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Denuncian maltrato laboral en Servicio Mejor Niñez de Antofagasta

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Este lunes, Felipe Ramirez Cárcamo, presidente nacional de la Asociación Nacional de Trabajadores de Protección (Antrap), que agrupa a funcionarios del Servicio Mejor Niñez, y Gustavo Marín Castro, director nacional ANTRAP, se trasladaron hasta Antofagasta para sostener reuniones, en conjunto con los dirigentes regionales de la agrupación, buscando abordar las problemáticas que hoy enfrentan funcionarios de la repartición en el territorio. Esto, acompañados también por la ANEF Regional, liderada por su presidenta regional, Nora Biaggini.

En concreto, se han reunido con los propios trabajadores, con la seremi de Desarrollo Social de Antofagasta, Berta Torrejón Gallo, y también con la delegada presidencial regional de Antofagasta, Karen Behrens, para exigir soluciones en torno a situaciones irregulares que han afectado a las y los funcionarios, especialmente, malos tratos y acoso laboral.

Los funcionarios entregaron mayores detalles a través de un comunicado público. El documento comienza reconociendo las buenas voluntades manifestadas por el presidente de la República hacia un Estado que promueva las buenas prácticas laborales y el mejoramiento de los climas organizacionales. También se destaca que el gobierno de Chile ratificó el Convenio 190 de la OIT, lo cual fue saludado por la organización sindical.

Hostilidad

Sin embargo, también denuncia problemáticas en la gestión de la directora regional del Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia en la región de Antofagasta: “Lamentamos profundamente que la hostilidad sea el antivalor que ha marcado la gestión de la directora regional del Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia de la región de Antofagasta y haya hecho, desde nuestra perspectiva, su principal argumento de gestión directiva. Ser directora no la hace necesariamente una lideresa.”

Además, se denuncian las siguientes situaciones: “Advertimos por la presente las situaciones de amedrentamiento que con ello acarrea; sus vínculos con posición valórica y amenazas constantes en contra de trabajadores y trabajadoras del Servicio Nacional de Protección Especializado a la Niñez y Adolescencia, perteneciente a la cartera de Desarrollo Social.”

Malas prácticas y juicios valóricos

“La Asociación Nacional de Trabajadores Antrap, constituida por funcionarios y funcionarias públicas en la región de Antofagasta debe lidiar constantemente con las malas prácticas sindicales, juicios valóricos y manipulaciones de la jefa regional del servicio“, denuncian.

Ante esta situación, la ANTRAP anuncia acciones concretas: “En el gobierno de los trabajadores y trabajadoras no permitiremos que la salud mental de funcionarios y funcionarias y en efecto, el servicio a la comunidad que ejercen se vea afectado por vínculos maltratantes de una autoridad pública que no ha hecho carne las expresiones y esfuerzos del presidente Gabriel Boric.”

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Designan Administrador Provisional en Corporación Municipal de Ancud

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Este lunes 31 de julio, la Superintendencia de Educación designó a Omar Baquedano San José como Administrador Provisional de la Corporación Municipal de Ancud, quien asumirá funciones como sostenedor de los 24 establecimientos educacionales a cargo de la entidad, con el objetivo de asegurar la continuidad del servicio educativo hasta el término del año laboral docente.

La medida busca que se retome lo antes posible el normal desarrollo del año escolar y se resguarde el derecho a la educación de los y las estudiantes de la provincia de Chiloé. Cabe mencionar que Baquedano es profesor de Educación General Básica, Master en Recursos Humanos y Doctor en Educación, cuenta con experiencia como director de establecimientos educacionales municipales y actualmente se desempeñaba como jefe del Departamento de Educación de Futaleufú.

Según la normativa educacional, el Administrador Provisional (AP) está facultado para asumir las funciones que le competen al sostenedor de uno o más establecimientos educacionales que reciban aportes del Estado, cuando existe riesgo de continuidad del servicio educativo, entre otras causales.

La designación de un AP fue parte de las medidas anunciadas en junio por el Ministerio de Educación para abordar la crisis financiera que afecta a la Corporación Municipal de Ancud, que mantiene deudas previsionales con las y los trabajadores de la educación desde el año 2014, a lo que se suma el no pago íntegro de sus remuneraciones desde mayo en adelante.

Pasos que vienen

El Administrador Provisional asumirá sus funciones a partir del martes 1 de agosto, momento en que la Corporación Municipal de Ancud deberá entregar la administración de los establecimientos educacionales. Durante los próximos días, la Corporación deberá entregar un informe con toda la documentación administrativa y financiera que permita que el AP pueda realizar adecuadamente sus gestiones.

Junto a lo anterior, Baquedano deberá sostener reuniones con los directores y directoras de los establecimientos educacionales municipales, sus respectivos gremios docentes y de asistentes de la educación, además de representantes de padres, madres, apoderadas y apoderados, con miras a interiorizarse de las situaciones que afectan a cada recinto educativo para su normal funcionamiento.

Según la normativa, la Corporación Municipal de Ancud es responsable de todas las obligaciones que se hubieren generado en virtud del funcionamiento de los establecimientos educacionales, previo a la designación del administrador provisional.

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Comenzó veda de la merluza austral para proteger su reproducción

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El martes 01 de agosto a las 00:00 horas comienza la veda de uno de los recursos pesqueros más apetecidos de la macrozona sur y que, de acuerdo con el informe de la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura, actualmente se encuentra en estado de sobreexplotación. Es por esta razón que cada año se decreta una veda biológica entre el 1 y el 31 de agosto, para asegurar, al menos, un mes su periodo peak de desove, resguardando así su reproducción.

La veda biológica prohíbe la extracción de merluza austral desde la región de Los Lagos hasta Magallanes, de acuerdo al decreto exento N°140 de la Subpesca, que también prohíbe la comercialización, procesamiento, almacenamiento y transporte del recurso fresco en todo el territorio nacional.

De esta pesquería dependen más de 3 mil 500 pescadores -300 de ellas mujeres- quienes están autorizados para extraer merluza austral o del sur, de acuerdo al Registro Pesquero Artesanal que lleva Sernapesca.

Congelada y obtenida previo a la veda si se puede comercializar

Cristian Hudson, director regional de Sernapesca Los Lagos, comentó sobre el rol que tienen como Servicio durante la veda. “Como todos los años, no sólo hemos realizado difusión sobre esta importante veda, sino que además estaremos desplegados en puntos estratégicos de la región fiscalizando los recursos que se desembarcan, transportan, comercializan y almacenan. En este sentido, cabe destacar que antes del inicio de la veda hemos estado verificando en plantas y comercializadoras el stock de merluza congelada con el que cuentan, ya que en este estado si se puede comercializar, siempre y cuando haya sido obtenida antes del inicio de la veda”, puntualizó.

La merluza austral es apreciada por su sabor y valor nutritivo, con mínimo aporte de grasas. Cada año, alrededor de 11 mil toneladas de productos derivados de este pescado, se envían a mercados como España, Polonia, Portugal, Brasil y Estados Unidos. En Chile queda aproximadamente un tercio del producto desembarcado, convirtiendo a la merluza austral en un producto estratégico y muy expuesto a la extracción y comercialización ilegal, lo cual es una de las causas de la sobreexplotación de esta especie.

Finalmente, desde Sernapesca hacen un llamado a la ciudadanía a sumarse a la campaña: “durante agosto la austral fuera del plato” y respetar la veda, optando por el consumo de otros pescados y mariscos. En caso de detectar venta de merluza austral en estado fresco desde el 4 de agosto en adelante, realizar denuncias al teléfono 800 320 032.

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Ante consultas de ANEF Atacama, MINVU entregará aclaración a reglamento del programa de vivienda para organizaciones de trabajadores

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Se concretó vía telemática la reunión solicitada el 05 de julio pasado, a la Seremi de Vivienda y Urbanismo de Atacama. Este requerimiento fue realizado en el marco de la Comisión ANEF – MINVU destinada a implementar un Proyecto Habitacional para trabajadoras y trabajadores públicos. El propósito fue aclarar algunas dudas, que surgieron luego de la lectura de la resolución exenta 408 del MINVU emitida el 03 de febrero 2023.

Los dirigentes de ANEF Atacama solicitaron claridad en lo referido a la definición que el MINVU hace de su política habitacional respecto del público objetivo, por cuanto menciona “sectores medios” para luego explayarse en tres segmentos (40%, 70% y 100% RSH).

Definiciones

Sostiene la directiva de ANEF Atacama con relación a los destinatarios, que el reglamento alude a sindicatos, que son regulados por el Código del Trabajo y a “asociaciones gremiales” que se rigen por el Decreto Ley 2.757 del año 1979, y en cambio, no menciona a las a “Asociaciones, Federaciones y Confederaciones de funcionarios públicos” organizados según la ley ley 19.296. También consultaron respecto de la asignaciones regionales y reasignaciones interregionales.

Otra materia abordada por los dirigentes fue obtener una definición, con relación a la calidad jurídica de los destinatarios del Programa Habitacional. Finalmente respecto a la firma de los convenios, los directivos de MINVU expresaron que éstos deben ser formalizados considerando la variable territorial. A modo de síntesis, los representantes del MINVU Central sostuvieron que se encuentra a disposición del Ministro Carlos Montes una resolución administrativa aclaratoria que ha incorporado todas las consultas de ANEF Atacama. En tanto, no hubo alusión al plazo y fecha de la emisión.

A nivel regional existe un acuerdo con el jefe de Gabinete de la Seremi MINVU Atacama de planificar de forma conjunta con el secretario de ANEF el cronograma de trabajo y someterlo a aprobación de la Comisión creada para desarrollo el Programa Habitacional para funcionarios públicos en Copiapó, región de Atacama.

En la cita participaron, Rocío Díaz, Seremi de Vivienda de Atacama, Claudia Castillo, jefa del departamento de Atención a Sectores Medios, la subsecretaría de Vivienda, Gianella Revello, jefa de Planes y Programas, MINVU Atacama, Jaime Riquelme, DPH, Subsecretaría Vivienda, Sergio Carvajal, jefe Depto Operaciones Habitacionales, SERVIU Atacama, Rodrigo Ahumada, revisor proyecto, arquitecto SERVIU Atacama, Felipe Aguilar, Asesor Jurídico MINVU Atacama, por parte de ANEF Atacama, estaban presentes Ana Maldonado Concha presidenta ANEF-Atacama, Renato Leal, secretario ANEF Atacama, Mario Ardiles, arquitecto, dirigente ASOFUMI y asesor de ANEF Atacama e Hiram Villagra, abogado, asesor ANEF Atacama.

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En prisión preventiva quedó el presidente de Armerías de Chile por tráfico de armas

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El presidente de la Asociación Gremial de Armerías Pesca Caza y Camping de Chile, Ennio Mangiola, fue enviado a prisión preventiva por el Quinto Juzgado de Garantía de Santiago, luego de ser formalizado por presunto tráfico de armas. Según la imputación presentada por el fiscal Francisco Carrasco, de la Fiscalía Metropolitana Sur, el dirigente estaba involucrado en el suministro de armamento a delincuentes.

En la audiencia de formalización, el fiscal Carrasco explicó que Mangiola entregaba armas a Gustavo Vera López, otro de los imputados en el caso, quien posteriormente las vendía en la vía pública, específicamente en la población El Castillo de la comuna de La Pintana.

Sin registro

Además, se reveló que Mangiola comercializaba armas de fuego sin registro desde su armería ubicada en la comuna de Santiago. Para ello, contaba con la colaboración de un tercer imputado, Sergio Bezanilla, quien se encargaba de fabricar armamento no autorizado.

Tanto Mangiola como Vera y Bezanilla quedaron en prisión preventiva por infracción a la ley de Control de Armas. Durante los allanamientos realizados en sus domicilios, se incautó un extenso arsenal que incluía 7 fusiles, 22 revólveres, 1 pistolón, 78 pistolas, 1 pistolete, 60 escopetas, 18 rifles, cañones de escopetas y rifles, cargadores de pistolas, rifles y escopetas, y más de 100 mil municiones de diversos calibres.

El tribunal estableció un plazo de 120 días para el cierre de la investigación. Las autoridades seguirán adelante con el proceso judicial para esclarecer completamente los hechos relacionados con el presunto tráfico de armas y tomar las medidas correspondientes.

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Empresas que combaten incendios forestales se coludieron durante 7 años

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La Tercera Sala de la Corte Suprema de Chile ha confirmado la sanción impuesta por el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) a las empresas Faasa Chile Servicios Aéreos y Martínez Ridao por colusión en el combate de incendios forestales durante un período de siete años. Según la imputación, estas compañías llevaron a cabo un acuerdo para restringir y entorpecer la competencia en el mercado de combate y extinción de incendios forestales mediante aviones cisterna en el territorio nacional entre los años 2009 y 2015.

La Corte Suprema rechazó el recurso de reclamación presentado por Faasa y acogió parcialmente el formulado por Martínez Ridao, reduciendo la multa impuesta por el TDLC en su sentencia. Como resultado, cada empresa deberá pagar una multa de 1.900 Unidades Tributarias Anuales (UTA), equivalente a más de $1.440 millones, que será destinada al beneficio fiscal.

Además de la sanción económica, la sentencia ratificó la orden de implementar un programa de cumplimiento y ética en materia de libre competencia, acorde con los requisitos establecidos en la “Guía de Programas de Cumplimiento de la Normativa de Libre Competencia” de la Fiscalía Nacional Económica (FNE).

Historia

El caso se inició tras un requerimiento presentado por la FNE en julio de 2018, en el que se acusó a ambas empresas de coordinarse para determinar condiciones de comercialización, precios y participación en procesos de contratación públicos y privados para obtener contratos en el mercado chileno.

Las instituciones del Estado, como la Corporación Nacional Forestal (Conaf) y la actual Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred), así como algunas empresas forestales privadas, fueron afectadas por la colusión.

Persecución de carteles

El fiscal nacional económico, Jorge Grunberg, expresó su satisfacción por la decisión de la Corte Suprema y afirmó que “esta sentencia constituye un importante respaldo al intenso trabajo que lleva adelante la Fiscalía Nacional Económica para mantener una efectiva persecución de carteles, particularmente en mercados altamente sensibles para nuestro país”.

La Corte Suprema justificó la imposición de la multa de igual magnitud a ambas empresas al considerar que ambas colaboraron en la misma medida en la materialización de hechos que tuvieron un impacto significativo en un mercado crucial para el país, como es el combate de incendios forestales, que afecta la vida y propiedad de las personas. Asimismo, destacó que la conducta colusiva se mantuvo durante un extenso período de tiempo, desde 2009 hasta 2015.

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ANEF Atacama defiende carrera funcionaria y se opone a cambio del  orden de subrogación en Seremi de Desarrollo Social

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Haciendo uso de los recursos administrativos que la ley provee, la directiva regional de ANEF Atacama, encabezada por Ana Maldonado Concha, y con la asesoría del abogado Hiram Villagra Castro, presentaron un recurso de Invalidación Administrativa según lo prescribe el artículo 53 inc. 1° de la ley 19.880, que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la administración del Estado.

Eso, en contra del acto administrativo, de la Subsecretaría de Servicios Sociales del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, que establece un nuevo orden de subrogación en las Secretarías Regionales Ministeriales, (Seremi), en particular, en la región de Atacama, por ser contrario a lo prescrito en la letra b) del artículo 81 de la ley 18.834, del Estatuto Administrativo.

Dos funcionarios idóneos

Cabe mencionar que existe el dictamen N° 343367 de 10 de mayo 2023 de la CGR, -en virtud de una solicitud de pronunciamiento de la Asociación de Funcionarios del Ministerio de Desarrollo Social y Familia de Atacama – ASOFUMI, que valida el orden de subrogación. Sin embargo, a juicio de los recurrentes el dictamen aquel no consideró precisamente el carácter copulativo del citado artículo 81 y más aún, existiendo en la repartición al menos 2 funcionarios idóneos para desempeñar el cargo.

Esta problemática, explican desde ANEF Atacama, se produce por el desdén que existe respecto de la carrera funcionaria. “En efecto, para algunas autoridades la alteración arbitraria e ilegal del orden de subrogación jerárquica de una institución pública, es plausible. Un arreglo administrativo de esta naturaleza facilitaría la toma de decisiones y es resuelto la mayoría de las veces, vía la contratación directa de operadores políticos, en calidad jurídica de contrata. La falta de rigor técnico, el desconocimiento de la legislación administrativa y las ansias de poder, es lo que caracteriza a estos activistas, que suelen con frecuencia anteponer el interés particular por sobre el interés general, gatillando y develando de paso desordenes administrativos y conflictos como los que hoy se ventilan en la prensa regional y nacional”, expresóla directiva de ANEF Atacama.

Si bien el recurso de invalidación fue ingresado de manera presencial en la sede del ente contralor, ubicada en la ciudad de Copiapó, la solicitud está dirigida al Contralor General de la República, por cuanto en opinión de los dirigentes no existe confianza en el equipo regional, precisamente por su dictamen N° 343367 del 10 de mayo 2023.

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SINAPROF denuncia poca transparencia de la directiva de CONAF 

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En diversos medios de comunicación La Dirección Ejecutiva de CONAF falta a la verdad, y lo hace al responder dos preguntas clave que ella misma se formula. Al respecto Ricardo Heinsohn, presidente nacional de SINAPROF (Sindicato de Profesionales de Conaf) señala: 

“Cuando se pregunta que mejorará cuando Conaf pase a ser un Servicio Público, la respuesta es sencilla, Nada. Es más, a nuestro juicio empeorará en todo plano, tanto funcional como socialmente. De acuerdo con el Dictamen de la Contraloría General de la República N°E33.642, de 4 de septiembre de 2020, CONAF es un órgano público, pues cumple funciones públicas y es financiada con el presupuesto de la nación.   El deseo de transformar Conaf en un Servicio Público es un mero capricho de los que no quieren que esta Corporación siga siendo una piedra en el zapato o traba a proyectos industriales y de inversión que dañan nuestro medioambiente, bosques, aguas y aire”. 

“Por otra parte, al pasar a ser un servicio público Conaf se transformará en un ente burocrático, lento, anquilosado, donde para cualquier cosa se requerirá de una resolución administrativa de la jefatura, y los usuarios (fieles a la ejecutividad y eficiencia de Conaf) pasarán a ser los primeros perjudicados con su transformación.  Por último, se produce cero mejorías al tratarse de un servicio que no tendrá facultades fiscalizadoras con potestad sancionatoria, como un servicio público que se precie de tal y de ser potente. Sigue el mismo sistema de fiscalización, donde todo el trabajo se lo lleva el servicio y las multas se mantienen a beneficio municipal.  Esto es simplemente inaceptable”.

Trabajadores “se verán vulnerados”

Respecto a la segunda pregunta, concerniente a que pasará con las y los trabajadores de CONAF con esta nueva ley, Heinsohn es claro en referirse a este tema.  

“Bajo nuestro punto de vista se verán vulnerados grave y flagrantemente sus derechos, adquiridos por 53 años.

Se producirá precariedad, inestabilidad e inseguridad laboral. Los trabajadores serán traspasados por decretos del Ministerio de Agricultura por orden del Presidente de la República. La individualización del personal traspasado se llevará a cabo por decretos. Esto es una contrata encubierta. O sea, habrá listas de trabajadores que serán traspasados y otros que no. Habrá trabajadores que perderán el empleo. Tanto es así que las normas transitorias del proyecto de ley Sernafor o Serconaf (o como se le quiera llamar) hablan del personal “que sea traspasado” o de los trabajadores “que sean traspasados” (Art, Segundo Transitorio N°3 letra a), letra b), letra d), letra e), N°5).

Si estuviese seguro el traspaso, el proyecto no hablaría de “Personal traspasado” o “Trabajadores traspasados” sino simplemente de “trabajadores del servicio”. Por otro lado, está el actual artículo Séptimo Transitorio, que establece que “El Presidente de la República, mediante decreto expedido por intermedio del Ministerio de Hacienda, conformará el primer presupuesto del Servicio Nacional Forestal y le transferirá los fondos de la Corporación Nacional Forestal, para lo cual podrá crear, suprimir o modificar los capítulos, asignaciones, ítems y glosas presupuestarias que sean pertinentes”.

Falta de garantías

Nada garantiza que ese presupuesto abarcará o cubrirá los emolumentos de los actuales trabajadores de Conaf, ni mucho menos. Se agrega que el Ejecutivo ingresó una indicación para disminuir el rango de acción de los trabajadores en el funcionamiento de Conaf o Sernafor o Serconaf, al eliminar la necesidad de que el Reglamento de Evaluación de Desempeño sea hecho por el Minagri en conjunto con los representantes de los trabajadores del servicio y solo contemple “una etapa de participación de los trabajadores del servicio”. Claramente no son lo mismo.

Sinaprof ha insistido hasta la saciedad en que el Traspaso debe operar por el solo ministerio de la ley, de pleno derecho, y debe ser de todo el personal que se encuentre prestando servicios a CONAF al momento de promulgarse la ley.

Por último, a los trabajadores se les aplicará el Código del Trabajo más todas las normas de probidad, transparencia, compras públicas, bases de la administración del Estado, Procedimientos ante los servicios públicos (hasta acá vamos relativamente bien) pero además se les hacen aplicables las normas del Estatuto Administrativo que solo implican cargas para los trabajadores e incluso nuevas causales de despido, como la Remoción. (artículos 61, 90, 90 A, 90 B, 91 y 92 del Estatuto Administrativo).

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Frente de Trabajadores Penitenciarios Rechaza la Idea de Incorporar a Gendarmería de Chile como una Institución de Orden y Seguridad

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En una declaración pública conjunta, las asociaciones gremiales más representativas del personal de la planta de suboficiales y gendarmes pertenecientes a Gendarmería de Chile, encabezadas por Joe González Barraza, presidente nacional de la Asociación Nacional de Suboficiales y Gendarmes (A.N.S.O.G.), Pablo Jaque Garrido, presidente nacional de la Asociación de Gendarmes Concepción-Chile (AGECH), y José Carrasco Silva, presidente de la Asociación de Funcionarios Penitenciarios (ANFUP), manifestaron su posición respecto a una enmienda presentada por Consejeros Constitucionales representantes del Partido Republicano.

Puntos de discordia

En el comunicado, las asociaciones gremiales expresan su rechazo a la propuesta de incorporar un nuevo capítulo denominado “Paz, Orden y Seguridad Interior” que afectaría a Gendarmería de Chile, tal como se encuentra estipulado en el punto N° 1 de la propuesta, donde se establece que las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública estarían constituidas únicamente por Carabineros de Chile y la Policía de Investigaciones de Chile.

El punto N° 4 de la propuesta también es objeto de preocupación para el Frente de Trabajadores Penitenciarios, ya que señala que Gendarmería de Chile es un organismo público responsable del cuidado de la seguridad y orden público en los recintos penitenciarios, así como de la custodia y vigilancia de personas detenidas o privadas de libertad.

Además, el punto N° 6 de la propuesta establece que tanto Carabineros de Chile, la Policía de Investigaciones de Chile y Gendarmería de Chile son instituciones profesionales, jerarquizadas, disciplinadas y no deliberantes, y prohíbe a sus miembros en servicio activo pertenecer a partidos políticos, asociarse en organizaciones políticas, gremiales o sindicales, ejercer el derecho a huelga y postularse a cargos de elección popular.

Servicio público

Las asociaciones gremiales sostienen que Gendarmería de Chile es un servicio público dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, con la finalidad de atender, vigilar y contribuir a la reinserción social de las personas detenidas o privadas de libertad. En este sentido, explican que Gendarmería de Chile no forma parte de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública y no debe ser considerada como una entidad militarizada, ya que su labor principal se centra en la atención y asistencia a la población penal.

El Frente de Trabajadores Penitenciarios rechaza contundentemente esta enmienda presentada por los consejeros constitucionales, argumentando que la propuesta desvirtúa la esencia de la labor realizada diariamente por sus funcionarios y funcionarias con la población penal. Además, expresan su preocupación ante la posibilidad de que la calidad jurídica del servicio se modifique, lo que podría acarrear la pérdida de importantes beneficios y derechos adquiridos a través de luchas gremiales en el contexto democrático.

Las asociaciones gremiales hacen un llamado a no incorporar a Gendarmería de Chile en este nuevo capítulo de la propuesta constitucional denominado “Paz, Orden y Seguridad Interior,” destacando que su dependencia radica en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, desde donde se debe continuar impulsando y fortaleciendo la labor de vigilancia, atención y asistencia a la población penal, así como contribuir a su reinserción social. Concluyen su comunicado bajo el lema “La Unidad de los Trabajadores Penitenciarios es Invencible,” reafirmando su posición frente a esta propuesta para la nueva Constitución.

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Conversatorio conmemora los 50 años del Golpe de Estado y destaca la valiente labor de Aduanas en medio de la dictadura

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Un significativo conversatorio, titulado “A 50 años del Golpe de Estado: Una Mirada desde los movimientos sociales y la evolución a la historia de la Aduana”, organizo la ANEF en Valparaíso, centrando la mirada en la valiosa contribución de los movimientos sociales y la evolución de la historia de la Aduana en tiempos oscuros.

El evento, moderado por Mauricio Soudre Taverna, Presidente Nacional de la Asociación Nacional de Funcionarios/as de Aduanas de Chile (ANFACH), reunió a destacados panelistas que compartieron sus testimonios y reflexiones sobre aquel período turbulento. Además, en representación de la ANEF Nacional, estuvo presente Yasna Frías, vicepresidenta nacional de Comunicaciones.

En la oportunidad, participaron como panelistas, Katrina Sanguinetti Tachibana, hija de Luis Sanguinetti, mártir aduanero y ex jefe del Departamento de Investigaciones Aduaneras. También, Arnaldo Torres Ramos ex funcionario del Departamento de Investigaciones Aduaneras, y ex Jefe del Departamento Técnico de la Dirección Nacional de Aduanas. Asimismo, la actividad contó con una exposición a cargo del profesor y Premio Nacional de Historia Gabriel Salazar.

Testimonios

Uno de los testimonios más conmovedores provino del mismo Mauricio Soudre, quien resaltó la trascendental labor de los jóvenes funcionarios aduaneros en la lucha contra el contrabando y el narcotráfico antes y después del Golpe de Estado. “Tuvimos nosotros en nuestras filas, funcionarios públicos, jóvenes aduaneros, con 25, 26 o 27 años, detenidos, y muchos de ellos también desaparecidos y muertos, asesinados en dictadura“, declaró Soudre, recordando a los colegas que perdieron la vida mientras cumplían con su deber. Asimismo, destacó el propósito de preservar y transmitir la historia y la identidad aduanera a las nuevas generaciones, honrando la memoria de aquellos que sacrificaron sus vidas.

Por su parte, Arnaldo Torres, ex funcionario del Departamento de Investigaciones Aduaneras y testigo directo de los eventos ocurridos durante la dictadura, recordó emocionado a los cinco compañeros que perdieron la vida en un destacamento de alto nivel. “Hemos recorrido en la búsqueda de quienes están desaparecidos, tocando puertas. Algunos de nuestros compañeros aún no aparecen, pero descubrimos que otros estuvieron en Pisagua“, afirmó Torres, quien compartió además que próximamente se instalará en el Campamento de Prisioneros de Pisagua, que operó como campo de prisioneros y centro de torturas, un monolito para recordar a quienes perdieron la vida en ese lugar

En resumen, el conversatorio fue una oportunidad para reflexionar sobre el legado de aquellos valientes aduaneros que perdieron la vida en dictadura y resaltar el papel crucial de la Aduana en la historia del país. También sirvió como espacio para repensar el rol fundamental que debe desempeñar la institución en la actualidad, especialmente considerando su rol esencial en materia de seguridad.