas con anterioridad, mantiene estos socios clave, mientras se reduce su presencia en otras regiones donde Washington y los suyos han intensificado las presiones propias de un jefe de una asociación delictiva.

Las exportaciones rusas de armas cayeron un 26% entre 2021 y 2025 respecto al quinquenio previo, indicó el último estudio del Instituto de Investigaciones para la paz de Estocolmo (SIPRI por sus siglas en inglés) Bajo esa política agresiva, de presiones, amenazas y chantajes, en el mismo período mencionado, las ventas globales de armas estadounidenses crecieron hasta ser más del doble que las de Rusia, el segundo mayor exportador. (7) pero con un Estados Unidos absolutamente en primer lugar en presupuesto para la guerra concretando el 40% del total de gastos militares del mundo según el presupuesto del año 2025

Se incluye en esta política de presiones contra Rusia las llamadas sanciones sectoriales y controles de exportación. Dadas a conocer por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos que según declaraciones de Janet L. Yellen ex secretaria de esta institución, aparecidas en las páginas oficiales señaló “El Departamento del Tesoro ha advertido reiteradamente que las empresas que proporcionen apoyo material a la guerra de Rusia enfrentarán consecuencias significativas, y Estados Unidos las está imponiendo hoy a casi 300 objetivos” (8)

Esto significa que Washington restringe el acceso a componentes claves en la industria de armas de la Federación de Rusia: materiales explosivos, microelectrónica, las denominadas tecnologías de uso dual lo que genera mayores costos y demora en la producción.

Ante esta realidad, el gobierno ruso, presidido por su presidente Valdimir Putin entendió la necesidad de utilizar estas presiones como un motor que fermente mayores grados de mayor innovación local, para así suplir estas necesidades con producción nacional pero también, con la ampliación de relaciones con aquellos países que son hoy los principales clientes de Rusia: China, Irán, Argelia, Egipto Vietnam, India, países africanos, entre otros.

Estados Unidos, consciente de la capacidad innovativa rusa, implementa entonces otra batería de sanciones. En esta ocasión, destinada a atacar la base militarindustrial de la Federación de Rusia. Esto implica generar ataques restrictivos a decenas de entidades ligadas al sector de defensa en Rusia y empresas vinculadas en terceros países. Todas ellas parten del engranaje de la industria militar lo que afecta contratos establecidos y aquellos proyectados. Como también financiamiento, seguros y necesidades de transporte.

Resulta evidente que la restricción de la venta global de armas a la Federación de Rusia es uno más de los intentos hipócritas de dominar absolutamente el mercado armamentístico mundial por parte de Estados Unidos. Moscú defiende su derecho soberano a exportar armas como parte de su economía y alianzas estratégicas, propias de los acuerdos entre países, sin prohibición más allá de aquellas que los propios tratados internacionales impiden.

Washington aplica un doble rasero, un doble estándar al imponer sanciones selectivas mientras mantiene su propia industria armamentística como la más grande del planeta y con intentos monopólicos propios de un régimen que busca mantener una hegemonía que está siendo cuestionada por las violaciones cada día más crecientes del derecho internacional, que no es reconocido por Trump a pesar de que suele apelar a este si se trata de atacar a Rusia y en general a los países del Sur Global.

Desde los municipios, el cuidado se instala como una disputa política por la democracia, los derechos y los servicios públicos

Un un momento internacional atravesado por el aumento de las desigualdades, el debilitamiento de los sistemas públicos, la precarización de la vida y el avance de respuestas autoritarias y mercantilizadoras, las Jornadas de Gobiernos Locales y Regionales realizadas durante la CSW70 volvieron a plantear una pregunta decisiva: quién sostiene la vida y bajo qué condiciones.

La respuesta, reiterada desde distintos territorios, fue tan contundente como incómoda para los poderes tradicionales. Son las mujeres —y, de manera particular, las mujeres trabajadoras, las mujeres de base y las trabajadora del sector público— quienes siguen cargando con el peso principal del cuidado, de la reproducción de la vida y de la contención social allí donde el Estado retrocede o el mercado convierte los derechos en mercancía.

En ese debate, la participación de la Internacional de Servicios Públicos (ISP), como parte  de Ciudades y Gobiernos Locales Unidos (CGLU), tuvo un peso político particular al llevar a este espacio la voz de las y los trabajadores municipales del mundo. Y fue Juneia Batista, trabajadora social de la ciudad de São Paulo y representante de la ISP y CONTRAM, quien condensó con especial claridad el sentido de esta disputa.

A partir de su experiencia de casi tres décadas en el ámbito municipal, Batista trazó un recorrido entre memoria, denuncia y propuesta. Recordó que en São Paulo hubo momentos en que los gobiernos locales impulsaron políticas públicas robustas, con guarderías propias, programas de vivienda y servicios cercanos a la población, especialmente bajo administraciones comprometidas con una agenda social. Pero también advirtió que esos avances no fueron irreversibles. “En São Paulo tuvimos gobiernos que impulsaron guarderías, jardines infantiles, políticas de vivienda y servicios públicos fuertes. Hoy, en cambio, vemos privatización, militarización de las escuelas y un abandono del debate sobre el cuidado”, afirmó.

Su intervención no se limitó al diagnóstico. Desde una mirada sindical, feminista y territorial, Juneia nombró una verdad que atravesó todo el encuentro: que el cuidado no es una cuestión secundaria ni doméstica, sino un campo de disputa política central. “Participamos en muchas conferencias, producimos documentos, pero la pregunta es: ¿qué hacemos después?”, planteó, interpelando no solo a los gobiernos, sino también a los propios espacios multilaterales. Y fue más allá al proponer una perspectiva de articulación global: “Necesitamos una gran alianza global de mujeres, más allá de los partidos. Incluso podríamos pensar en un paro mundial para poner el cuidado en el centro”.

Ese tono de urgencia dialogó con muchas de las intervenciones del panel. A lo largo de la jornada, representantes de gobiernos locales, organismos internacionales, organizaciones comunitarias y redes feministas coincidieron en que el cuidado no puede seguir siendo tratado como un asunto privado resuelto en silencio por las mujeres. Debe ser reconocido como trabajo, derecho, bien público y responsabilidad colectiva.

Desde la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos se subrayó que los gobiernos locales y regionales están en la primera línea de la garantía de derechos, porque es allí donde estos se vuelven concretos o fracasan: en la vivienda, el agua, el saneamiento, la salud, la educación, el trabajo decente y la protección de las personas más vulneradas. Se insistió, además, en que las instituciones locales son el espacio donde “las políticas se encuentran con las personas” y donde la democracia puede fortalecerse o erosionarse.

En la misma línea, desde el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) se destacó que los sistemas de cuidado son también una infraestructura económica y social: sostienen la productividad, permiten la participación de las mujeres en el mercado laboral y hacen posible la vida cotidiana de los hogares y las comunidades. Pero el debate dejó claro que no basta con una formulación técnica. La pregunta es quién financia, quién garantiza y quién controla esos sistemas.

Una de las intervenciones más potentes vino desde Kenia, donde Milka Moraa, integrante de la Asamblea del Condado de Mombasa y de la red REFELA, reivindicó una gobernanza feminista con capacidad de transformar la política desde abajo. “Durante demasiado tiempo, ese contrato fue escrito por hombres, para hombres, lejos de nuestra realidad”, afirmó. Su experiencia mostró que cuando las mujeres entran a los espacios de decisión cambian también las prioridades públicas: mercados con guarderías, servicios de agua, apoyo a vendedoras informales, revisión de presupuestos con enfoque de género y políticas pensadas desde la vida concreta de las comunidades.

Desde España, la alcaldesa de Bunyola, Maria Antònia Serralta, defendió el papel de los municipios pequeños y de la cooperación descentralizada como lugares donde todavía es posible practicar una política más cercana y arraigada en la escucha. “La solidaridad no es un gesto puntual, sino una responsabilidad compartida”, sostuvo, reivindicando el valor de las alianzas locales y del diálogo cotidiano con la ciudadanía como base de una verdadera coalición social.

También resonaron con fuerza las voces de las organizaciones de base. Desde la Huairou Commission, Violet Shivutse recordó que las mujeres organizadas en los territorios no solo resuelven urgencias comunitarias, sino que también generan soluciones que ayudan a los propios gobiernos locales a cumplir con sus mandatos en servicios básicos, educación, agricultura o desarrollo. Pero advirtió que ese vínculo no puede depender únicamente de la buena voluntad de una autoridad de turno: debe institucionalizarse.

Aún más cruda fue la intervención de una activista de Camerún, quien llevó al centro del debate la experiencia de las mujeres que viven conflictos armados, desplazamientos, violencia sexual y pobreza extrema. Su pregunta cruzó toda la jornada: ¿de qué sirven las recomendaciones, los informes y las resoluciones si no transforman la vida de las mujeres de base? “Si nuestras conversaciones no reflejan la vida de esa mujer local cuyos derechos son vulnerados cada día, entonces simplemente estaremos repitiendo las mismas discusiones de siempre”, advirtió.

Ese mismo hilo apareció en la voz de una representante de la alcaldía de Santiago de los Caballeros, en República Dominicana, quien relató el esfuerzo del gobierno local por enfrentar la violencia machista mediante prevención, acompañamiento legal, apoyo psicológico y articulación con los sistemas de salud, educación y justicia. En su intervención dejó una frase que resume la dimensión humana del debate: “Las mujeres cuidan, pero no tenemos quién nos cuide. Protegemos, pero no tenemos quién nos proteja”.

Otro de los consensos del encuentro fue que no habrá transformación real sin una alianza amplia entre feminismos, sindicatos, gobiernos locales, organizaciones comunitarias y redes internacionales. Desde la Alianza Global por los Cuidados, Ana Moreno insistió en la necesidad de construir una “alianza de alianzas” capaz de articular las luchas por el derecho al cuidado, el derecho a la ciudad, los servicios públicos y la justicia territorial. Recordó, además, que muchos de los avances logrados en América Latina son fruto de años de articulación entre movimientos feministas, sindicales y comunitarios.

En ese punto, la presencia de la ISP resultó especialmente significativa. La agenda del cuidado no puede desligarse del trabajo decente, de la defensa de lo público y del papel de quienes sostienen día a día los servicios esenciales en los municipios. La intervención de Juneia Batista fue importante precisamente porque ancló esta discusión en la experiencia de las trabajadoras y trabajadores municipales, mostrando que el cuidado no puede ser una consigna vacía mientras avanzan la privatización, el desmantelamiento de servicios y la precarización laboral.

Su cierre fue, en ese sentido, una síntesis política del encuentro: “Si salimos de estos espacios solo con declaraciones, no será suficiente. Tenemos que construir acciones que transformen la vida de las mujeres”.

Las Jornadas de Gobiernos Locales y Regionales dejaron la certeza respecto a que el cuidado ya no puede ser visto como una nota al margen de las políticas públicas. Es una disputa central sobre el modelo de sociedad, sobre el lugar del Estado, sobre la redistribución del poder y sobre la capacidad de las democracias para responder a la vida real de las personas.

Para la ISP, no habrá justicia social ni de género sin servicios públicos fuertes, sin derechos laborales garantizados y sin el protagonismo de las trabajadoras y trabajadores municipales. Y no habrá democracia sustantiva mientras el cuidado siga descansando en la sobrecarga invisible de las mujeres.

¿América Latina en venta?: derechización, guerra global y renuncia a la política (o, sobre llovido, mojado)

El orden internacional se encuentra en plena transformación. Estados Unidos ha perdido la capacidad de disciplinamiento global que ejerció durante décadas. China avanza de manera sostenida. Los conflictos se multiplican. Sin embargo, nada de ello constituye un destino inevitable.

Lo que existe es una disputa abierta por el poder global y el problema radica en que, en ese tablero, América Latina vuelve a ocupar el lugar histórico que le fue asignado desde hace doscientos años: proveedor de recursos naturales, espacio de influencia y territorio administrado desde el exterior.

Litio, energía, alimentos y agua. Todo lo que el mundo demanda se concentra en la región. Sin una estrategia común, esa riqueza no genera autonomía: genera dependencia y extracción.

Derechización y debilitamiento del Estado: una combinación peligrosa

Este proceso global coincide con una realidad regional preocupante. En varios países, como Argentina, Chile, Ecuador, Bolivia, Honduras, etc. han asumido el gobierno fuerzas que, con distintos matices, comparten una misma lógica: el debilitamiento deliberado del Estado. Menos Estado en un mundo que exige mayor capacidad estatal. Menos política en un escenario que requiere más decisión política. No se trata de una contradicción, es un proyecto coherente.

Un Estado debilitado no solo regula menos: negocia peor, decide menos y depende más.

La memoria como herramienta política

Es importante recordar que América Latina no siempre ocupó esta posición pasiva, hubo un ciclo no muy lejano en el que la región decidió actuar como sujeto histórico. Gobiernos como los de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner, Luiz Inácio Lula da Silva, Hugo Chávez, Evo Morales y Rafael Correa comprendieron una verdad central: la única vía hacia la autonomía era la acción conjunta.

Se fortaleció el MERCOSUR, se creó la UNASUR, se impulsó la CELAC y se rechazó el ALCA en la Cumbre de Mar del Plata de 2005, Los resultados fueron concretos:

• Millones de personas salieron de la pobreza,

• Se ampliaron derechos sociales,

• Se consolidó el mercado interno,

• La región adquirió una voz propia en el escenario internacional.

No fue casualidad. Fue política.

El relato que desarma

Hoy se promueve un sentido común distinto: que todo está determinado, que las potencias deciden y que no existe margen de maniobra, ese discurso no describe la realidad. La disciplina. Porque si todo está predeterminado, entonces nadie asume responsabilidad. Solo resta adaptarse y desde esta perspectiva, eso no es análisis: es resignación.

La pregunta que realmente importa

El dilema no consiste en elegir entre alinearse con Estados Unidos o con China. Esa es una falsa dicotomía, La pregunta esencial es otra: ¿América Latina desea volver a ser sujeto político? Eso implica asumir costos, construir consensos, sostener tensiones y, sobre todo, definir un proyecto propio. Sin embargo lo que observamos actualmente es lo opuesto: fragmentación, competencia interna y ausencia de estrategia compartida. En ese vacío, otros deciden por nosotros.

Lo que hay que reconstruir

No se trata de nostalgia. Se trata de recuperar la experiencia histórica que ya demostró su eficacia; Integración con contenido político, espacios como el MERCOSUR y la CELAC solo tienen sentido si sirven para construir poder real. El Estado como herramienta de soberanía, no existe desarrollo sin Estado fuerte, debilitarlo en este contexto no es modernización, es cesión de soberanía. Autonomía como estrategia, la región no necesita elegir un nuevo amo, necesita construir margen propio. La paz como decisión política, aceptar la guerra y la crisis energética como destino equivale a aceptar un rol subordinado en ella.