Organizaciones sociales y de derechos humanos rechazan agenda policial conjunta del gobierno y oposición
Un conjunto de más de 300 organizaciones sociales y activistas por la defensa de los derechos humanos ha hecho público su rechazo al acuerdo entre el gobierno y la oposición para tramitar una agenda legislativa de seguridad de manera “extra rápida”. En su declaración pública, las organizaciones convocan a resistir los intentos de imponer una agenda centrada en una concepción autoritaria de la seguridad y exigen un cambio de rumbo.
Las autoridades estatales han aprobado en su primer trámite normas que, según las organizaciones, lejos de ir a las raíces profundas de la inseguridad, respaldan la vocación de impunidad de las policías e instituciones del país. Agregan que, en el pasado reciente y durante la revuelta social, estas han impedido la sanción oportuna y proporcional de los delitos perpetrados por agentes estatales, en delitos reconocidos por diversos informes nacionales e internacionales. En este sentido, cabe mencionar que, hasta ahora, se han presentado más de 10.700 denuncias por violencia institucional, incluidas querellas contra el Alto Mando de Carabineros por su responsabilidad en crímenes constitutivos de graves violaciones a los derechos humanos.
Uso de la fuerza
Las organizaciones sociales y de derechos humanos expresaron su preocupación ante la posibilidad de que se “salvaguarde la impunidad de agentes estatales en el uso de la fuerza” y se alejen de los estándares y controles de convencionalidad en materia de derechos humanos. “Resulta inaceptable que la justificación del uso de la fuerza letal dependa del criterio del funcionario que utiliza las armas. Más aún, en circunstancias que Carabineros ha demostrado un total desconocimiento del uso racional y proporcional de la fuerza letal y menos letal, así como de las exigencias que implica el respeto a los derechos humanos”, explican.
Además, alertan sobre los peligros de los discursos de autoridades en contra de los derechos humanos y de quienes los defienden, a través de los cuales se afirma a estos derechos como un obstáculo a la seguridad. También denuncian la invisibilización de las víctimas de la revuelta y la falta de cumplimiento por parte del gobierno de las garantías de no repetición en materia de derechos humanos.
Víctimas de la revuelta
“La invisibilización de las víctimas de la revuelta también ha influido en este escenario. El gobierno no ha sido capaz de cumplir con las garantías de no repetición en materia de derechos humanos, ignorando la importancia de poner el foco de atención en las víctimas de violencia estatal, para que hechos como aquellos nunca más se repitan. Asimismo, el gobierno incumple las obligaciones internacionales al promover estos proyectos de ley y no enfrentar de manera decidida los discursos negacionistas”, denuncian.
La agenda legislativa, agregan, tampoco aborda la crisis estructural de Carabineros diagnosticada hace años. Una problemática que se ha venido manifestando a través de graves delitos de corrupción y malversación de recursos públicos, masivas violaciones a los derechos humanos y participación en redes de abuso sexual, narcotráfico y crimen organizado que los medios de comunicación hegemonizados por la derecha no han visibilizado.
Las organizaciones hacen un llamado a todas las personas defensoras de derechos humanos a que no permitan que se utilice a las fuerzas armadas y policiales para resolver problemas y conflictos de orden político, social y económico mediante la represión y la restricción de las garantías democráticas más básicas. También convocan a tomar todas las medidas que estén a su alcance para denunciar este grave retroceso en materia de derechos humanos.
