En una contundente movilización, trabajadores del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio se congregaron hoy en la sede central del Ministerio, en la Plaza Sotomayor de Valparaíso, en el marco del paro nacional que llevan adelante para exigir mejoras en sus condiciones laborales y el cumplimiento de compromisos adquiridos.

El vicepresidente regional de Organizaciones de la Asociación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF) en Valparaíso, Pablo Sanhueza, manifestó su apoyo a la movilización y destacó la necesidad de establecer un diálogo entre las nuevas autoridades y los trabajadores para resolver los problemas existentes. “Estamos respaldando la lucha de las asociaciones del Ministerio de las Culturas, que arrastran demandas desde hace más de un año y aún no han sido satisfechas“, afirmó Sanhueza.

Demandas

Desde la perspectiva de los trabajadores, las demandas son claras y urgentes. Patricio Lama, encargado nacional de la secretaría de Solidaridad, Conflicto y Derechos Humanos de la ANEF, detalló las dificultades a las que ellos se enfrentan: “Hay un déficit de personal, sobrecarga laboral y falta de recursos para que los trabajadores puedan cumplir sus tareas, especialmente en terreno, en la supervisión de proyectos culturales financiados por el Ministerio“.

Uno de los aspectos más relevantes es la situación de los grados y la mejora de la carrera funcionaria en el ministerio. Los trabajadores han expresado su descontento con la falta de avances en este tema, a pesar de los compromisos adquiridos por parte de las autoridades desde hace más de un año. “Los funcionarios llevan años en grados paupérrimos, con remuneraciones insuficientes que no reflejan su formación y experiencia profesional“, enfatizó Lamas.

Además, se ha puesto énfasis en el déficit de personal, lo cual genera una sobrecarga laboral considerable. Los trabajadores deben cumplir múltiples responsabilidades y supervisar numerosos proyectos culturales, sin contar con los recursos necesarios para llevar a cabo estas tareas de manera eficiente. “Es fundamental que se cubran las vacantes existentes y se mejoren las condiciones de trabajo para que los funcionarios puedan desempeñarse adecuadamente“, agregó Lama.

Otro aspecto que ha generado malestar entre los trabajadores es la presencia excesiva e innecesaria de asesores en el ministerio. Según los testimonios, muchos de estos asesores ocupan grados altos y reciben remuneraciones elevadas, lo cual se percibe como un mal uso de los recursos públicos. “Creemos firmemente que se están pagando favores políticos o personales, mientras se argumenta falta de fondos para atender las demandas de los trabajadores“, señaló Lama.

Falta de avances en negociaciones

En respuesta a la falta de respuestas concretas y oportunas por parte de las autoridades, las organizaciones sindicales AFUCAP, ANFUCULTURA y los Sindicatos de Honorarios de Valparaíso y Santiago se encuentran en una paralización en todas las reparticiones de la Subsecretaría de las Culturas y las Artes, así como en las Seremis del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Esta acción se ampara en los tratados internacionales incorporados a la legislación chilena, especialmente en el Convenio 151 sobre las relaciones de trabajo en la administración pública. Las organizaciones expresaron además su decepción ante la falta de avances en las negociaciones y se resaltó la importancia de éstas medidas de presión para lograr mejoras laborales significativas.

El documento, resume las demandas de los trabajadores y abarca aspectos como nivelaciones salariales, aumento de dotación de personal, mejoras para los contratados a honorarios, e implementación regulada del teletrabajo, entre otros. Se hace hincapié en la necesidad de cerrar las brechas salariales existentes y de garantizar condiciones laborales dignas para todos los empleados del Ministerio.

La movilización de los trabajadores del Ministerio de las Culturas continuará “con pie firme”, hasta que se logren mejoras significativas en sus condiciones laborales y se cumplan los compromisos adquiridos. Se espera que las autoridades ministeriales establezcan un diálogo constructivo y efectivo para abordar las demandas planteadas y encontrar soluciones concretas que beneficien a los empleados del ministerio, así como a la comunidad cultural en su conjunto.

El Gobierno presentará esta semana un proyecto de ley conocido como “teletrabajo para padres”, el cual busca establecer el trabajo híbrido como un derecho para los cuidadores de niños menores de 12 años, según han anunciado los ministerios del Trabajo y de la Mujer y Equidad de Género.

La iniciativa tiene como objetivo mejorar la regulación del trabajo a distancia y la conciliación familiar. Para lograrlo, se realizarán modificaciones en el Código del Trabajo que permitirán una mejor compatibilización del tiempo de los padres con el cuidado de sus hijos mediante el teletrabajo o trabajo híbrido.

Mercado laboral para mujeres

Según la ministra del Trabajo, Jeannette Jara, “el Presidente nos encargó llevar adelante la búsqueda de herramientas que permitan mayor acceso al mercado laboral de las mujeres, considerando que las tasas de participación laboral pre pandemia todavía no se terminan de recuperar”.

La secretaria de Estado también mencionó que la iniciativa incluye la propuesta de “establecer modalidades de trabajo híbrido como un derecho para cuidadoras y cuidadores de niños menores de 12 años”, pero resaltó la importancia de considerar la realidad empresarial.

La ministra Jara afirmó que “la principal fortaleza de este proyecto es que recoge las demandas de organizaciones de mujeres, que en virtud de la experiencia que tuvieron en la pandemia han querido mantener una modalidad que les permita trabajar a distancia y conciliarlo con labores de cuidado, especialmente cuando son niños menores de 12 años”.

Funcionamiento

La aplicación del proyecto busca consagrar el derecho de todos los trabajadores que cumplan con los requisitos establecidos a trabajar de forma híbrida. Para ello, el trabajador debe solicitarlo y el empleador debe proporcionar una respuesta.

Entre los requisitos solicitados se encuentra tener en cuenta las funciones del trabajador y que éste pueda acreditar que realiza labores de cuidado. Si el empleador no está de acuerdo y el trabajador insiste en su derecho, puede presentar un reclamo ante la Dirección del Trabajo, que será responsable de calificar la función.

En el contexto de la conmemoración de los 50 años del Golpe de Estado, se llevó a cabo una reunión del Consejo de Monumentos Nacionales (CMN) dedicada, en exclusivo, a analizar las solicitudes de declaratoria como Monumento Histórico de siete Sitios de Memoria. Todas fueron aceptadas de forma unánime.

“Estas declaratorias demuestran el compromiso del Gobierno y el Estado chileno con la memoria histórica, y representan un acto de reparación y justicia con las personas que pasaron por esos recintos, y en general, con las víctimas de la dictadura”, dijo el ministro de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Jaime de Aguirre. Y agregó: “Estas declaratorias nos permiten completar el compromiso del Estado chileno de contar con al menos un sitio de memoria en cada región”.

A lo largo del país

Se trata de recintos de detención y tortura durante la dictadura cívico-militar, algunos manejados por la Dirección Nacional de Inteligencia (DINA), otras por la Central Nacional de Informaciones (CNI) o por alguna de las Fuerzas Armadas. Con tres de ellos se cumple el compromiso del Estado en el Plan Nacional de Derechos Humanos, de tener al menos un sitio de memoria en cada región: Arica y Parinacota, con la ex Cárcel de Arica; Atacama, con el Regimiento N° 23 de Copiapó, y Ñuble, con el Memorial Puente El Ala.

Los otros sitios son el recinto de la CNI en Talca, la fosa del Cementerio de La Serena y el Campo de Prisioneros de Pisagua. La Comisaría de Ancud, que ya es Monumento Histórico, vio ampliados sus valores para reconocer su condición de Sitio de Memoria, dado el uso del inmueble como centro de detención para los prisioneros políticos de la provincia.

A la sesión asistieron como invitados los representantes de las agrupaciones solicitantes de las declaratorias, así como las y los seremis de las regiones involucradas.

“Esta sesión es un logro significativo”, dijo Marcelo Acevedo, coordinador de la Red de Sitios de Memoria. “Estamos convencidos de que los sitios de memoria son uno de los ejes para las garantías de no repetición, y por lo tanto se deben fortalecer de Arica a Punta Arenas. Hoy aumentamos un buen porcentaje, por lo tanto celebramos este hito y compromiso”, dijo.

Siete nuevos Monumentos Históricos

El recinto que albergó a la CNI en la calle 4 oriente, en Talca, fue utilizado como lugar de detención y tortura, tal como revelan los testimonios consignados en el Informe Valech. La solicitud fue formulada por Luis Jaque Jaque, presidente de la Agrupación de Ex presas y Ex presos Políticos “Guillermo Muñoz Zúñiga”.

En Atacama, el primer Sitio de Memoria elevado a categoría de Monumento Histórico es el Regimiento N° 23 de Copiapó, utilizado entre 1973 y 1976 como centro clandestino de detención, de tortura y de ejecución, el principal de la ciudad. Además, según testimonios de detenidos, fueron ejecutadas 13 personas en el caso “Caravana de la muerte”. La solicitud fue presentada por Mario Silva Álvarez, presidente de la Agrupación de Familiares y Amigos de Ejecutados Políticos y Detenidos Desaparecidos de la Región de Atacama.

La ex Cárcel de Arica también es el primer Sitio de Memoria que recibirá protección legal desde el Estado en la región. En ese recinto, de acuerdo con el Informe Valech, hubo prisioneros políticos desde septiembre de 1973, quienes vivieron en condiciones de hacinamiento, insalubridad, privados de alimentos y agua. Desde allí fueron sacados para ser interrogados y torturados en otros recintos, especialmente en los regimientos del Ejército de la zona. La solicitud de declaratoria fue presentada por la Agrupación Mujeres Memoria y Derechos Humanos Arica y Parinacota, de abril de 2021.

Para la Región de Ñuble, el CMN acogió la solicitud de declaratoria presentada por Teresa Retamal Silva, coordinadora de Derechos Humanos de Ñuble, para el Memorial Puente El Ala, el primer Sitio de Memoria de la región. Este lugar recuerda el hallazgo de los cuerpos sin vida de nueve jóvenes, el 24 de diciembre de 1973, en la ribera del río Ñuble. En 1996, en el acceso oeste, se instaló un memorial en cuya base se ubicaron 17 trozos de los rieles metálicos, que formaban parte del viejo puente y que recuerda a las 17 víctimas ejecutadas en ese lugar.

Para el Monumento Histórico Comisaría de Ancud se ampliaron sus valores incluyendo su condición de Sitio de Memoria, pues allí estuvieron detenidos prisioneros políticos de la provincia, actuando como afluente para otros centros de detención fuera de Chiloé. Ello significó que a este lugar fueron enviados campesinos, obreros, estudiantes universitarios y militantes políticos. Los testimonios indican que fue centro de detención y prisión de paso para cientos de personas, sufriendo tratos degradantes, aplicación de tortura física y psicológica. La solicitud es de la Agrupación de usuarios PRAIS de Ancud y la Delegación Zonal de Chiloé del Colegio de Arquitectos de Chile.

La fosa del Cementerio de La Serena tiene relación con las acciones de la “Caravana de la Muerte”, que arribó el 16 de octubre de 1973 a la ciudad. En la región de Coquimbo fueron 15 los ejecutados, todos prisioneros en el ex regimiento Arica. Una vez fusilados, ningún médico revisó los cuerpos, los cuales fueron trasladados de manera inmediata al Cementerio Municipal de La Serena. El 9 de septiembre de 1998 se iniciaron las excavaciones en la fosa del cementerio. La solicitud fue hecha por Pablo Muñoz Pinto, presidente de la Agrupación de expresos políticos “16 de octubre” de La Serena.

El último de los nuevos monumentos es el Campo de Prisioneros de Pisagua, localidad que funcionó a través de una red articulada de inmuebles que estaban ubicados en diferentes lugares del pueblo, que en su conjunto conformaron el Campamento de Prisioneros. Las condiciones del recinto no cumplían ninguna normativa del Código Penitenciario, teniendo a los prisioneros totalmente incomunicados con el exterior y viviendo en un extremo hacinamiento. En Pisagua se registra el mayor porcentaje de víctimas fatales: según  los antecedentes de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, 24 personas habrían sido ejecutadas bajo Consejos de Guerra y Ley de Fuga. La solicitud es de Luis Caroca Vásquez, presidente Corporación de Derechos Humanos y Sitios de la memoria de Tarapacá.

La ministra del Trabajo y Previsión Social, Jeannette Jara, llamó a la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) y a la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC) a trabajar en un acuerdo de carácter tripartito para avanzar en la reforma previsional que el Gobierno tramita en la Cámara de Diputados y Diputadas.

Democracia y cohesión social

En el marco de la Cuenta Pública 2022 – 2023 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, la secretaria de Estado señaló que “para que la democracia y la cohesión social se fortalezcan en este país, se requiere que quienes tenemos intereses públicos, intereses sociales, intereses gremiales, seamos capaces de ponernos de acuerdo”.

“Quiero llamar desde este estrado, en particular a la CUT y a la CPC, a que los próximos días podamos confluir en el acuerdo tripartito que sea el motor sobre el cual nuestro Congreso Nacional pueda encontrar una base de apoyo más transversal para sacar adelante una reforma de las pensiones que lleva 10 años pendiente y que requiere, fundamentalmente, que nuestro país cambie definitivamente hacia un sistema mixto, ponderado, técnicamente sostenible, económicamente sustentable, pero, por sobre todo, socialmente sustentable”, agregó.

Tanto la CUT, en representación de los trabajadores, y la CPC, por los empleadores, participan junto al Gobierno del Consejo Superior Laboral, instancia tripartita de carácter consultivo cuya misión es colaborar en la formulación de propuestas y recomendaciones de políticas públicas.

Cabe recordar que la reforma previsional fue aprobada en general por la Comisión de Trabajo y Seguridad Social de la Cámara de Diputados y Diputadas y, para buscar acuerdos con distintas fuerzas políticas, se instaló una Mesa Técnica en la que participan representantes de partidos del oficialismo, además de la Democracia Cristiana, el Partido de la Gente e Independientes Social Cristianos.

El proyecto de ley que, de forma gradual, reajusta el salario mínimo a $500.000, fue aprobado en general este miércoles en la sala del Senado por 19 votos a favor, 5 en contra y 9 abstenciones; y en particular, se aprobaron por mayoría las normas del articulado del proyecto, a través de seis votaciones separadas. Ello, luego de que, más temprano, las comisiones unidas de Trabajo y Hacienda de la Cámara Alta lo visaran con 6 votos a favor y 4 abstenciones de Chile Vamos.

De este modo, la iniciativa pasó a un tercer trámite legislativo, en la Cámara de Diputadas y Diputados, al sufrir modificaciones en el Senado a través de indicaciones que apuntaron a mejorar la cobertura del subsidio de apoyo a las micro, pequeñas y medianas empresas.

Impresiones

La ministra del Trabajo y Previsión Social, Jeannette Jara, valoró el respaldo de los parlamentarios al proyecto y señaló que “es muy importante este reajuste del salario mínimo, porque junto con dar cumplimiento a lo que se comprometió con la ciudadanía y seguir avanzando en nuestra agenda de Gobierno, estamos generando una base de ingresos para cerca de un millón de familias de nuestro país, a las cuales se les hace muy difícil llegar a fin de mes y van a contar con un salario mínimo superior que les permita tener mayor tranquilidad”.

Agregó que “reconocemos en el avance que hemos logrado y la negociación que hemos tenido con la Central Unitaria de Trabajadores de Chile, en su presidente, David Acuña, y en su secretario general, Eric Campos, además de la importancia de seguir avanzando en derechos que fortalezcan la vida de las personas y sus seguridades económicas”.

Sobre el proyecto aprobado, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, destacó que «el tema de apoyar a las mipymes correspondió, por un lado, a tener conciencia de que el grueso de los trabajadores que ganan el ingreso mínimo trabajan en micro, pequeñas y medianas empresas, a las cuales se les puede hacer más difícil absorber el costo del incremento en ingreso mínimo cuando son aumentos importantes. Eso no quiere decir que este sea un mecanismo que tenga que mantenerse indefinidamente, sino está más relacionado con el hecho de que el año pasado tuvimos un primer incremento importante en el camino de llegar al ingreso mínimo de $500.000. En el proyecto que tenemos ahora, eso ya queda legislado para julio del 2024».

En la misma línea, mencionó que el proyecto recién aprobado incorpora en el subsidio a trabajadores que están por encima del mínimo actual, siendo igualmente beneficiados: «las empresas van a tener que asumir los costos de incrementar sus remuneraciones y esto va a permitir incorporar a varios miles de trabajadores más, con un costo del orden de los $20 mil millones anuales».

Cabe recordar que el proyecto fue ingresado el 24 de abril por el Ejecutivo, luego de que éste, a través de los ministerios del Trabajo y Previsión Social y de Hacienda, alcanzó un acuerdo con la Central Unitaria de Trabajadores (CUT). De despacharse la iniciativa desde el Congreso Nacional, se cumplirá uno de los compromisos del programa de Gobierno del Presidente Gabriel Boric, que es alcanzar un salario mínimo de $500.000 dentro de su mandato presidencial.

El detalle del proyecto

El proyecto propone, como medida central, el alza del salario mínimo hasta alcanzar los $500.000 durante el próximo año, a través de la siguiente gradualidad: un incremento desde los actuales $410.000 a $440.000 el 1 de mayo de 2023; luego, a $460.000 el 1 de septiembre de 2023; y, posteriormente, a $500.000 el 1 de julio de 2024.

Junto a ello, y en caso que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) acumulado durante 2023 supere el 6%, se realizará un alza previa de $10.000 el 1 de enero de 2024, quedando el salario mínimo en $470.000 en dicha fecha, para después continuar con la gradualidad anteriormente descrita. Posterior a esa fecha, el proyecto contempla, a todo evento, un reajuste automático del ingreso mínimo mensual conforme el IPC que se registre entre los meses de julio-diciembre de 2024 y que se concretará en enero del 2025.