La vicepresidenta de Regiones ANEF, María Elena Hellman, se refirió a lo que ha sido hasta el momento su visita a los diferentes Consejos Regionales de ANEF del país, donde ha logrado recorrer desde Arica y Parinacota hasta Maule realizando el taller “Críticas al Estatuto Administrativo Vigente Desde un Enfoque Sindical”, un insumo fundamental para nutrir la perspectiva gremial en torno a la necesidad de reformas a este “Código del Trabajo” que rige a los funcionarios públicos.

Como organización, ANEF ha defendido la postura de que la Ley 18.834 o Ley de Estatuto Administrativo no entrega garantías fundamentales como la estabilidad laboral, la igualdad de oportunidades de ingreso, la capacitación y el ascenso, entre otros.

Esta normativa además fue publicada en septiembre de 1989 y modificada por última vez en el año 2005. Desde entonces, su evolución ha sido impulsada por dictámenes de la Contraloría0 General de la República, sin embargo, no existe realmente un organismo que haga cumplir las garantías necesarias para el trabajo decente.

Consenso

En este sentido, la vicepresidenta de Regiones relata que encontraron en las regiones un relato mayoritariamente coincidente, respecto a la necesidad imperante de levantar una propuesta de nuevo modelo de empleo público de cara al siglo XXI, desde las bases y desde la ANEF al Gobierno actual.

En este sentido, Hellman explicó que los talleres se enfocan principalmente en tres aristas del estatuto administrativo, entre ellas, la falta de carrera funcionaria, con todo lo que ello implica, abarcando desde el ingreso hasta la falta de legislación del egreso propiamente, salvo leyes complementarias. Asimismo, el sistema de calificación de desempeño, y la escala de remuneraciones.

No hay garantes

Tal como ya mencionábamos, una de las problemáticas principales es la falta de garantía que existe frente a la normativa vigente. “Hoy por hoy, ninguna institución es garante de hacer cumplir el Estatuto Administrativo. No es el rol de Contraloría, ni del Servicio Civil, abocado a la política de gestión de personas. Son meras recomendaciones que pueden llegar a incidir en materia de ley, pero ello no ha ocurrido”, explica Hellman.

Si bien, como reconoció la dirigenta, existen logros significativos, como el reconocimiento a la tutela laboral por parte del sector público, reconocido legalmente en 2021, o el reconocimiento por parte de la Contraloría de la confianza legítima, son materias que, nuevamente, no están recogidos por la ley propiamente.

Además, Hellman ahondó en otros ejemplos que dan cuenta de la necesidad de realizar estas modificaciones.

“Tenemos el déficit eterno entre la planta y la contrata. El estatuto habla de un 80/20, planta 80, contrata 20, y es todo lo contrario. Incluso, hoy ganando más espacio todavía la contrata. Sumándole la precariedad de las contrataciones a honorarios. Si bien, se trata de ponerle fin con un dictamen de la Contraloría de 2022, eso tampoco se va a llevar a efecto este año. Se le quitó la obligatoriedad al dictamen, pero de todas maneras, además, eso abarca un cierto segmento de los honorarios. Pero continúa la contratación a honorarios a través de la tercerización de funciones públicas”, explicó.

Durante los próximos meses, la vicepresidenta de Regiones ANEF, María Elena Hellman, continuará visitando a los Consejos Regionales restantes, desde la región de Biobío hasta Magallanes.

Una denuncia ante la Contraloría Regional por faltas a la probidad presentó el Consejo Regional de ANEF Los Lagos, acompañados del presidente nacional de ANEF, José Pérez Debelli. La acción atañe al subsecretario de Energía, Julio Maturana, y a la seremi de esta cartera en Los Lagos, Liliana Alarcón.

Según los antecedentes presentados, que el propio subsecretario relató a los dirigentes durante una reunión, en horario laboral, la seremi Alarcón habría comprado pellet para un familiar del subsecretario Maturana, hecho que además habría ocurrido en plena crisis de escasez de este biocombustible en el sur del país, entre julio y agosto del 2022.

En ese momento, mientras miles de chilenos en el territorio hacían largas filas durante las madrugadas para conseguir pellet, la autoridad se habría saltado la fila para conseguirlo y hacerlo llegar a la familia del subsecretario.

“Creemos que eso atenta contra las faltas a la probidad y también hay un concepto en nuestro estatuto administrativo que se relaciona con la capacidad de abstenerse. Debe prevalecer el bien colectivo y ciudadano por sobre el particular”, explicó el presidente nacional de ANEF.

Otros cuestionamientos

Por su parte, Pamela Espinoza, presidenta regional de ANEF Los Lagos apuntó a la cuestionada figura de la seremi de Energía. “Más allá de la investigación en Contraloría, nosotros hemos señalado que la seremi de Energía acá ya acumula dos situaciones. Una que tiene que ver con una acusación de maltrato laboral, y ahora se suma esta nueva situación. Entonces, creemos que por el bien del Gobierno, y la ciudadanía, por la transparencia es quizás el momento de que den un paso al lado estas autoridades. Creemos que si esto hubiera sucedido con cualquier trabajador publico seguramente la sanción habría sido la destitución”, explicó. 

El Consejo Regional de ANEF Los Ríos entregó una carta al Presidente de la República durante su visita a la región a principios de enero. Se trató de la primera visita del mandatario a la región, donde recibió esta misiva por parte de la ANEF regional con cinco puntos primordiales para el desarrollo de la región y la gestión de la función pública.

En primer lugar, los trabajadores explicaron su preocupación por la forma en que se llevan a cabo los procesos de descentralización en el país, donde hasta el momento, señalan, no existe una participación efectiva y vinculante de las y los trabajadores públicos.

Subrogancias

Por otra parte, se refirieron a la problemática de las subrogancias, que se repite en Los Ríos al igual que en las diferentes regiones del país. En este punto, explicaron que al no existir una titularidad, muchas veces son funcionarios del mismo servicio quienes en su condición de subrogancia no toman decisiones, lo cual no permite el avance de los programas de Gobierno. Por lo tanto, el llamado es a que se puedan agilizar los concursos de ADP para lograr la tan necesaria titularidad en los servicios públicos.

A ello se suman problemáticas de seguridad para aquellos trabajadores públicos encargados de fiscalizaciones de diferentes ámbitos, en servicios como el SII, la Inspección del Trabajo, CONAF y la Conadi. En este punto, ANEF Los Ríos solicitó que se entreguen los recursos necesarios en cuanto a implementación y dotación de personal, de forma que los funcionarios/as puedan cumplir estas labores de forma segura.

Otro de los temas abordados en la misiva destinada al presidente fue la infraestructura deficitaria de los inmuebles de los servicios públicos, donde actualmente, la región de Los Ríos mantiene sus servicios de atención a público distribuidos por toda la región, sin contar con los espacios adecuados para los funcionarios ni para los usuarios. En este punto, desde el Consejo Regional hicieron hincapié en que los recursos del Estado se diluyen entre arriendos, reparaciones y adecuaciones “parches”, para poder funcionar.

“La región de Los Ríos requiere urgentemente un Centro Cívico. La ciudadanía no se merece eso de andar divagando de un lado a otro para poder tener la atención de sus necesidades. Hoy sabemos que se cuenta con los terrenos por parte del Gobierno Regional, pero faltan voluntades para contar con una infraestructura a la altura de las necesidades de la región”, explica la presidenta de ANEF Los Rios, Nancy Silva.

Climas laborales

Otro de los puntos abordados por ANEF Los Ríos, y probablemente uno de los más importantes fue la situación en cuanto a climas laborales en la región, donde exsite un deterioro que ha hecho mella en los diferentes servicios públicos.

“Efectivamente el 31 de diciembre pasado se logró la salida de la directora regional de Junji. Pero la situación se repite no sólo al interior de este servicio, sino de muchos otros. No basta con sacar a una autoridad maltratadora, sino que requerimos de una intervención dentro de los servicios para subsanar estos climas laborales. Por ello, solicitamos más recursos para los servicios públicos, que sean exclusivamente para este tipo de elementos que vayan directamente hacia el mejoramiento de los climas laborales dentro de los servicios públicos”, explica Silva. 

Debido a una reestructuración de la forma de operar del Hogar de Cristo a nivel nacional, la entidad procederá con el cierre gradual de siete residencias de adultos mayores a nivel nacional. Entre ellas se incluye, la Residencia de Adultos Mayores Padre José Fernández de Puerto Montt, y otros establecimientos destinados al apoyo de personas en situación de calle.

Según Yerko Villanueva, jefe de operación social del Hogar de Cristo Los Lagos, esta decisión ocurre tanto por sostenibilidad, como para propiciar que los adultos mayores puedan tener otro tipo de relaciones en la sociedad y prevenir que lleguen a este tipo de recintos.

“Buscaremos potenciar el trabajo de familias dentro de los territorios, para poder evitar, por ejemplo, que se sigan generando más espacios cerrados, con hogares con adultos mayores que en definitiva, la primera opción que existe es que se vayan a un hogar, y no que se queden en el centro de sus familas donde creemos que es el mejor lugar para estar. Esto con el dolor, pero también la responsabilidad que ha significado para la Fundación”, explicó Yerko Villanueva, jefe de operación social del Hogar de Cristo Los Lagos.

Traspaso a otra institución

Además, Villanueva explicó que, pese a que el cierre está programado para julio del año 2024, se está trabajando desde ya con SENAMA y el municipio de Puerto Montt, entre otros actores, para que otro operador pueda hacerse cargo de las instalaciones. De lograr este objetivo, el Hogar de Cristo traspasaría sin costo el equipamiento y mobiliario, así como el terreno, que mantienen en comodato con Bienes Nacionales.

La información fue confirmada por la coordinadora regional de SENAMA, Evelyn Valenzuela, quien además llamó a la comunidad a la tranquilidad, recordando que esta búsqueda se está realizando con tiempo, y que, además, existe un compromiso del Hogar para que, si no se llega a buen puerto, sean los encargados de buscar la forma de insertar a los residentes en otros establecimientos.

Trabajadores

El sindicato del Hogar de Cristo Puerto Montt también manifestó su preocupación por el cierre de la Residencia Padre José Fernández, y el destino que podrían tener las 42 personas mayores que allí se encuentran.

Así lo confirmó Sandra Martínez, tesorera del sindicato Hogar de Cristo Puerto Montt, quien señaló que “Los jefes Hogar de Cristo dicen que hay que activar las redes de las familias. Nosotros sabemos que eso no va a ser posible. Por algo ellos están viviendo en la residencia con nosotros. Porque la familia de una u otra forma no se ha querido hacer cargo (…) Hoy en día lo que nos preocupa es donde van a quedar los 42 adultos mayores que nosotros tenemos en la residencia. Tenemos fecha de cierre para julio de 2024. Pero también puede ser que este año nos digan de repente ‘hasta aquí nomás llegamos‘”.

Patologías

Por su parte, María Teresa Vargas, presidenta del sindicato Hogar de Cristo Puerto Montt, explicó que “lo que es más complejo es que el Hogar de Cristo va a cerrar todas sus residencias clínicas porque son de una mayor complejidad. El gasto es muy grande, porque hoy en día los usuarios que nosotros tenemos, adultos mayores, no es el adulto mayor que pueda permutar en la casa. Son con patologías severas. Entonces, está alrededor de un millón de pesos por cada usuario mensualmente para mantener el hogar”.

Ambas trabajadoras llevan 23 años en el hogar y han acompañado a usuarios que llegaron también por ese periodo, con los vínculos e historias que ello implica. Por lo mismo, enfatizaron en su preocupación por que estas personas mayores puedan quedarse en su ciudad. Para evitar que ocurra el cierre del lugar, el gremio de 40 trabajadores ya ha comenzado diversas gestiones, entre ellas, reuniones con parlamentarios de la zona, y concejales de Puerto Montt.