CLATE fue recibida por la Embajadora de Vietnam en Argentina

El presidente de la Confederación Latinoamericana y del Caribe de Trabajadores Estatales (CLATE), Julio Fuentes, sostuvo una reunión con la embajadora de la República Socialista de Vietnam, Minh Nguyet NGO, en la sede diplomática de ese país. Durante el encuentro, Fuentes presentó el trabajo internacional que la institución viene desarrollando, con especial énfasis en las últimas experiencias de vinculación con naciones asiáticas.

Uno de los ejes centrales de la conversación fue la promoción del intercambio entre CLATE y las organizaciones sindicales de Vietnam. En este contexto, se abordaron las experiencias académicas y los foros de debate impulsados por CLATE sobre países como China e India, y se acordó explorar la organización de instancias similares con Vietnam y otros integrantes de la Asociación de Naciones de Asia Sudoriental (ASEAN).

Por su parte, la embajadora Ngo agradeció la visita y la información recibida sobre la institución. Ante la consulta sobre la realidad política, económica y social de su país, su historia de resistencia y construcción de un modelo que definen como “economía de mercado con orientación socialista”.

De la reunión, en la que también participaron los funcionarios de la embajada, Quang Dung Tra y Dao Dieu Huong,  quedó establecido el compromiso de trabajar en proyectos de cooperación orientados al intercambio de información, el respaldo a la comunicación entre organizaciones sindicales entre Vietnam y los países confederados en CLATE, y la generación de espacios académicos y de reflexión sobre el modelo de instituciones en Vietnam, sus políticas de desarrollo y las experiencias de su economía de mercado con dirección estatal.

8M: Mujeres CLATE por la paz y la soberanía de los pueblos

«En este Día Internacional de la Mujer Trabajadora, rendimos nuestro homenaje a todas las mujeres trabajadoras que, con coraje, sensibilidad y firmeza, construyen diariamente una sociedad más justa, democrática e igualitaria«, expresó Carmen Machado, secretaria de Género y Diversidad de la CLATE y presidenta de la Federación Sindical de Servidores Públicos de Mato Grosso (FESSP/MT), afiliada a la Confederación de Servidores Públicos de Brasil (CSPB).

La dirigenta brasileña «reafirmó el compromiso permanente con la defensa de los derechos de las mujeres, con el enfrentamiento a todas las formas de violencia y discriminación y con la promoción de la equidad de género en los espacios de poder y decisión, incluido el ámbito sindical».

«El 8 de marzo no es solo una fecha conmemorativa; es un hito histórico de lucha, resistencia y conquistas. Es un día para reconocer los avances, pero también para renovar nuestra movilización frente a los desafíos que aún persisten: desigualdad salarial, acoso, sobrecarga de trabajo y la subrepresentación femenina en los espacios institucionales», agregó Machado.

Y finalizó: «Seguiremos firmes en la construcción de políticas inclusivas, en la valorización de la diversidad y en el fortalecimiento de la participación de las mujeres en el movimiento sindical y en la gestión pública en toda América Latina y el Caribe. Que este día inspire unión, conciencia y acción. ¡Vivan las mujeres! ¡Viva la lucha por la igualdad!».

 

El derecho humano al cuidado: las trabajadoras de los servicios públicos abren el camino

Desde los lugares de trabajo hasta la legislación nacional, los sindicatos de servicios públicos están impulsando esta agenda mediante el cabildeo, el diálogo social y la negociación colectiva. En todas las regiones, los sindicatos han contribuido a importantes avances legislativos y políticos que reconocen el derecho al cuidado, estableciéndolo en algunos países como un derecho humano independiente.

Este impulso se ve reforzado por importantes normas y jurisprudencia internacionales. En 2025, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en su histórica Opinión Consultiva OC-31/25, afirmó la existencia de un derecho al cuidado basado en los principios de igualdad y no discriminación, reconociendo tanto el derecho a recibir cuidados como el derecho a proporcionarlos en condiciones dignas. Esta decisión supuso un paso significativo en la consolidación del cuidado como una cuestión de derechos humanos dentro del derecho internacional.

Para las trabajadoras, el derecho al cuidado se consigue a través del poder sindical, y el mundo laboral es uno de sus principales campos de batalla.

La norma laboral internacional, el Convenio 156 de la OIT sobre lxs trabajadores con responsabilidades familiares (1981), desempeña un papel fundamental. El Convenio exige a los Estados que permitan a lxs trabajadores con responsabilidades familiares participar en el empleo sin discriminación y, en la medida de lo posible, sin conflicto entre las obligaciones laborales y familiares. Exige medidas como políticas de permisos, servicios de cuidado infantil y ajustes en las condiciones de trabajo, medidas que se aplican de manera más eficaz mediante la negociación colectiva y un diálogo social sólido.

Como destacó la presidenta del Comité Mundial de Mujeres de la ISP, Hitomi Kimura, JICHIRO (Japón):

«Para las trabajadoras, el derecho al cuidado se consigue gracias al poder de los sindicatos, y el mundo laboral es uno de sus principales campos de batalla. A través del Convenio 156 de la OIT, la negociación colectiva y un diálogo social sólido, los sindicatos convierten las promesas en derechos exigibles. En la mesa de negociación, consiguen protecciones concretas: permisos remunerados, horarios flexibles y protección social. Estos logros deben estar respaldados por servicios públicos del cuidado universales, incluidos los prestados directamente por los empleadores o garantizados como derechos laborales».

Esta perspectiva es compartida por las afiliadas de la ISP, como señala la Asociación Nacional de Empleados Fiscales de Chile:

Aunque se ha ratificado el Convenio 156 y existen otros marcos jurídicos, su aplicación está estrechamente vinculada al ejercicio de la negociación colectiva.

 

Más de la mitad de los trabajadores y trabajadoras sufren violencia y acoso en tres países de África Occidental, según revela un nuevo estudio de la OIT

Más de uno de cada dos trabajadores y trabajadoras en Senegal (65%) y Costa de Marfil (58%), y casi la mitad en Burkina Faso (43%), afirman haber sufrido violencia o acoso en el trabajo, según un nuevo informe de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Los resultados se hacen eco de las pruebas globales de que la violencia y el acoso en el mundo del trabajo siguen siendo omnipresentes en todo el mundo.

El informe, titulado «Hacer visible lo invisible: comprender y combatir la violencia y el acoso en el trabajo en tres países de África Occidental», ofrece la evidencia más completa hasta la fecha sobre la prevalencia, las formas y los efectos de la violencia y el acoso en el mundo del trabajo en Burkina Faso, Côte d’Ivoire y Senegal. Sus conclusiones revelan un fenómeno en gran medida oculto que socava la dignidad, la salud y la productividad de los trabajadores.

La violencia psicológica y el acoso son las formas más extendidas y suelen producirse como parte de un continuo de violencia y acoso físicos o sexuales. Si bien los hombres son más propensos a sufrir violencia física, las mujeres se enfrentan a una mayor prevalencia de violencia y acoso sexuales. Los trabajadores jóvenes y de edad avanzada se encuentran entre los grupos más afectados.

La violencia y el acoso se producen principalmente en el lugar de trabajo, pero también se extienden más allá de él, incluyendo el transporte público, las interacciones con el público en general y los entornos de trabajo digitales o a distancia. Los terceros –como clientes, pacientes y personas desconocidas– se encuentran entre los autores más comunes.

Los efectos de la violencia y el acoso en el trabajo son profundos: hasta la mitad de las víctimas denuncian un deterioro significativo de su salud mental y hasta un tercio denuncian daños físicos, lo que se relaciona con niveles más altos de depresión, ansiedad y estrés. También afecta a la confianza, la motivación y la satisfacción laboral, al tiempo que aumenta el absentismo y reduce la productividad, especialmente entre las mujeres y los trabajadores jóvenes.

A pesar de la magnitud del problema, solo el 60 % de las víctimas denuncian estos incidentes, y las mujeres son más propensas que los hombres a hacerlo, en consonancia con los datos mundiales que indican que no se denuncian todos los casos. La mayoría de las víctimas confían en sus familiares, amigos o compañeros de trabajo, mientras que los mecanismos formales siguen siendo poco utilizados debido a la percepción de que los incidentes «no son lo suficientemente graves», al miedo al estigma o a las represalias y a la escasa confianza en los procedimientos de denuncia.

«La violencia y el acoso en el mundo del trabajo han permanecido durante mucho tiempo invisibles, infradeclarados e infravalorados, pero sus efectos son profundos», afirmó Chidi King, Jefe de la Subdivisión de Igualdad de Género, Diversidad e Inclusión de la OIT. «Esta investigación realizada en tres países de África Occidental pone de manifiesto una realidad que demasiados trabajadores de todo el mundo han soportado en silencio. También proporciona las pruebas necesarias para reforzar la prevención, la protección y la reparación, y para acelerar las medidas encaminadas a la ratificación y la aplicación efectiva del Convenio núm. 190 de la OIT».

Aunque existen mecanismos jurídicos e institucionales en los tres países, la investigación revela que a menudo están fragmentados, son poco conocidos y de difícil acceso, especialmente para los trabajadores vulnerables. La falta de denuncias, la dependencia de recursos informales, el miedo a las represalias y la limitada capacidad institucional siguen obstaculizando la prevención, la protección y el apoyo eficaces.

Las conclusiones subrayan la urgente necesidad de adoptar medidas inclusivas, integradas y que tengan en cuenta las cuestiones de género para acelerar la ratificación y la aplicación del Convenio de la OIT sobre la violencia y el acoso, 2019 (núm. 190), al tiempo que se refuerzan los mecanismos de prevención, protección y reparación. El Convenio 190, junto con la Recomendación núm. 206, proporciona el primer marco común internacional para prevenir, remediar y eliminar la violencia y el acoso en el mundo del trabajo, incluida la violencia y el acoso por motivos de género. Reconoce el derecho de todas las personas a un mundo del trabajo libre de violencia y acoso, y establece la obligación de respetar, promover y hacer efectivo este derecho.

Al hacer visible lo invisible, el informe presenta 12 recomendaciones prácticas en tres pilares estratégicos para orientar a los gobiernos, los empleadores y los trabajadores en la prevención y eliminación de la violencia y el acoso en el trabajo, de conformidad con el Convenio núm. 190 de la OIT.

Hacer visible lo invisible: comprender y combatir la violencia y el acoso en el trabajo en tres países de África Occidental consolida los resultados de cuatro estudios de investigación multidisciplinarios realizados en el marco del proyecto Francia-OIT Combatir la violencia y el acoso en el mundo del trabajo y la igualdad salarial y de oportunidades profesionales para hombres y mujeres.

La guerra en Irán: deseos y realidades

Por Sergio Rodríguez Gelfenstein

Se dicen muchas cosas, pero no se sabe a ciencia cierta si la decisión de atacar Irán ha sido un error de cálculo sobre la base de información que la CIA le entregó a Trump afirmando que Irán era frágil y, en esa medida, un objetivo fácil de derrotar.

O podría haber sido todo lo contrario: que el Pentágono le alertara en torno a los riesgos que significaba una operación militar de gran alcance en términos de la estabilidad estratégica de Estados Unidos y que Trump lo desechara, habida cuenta de su obsesiva disposición de poner al mundo bajo sus pies.

También se dice que Netanyahu le informó a Trump que el sábado 28 en la mañana, el líder de Irán se reuniría con el Alto Mando en un lugar que la inteligencia israelí había detectado y que era la oportunidad de suprimirlo definitivamente. Esta información habría sido corroborada por la CIA, llevando a Trump a tomar la decisión.

Lo que sí está claro es que la principal fuente de información de Estados Unidos en Asia Occidental es Israel, que utiliza tal instrumento como herramienta de manejo de las decisiones de Estados Unidos. Por supuesto, el Mosad sionista guarda como un tesoro las miles de fotos y videos que durante años le proporcionó Jeffrey Epstein, lo cual le permite manejar a favor de sus intereses a cualquier líder mundial de la política, las finanzas, la economía y la diplomacia, Trump incluido.

En esa medida, Israel «convenció» a Trump de que la capacidad misilística iraní era exigua, cuando en realidad el país persa tiene decenas de miles de ellos, de 18 tipos distintos, con diferente potencial, capacidad de carga, distancia y velocidad de vuelo.

Desde 2003, cuando se produjo el ataque de Estados Unidos a Irak, el liderazgo iraní comprendió que un enfrentamiento directo con Estados Unidos era inevitable en el tiempo y comenzó a prepararse con celeridad, pero con paciencia, para ello. Por esto, procedió al diseño y construcción de las ciudades misilísticas móviles subterráneas.

Es inevitable preguntarse: ¿cómo pueden ser móviles? Lo son porque, al tener múltiples entradas y salidas comunicadas entre sí por kilómetros de túneles, los misiles pueden emerger por cualquier lugar para ser disparados. De igual manera, Irán ha producido durante más de 20 años una cantidad indefinida de drones —que se supone son varios cientos de miles— que le garantizan la realización de un ataque permanente durante varias semanas y meses en contra de un potencial enemigo.

Otro error de cálculo en el que incurrió Trump fue la suposición de que existían fuertes contradicciones en la cúpula iraní, ya que la gran mayoría de la población rechazaba el liderazgo de la república islámica. Si había dudas al respecto, al precio de su propia vida, el mismo ayatolá Khamenei se encargó de demostrar la falsedad de esta aseveración.

Pudo haberse escondido bajo tierra. Sabía que estaba en la mira del odio sionista y estadounidense, pero haciendo una última contribución a la lucha de su pueblo y de los musulmanes chiitas de todo el mundo, prefirió inmolarse para erigirse en bastión indestructible de unidad nacional para su país y para el chiismo en general. Hoy Irán enfrenta la agresión como un puño único que incluye también a sunitas, católicos y hasta judíos que viven y son ciudadanos de la república islámica.

Trump equivocadamente supuso que el martirio de Khamenei supondría el descalabro y la desaparición de la república islámica. Sócrates afirmó que: «La verdadera sabiduría está en reconocer la propia ignorancia». Algo que Trump jamás haría. Su personalidad no se lo permite.

Por eso, antes del inicio de la agresión del 28 de febrero, le preguntó a su negociador con Irán, Steve Witkoff, por qué Irán no «había capitulado» ante la enorme presión a la que estaba sometido, cuando se había producido el mayor despliegue militar estadounidense en la historia desde la invasión de Irak.

Hoy, cuando la agresión militar se hizo efectiva e Irán está siendo sometido a una brutal campaña de bombardeos, se sigue preguntando lo mismo sin entender que el proceso de sustitución de los líderes en Irán es casi automático. Es parte de la preparación que han venido realizando desde hace más de 20 años.

¿Cree alguien que el entramado de instituciones formadas por el Líder Supremo, las Asambleas de Discernimiento, de Convivencia del Estado y de Sabios, así como el Consejo de Guardianes y los tres poderes del Estado establecidos en la Constitución —y que sustentan el sistema— puede ser destruido por el asesinato de su líder, de sus dirigentes principales o incluso de toda la cúpula de dirección del país? En Irán, cada puesto de responsabilidad tiene definido de antemano los siguientes cuatro sustitutos en caso de desaparición del titular.

Si se quisiera establecer una comparación con la democracia occidental que propone la separación de poderes, en Irán el sistema apunta al equilibrio de los poderes. Así, la Asamblea de Sabios puede destituir al Líder Supremo. Éste designa a los ayatolás del Consejo de Guardianes y a la máxima autoridad del Poder Judicial. A su vez, el líder del Poder Judicial es quien propone a los constitucionalistas que van a formar parte del Consejo de Guardianes. Y de igual manera, los candidatos a la Asamblea de Sabios deben ser aprobados por el Consejo de Guardianes.

Se puede concluir que no hay ninguna autoridad con poder eterno, no hay autoridad que no haya sido electa y no hay autoridad que posea el poder absoluto. El mismo debe ser compartido a través del equilibrio en el funcionamiento de todos para que no haya ninguno que esté por encima de los demás.

Intentando dar una mirada de mediano y largo plazo del conflicto, primero nos deberíamos preguntar: ¿qué está ocurriendo ahora? Tras la agresión sionista-estadounidense y, tal como fue anunciado previamente por el gobierno iraní ante esa eventualidad, el estrecho de Ormuz fue cerrado por la fuerza naval persa para el paso de embarcaciones no autorizadas.

Sin embargo, hasta ahora lo que se ha informado es acerca del poder dominante de la Armada de Estados Unidos, cuando la realidad es que la misma tiene severas limitaciones que se pondrán en efecto en las próximas semanas. Vale decir que ese poder superlativo no ha podido impedir la paralización de Ormuz, por donde transita el 21% de la energía del planeta.

Trump incluso anunció que su Gobierno ofrecerá seguros de riesgo político «a un precio razonable» y, en algunos casos, escolta militar para el comercio marítimo que transite por el estrecho de Ormuz, paralizado por Irán en respuesta a los ataques de Estados Unidos e Israel. Como respuesta, un alto jefe naval persa lo conminó a hacerlo. Esta situación se seguirá tensionando, sobre todo porque la principal fuente logística de la Armada de Estados Unidos en la región —la base de la V Flota en Bahréin— fue destruida o severamente dañada por Irán. Incluso los barcos que están represados al interior del Golfo no la pueden utilizar.

La alternativa para los que están fuera, en el golfo de Omán o el mar Arábigo, es ir a repostar a la base naval estadounidense de Diego García, en un territorio usurpado ilegalmente por el Reino Unido y perteneciente a Mauricio, una nación insular en el Océano Índico. Esta base se encuentra a tres días de navegación de ida y tres de vuelta, lo cual le daría a Irán una valiosa semana en caso de que el conflicto se prolongara.

Por otro lado, un factor a favor de Irán es que está combatiendo en territorio propio, mientras que Estados Unidos depende del extranjero, sobre todo ahora que su red de bases militares en la región ha sido destruida o duramente deteriorada. Eso también es un componente que manifiesta vulnerabilidad.

En otro ámbito, en lo que parece ser el elemento que definirá el conflicto —que a mi entender es el de la mejor utilización de los medios de combate y el despliegue más adecuado de la logística— se está desarrollando una fuerte campaña mediática con la cual Estados Unidos pretende sembrar una realidad que solo el tiempo validará.

Esta guerra se desarrolla en un ámbito del uso del componente bélico aéreo como base fundamental para golpear al enemigo. Así, en la medida que no hay tropas sobre el terreno, la aviación, los misiles, los drones y las baterías antiaéreas juegan el papel fundamental.

En este sentido, la superioridad de la alianza sionista-estadounidense en materia de aviación es avasalladora y es comprensible porque esa es un arma ofensiva por excelencia que Estados Unidos ha desarrollado acorde a sus principios doctrinarios agresivos e intervencionistas. Esto es lo que le permitió al secretario de Guerra Pete Hegseth afirmar ayer 3 de marzo que: «En menos de una semana, Estados Unidos e Israel tendrán el control total del espacio aéreo iraní».

Pero en el campo de drones, misiles y armamento antiaéreo —que juegan un papel relevante como instrumentos defensivos, aunque los dos primeros también pueden jugar un papel ofensivo— la situación se empareja y es donde Irán puede sacar ventajas por estar combatiendo en su territorio.

La aviación sionista-estadounidense debe servirse de las bases militares de Estados Unidos en la región para su reposición de combustible y municiones. En tanto tales instalaciones han sido duramente golpeadas por Irán, los ataques aéreos provenientes de bases terrestres deben ser repostados en vuelo una y hasta dos veces, lo cual obliga a una logística de gran nivel que no se sabe hasta cuándo serán capaces de sostener, habida cuenta de las nefastas experiencias del pasado.

En materia de combate antiaéreo, se necesitan 2 o 3 misiles interceptores Patriot PAC-3 o THAAD para derribar un misil o un dron iraní. El inventario total de THAAD asciende a 646 misiles (esto incluye las reservas que Estados Unidos necesita para su propia defensa), con una capacidad de producción anual de solo 96. En junio de 2025, 150 misiles (23%) fueron gastados en 12 días en la guerra contra Irán. Solo se trata de extrapolar esta cifra considerando que los combates hoy son muy superiores a los del año pasado.

Aunque Washington ha instado al complejo militar industrial a elevar aceleradamente la producción, lo más elevado a lo que se ha comprometido la industria es a fabricar 400 anuales. Reponer esos inventarios tomaría más de cuatro años. En el caso de los Patriot PAC-3, en 2025 se produjeron alrededor de 800 unidades, con planes de elevarla a 1.130 solo en 2027. En cuanto a los misiles de ataque Tomahawk, el inventario es de menos de 1.200, solo un tercio del pico de 2020 que fue de aproximadamente 3.600.

El propio Marco Rubio afirmó que «los iraníes fabrican 100 misiles mensualmente, mientras que nosotros producimos entre 6 a 7 interceptores al mes». En resumen, si Estados Unidos enviara toda su producción a Israel —lo cual es imposible porque el propio Alto Mando de las Fuerzas Armadas lo impediría— se podría decir que en los próximos días la dotación de misiles interceptores estará totalmente mermada, toda vez que la táctica de Irán es enviar enjambres de drones para saturar las defensas antiaéreas sionistas y agotar las existencias. Solo entonces, Irán sacará lo mejor y más moderno de su arsenal para atacar.

Supongo que esto es lo que ha llevado a Trump a ir modificando su discurso. El 28 de febrero dijo: «Ya hemos ganado. Así es como luce un ejército competente». Al día siguiente, 1° de marzo, afirmó: «Teherán en 3-4 días». El lunes 2 de marzo: «4-5 semanas por delante» y ayer 3 de marzo: «Las guerras se pueden librar para siempre».

Esta guerra será larga pero no eterna. Es una guerra de desgaste. Ganará el que tenga mejor logística y haga un uso más racional de los recursos. Así mismo, influirá el hecho de que Irán la planificó durante 23 años. Esta es su guerra.

No lo fue la de Irak de 2003, ni la del Líbano de 2006, ni la respuesta a la mal llamada primavera árabe de 2011, ni la guerra de Arabia Saudita contra Yemen iniciada en 2014, ni siquiera la guerra de Gaza en 2023. En todas, se vio obligado a involucrarse indirectamente, pero no era su guerra. Esta sí lo es. Es todo o nada.

En esta situación, ¿qué puede hacer Trump? Por supuesto no se rendirá, aunque podría retirarse reivindicando una victoria tal como hizo en junio del año pasado. Podría buscar un acuerdo negociado, pero Irán se ha sentado en la mesa tres veces y tres veces ha sido engañado y traicionado, como lo ha podido testificar el mundo entero. La parte decente del planeta —que es la aplastante mayoría y que no está en la «Lista Epstein»— puede además dar fe de la voluntad pacifista de los persas.

Irán ha actuado con total transparencia. Confiaron tres veces que estaban negociando con un interlocutor serio. Los lamentables hechos pusieron en evidencia la falsedad y la perfidia de Estados Unidos, demócratas y republicanos por igual. Y ahora están haciendo lo que dijeron que iban a hacer si eran atacados. Si Estados Unidos golpea sus terminales petroleras y sus refinerías, harán lo mismo en toda Asia Occidental.

Estados Unidos tendrá dificultades para escalar sin correr un riesgo mayor. Lo cierto es que al día de hoy, 4 de marzo, el plan de Estados Unidos no se ha cumplido: no lograron producir un cambio de régimen, no han podido evitar la acción de los misiles y los drones iraníes, no han logrado sostener una cobertura antiaérea eficiente, no han podido desarrollar la capacidad industrial para suplir las pérdidas y abastecer adecuadamente a sus fuerzas armadas, y no han conseguido paralizar la acción del eje de la resistencia que en Líbano, Irak, Yemen y otros países se prepara para contraatacar, entre varias razones porque Khamenei era también un líder para ellos.

Con una capacidad industrial limitada —en alguna medida porque las restricciones de tierras raras de China le impiden un avance más acelerado en la producción—, lo que le queda es desplegar mayor cantidad de aviones, pero las fuerzas aéreas no ganan guerras. No pueden destruir las ciudades subterráneas, tienen que ocuparlas, y ya los hutíes yemenitas, con muchos menos recursos, demostraron que un pueblo valiente, consciente y decidido puede evitarlo.

El que quiera ganar tiene que desplegar fuerzas terrestres. Irán tiene 1.370.000 hombres y mujeres sobre las armas, sin contar los millones que desean incorporarse. Si se aplica la clásica relación de 3:1 para la ofensiva, Estados Unidos necesitaría más de 4 millones de soldados para asegurarse una victoria. ¿De dónde los saca? ¿Soportaría esto la sociedad estadounidense sin que antes se produzca una hecatombe interna?

Solo les quedaría el expediente nuclear, pero ahí entramos en otra conversación, porque obligaría a involucrarse a China y a Rusia y a toda la humanidad sana y decente, que es la mayoría. Y no estamos en 1945. Tampoco el liderazgo iraní es la mediocre, inescrupulosa y cobarde élite japonesa de fines de la Segunda Guerra Mundial.

La ISP pide un alto el fuego en Irán y Oriente Medio

La historia de la intervención extranjera en la región demuestra que rara vez ha traído consigo democracia y paz. Más bien, ha desestabilizado y promovido el radicalismo y la represión.
Los ataques perpetrados por Estados Unidos e Israel, y la posterior escalada de Irán, han costado vidas civiles y han provocado desplazamientos forzados, miedo e inestabilidad en toda la región. El futuro de Irán debe ser determinado por el pueblo iraní de conformidad con el derecho internacional, incluida la Carta de las Naciones Unidas, y la protección de los civiles.
Las voces de los trabajadores, a menudo silenciadas por gobiernos autoritarios y la lógica de la militarización, deben ser escuchadas. Hoy, la ISP: Afirma su solidaridad con todos los civiles afectados por el conflicto, independientemente de su nacionalidad u origen. Llama la atención sobre los mayores riesgos que enfrentan los trabajadores públicos en los servicios de respuesta a emergencias, el mantenimiento de la atención médica esencial, el agua y el saneamiento, y otras funciones comunitarias críticas en medio de la violencia.
Exige el respeto del derecho internacional humanitario, incluida la protección de los civiles, los trabajadores sanitarios y las infraestructuras públicas. Insta a que se realicen esfuerzos internacionales inmediatos y sostenidos para desescalar la situación, facilitar el acceso humanitario y lograr una solución pacífica que preserve vidas y evite nuevos desplazamientos.
El Secretario General de la ISP, Daniel Bertossa, declaró: “Esta violenta escalada atenta contra los intereses de los trabajadores de todo el mundo. Los trabajadores del servicio público, en particular, se enfrentan a riesgos significativos al apresurarse a apoyar y proteger a las comunidades bajo bombardeo, mientras que la infraestructura civil, incluidos los hospitales, ya se encuentra bajo ataque. Nuestro movimiento sindical mundial exige un alto el fuego inmediato, el respeto del derecho internacional y la reanudación de las negociaciones”. Las Federaciones Sindicales Internacionales exigen un alto el fuego inmediato y el fin de la escalada militar en Irán y Oriente Medio.

La República Árabe Saharaui Democrática a los cincuenta años de su proclamación

La proclamación de la República Árabe Saharaui Democrática (RASD), realizada el 27 de febrero de 1976 por el Frente Popular para la Liberación de Saguia el Hamra y Río de Oro (Frente Polisario), se inserta en uno de los procesos de descolonización más prolongados y jurídicamente definidos —aunque políticamente bloqueados— del orden internacional contemporáneo.

A cincuenta años de dicho acontecimiento, el Sáhara Occidental continúa constituyendo un caso paradigmático de disociación entre la normatividad del derecho internacional y su aplicación efectiva.

Como ha señalado Antonio Cassese, el derecho de autodeterminación de los pueblos constituye «uno de los principios estructurales del derecho internacional posterior a 1945», cuya vulneración prolongada compromete la coherencia del sistema jurídico internacional en su conjunto.

El Sáhara Occidental no representa un conflicto territorial ordinario, sino un supuesto de aplicación directa del derecho de los pueblos a disponer libremente de su destino político, reconocido como norma erga omnes y, para una parte relevante de la doctrina, como norma de ius cogens.

1. El estatus jurídico del Sáhara Occidental

El Sáhara Occidental permanece inscrito desde 1963 en la lista de Territorios No Autónomos de las Naciones Unidas pendiente de descolonización, quedando sometido al régimen jurídico previsto en los artículos 73 y 74 de la Carta de la ONU.

En virtud de este marco normativo, la potencia administradora asume una obligación jurídica de conducir el territorio hacia el ejercicio efectivo de la autodeterminación.

La Resolución 1514 (XV) de la Asamblea General consolidó definitivamente la autodeterminación como un derecho jurídico exigible. En palabras de James Crawford, dicha resolución transformó la autodeterminación «de una aspiración política en una norma jurídica plenamente operativa».

En el caso del Sáhara Occidental, la Asamblea General ha reiterado de forma constante que el pueblo saharaui es el único titular legítimo de este derecho, sin que puedan prevalecer reclamaciones territoriales de terceros Estados.

1. La Opinión Consultiva de la CIJ de 1975

La Opinión Consultiva de la Corte Internacional de Justicia de 16 de octubre de 1975 constituye uno de los pronunciamientos más relevantes en la jurisprudencia sobre autodeterminación.

La Corte concluyó que no existían vínculos de soberanía territorial entre el Sáhara Occidental y Marruecos o Mauritania que pudieran afectar a la aplicación del principio de libre determinación.

Como subraya Alain Pellet, la relevancia jurídica de esta Opinión radica en que la Corte rechazó expresamente la instrumentalización del pasado precolonial como fundamento jurídico para negar la autodeterminación de un pueblo colonial.

La CIJ estableció que el destino político del territorio debía decidirse exclusivamente mediante la expresión libre y auténtica de la voluntad del pueblo saharaui.

1. La retirada de España y la invalidez de los Acuerdos de Madrid

La retirada de España del Sáhara Occidental en 1976, articulada a través de los denominados Acuerdos de Madrid, plantea serias objeciones desde el punto de vista del derecho internacional.

Dichos acuerdos no fueron registrados conforme al artículo 102 de la Carta de la ONU y no produjeron una transferencia válida de soberanía ni de la condición de potencia administradora.

Tal como ha señalado el Dr. Carlos Ruiz Miguel, los Acuerdos de Madrid «carecen de eficacia jurídica internacional y no alteraron el estatus del Sáhara Occidental como territorio pendiente de descolonización».

Esta interpretación ha sido reiterada por la práctica constante de Naciones Unidas, que ha afirmado que España no podía disponer del territorio sin la previa expresión de la voluntad del pueblo saharaui.

1. La proclamación de la RASD y la personalidad jurídica internacional

En este contexto, la proclamación de la RASD debe interpretarse como un acto jurídico-político orientado a preservar la titularidad del derecho a la autodeterminación frente a una situación de ocupación de facto.

Desde la perspectiva del derecho internacional, la RASD ha desarrollado elementos sustanciales de estatalidad, aunque el ejercicio efectivo de la soberanía se vea limitado por factores externos.

James Crawford ha señalado que, en contextos de descolonización, la falta de control efectivo del territorio no impide necesariamente la consideración de una entidad como Estado cuando dicha carencia es consecuencia de una violación del derecho internacional.

La admisión de la RASD como miembro de pleno derecho de la Unión Africana el 22 de febrero de 1982 refuerza su personalidad jurídica internacional, al menos en el plano regional.

1. Naciones Unidas, MINURSO y la parálisis del referéndum

El alto el fuego del 6 de septiembre de 1991 entre las dos partes en conflicto y la creación de la Misión de las Naciones Unidas para el Referéndum del Sáhara Occidental (MINURSO) formalizaron un compromiso jurídico internacional orientado a la culminación del proceso de descolonización.

La MINURSO fue establecida por la Resolución 690 del Consejo de Seguridad de la ONU, el 29 de abril de 1991, de acuerdo con las propuestas de arreglo aceptadas el 30 de agosto de 1988 por Marruecos y el Frente POLISARIO.

Sin embargo, la no celebración del referéndum durante más de tres décadas, por culpa de Marruecos, ha generado una situación de excepcionalidad jurídica prolongada.

Christine Chinkin ha descrito este fenómeno como una «normalización de la ilegalidad a través de la inacción institucional», particularmente grave cuando se trata de obligaciones relativas a la autodeterminación.

Esta situación plantea interrogantes relevantes sobre la responsabilidad internacional de los Estados y de las propias Naciones Unidas.

1. Jurisprudencia del TJUE y recursos naturales

La jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha introducido una dimensión jurídica especialmente relevante al afirmar que el Sáhara Occidental posee un estatus «distinto y separado» del Reino de Marruecos.

El TJUE ha establecido que ningún acuerdo internacional puede aplicarse al territorio o a sus recursos naturales sin el consentimiento del pueblo saharaui.

Como señala Erika de Wet, estas decisiones refuerzan la oponibilidad del derecho de autodeterminación frente a terceros actores y consolidan el principio de soberanía permanente sobre los recursos naturales como norma jurídicamente vinculante, ampliando así el alcance práctico de este derecho en el ámbito de las relaciones económicas internacionales.

1. Derecho internacional humanitario y derechos humanos

La calificación del Sáhara Occidental como territorio ocupado, establecida en la resolución 34/37 de la Asamblea General de la ONU, implica la aplicación del IV Convenio de Ginebra de 1949.

Marco Sassòli subraya que las ocupaciones prolongadas generan obligaciones reforzadas de protección de la población civil, cuya vulneración puede comprometer la responsabilidad internacional del Estado ocupante.

Una de las causas fundamentales de las sistemáticas violaciones de derechos humanos cometidas por el régimen marroquí contra la población civil saharaui en los territorios ocupados del Sáhara Occidental es la ausencia de un mandato específico de derechos humanos para la MINURSO.

Esta ausencia constituye una anomalía dentro del sistema de operaciones de paz de Naciones Unidas, ya que es la única misión de paz que no tiene dentro de su mandato la vigilancia y el monitoreo de los derechos humanos, lo que ha sido objeto de críticas reiteradas por parte de la doctrina especializada.

1. Conclusiones

Cincuenta años después de la proclamación de la República Árabe Saharaui Democrática, el Sáhara Occidental continúa siendo un caso emblemático de incumplimiento estructural del derecho internacional.

La claridad normativa del derecho a la autodeterminación contrasta con su falta de efectividad práctica, cuestionando la credibilidad del orden jurídico internacional contemporáneo.

La igualdad de género requiere políticas de protección social en materia de salud que sean inclusivas y reactivas

Una nueva nota de políticas de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) muestra que la protección social en materia de salud es fundamental para garantizar el acceso efectivo de las mujeres a una atención sanitaria de calidad y apoyar la seguridad de sus ingresos durante la enfermedad y la maternidad.

La nota, titulada Social health protection for gender equality, se publicó en el marco del Día Internacional de la Mujer y ofrece orientaciones prácticas para el diseño de políticas de protección social en materia de salud que beneficien a las mujeres.

El Día Internacional de la Mujer de este año —bajo el lema Derechos. Justicia. Acción. Para TODAS las mujeres y niñas — llega en un momento clave, ya que los retrocesos en el acceso a los servicios de salud y reproductivos afectan a las mujeres en varios países, y muchas mujeres siguen enfrentándose a obstáculos para acceder a la atención esencial sin dificultades, a pesar de los avances en la ampliación de la cobertura sanitaria en algunas partes del mundo.

La nueva nota de la OIT sostiene que las políticas de protección social y salud deben situar la igualdad de género en el centro de sus prioridades para proteger los derechos de las mujeres y obtener resultados significativos para las mujeres y las niñas de todo el mundo.

La seguridad social y la salud son derechos humanos fundamentales. Sin embargo, incluso en los casos en que las leyes y reglamentos garantizan la igualdad de acceso a la atención sanitaria para mujeres y hombres, las desigualdades en el mercado laboral contribuyen a que, en la práctica, las mujeres no se beneficien de la misma protección. Las mujeres asumen una parte desproporcionada del trabajo de cuidados no remunerado, tienen más probabilidades que los hombres de trabajar en el sector informal en muchas partes del mundo y ganan salarios más bajos, factores que pueden limitar su acceso efectivo a la protección social en materia de salud y que influyen en las diferencias de resultados sanitarios.

Reconociendo estas realidades, la nota de políticas de la OIT insta a que el género sea una consideración fundamental en el diseño y la aplicación de las políticas y los planes de protección social en materia de salud. Este objetivo incluye la formulación de paquetes de prestaciones que reflejen las necesidades de salud de las mujeres a lo largo del ciclo de vida, la prestación de servicios de calidad cerca de los lugares de residencia de las mujeres y el fortalecimiento de las medidas de protección financiera basadas en una amplia mutualización de riesgos. Al responder tanto a las necesidades sanitarias específicas de las mujeres como a los determinantes sociales de la salud, la protección social en materia de salud puede desempeñar un papel fundamental en la promoción de la igualdad de género en términos de acceso a los servicios sanitarios y de resultados en materia de salud.

Las políticas de protección social deben apoyar a las mujeres en todas las etapas de la vida, incluyendo la atención a sus necesidades durante la maternidad y más allá. En la vejez, por ejemplo, muchas mujeres se enfrentan a mayores riesgos de pobreza, mala salud y necesidades de cuidados insatisfechas debido a menores ingresos a lo largo de su vida y a las diferencias en las pensiones. Además, la nota aborda cómo la armonización de la protección social con las políticas de seguridad de ingresos y de cuidados puede proporcionar una protección sólida, contribuyendo a promover la dignidad y el bienestar a lo largo de la vida de las mujeres.

México, el Mundial 2026 y la seguridad: un país bajo tensión

A poco más de 100 días del Mundial de fútbol de 2026, la seguridad en México vuelve al centro del debate internacional. La muerte del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, desató disturbios y bloqueos en distintos estados. Aunque la situación parece haberse estabilizado, la pregunta persiste: ¿es viable organizar un evento global en un país marcado por la violencia cotidiana y más de 130.000 personas desaparecidas?

La presidenta Claudia Sheinbaum intentó despejar temores al asegurar que el Gobierno garantizará un torneo seguro y que México está preparado para recibir al mundo. En la misma línea, el presidente de la FIFAGianni Infantino, llamó a la confianza: “Por supuesto, estamos monitoreando la situación, pero tenemos plena confianza en que todo saldrá muy bien”.

Sin embargo, desde Berlín, el ministerio de Exteriores alemán mantiene advertencias de viaje que apuntan a elevados niveles de violencia en varias regiones del país. Y el coordinador de turismo del Gobierno federal, Christoph Ploß, declaró al diario Handelsblatt: “La FIFA, en colaboración con los Gobiernos de Canadá, Estados Unidos y México, debe garantizar que los aficionados no corran peligro y que los países anfitriones cumplan las normas de seguridad”.

Economía: estabilidad pese a la inseguridad

Desde el ámbito empresarial, el tono es más matizado. Björn Lisker, de la Cámara Mexicano-Alemana de Comercio e Industria, señala en entrevista con DW que “la situación de seguridad en México es para muchas empresas un tema constante, completamente independiente del Mundial”.

Según explica, “casi la mitad de las empresas indica que los efectos de la inseguridad en su actividad permanecen sin cambios”, mientras que un tercio percibe mayores impactos. Pero subraya un dato relevante: “Hasta ahora no conocemos ningún caso en el que una empresa miembro haya abandonado el país por razones de seguridad”.

Con respecto al torneo, la cámara parte de la premisa de que “las autoridades harán todo lo posible para garantizar un desarrollo seguro y sin contratiempos del campeonato”.

Bolivia ante el espejo de su historia: la geografía enseña; la diplomacia olvida

La reciente decisión unilateral del Gobierno de Bolivia de suspender relaciones diplomáticas con la República Árabe Saharaui Democrática no es un simple acto administrativo.

Es una señal política de profundo calado, que interpela la coherencia histórica de un país que hizo de la defensa de la soberanía y la integridad territorial una causa existencial.

Bolivia sabe —porque lo ha sufrido— lo que significa el despojo.

La Guerra del Pacífico no es solo un capítulo de manual escolar; es una herida abierta en la memoria nacional.

A ello se suman otros conflictos que derivaron en la cesión de vastas extensiones del territorio.

Esa experiencia marcó su política exterior con un sello inequívoco: la defensa del principio de no adquisición de territorio por la fuerza.

Por eso sorprende —y duele— que ahora se relativice ese principio en relación con el Sáhara Occidental, territorio no autónomo pendiente de descolonización según las Naciones Unidas.

El 23 de octubre de 2023, como miembro del Comité de Descolonización, Bolivia sostuvo que «el diálogo sin condiciones previas y de buena fe debía conducir a una solución duradera que respetara la voluntad del pueblo saharaui».

Esa era la posición coherente con su historia.

Esa era la Bolivia que hablaba con autoridad moral.

La República Árabe Saharaui Democrática, además, no es una entelequia diplomática.

Es Estado fundador y miembro pleno de la Unión Africana, el organismo que agrupa a un continente que sabe —quizá mejor que ningún otro— lo que significan el colonialismo, el trazado arbitrario de fronteras y las largas luchas por la autodeterminación.

El 27 de febrero de 2026, la RASD cumplirá cincuenta años desde su proclamación en 1976: medio siglo de existencia política, resistencia institucional y reconocimiento internacional.

Ignorar ese dato no es solo un error factual; es desconocer el peso histórico de África en la arquitectura contemporánea del derecho internacional.

Hoy se nos dice que se “restablecen” relaciones con Marruecos.

Pero las relaciones nunca estuvieron rotas.

El embajador marroquí residente en Lima es concurrente ante La Paz y presentó cartas credenciales el 22 de mayo de 2022.

Marruecos nunca consideró siquiera abrir embajada en Bolivia.

Sostener que se restablece lo que nunca se rompió es, sencillamente, faltar a la verdad.

Ocultar deliberadamente una aproximación excluyente y no equilibrada es otra cosa.

Más preocupante aún es vincular la suspensión de relaciones con la RASD a una llamada con un canciller extranjero.

Las decisiones soberanas no se anuncian como si fueran el resultado de una transacción telefónica.

Se argumenta también que la medida permitirá diversificar la asociación comercial, especialmente en agricultura y fertilizantes.

Conviene decirlo con claridad: Marruecos no ofrece nada que no esté condicionado.

Los fosfatos que exporta desde el Sáhara Occidental son recursos extraídos de un territorio bajo ocupación militar, cuyo pueblo no ha ejercido su derecho a la libre determinación.

Importarlos expone a Bolivia a riesgos jurídicos ciertos por comercializar recursos de un territorio pendiente de descolonización.

Gobiernos bolivianos, tanto de derecha como de izquierda, se abstuvieron de sucumbir a esa oferta.

No por romanticismo ideológico, sino por elemental prudencia jurídica y coherencia histórica.

Excluir ahora a la RASD en un acto claramente transaccional no fortalece la soberanía boliviana; la debilita.

Aún más grave resulta insinuar que el reconocimiento de la “estatalidad” pasa por aceptar el principio de integridad territorial aplicado a la pretensión marroquí sobre el Sáhara Occidental.

Esa interpretación pervierte el derecho internacional y legitima, en la práctica, la modificación de fronteras por la fuerza.

En el Magreb, ningún país reconoce soberanía marroquí sobre el territorio saharaui.

Sugerir lo contrario no contribuye a la paz; sabotea los esfuerzos diplomáticos de solución negociada.

Las consecuencias no son solo políticas.

En marzo de 2025, la estatal boliviana de hidrocarburos firmó un acuerdo estratégico con la argelina Sonatrach para cooperación en exploración, producción de gas, transferencia tecnológica y desarrollo petroquímico.

Para Bolivia, es una oportunidad de fortalecer su industria gasífera con la experiencia de uno de los mayores exportadores de gas del mundo.

Para Argelia, amplía su ya dilatada presencia en América Latina y en países vecinos como el Perú.

En la medida que dicho comunicado asienta grave precedente que afecta no solo a la República Saharaui sino a las fronteras internacionalmente reconocidas de otros tres países, ¿alguien puede asegurar que este giro diplomático no impactará esa cooperación?

Durante su discurso de posesión del 8 de noviembre, el presidente Rodrigo Paz Zamora afirmó que «abriría Bolivia al mundo» y que «el respeto a la autodeterminación de los pueblos» sería un vector de su política exterior.

Bolivia estableció relaciones con la RASD precisamente bajo el gobierno de Jaime Paz Zamora, padre, reafirmando su compromiso con la descolonización.

Resulta difícil imaginar que una decisión de este calado haya contado con plena reflexión estratégica y consenso histórico.

No me sorprende la insistencia de Rabat.

El canciller marroquí ha hecho de la exageración y la promesa inflada una práctica sistemática.

Pero más allá de la retórica, Marruecos enfrenta limitaciones estructurales: es un país con recursos escasos, embarcado desde hace décadas en una guerra colonial que drena su economía y lo mantiene en permanente tensión regional.

Su reiterada violación del derecho internacional y de los derechos humanos en el Sáhara Occidental lo coloca bajo escrutinio constante de Estado paria.

Bastaría consultar a gobiernos como los de Ecuador o Panamá para verificar hasta dónde llegaron las tan publicitadas promesas comerciales marroquíes.

Bolivia tiene derecho a redefinir su política exterior.

Lo que no tiene derecho es a olvidar su historia ni a relativizar principios que defendió cuando estaba sola frente al despojo.

Apostar por un “caballo ganador” que no lo es puede ofrecer una fotografía momentánea, pero en política internacional las imágenes se desvanecen rápido, como espejismos en el desierto.

La coherencia, en cambio, permanece.

Y Bolivia, más que nadie, sabe cuánto cuesta perder territorio… y cuánto cuesta perder principios.

24 de febrero de 2026

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