El pasado 10 de enero, la ANEF Regional Coquimbo llevó a cabo la firma del protocolo sobre Buenas Prácticas Laborales en el Estado, con el delegado presidencial de la Región de Coquimbo, Rubén Quezada Gaete. En la oportunidad, estuvo presente como garante el presidente nacional de la ANEF, José Pérez Debelli.

En tanto, este martes 4 de abril se llevó a cabo la primera reunión de instalación de esta mesa, que contó con la participación de la seremi del Trabajo, Claudia Santander, la seremi de Gobierno, Paulina Mora y el delegado presidencial, Rubén Quezada.

En la cita, principalmente se dialogó en torno a cuáles van a ser las modalidades de trabajo de esta instancia. Asimismo, se evaluaron algunos casos específicos de la situación de algunos funcionarios y servicios, cuyo abordaje será prioridad en esta mesa de trabajo.

Conclusiones

Según el presidente de ANEF Coquimbo, Patricio López, una de las conclusiones principales fue la necesidad de aterrizar y difundir el concepto de buenas prácticas laborales. En este sentido, se acordó que en el próximo mes de mayo se realizará una gran capacitación destinada especialmente a las jefaturas, autoridades, seremis, jefes de servicio y mandos medios. Asimismo, se invitará a las y los dirigentes de la región.

López confirmó además la relevancia que tiene esta instancia, donde se espera poder trabajar de forma estrecha con el delegado presidencial como primera autoridad de la región, la seremi de Gobierno y par del Trabajo, en temas que son vitales para las y los funcionarios públicos, como son los climas laborales, y el maltrato y acoso. En este sentido, López señaló que “esta línea directa con las autoridades es extremadamente importante para nosotros desde la perspectiva de la defensa de los derechos funcionarios“.

De acuerdo a información publicada en la página web del Poder Judicial, en las sentencias causas roles 26.112-2022, 26.131-2022, 26.196-2022, 26.279-2022 y 26.301-2022, la Tercera Sala del máximo tribunal, realizó una revisión de la jurisprudencia sobre la materia y ajustó el criterio de las contratas -incluidos los funcionarios del Poder Judicial- y estableció que en las relaciones laborales anuales, bajo los 5 años, no quedan cubierta por la denominada confianza legítima.

El máximo tribunal resolvió así una serie de recursos de protección relacionados con desvinculaciones de trabajadoras y trabajadores públicos que prestaron servicios a contrata en reparticiones del Estado, y estableció que el principio de confianza legítima opera después de 5 años en esta modalidad, por lo que no se configura actuar ilegal o arbitrario si la desvinculación, por razones justificadas, se produce antes del quinquenio.

Contenido del fallo

El fallo plantea que: “Asentado el primer aspecto, vinculado al ejercicio de la facultad de no renovar y poner término anticipado a la vinculación a través de contratas
anuales, resulta imperioso para esta Corte hacer una clara distinción entre aquellas relaciones que han tenido una extensión temporal mayor en el tiempo, toda vez que a
dichas personas, según la jurisprudencia judicial y administrativa, se encuentran protegidas por el principio de confianza legítima”.

La resolución agrega que: “En efecto, el referido principio, aplicado en materia administrativa, busca proteger a los funcionarios de los cambios intempestivos en las decisiones de la Administración, entregando estabilidad a los servidores públicos, impidiendo que a través de aquellos se lesionen derechos”.

“En esta materia, se ha resuelto que tanto la decisión de poner término anticipado a una contrata, como la no renovación de la misma, respecto de personas que se han vinculados con la Administración por un determinado número de años, violenta el principio de la confianza legítima del funcionario que alberga la justa expectativa de terminar el periodo cubierto por su designación y a ser recontratado para el año siguiente, la que, en todo caso, se configura a juicio de ambas jurisdicciones, cuando concurre, como se adelantó, un elemento temporal estabilizador, esto es, que se hubieran producido renovaciones sucesivas”, añade.

“Así –prosigue–, es la determinación del elemento temporal el que cobra relevancia, en tanto es aquel el que determinara las exigencias que puedan imponerse para
terminar el vínculo, pues si la persona que se desempeña en la Administración está protegida por el principio de confianza legítima, aquella solo puede poner término a
esa relación estatutaria por sumario administrativo derivado de una falta que motive su destitución, o por una calificación anual que así lo permita”.

“En efecto, el Estatuto Administrativo establece un procedimiento específico para evaluar el servicio de los funcionarios públicos, que es aplicable a quienes sirvan los
cargos en calidad de planta o a contrata, debiendo la autoridad dejar plasmadas en el proceso de calificación las razones de un eventual mal desempeño que, una vez firme, determina que el funcionario deje de prestar servicios, sin que sea admisible que se utilice la causal de necesidades del servicio para poner término anticipado o no
renovar las designaciones a contrata de personas que se hayan desempeñado por larga data sirviendo el cargo específico, pues aquello, sin duda vulneraría el principio
de confianza legítima”, aclara el fallo.

Para la Sala Constitucional de la Corte Suprema: “(…) entonces, resulta imprescindible establecer desde cuándo la persona que se vincula a través de contratas anuales con la Administración adquiere la confianza legítima respecto que su designación no solo se cumplirá en la anualidad respectiva, sino que, además, será renovado”.

“Periodo prudente”

“Pues bien, en busca de un criterio unificador, esta Corte ha considerado establecer el plazo de cinco años, que se estima es un periodo prudente para que la Administración evalúe íntegramente no solo el desempeño del funcionario sino que, además, estudie la necesidad de seguir contando con el cargo que sirve la persona, por cuanto existe una real necesidad del servicio de contar con una persona que desempeñe las funciones específicas que motivaron la dictación del acto administrativo que determinó el inicio del vínculo con la Administración”, releva.

“Que, como colofón, se concluye que si una persona se encuentra vinculada con la Administración a través de contratas anuales y ha tenido un periodo desempeño por
un tiempo inferior a cinco años, no le asiste el principio de confianza legítima y, en consecuencia, la Administración se encuentra facultada para no renovar el vínculo
estatutario para el periodo siguiente, sin que requiera la dictación de un acto especial al efecto, dado que es el legislador quien dispone que al cumplirse el periodo de
designación esta concluye por el solo ministerio de la ley, al ser inferior a cinco años su vinculación con la Administración y no estar amparado por el principio de confianza legítima. Todo lo cual no adquiere un carácter diverso por el hecho de comunicar expresamente esa determinación por razones de certeza jurídica y deferencia con el funcionario”, explica el máximo tribunal.

“En cambio, en el caso de que la persona se encuentre protegida por el principio de confianza legítima, la Administración solo puede poner término al vínculo estatutario, como se dijo, a través del sistema de calificaciones o sumario administrativo, por lo que, en este caso, carece de toda relevancia hacer un distingo entre término anticipado y no renovación del contrato”, concluye.

En relación al tema, el presidente nacional de ANEF, José Pérez Debelli, enfatizó que: “Las estructuras sindicales deben mantener coordinación permanente con ANEF nacional y territorial a fin de afrontar el tema en su mérito. Es importante revisar tanto el dictamen de confianza legítima emitido por la Contraloría General de la República y la importante conquista sindical de la Tutela de Derechos Fundamentales de 2020. Como ANEF hacemos un llamado a todos y todas a informarse, y a mantener informadas a nuestra ANEF regionales”.

El presidente de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales, José Pérez Debelli, se refirió a través de una columna de opinión en “El Dínamo”, al proyecto de ley que reduce la jornada laboral a 40 horas semanales, celebrando que la iniciativa haya sido recientemente aprobada por unanimidad por la Sala del Senado 21 de marzo. Con ello, el proyecto quedó en condiciones de ser remitido a la Cámara de Diputadas y Diputados para que se pronuncie sobre las modificaciones propuestas en el Senado y que fueron fruto de un acuerdo transversal.

En dicha oportunidad, el presidente del Senado, Juan Antonio Coloma, precisó que “este proyecto es un paso y está pensado básicamente en el grupo privado y en una parte de trabajadores del sector público. Queda pendiente una negociación para incluir al resto de la administración pública, entre ellos los del mundo municipal”.

Precisamente, parte de la argumentación de Pérez Debelli, se centra en que, aunque reconoce que la gradualidad es parte de los acuerdos políticos, espera que una vez que la ley sea aprobada, también sea considerada una extensión para que sea una realidad para cada funcionario público del país, quienes actualmente no contarían con dicha reducción.

Implementación

“Como gremial hace mucho tiempo que venimos acompañando este proceso y es importante saber cómo se irá implementando cuando sea aprobado y entre en vigencia tanto en el sector público como privado. Es por eso que también debemos tener precaución y exponer nuestras observaciones, ya que las alertas desde el punto gremial y sindical, apuntan a que posteriormente esta norma se utilice desde la vereda patronal para aplicar extensiones de horarios disfrazados o que no se reconozcan las horas extraordinarias, el descanso o derecho a la colación, situación que se ha expuesto en muchas instancias“

Agrega que “una vez que se apruebe, debe implementarse como corresponde para que beneficie por igual a los trabajadores y trabajadoras, puesto que hay diversos sectores que trabajan con sistemas de turnos como la DGAC, salud, educación, minería y todo el Estado administrativo, o la misma gente que hace labores en comercio, a los cuales, en diversas ocasiones se les extienden sus jornadas de trabajo“.

Dignidad laboral

El líder gremial también expresa su preocupación por posibles transgresiones a la ley por parte de empleadores, como extensiones de horarios disfrazados o la negación de derechos a las horas extraordinarias, el descanso o la colación. “Lo anterior no es algo generalizado, pero debemos poner ‘ojo’ en estos puntos y abogar porque efectivamente se transforme en una rebaja al horario de trabajo“, enfatiza Pérez Debelli.

En este sentido, el presidente de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales insta a que la implementación de la ley se realice de manera adecuada y no “a la chilena” para evitar transgresiones a la ley y a su espíritu. “La dignidad laboral es un derecho y no un privilegio, por lo que todos debemos hacer un seguimiento público y privado para ir monitoreando la implementación de esta rebaja de jornada para que no sea letra muerta“, agrega.

En conclusión, Pérez Debelli celebra la aprobación del proyecto de ley y espera que se implemente adecuadamente para beneficiar por igual a los trabajadores y trabajadoras públicos y privados, teniendo en cuenta las diferentes adecuaciones que deben hacerse para diferentes trabajos.

Una carta al Ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, exigiendo el pago de la Deuda Histórica entregaron la emblemática Profesora ícono de la Lucha de la Deuda Histórica, Patricia Garzo; junto con la Secretaria Nacional del Colegio de Profesores, Patricia Muñoz y el Presidente del Colegio Metropolitano de Profesoras y Profesores, Mario Aguilar.

Para la Secretaria Nacional del Colegio de Profesores, Patricia Muñoz, “el Ministro de Educación nos ha invisibilizado durante todos estos meses, es terrible lo que están haciendo con las y los profesores jubilados, este Gobierno ofreció la reparación de la Deuda Histórica, dijo que en diciembre 2022 iba a estar listo el proyecto de ley. Esperamos que el Gobierno se ponga la mano en el corazón y se ponga en nuestro lugar”.

La dirigenta agregó “no estamos pidiendo una ayuda, es un derecho que tenemos las y los profesores jubilados de tener un mejor pasar porque la Dictadura nos liquidó el futuro”.

Promesas

Por su parte, Patricia Garzo, una de las líderes de las y los profesores Jubilados de la Deuda Histórica aclaró que cuando hablaron con Boric les prometió “que iba a solucionar el problema,  en especial a las y los colegas con más edad y a los que están postrados o enfermos, la verdad es que nosotras estábamos muy ilusionadas, muy confiadas en que ahora sí se iba a tener una solución definitiva. Sabemos que él quiere hacerlo, pero existen muchas trabas”

La ícono de esta lucha explicó “incluso no pedimos el pago total de la deuda, sino una reparación, por ejemplo, un bono que mejore nuestras pensiones”.

La Encargada del Departamento de Jubilados del Metropolitano, Verónica Zagal, señaló que “esta es una Deuda que tiene el Estado de Chile, los profesores tienen pensiones miserables de 140 mil pesos, en cambio, los grandes líderes de este país ganan millones de pesos. Ellos deben buscar el cómo cancelar esta deuda histórica”. 

Proyecto de ley

Por último, Mario Aguilar, Presidente del Colegio de Profesoras y Profesores Metropolitano, sostuvo que “como gremio le exigimos al Gobierno que cumpla su promesa, señor Ministro y señor Presidente, ustedes prometieron pagar la Deuda Histórica, prometieron enviar un proyecto de ley en diciembre pasado, lo que no se ha cumplido, esperamos que su palabra valga y aún tenemos la expectativa que esto se va a cumplir, es una solución que es de justicia. Así que, a cumplir la palabra que es eso lo que hacen las personas decentes”.

Recordemos que la Deuda Histórica se arrastra hace 43 años, se estima que a la espera de su pago han fallecido aproximadamente 20 mil docentes. Desde hace 17 años todos los jueves un grupo de profesores jubilados se reúnen en la Plaza de la Constitución exigiendo una solución.