En conversación con la Radio Universidad de Chile, la exministra de Justicia y Derechos Humanos, socióloga y doctora en Ciencia Política, Marcela Ríos, abordó el dilema nacional en torno a la conmemoración de los 50 años del golpe militar.

En relación a este importante hito histórico, Ríos señaló que como país aún estamos lejos de tener memorias compartidas y que, a pesar de que existe una expectativa de construir consensos éticos mínimos, el debate público ha evidenciado que estamos distantes de lograrlo. “Incluso parece que estamos retrocediendo en comparación con la conmemoración de los 40 años del golpe militar, lo cual es preocupante“, afirmó.

La exministra atribuyó esta situación a un clima de “hiperpolarización” y al resurgimiento de sectores ultraconservadores que promueven ideas que parecían superadas. “Observo con preocupación las reacciones y la falta de empatía de algunos sectores, así como las declaraciones de algunos parlamentarios que continúan justificando y celebrando el golpe de Estado. Esto es una advertencia y un llamado de atención para todos aquellos que se autodenominan demócratas en el país“, agregó.

Justicia

En relación a las organizaciones de derechos humanos que han expresado sentirse ignoradas en un año tan relevante para ellas, Ríos afirmó que es innegable que la sociedad y el Estado de Chile tienen una deuda importante con las víctimas y sus familiares. Para ella, es esencial buscar la verdad, la justicia y un trato digno para quienes sufrieron violaciones a los derechos humanos.

La exministra enfatizó que esta deuda se agrava aún más considerando que más de mil cien personas siguen desaparecidas, sin que se conozca su paradero. “Los juicios han llevado décadas e, incluso en muchos casos, ni siquiera ha habido juicios. Todo ha sido una lucha constante, incluso cuando los tribunales de justicia han otorgado reparaciones monetarias y civiles. El Estado ha apelado esas decisiones y los familiares han tenido que esperar, y aún esperan en muchos casos, durante años para recibir compensación“, destacó Ríos.

Si bien reconoció que existe una deuda histórica que debe ser abordada, también consideró que en este periodo se han realizado esfuerzos por parte del Presidente de la República y otras autoridades para reunirse con las organizaciones. Sin embargo, señaló que eso no es suficiente para compensar lo que aún está pendiente.

El ministro de Justicia, Luis Cordero, cuestionó en duros términos a los grandes empresarios luego de que la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC) acudiera al Tribunal Constitucional para frenar la ley que aumenta las penas y sanciones a los llamados delitos de “cuello y corbata”.

En su declaración, Cordero expresó su descontento ante la postura de la CPC, señalando que “la actitud de la CPC es lamentablemente una manera tradicional que tiene una parte del sector privado de abordar proyectos de ley que han sido aprobados por amplia mayoría en el Congreso“.

“Alterar la voluntad del Congreso”

El ministro recordó un caso similar ocurrido en 2018, cuando el Congreso aprobó un proyecto de ley que otorgaba mayores facultades al Sernac para proteger a los consumidores, y se acudió al Tribunal Constitucional para detener la iniciativa. Cordero destacó irónicamente que “el sector privado pareciera que solo se enteró de la tramitación de este proyecto de ley en la parte final“.

Además, el ministro subrayó su desaprobación hacia el uso del Tribunal Constitucional como un mecanismo para alterar la voluntad del Congreso, afirmando que “es un indicador políticamente incorrecto tratar de utilizar al Tribunal Constitucional en el control preventivo para alterar la voluntad del Congreso“.

La Directiva regional de la Asociación de Funcionarios de la Secretaría Regional Ministerial de Desarrollo Social y Familia (ASOFUMI) de Atacama, citó a los medios de comunicación a un punto de prensa en el frontis de la Delegación Presidencial  Regional de Atacama.

El propósito fue entregar la versión de los funcionarios/as frente a la contingencia referida al Caso Fundaciones y ratificar el apoyo y la defensa irrestricta a todas y todos los funcionarios estén o no afiliados a la Asociación.

La asociación, que representa legítimamente los intereses de sus miembros y agrupa a la mayoría de los funcionarios de la secretaría regional, se ha pronunciado en defensa de todos los funcionarios, sean o no miembros de ASOFUMI, que prestan servicios en ella en cualquier calidad jurídica.

Investigaciones en curso

ASOFUMI Atacama destaca que tres procesos de investigación están en curso. En primer lugar, se está llevando a cabo un sumario administrativo interno por parte de la fiscalía del Ministerio de Desarrollo Social y Familia. En segundo lugar, la Contraloría General de la República ha iniciado una investigación a la que se han entregado voluntariamente todos los antecedentes relacionados con los dos convenios cuestionados. Por último, en respuesta a una denuncia presentada por la senadora Yasna Provoste Campillay, se está llevando a cabo una investigación judicial a cargo de la Fiscalía Regional de Atacama.

Junto con ello, la Asociación ha enfatizado en la importancia de que todos los actos administrativos y las investigaciones se ajusten a la legalidad vigente, ya que esto fortalece la función pública. Asimismo, hacen referencia al Artículo 90 del Estatuto Administrativo, que garantiza el derecho de los funcionarios a ser defendidos y a exigir responsabilidad civil y penal contra aquellos que atenten contra su vida, integridad corporal o los injurien o calumnien en relación con el desempeño de sus funciones.

Respaldo

ASOFUMI Atacama también hizo mención al apoyo y la gestión que brindarán a los funcionarios mediante recursos de reclamación ante la Contraloría Regional, de acuerdo con lo establecido en la Ley 19.296 sobre Asociaciones de Funcionarios, en caso de que sea necesario.

Frente a las múltiples declaraciones y opiniones expresadas en los medios de comunicación, ASOFUMI Atacama aclara que no ha tenido contacto con las personas que las emitieron. Además, enfatizan que los funcionarios de la secretaría no tienen prohibición de expresar sus opiniones y que no están desamparados en los procesos investigativos, los cuales deben seguir los procedimientos legales vigentes. Asimismo, recuerdan que la presunción de inocencia es un derecho de todas las personas involucradas en un proceso de investigación.

La asociación exhorta a todos los involucrados a proporcionar toda la información pertinente y relevante que pueda contribuir a determinar las eventuales responsabilidades. Asimismo, destacan la importancia de la transparencia como un principio fundamental en las circunstancias actuales.

Una nueva reunión de trabajo sostuvieron, el día de ayer, en el marco del proceso de Diálogo Social del Sector Público, el Delegado Presidencial Regional de Atacama, Cristhian Varas Fuentes, su equipo cercano de asesores y la directiva de ANEF Atacama, encabezada por su presidenta Ana Maldonado Concha, quien estuvo acompañada por Hugo Carmona Concha y Renato Leal Soto, tesorero y secretario, respectivamente.

El Protocolo de Relaciones del Sector Público de Atacama es un instrumento de trabajo que fue presentado por ANEF Atacama el 13 de octubre pasado, ratificado reuniones sucesivas el día 02 de noviembre del 2022, el 25 de enero y el 10 de abril de 2023 ante la Delegación Presidencial Regional representada por sucesivas autoridades titulares y subrogante.

Objetivos

En síntesis, el citado protocolo comprende el diseño del Plan de Relaciones Laborales en el Sector Público de Atacama que tiene un horizonte de mediano plazo y el catastro de casos de eventuales malas prácticas laborales, tales como, acoso laboral, acoso sexual y prácticas antisindicales en contra de dirigentes y funcionarias y funcionarios públicos de Atacama, que requiere tramitación sin mayor dilación. 

Durante los meses de abril, mayo y junio las contrapartes técnicas, nombradas por cada una de las partes se abocaron a la tarea de realizar el análisis técnico jurídico tanto del Protocolo de Relaciones Laborales como del catastro de denuncias sistematizadas por ANEF Atacama. El diálogo social inaugurado de forma conjunta, se ha traducido en un trabajo riguroso, técnico, y reservado en el tratamiento de una problemática compleja, como lo es la eventual vulneración de derechos fundamentales por agentes del Estado.

Diagnóstico

El diagnóstico de ANEF Atacama alude a agentes del Estado, jefaturas disfuncionales que están maltratando y acosando a funcionarias y funcionarios. Todos los casos tienen un denominador común. La responsabilidad administrativa recae en jefaturas sin capacidad de gestión de conflictos, sumados a rasgos psicológicos o trastornos de personalidad de quienes ejercen jefaturas de exclusiva confianza, o son parte de las altas jerarquías funcionarias de la respectiva institución, que además muestran escaso manejo y apego al Derecho Administrativo. 

El Delegado Presidencial Regional instruyó a su jefa de gabinete acelerar la resolución de medidas administrativas para descongestionar el alto número de casos de vulneraciones de derechos. Las partes coincidieron en la pertinencia de la aplicación de la Resolución N° 922 de la Contraloría General de la República para casos en que los denunciados son autoridades y altas jerarquías de los respectivos servicios, de modo que sea la Unidad de Protección de Funcionarios del Organo Contralor del Nivel Central, quien sustancie e incoe los procedimientos sancionatorios.

Contacto permanente

Las partes acordaron mantenerse en contacto permanente tanto para ir resolviendo los casos de más fácil resolución, como por aquellos casos que revisten mayor gravedad por la entidad de eventuales ilícitos denunciados, el señor DPR comprometió sus oficios para contar a la brevedad y con urgencia de asesoría del nivel central del Ministerio del Interior.

Consultada Ana Maldonado, respecto de su evaluación del encuentro señaló: “Como presidenta de ANEF Atacama destaco el trabajo de la directiva en su conjunto, solo pedimos que las autoridades cumplan la ley, ajusten con urgencia todos los actos administrativos a la legalidad, se allanen a indagar todas las denuncias con rapidez y sin mayor demora y cuando sea el caso, se repare el daño causado a la víctima, ese es el estandar y eso es lo que nos piden las bases y sus dirigentas y dirigentes en nuestra región”. 

El Consejo Regional de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF) de Ñuble ha emitido un comunicado en el cual lamenta la falta de avance en el proceso de consolidación de la Región de Ñuble, a casi seis años de que la Ley N° 21.033 fuera promulgada y creara oficialmente la región de Ñuble y las provincias de Diguillín, Punilla e Itata.

En la declaración pública, el Consejo Regional de ANEF Ñuble expresa su preocupación por la demora en el desarrollo pleno de la región y la falta de asignación de recursos adecuados para atender las demandas de la ciudadanía. Los funcionarios públicos demandan una dotación adecuada de personal y un presupuesto acorde para hacer frente a las necesidades actuales.

Movilización ascendente

Además, ANEF Ñuble anuncia una serie de acciones con el objetivo de visibilizar su movilización y obtener respuestas por parte de las autoridades. Entre estas acciones se incluye la solicitud de una reunión con autoridades del Gobierno en Santiago, así como el apoyo de la Senadora Loreto Carvajal y del presidente nacional de ANEF, José Pérez Debelli.

Asimismo, se convoca a una jornada de propaganda el jueves 13 de julio, durante la cual las y los trabajadores realizarán actividades en sus servicios públicos, desde las 9 a las 17.30 hrs. Ese mismo día, se ha convenido realizar asambleas o reuniones informativas para las bases, y convocar una reunión para el mediodía, en el frontis de la Delegación Presidencial para realizar un punto de prensa y meeting. La intención es informar a las bases y a la ciudadanía sobre las demandas y objetivos de la movilización.

Brazos caídos

El Consejo Regional de ANEF Ñuble también anuncia una movilización de brazos caídos los días 18 y 19 de julio, en la cual no se atenderá al público ni se realizarán actividades de trabajo. Esta medida busca demostrar la seriedad y unidad en la búsqueda de soluciones para la consolidación de la administración pública de la región de Ñuble. En el mediodía de ambas jornadas, se realizarán acciones de protesta y difusión.

El Consejo Regional de ANEF Ñuble hace un llamado a la participación activa de los funcionarios públicos de la región y a la difusión de estas acciones, destacando que estas mejoras son fundamentales para brindar un mejor servicio a la ciudadanía.