Sobre la base de su función normativa y su poder de convocatoria, la OIT facilitará el diálogo social entre gobiernos, organizaciones de empleadores y de trabajadores para identificar y abordar los principales factores que generan déficits de trabajo decente y riesgos laborales en las cadenas de suministro del café. A partir de este análisis, el proyecto implementará intervenciones específicas a nivel nacional para promover prácticas de contratación equitativa y el respeto a los derechos laborales. Las intervenciones a nivel nacional también apoyarán el intercambio global de conocimientos en el sector cafetero.

Dan Rees, director del Programa de acción prioritario para la obtención de resultados en materia de trabajo decente en las cadenas de suministro de la OIT, señaló: «La producción de café sustenta los medios de vida de aproximadamente 20 a 25 millones de familias en todo el mundo, generando ingresos esenciales y empleo. Sin embargo, los déficits de trabajo decente persisten en las cadenas de suministro del café, particularmente entre las y los trabajadores temporales y migrantes. A través de este proyecto, buscamos avanzar en los derechos laborales, promover el trabajo decente y contribuir a cadenas de suministro más sostenibles».

Antje Shaw, Jefa de Sostenibilidad para Café en Nestlé, afirmó: «Nuestra alianza con la OIT representa un paso importante para avanzar y promover los derechos humanos en las cadenas de suministro del café. Al trabajar juntos, podemos progresar más rápidamente hacia la creación de cadenas de suministro del café más resilientes e inclusivas, donde los trabajadores sean tratados con dignidad».

El proyecto cuenta con el apoyo de Nescafé Plan, el programa global de sostenibilidad de Nestlé para la marca, y contribuirá a la Iniciativa para la Contratación Equitativa de la OIT, que apoya la promoción e implementación de principios de contratación equitativa en todo el mundo, así como al Programa de referencia de la OIT Seguridad + Salud para Todos, en particular a su Fondo Visión Cero, que promueve el derecho fundamental a un entorno de trabajo seguro y saludable en las cadenas de suministro.

Nestlé es miembro fundador de la Plataforma sobre trabajo infantil (CLP) convocada por la OIT y socio en proyectos destinados a promover el trabajo decente en las cadenas de suministro agrícolas.

Para obtener más información sobre el trabajo de la OIT para promover el trabajo decente en las cadenas de suministro, visite el sitio: https://www.ilo.org/es/temas-y-sectores/cadenas-de-suministro

En Argentina, el llamado «Proceso de Reorganización Nacional» que llevó adelante la Junta Militar y que fue en realidad un plan sitemático de exterminio, también significó una ofensiva feroz contra la clase trabajadora. La dictadura buscaba desactivar la movilización social y política y transformar radicalmente la organización del mundo obrero, sus sindicatos y el poder de las y los delegados en los lugares de trabajo.

CLATE recuerda hoy que fue este régimen el que golpeó con toda su fuerza destructora a trabajadores, delegados y dirigentes sindicales. Y la que impulsó y sancionó leyes y decretos que suspendieron derechos esenciales como la huelga y la negociación colectiva. Además, intervino sindicatos y suprimió toda la legislación laboral. En ese marco, grandes empresarios y dueños de fábricas y grandes empresas colaboraron con el proceso dictatorial entregando «listas negras» de trabajadores y activistas que permitieron sus secuestros y desapariciones y aprovecharon el escenario para fortalecer su impunidad y despedir sin causa a «los más combativos».

Pero así como la maquinaria de muerte y horror, con la complicidad de las patronales, avanzaba sin pausa, en los lugares de trabajo se fueron gestando nuevas formas de lucha: huelgas de brazos caídos, sabotajes y maniobras para entorpecer la producción.

En este 50 aniversario, la CLATE quiere rescatar hoy la historia de esa resistencia obrera que nunca bajó los brazos y que a pesar del horror, las torturas, los secuestrados arrojados al Río de la Plata y el silencio cómplice de empresarios, clérigos y terratenientes que engrosaron sus fortunas, protagonizó una resistencia heróica y valiente que sumada a la lucha de las madres y abuelas de la Plaza de Mayo denunció ante el mundo el horror y luchó por el retorno de la democracia en la Argentina.

El día 17 de marzo último, el gobierno de Javier Milei, por medio de la Cancillería de la nación, anunció la salida definitiva de Argentina de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Desde la Federación Interamericana de Trabajadores de Salud de la ISP (FITS-ISP)* condenamos tal decisión. La consideramos como parte de un esfuerzo articulado para destruir todo lo que es público, todo lo que existe para promover derechos humanos y justicia social.

Como todas las acciones del gobierno de extrema derecha de Javier Milei, el retiro de Argentina de la OMS no tiene ningún fundamento técnico ni sanitario y es una decisión únicamente de fondo ideológico. La salida representa la sumisión al poder y a las voluntades del gobierno de características fascistas de Trump. Eso porque el multilateralismo, creado tras la derrota del nazifascismo en la 2ª Guerra Mundial, tiene como objetivo permitir que los países menos poderosos, al organizarse, agreguen en la agenda global temas de su propio interés. La salida de la OMS es un mensaje claro: la Argentina de Milei no cree que los países del Sur Global deben perseguir sus propios objetivos, sino alinearse acrítica y sumisamente a la agenda de los EEUU de Donald Trump. Donde Milei grita “soberanía”, se debe leer renuncia de la autonomía de Argentina y de la posibilidad de articulación con otros países del Sur Global.

Eso nos genera gran preocupación y, en ese sentido, es fundamental denunciar tal hecho: la agenda de Trump es el avance del autoritarismo, de la discriminación, de la segregación de personas entre las que se merecen respeto y garantía de derechos y las que “merecen” la cárcel, la persecución y la muerte.

Denunciamos, a su vez, que ese retiro de la OMS debe ser entendido como parte de una política más amplia de desmantelamiento del sistema de salud y de protección social en la Argentina. Tras dos años de gobierno, diversos programas de salud han sido terminados o disminuidos, tales como los de enfermedades infecciosas (HIV, TBC, Hepatitis virales), atención a la salud sexual y reproductiva, y provisión de medicamentos de alto costo para pacientes oncológicos, entre otros. Esta política no solo se expresa en el recorte de programas sanitarios y en el despido de alrededor de 61.700 trabajadores estatales, sino también en el debilitamiento deliberado de las obras sociales, pilares del sistema solidario de atención, y en el ataque sistemático a las organizaciones sindicales que las sostienen y administran. Estas medidas afectan directamente la capacidad de financiamiento, cobertura y acceso a prestaciones de millones de trabajadores y trabajadoras. Asimismo, el desfinanciamiento de instituciones emblemáticas como el Hospital Garrahan — referente regional en atención pediátrica de alta complejidad — constituye un ejemplo concreto de cómo estas políticas impactan en la calidad y disponibilidad de servicios esenciales. El deterioro de las condiciones laborales, la pérdida de derechos colectivos y la asfixia financiera de las estructuras solidarias no son hechos aislados, sino parte de una estrategia orientada a debilitar la organización de las y los trabajadores y a mercantilizar el acceso a la salud. El ataque a la salud pública es, en última instancia, un ataque al pueblo mismo.

Finalmente, la FITS-ISP expresa su solidaridad al pueblo y especialmente a las/os trabajadoras/es de salud argentinos y condena, una vez más, el retiro de la República Argentina de la OMS. La única opción es seguir defendiendo enérgicamente la salud pública, los derechos humanos y la vida.

El diálogo social a través de procesos como la  negociación colectiva y las prácticas empresariales, están ampliando derechos de cuidado más allá de los mínimos legales en ocho países de América Latina, según un nuevo informe publicado por la la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

  El informe, titulado “Impulsar la igualdad de género a través del diálogo social: Experiencias innovadoras en cuidados y licencias en América Latina“,  demuestra que, a través de la negociación colectiva y de iniciativas empresariales —en grandes, medianas y pequeñas empresas— se han ampliado licencias de maternidad y paternidad, fortalecido permisos parentales, creado salas de lactancia y promovido jornadas de trabajo más flexibles para las personas trabajadoras con responsabilidades familiares.

Cerrar las brechas de género en el trabajo implica transformar las barreras que hoy impiden a las mujeres acceder a empleos decentes  en igualdad de condiciones que los hombres. En América Latina y el Caribe, el 47 por ciento de las mujeres están fuera del mercado laboral por responsabilidades de cuidado. Además, ellas dedican hasta 29 horas más por semana que los hombres al trabajo de cuidados no remunerado, lo que representa más de 8.400 millones de horas semanales dedicadas al cuidado familiar en la región.

Cuando el cuidado recae casi exclusivamente en las mujeres, el mercado laboral pierde talento. Muchas se ven obligadas a aceptar empleos en condiciones precarias o interrumpen sus trayectorias laborales, lo que se traduce en menores ingresos, mayor informalidad y una persistente desigualdad.

Basado en un estudio exploratorio en Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, México y Uruguay,  el informe demuestra que la combinación de diálogo social y compromiso empresarial puede traducirse en mejoras concretas que amplían derechos más allá de los mínimos legales, promoviendo la corresponsabilidad en los cuidados y contribuyendo también a la retención de talento y a entornos laborales más productivos. El estudio reafirma el rol central del Estado en la consolidación de un piso universal de derechos y en la promoción de marcos que incentiven la corresponsabilidad.