ELECCIONES PRESIDENCIALES 2021 /EL AJITADOR

Comienza el proceso en Escuela Arturo Pratt Chacón de Puerto Montt

Entrevista: Betty Boom

Columna: “Sichel El Breve”

Por: Luis Parra, abogado asesor de Aprojunji

Poco le duro el estrellato al ex candidato oficialista.

En vista y considerando el cambio de caballo presidencial de la derecha. Optó por dejarlos en libertad de acción a objeto de que legalicen su concubinato con Kast. Entonces, surgen las preguntas agobiantes para sus ex empleadores de Chile Podemos Más.

Si tal como se prevé Kast pasa a segunda vuelta. ¿Cómo estará el ánimo del ex candidato oficialista como para llamar a sus electores a votar en ésta por Kast? Y los votos de Sichel, ¿serán endosables de buenas a primeras a Kast?

En todo caso más allá del ataque de democratacristianismo tenido anoche por Sichel. El precio que cobrará por el apoyo a Kast en segunda vuelta dependerá de la votación que obtenga en la primera.

Al final, fiel a sus convicciones, para la derecha es un problema de mercado nada más, esto es. Tantos votos equivalen a un determinado precio.

Que lealtades. Honestidad política. Principios ideológicos. Nada de eso tiene valor cuando en juego está el poder del Estado y la mantención de los abyectos privilegios de unos pocos en desmedro de la gran mayoría.

Por supuesto que nuestras esperanzas de que todo tenga un cambio radical, no las del partido en todo caso, se encuentran depositadas en la Convención Constitucional. Aunque esto les pese a los fascistas y sus fake news que insisten en su desenfadada campaña de desprestigio, incluyendo a las barras bravas del propio gobierno.

De este modo. La buena política de Sichel ha durado menos que pensamiento honesto en el cerebro de Piñera.

Todo lo dicho por supuesto, son noticias en desarrollo.

Juristas indican que pase de movilidad es inconstitucional

Artículo 44 de la Constitución establece que dichas medidas no pueden mantener vigencia luego de finalizado el Estado de Excepción.

Hace unas semanas que ya no rige en el país, el estado de excepción constitucional por Catástrofe y Calamidad, el que fuera decretado en marzo del año pasado, tras la instauración de una alerta sanitaria, por la pandemia de coronavirus.

Luego de conocerse el primer caso en Chile de Covid 19, y posterior de que muchos municipios suspendieron las clases presenciales a lo largo del país, el presidente de la república dio inicio a este estado. Fue el 18 de marzo cuando se se iniciaron las restricciones que se mantuvieron por más de un año y medio.

Dentro del estado de excepción, el gobierno elaboró una serie de medidas y normativas, con la idea de poder contener el avance de los contagios de COVID 19. Lo anterior pues el país, estaba acogiendo cada una de las recomendaciones realizadas por la Organización Mundial de la Salud.

Plan Paso a Paso

En julio del año pasado, a través de la resolución exenta N° 591, se estableció el Plan PASO A PASO. Con este instrumento se han regido las normativas de comportamiento y desplazamiento de la ciudadanía, hasta la fecha. Este fue gestado dentro del marco del estado de excepción, como una medida para supervigilar a la población.

Además se estableció también la vacunación “voluntaria” de la población objetivo. Llámese personas con enfermedades de base y adultas mayores. Junto con la vacunación, que es de carácter voluntaria, ya que aún se encuentra en estado de investigación (FASE 3), se establecieron una serie de permisos especiales. El PASE DE MOVILIDAD, con el cual, quienes hayan completado su esquema de vacunación, podrían gozar de ciertas libertades. Como por ejemplo entrar a un restaurante, poder ir al cine o ingresar a un gimnasio.

En este minuto, ya finalizado el estado de excepción, estas medidas, que restringen las libertades y los derechos fundamentales, continúan rigiendo. Pese a que la propia constitución, artículo 44, establece que todas las acciones y medidas que sean implementadas, no pueden continuar rigiendo al término de éste.

Artículo 44

Conversamos con la abogada Natalia Ravanales. Ella nos detalló acerca de las implicancias de mantener normativas vigentes, que fueron concebidas dentro del estado de excepción.

En primer lugar, señaló que todas las medidas que establecen una diferenciación entre un individuo y otro, son completamente inconstitucionales, y por ende ilegal. Según el artículo 19 de la Constitución, en su número 2 se señala que “La Constitución asegura a todas las personas: 2.- La igualdad ante la ley. En Chile no hay persona ni grupo privilegiados”. 

Junto con esto, el artículo 44 de la constitución establece que todas las medidas implementadas durante la vigencia de un estado de excepción, no pueden continuar al término de éste.

“Todas las medidas que se toman a propósito del estado de excepción constitucional, en cualquiera de sus especies; en este caso por catástrofe y calamidad pública, deben llegar a su fin de inmediato. Hay que explicar que dentro de la pirámide jurídica, una norma constitucional es superior a cualquier ley, decreto o resolución sanitaria, que haya emanado de parte del ejecutivo. Entonces, bajo estos parámetros, ya no deben seguir rigiendo las medidas que implementó el gobierno durante todo este periodo”, explicó la abogada.

Demanda

La jurista indicó que el artículo 45 indica que todos quienes sufrieron algún tipo de perjuicio, producto de las indicaciones establecidas durante el estado de excepción, están en la potestad de poder demandar al Estado, dentro del plazo de un año a contar del termino de éste.

“Hechos de discriminación arbitraria. El impedimento de desarrollar una actividad económica (locales comerciales). Daño a la integridad física, por no haber sido atendido en los hospitales, o a la integridad psíquica, debido a todo el terrorismo de estado que se ha manifestado durante todos estos meses. Falta de atención en los servicios públicos. Todo eso puede ser ocupado por las personas, para poder demandar al Estado. Esto es una indemnización por daños y perjuicios. Ósea una demanda civil, la que debe ser patrocinada por un abogado”, detalló Rabanales.

Corte Suprema

Previo a la finalización del estado de excepción, el cual fue prorrogado en marzo de este año, se presentaron a lo largo del país, una serie de recursos de protección en contra del pase de movilidad. Lo anterior, por ser un acto discriminatorio. Todos fueron rechazados en principio por diferentes cortes de apelaciones del país. Sin embargo, en septiembre de este año, la corte suprema acogió a trámite tres recursos, en Arica, Concepción y Coyhaique.

Rabanales fue quien interpuso dichos recursos de protección, señalando que: “Lo que hace la Corte Suprema es ordenarle a un tribunal inferior que acoja el recurso de tramitación, y en este caso, que le ordene al ministro de salud a evacuar un informe, donde debe dar las justificaciones para poder implementar una medida arbitraria como lo es el pase de movilidad”.

“El que está en Arica, la Corte de Apelaciones declaró que no ha lugar, porque fue tramitado durante el estado de excepción, lo que fue ocupado como argumento. Apelamos a ese dictamen, por lo que dentro de la próxima semana, la Corte Suprema tendría que dictar sentencia. En Concepción también se ordenó que se acoja a trámite el recurso de protección, donde ya se ha solicitado un informe al ministerio, el cual aún no llega, ya que está dentro del plazo. En la corte de Coyhaique, también se alegó el recurso el día 30 de septiembre y se está a la espera de la sentencia”, aclaró Natalia.

Imperio del Derecho

Con respecto a estos trámites judiciales, la abogada señaló que en estricto rigor, las resoluciones o sentencias que se emitan por parte de la Corte Suprema, debieran afectar sólo a quienes presentaron estas acciones legales, pero que en la práctica eso no podría darse.

“En la práctica eso va a ser imposible, ya que habría una discriminación mayor al permitir que ciertas personas no muestren el pase. (Lo anterior) sería impracticable, ya que no va a andar con la sentencia en la mano mostrándolo a cada rato. Esto sentaría una jurisprudencia. Un precedente judicial importante para el resto de las cortes y sobre todo el ejecutivo, va a tener que considerar y aplicarlo. Sobre todo ahora que no estamos en estado de excepción”, argumentó Rabanales.

En este sentido, hace un par de días consultamos a la seremi de salud con respecto a este mismo tema. Señaló que todas las medidas que continúan rigiendo, pese al termino del estado de excepción, se deben a la alerta sanitaria. La que efectivamente fue declarada en febrero del 2020, pero que dentro de su conformación, no estableció el plan paso a paso, si no que éste último, fue concebido en el estado de excepción.

En este aspecto, Natalia Rabanales señaló que existe una jerarquía jurídica, donde decretos, resoluciones y leyes menores, no pueden rebasar una ley constitucional. ”Ni siquiera la propia constitución política puede ir en contra de los derechos humanos. Los derechos fundamentales le pertenecen al ser humano. No están en un texto legal. Nacen con la persona. Y esto en la constitución está consagrado de forma explícita. Un decreto, resolución, etc, nunca va a poder estar por sobre los derechos implícitos que emanan de la naturaleza humana. Por lo que estamos en pleno derecho de desobedecer la normativa del pase de movilidad”.

Desobediencia social

Agregó que, los recursos de protección, que se puedan entablar de aquí en adelante, las cortes ya no tienen la excusa de que estamos en estado de excepción. Por lo que esta medida corresponde a la potestad reglamentaria del presidente de la república. “Por lo tanto los tribunales de justicia, en este minuto, adquieren un rol fundamental. Ya que depende de ellos ahora  que se haga justicia”, completó.

Explicó que esto no necesariamente se resolverá en una corte, sino que también a través de desobediencia social. Lo anterior pues las normativas imperantes no contemplan la protección de los derechos de las personas. No resguarda la seguridad de la nación, ya que en este contexto, el ministerio de salud el año pasado resolvió no atender a más de 2 millones de personas que tenían horas, atenciones, policlínicos y operaciones, por el estado de emergencia sanitaria. Lo que se suma a las estadísticas de la actual crisis sanitaria, que sólo ha afectado a un 6% de la población, de la cual el 98% de los infectados se ha recuperado.

Alerta sanitaria

Dada la visita de la abanderada del Nuevo Pacto Social, la senadora de la democracia cristiana, Yasna Provoste, le consultamos la vigencia de las medidas arbitrarias que rigen al país. Las que establecen dos tipos de ciudadanos, ya que el pase de movilidad, se continúa exigiendo, pese a la finalización del estado de excepción.

Provoste señaló que pese al término del estado de excepción, aún rige la alerta sanitaria. Por lo que son válidos aún los protocolos sanitarios. “Lo que el estado de excepción ha concluido, son un conjunto de exigencias como por ejemplo, restricciones de la libertades, toques de queda, la posibilidad de que empresas puedan tener adquisiciones sin licitaciones. Eso es lo que concluye drásticamente, pero como se mantiene un estado de emergencia sanitaria, lo que no ha concluido, es lo que hace aún exigible el uso de mascarillas y pase de movilidad”, adujo Provoste.

Se le consultó nuevamente, ya que la resolución que establece las medidas del plan paso a paso N 591 fue concebida en estado de excepción, y con este último como uno de sus fundamentos. Ante este cuestionamiento, la candidata señaló: “Dentro del estado de alerta sanitaria hay un conjunto de medidas que facultan ciertas exigencias”.

Redacción: Daniel Carrasco

Fotografías: Daniel Carrasco

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  • El informe, “Catalizando la Igualdad”, realizado por Value for Women para ONU Mujeres, analiza el comportamiento de fondos de inversión del capital de riesgo y capital privado. Observa a través del enfoque de género, el resultado de la provisión de capital a empresas dirigidas por mujeres. Incluye estrategias de inversión y la promoción de la diversidad de género en sus empresas.

La inversión con enfoque de género es la acción y procesos que desarrollan los inversores para invertir intencionadamente en empresas o soluciones dirigidas por mujeres. Ofrecen productos y servicios que intencionadamente se proponen cerrar las brechas de género. Dicho de otros modo, están diseñados para satisfacer las necesidades específicas de las mujeres y las niñas.

Las brechas en el continente

El estudio revela que el interés por este tipo de inversiones es cada vez mayor. Pero aún es incipiente. Las inversiones en empresas de mujeres son aún poco representativas. El informe muestra que solo el 5% del financiamiento en América Latina y el Caribe se destina a empresas lideradas por mujeres.

Inversión inteligente

El informe muestra que la inversión con enfoque de género es una inversión inteligente. Las empresas con diversidad de género en los mercados emergentes tuvieron un aumento del 13% en la tasa interna de retorno (TIR) en relación con la mediana. 

Se muestra como las soluciones que resuelven desafíos que impactan a las mujeres también son una importante oportunidad de inversión. La crisis de cuidados, en pandemia, ha sido un ámbito a mirar. Dice si el 2% del PIB se invirtiera en el sector salud o la economía del cuidado, se generarían aumentos en el empleo general que oscilarían entre el 1.2% y el 3.2%, según el país. Esto significaría cerca de 4,2 millones de nuevos empleos en Brasil y 63 mil en Costa Rica.

El estudió muestra que el “76% de los gestores de fondos encuestados, mencionaron que la igualdad de género es parte de sus valores o principios fundamentales; y el 55% dijo que la igualdad de género es una de sus 5 principales prioridades. A pesar de esto, solo el 41% de los fondos encuestados tenían en su cartera objetivos específicos establecidos para las empresas lideradas por mujeres”.

Aún falta mayores compromisos con la igualdad.

La Directora Regional de ONU Mujeres, María-Noel Vaeza, señaló que se ” busca más evidencias y experiencias de negocios de que este tipo de inversiones son rentables. Mostrar las oportunidades para seguir avanzando en la sensibilización de actores financieros que permitan reducir las cegueras que aún existen en el mundo de las finanzas”.

Revisa aquí el Informe

https://lac.unwomen.org/es/digiteca/publicaciones/2021/07/catalizando-la-igualdad

Se abre fondos para la inclusión de personas con discapacidad

La convocatoria corresponde al Fondo Nacional de Proyectos Inclusivos, FONAPI 2021. Y al Programa Participación Territorial Inclusiva, puden postular las instituciones de todo el país. Las postulaciones se realizan a través del sitio web de SENADIS, www.senadis.gob.cl, hasta el martes 10 de agosto a las 14:00 horas.

De acuerdo al Segundo Estudio Nacional de la Discapacidad, ENDISC II, en Chile el 16,7% de la población de 2 años y más tiene discapacidad, es decir, 2 millones 836 mil 818 personas. En cuanto a la región de Los Lagos, el estudio señala que el 16,8 % de la población de 2 años y más tiene discapacidad, es decir, 140.765 personas.

Postulaciones 2021

Se podrá postular a:

  • Fondo Nacional de Proyectos Inclusivos, FONAPI 2021. Financia iniciativas que aporten o potencien la inclusión social de las personas con discapacidad. Contempla las áreas de Cultura, Deporte, Inclusión Laboral, Comunicación Inclusiva desde una Perspectiva de Derechos, Emergencia y Desastres Naturales, y Salud Inclusiva.

Este fondo dispone de 1.009 millones de pesos y se financiarán iniciativas desde los 3 millones hasta los 25 millones de pesos.

Pueden postular todas las entidades públicas o privadas sin fines de lucro. Tales como Fundaciones, Corporaciones, Cooperativas, Organizaciones Comunitarias, etc. y que cuenten entre sus beneficiarios directos a personas con discapacidad.

  • Participación Territorial Inclusiva 2021. Financia iniciativas que entreguen conocimientos y habilidades a las organizaciones de y para personas con discapacidad. Con el fin que participen de los diversos mecanismos dispuestos por el Estado y la institucionalidad pública local. Dispone de $471.994.000, pudiendo financiar 4 iniciativas de $117.998.500 cada una.

Los proyectos deberán ser presentados por macrozona, en los Lagos es Macro zona austral (Los Ríos,Los Lagos, Aysén y Magallanes)

Pueden postular universidades, centros de estudios, organizaciones, entre otros.

La postulación se realiza a través del sitio web de SENADIS, www.senadis.gob.cl  , hasta el martes 10 de agosto de 2021 hasta las 14:00 horas.

Se promulga ley que establece el Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres.

La ley reemplaza a la Oficina Nacional de Emergencia (ONEMI) por el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres y le entrega nuevas facultades al organismo.

El Presidente de la República, promulgó este martes la ley que establece el Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres.

La ley sustituye a la Oficina Nacional de Emergencia (ONEMI) por el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (SENAPRED). La nueva orgánica reconoce y añade los avances que se han logrado en relación a las buenas prácticas y experiencia adquirida en estos últimos años por la actual ONEMI.

La normativa se zanjo una vez, que en el Congreso se resolvió lo referido al artículo 16. Que señala que “queda clara la sujeción de la autoridad militar a la autoridad civil, por cuanto el ministro de Defensa es el interlocutor válido con las FF.AA. y cualquier empleo de medios al servicio de catástrofes debe hacerse con la autorización de la autoridad civil”, como lo expresó en su oportunidad el Senador Carlos Bianchi.

Los roles y estructura

Al nuevo servicio le corresponderá hacerse cargo de los derechos y obligaciones que eran titulares de ONEMI. No obstante, también asumirán nuevas responsabilidades y funciones.

El Servicio estará a cargo de un Director (a) Nacional, quien será el jefe superior del Servicio, mientras que en cada región habrá una Dirección Regional del Servicio, a cargo de un Director(a) Regional.

Dentro de sus principales funciones están: asesorar al Comité Nacional, coordinar y supervisar la ejecución de los Instrumentos de Gestión del Riesgo de Desastres (GRD), asesor y apoyar a los integrantes del Sistema en el desarrollo de capacidad para la GRD.

Trabajadores de la Unidad de Pacientes Críticos del Hospital de Puerto Montt se movilizan por mejores condiciones laborales.

  • Los trabajadores de la Unidad de Pacientes Críticos se han desplegado en el frontis del Hospital regional exigiendo mejores condiciones para desempeñar una atención de calidad al interior del centro hospitalario.
  • Las y los trabajadores dan señales de agotamiento, denuncian alta precarización, no se les provee de las especializaciones y capacitaciones para estar en una de las Unidades más complejas y demanda del centro.

Equipo compuesto por varios estamentos

Un destacado grupo multidisciplinario lleva varias semanas enfrentando un proceso de negociación con la dirección del Hospital, representado por su directora, Mónica Winkler. La base de la negociación está fundado en la alta carga laboral que han debido afrontar las y los trabajadores de esta Unidad hospitalaria como consecuencia de la pandemia. “Hemos estado con una sobrecarga tremenda de trabajo. Todos los pacientes Covid, provenientes de otros lados, fueron atendidos por nosotros”, señalo Marlys Quintanilla, tens de la Unidad.

Frente a la reorganización y la ininterrumpida sobrecarga laboral, los diferentes estamentos, kinesiología, auxiliares, TENS y enfermería levantaron un petitorio orientado a mejorar sus condiciones laborales y salariales. El 2 de julio, en el auditorio, dieron a conocer a la dirección sus requerimientos. Allí la señora Winkler se comprometió a entregar una respuesta en 10 días.

Tras la negativa de la dirección del Hospital para llegar a acuerdos con los funcionarios, el equipo de trabajadores multidisciplinario de UPC, llevo adelante un banderazo. Con consignas y carteles alusivos a la compleja situación laboral que están viviendo, los líderes de la unidad hicieron públicos sus reclamos.

Marlys Quintallana reforzó que se da a conocer a la comunidad los problemas “pero esto no significa un cese de nuestras atenciones. Nunca hemos dejado de atender a los pacientes”.

Ausencia de apoyo para especializaciones y capacitaciones

La profesional agregó que “quienes trabajan en esta unidad, debe ser una persona altamente capacitada, cuestión que la dirección no se hace cargo. El personal nuevo que ha ingresado, ha aprendido sobre la marcha, originando un carga adicional para los funcionarios más antiguas”.

La movilización cierra con la solicitud de la directora del Hospital a formar una mesa de trabajo, la que estará integrada por un representante de cada estamento. Los trabajadores, sin embargo, advierten que no cesaran las movilización mientras se mantenga el proceso de negociación.