Día Mundial de Los Humedales: “En diversas partes de Chile no hay nada que celebrar”

Hoy, miércoles 2 de febrero es el Día Mundial de Los Humedales. La fecha corresponde a la conmemoración de la firma del Convenio de Ramsar, en 1971. La Convención sobre los Humedales de Importancia Internacional de Ramsar es un tratado intergubernamental. El convenio tiene como misión la conservación y el uso racional de los humedales. Chile suscribió a la Convención de Ramsar como Ley de la República en el año 1981.

Pese a ello, en innumerables lugares del país y la región al día de hoy, los humedales se encuentran en constante amenaza, frente a autoridades que muchas veces deciden ignorar la importancia que estos cuerpos de agua tienen para las personas y los ecosistemas.

Es una situación que Karla Linco, del Colectivo Cuenca Sur de Osorno conoce muy bien. La activista osornina es además integrante de la Red Plurinacional de Humedales de Chile. Linco cuenta que a partir del trabajo colectivo entre las organizaciones medioambientales de la zona y el país “hemos detectado que todavía en diversas partes de Chile no hay nada que celebrar”. Específicamente, Osorno, agrega Linco, “se está convirtiendo cada vez más en un símbolo de impunidad para aquellas empresas que destruyen los ecosistemas acuáticos. Así es que los ríos, por ejemplo, que se han venido contaminando por más de 30- 40 años en Osorno, como el río Damas”.

Destrucción de dos humedales el año pasado

Además, agrega que ha existido un daño muy importante a los humedales de la zona. “Tenemos solamente durante el año pasado la destrucción de dos humedales. Que fueron el Humedal Los Sapos y también los trabajos para Humedal Garza Grande, que está en el sector Las Quemas. Esto por la ampliación de los centros urbanísticos, que buscan cualquier espacio y se instalan”.

La activista se refirió además al punto de vista de las organizaciones medioambientales en torno a la reciente controversia entre el alcalde de Osorno, Emeterio Carrillo, y el seremi de Vivienda y Urbanismo de la región de Los Lagos, Jorge Guevara.

Declaraciones cruzadas entre Seremi de Vivienda y alcalde Carrillo

La polémica comenzó cuando el seremi, en entrevista con la Radio Sago, aseguró que el alcalde priorizó los intereses de algunos particulares por sobre la necesidad de reducir el déficit habitacional de la comuna. Que hoy asciende a cerca de 5 mil viviendas. Esto porque, según el seremi, la solicitud de declaratoria de Humedales Urbanos en el sector comprometería al proyecto habitacional de más de 1200 viviendas en el predio Baquedano.

Por su parte, Carrillo contestó a estas declaraciones a través de un comunicado público. El edil señaló que las solicitudes de declaratorias de humedales son una obligación que deben cumplir por normativa legal todos los alcaldes del país. Lo cual no va asociado a la suspensión de la construcción de viviendas. “Sino más bien ésta permite que la ciudad avance conforme un desarrollo territorial armónico al medio ambiente, protegiendo el ecosistema. Pero también ofreciendo una vida útil mucho más larga a esas casas. Pues se obliga a quien construye a cimentarlas en zonas seguras, libres de humedad, y de cualquier otro factor externo que contribuya a su deterioro en el tiempo”.

Además, el jefe comunal aseguró que la superficie informada por el municipio como humedal en la zona de Baquedano alcanza a las 16,8 hectáreas, quedando para construcción de viviendas alrededor de 74 hectáreas.

Desde el mundo del activismo medioambiental, comentó Linco, respaldan las declaraciones del edil. Ya que según la activista medioambiental, comprenden que “la vivienda propia es una necesidad muy grande de nuestro pueblo (…) nosotros lo que creemos es que es totalmente compatible la existencia de viviendas con la presencia de humedales”.

Esto, siempre y cuando, advirtió, se tomen los resguardos necesarios para proteger a estos cuerpos de agua. Se debe “resguardar que los humedales tengan recarga de sus acuíferos. Es decir, que no se cemente tanto en los espacios cercanos al humedal, por ejemplo”, señaló Linco.

Ningún humedal urbano declarado en Osorno

Ahora, respecto a la gestión del alcalde en general, Linco señaló que celebran la preocupación del municipio por ingresar sus propias declaraciones de humedal urbano. No obstante, algo que lamentan es que hasta el día de hoy no existe ninguna declaratoria oficial de humedal urbano en la comuna. Ya que ninguno de los más de 22 humedales que las organizaciones medioambientales han individualizado se encuentra reconocido por el Ministerio de Medio Ambiente.

En este sentido, desde Cuenca Sur reconocen que existe una intención de que se declaren humedales urbanos. Sin embargo, ven con preocupación el hecho de que “igual tenemos el arrase y la destrucción de humedales”. La situación, asegura Linco, denota negligencias, tal vez intencionales, por parte del municipio.

No basta sólo con ingresar la declaratoria de humedal urbano para resguardar este cuerpo de agua. Lo que debería suceder, según la activista, es que el municipio oficie al particular, indicándole que se trabajará en su predio, para que el humedal que se encuentra en el, se convierta en un humedal urbano. “Y el particular tiene que entender que desde ese momento ya está imposibilitado de realizar cualquier acción dentro de ese humedal. Es decir, no rellenarlo, no drenarlo, no cortarlo, no dividirlo”, enfatizó Linco.

¿Que perdemos al destruir los humedales?

En cuanto a lo que significa la pérdida de los humedales para las personas y el planeta, es un tema que desde el Convenio Ramsar han tratado en numerosas ocasiones. Como han comentado desde la organización, la pérdida de los humedales significa que los habitantes de ese territorio se enfrenten a la escasez hídrica, y que queden expuestos a inundaciones y sucesos climáticos extremos. Sobre lo mismo, la destrucción de estos cuerpos de agua trae consigo la pérdida de diversos medios de subsistencia y bienestar y la inseguridad alimentaria

Mientras que para el planeta y los ecosistemas, algunas de las consecuencias son la pérdida de la filtración natural de agua dulce, la disminución de la biodiversidad y el aumento de las emisiones de carbono y metano.

Redacción: Manuela Barrueto

Informe final de Contraloría confirma entrega de cajas de ayuda a personas fallecidas en municipios de la región

El informe final respecto a la auditoría realizada al programa “Alimentos para Chile”, fue emitido por Contraloría el 28 de diciembre del 2021. El documento da cuenta de una serie de irregularidades en el desarrollo de este programa, entre los meses de mayo y diciembre de 2020. La ejecución de este programa estuvo a cargo del entonces Intendente Harry Jürgensen, quien hoy se desempeña como constituyente por el distrito 25.

Contraloría descubrió que la iniciativa “Alimentos para Chile” contempló la entrega de cajas de alimentos a personas fallecidas. En una primera entrega, existieron 127 beneficiarios fallecidos, mientras que en la segunda fueron 109 los beneficiarios que se encontraban fallecidos, todos ellos con fecha de defunción anterior al mes de entrega de las cajas de alimentos y artículos de aseo.

Cajas de ayuda para fallecidos

Castro Futaleufú, Fresia, Llanquihue y Puerto Varas, son algunos de los municipios que, según este informe, entregaron cajas de ayuda a fallecidos. Vulnerando de esta forma el protocolo existente, que indica que los beneficiarios deben firmar a la hora de recibir las cajas, lo cual no puede haber sucedido.

Diferencias entre registros de bodega y órdenes de compra

Por otro lado, desde Contraloría se advirtió en los documentos de controles de bodega una diferencia de 5.872 cajas entre lo registrado en bodega y las órdenes de compra, respecto de las provincias de Osorno, Llanquihue y Palena. Además, se comprobó, respecto de 19 municipios, diferencias entre las cajas entregadas a estas municipalidades y el registro en torno a ello proporcionado por la Intendencia Regional.

En adición a ello, se comprobó que 9 municipios de la región entregaron más de una caja por persona, contrario a lo establecido por el protocolo. Esta situación ocurrió en 487 casos en la primera entrega de cajas y en 356 casos en la segunda entrega.

Plazo de 60 días hábiles

El informe del órgano fiscalizador entregó un plazo de 60 días hábiles para que la Delegación Presidencial Regional oficie a los alcaldes involucrados. Además, los responsables deberán justificar y documentar todas aquellas irregularidades encontradas.

Redacción: Manuela Barrueto

Fotografías: Intendencia Los Lagos

Condenan a 15 años y un día a femicida de Isla Caguach

En la tarde de ayer y de forma telemática, la magistrada Loreto Yáñez Sepúlveda dio lectura a la sentencia que, en fallo dividido, condenó al imputado Carlos Iván Vivar Vivar a cumplir una pena de 15 años y un dia por el femicidio contra su ex-conviviente.

El asesinato, como el tribunal acreditó más allá de toda duda razonable, ocurrió en la madrugada del del 19 de diciembre de 2019. Cuando el imputado acudió hasta el domicilio de su ex conviviente. Allí la golpeó en su rostro, pecho, brazos, piernas y zona abdominal para finalmente estrangularla causándole la muerte por asfixia. Luego huyó, dejando a Mónica Mansilla sobre su cama, tapada con un cobertor.

Femicida fue absuelto previamente

Mónica Mansilla tenía apenas 54 años al momento de su muerte, y era madre de 3 hijos mayores de edad. Además, la mujer mantuvo una relación de convivencia con Carlos Vivar por 17 años. Pese a todas estas circunstancias, en un principio se decidió absolver al sentenciado por este crimen, el 15 de septiembre del 2021. Esto porque, según se mencionó en el veredicto ese entonces, la investigación llevada a cabo por la PDI presentó “serias deficiencias y debilidades.”

La sentencia de absolución se anuló más tarde, el 15 de noviembre de ese mismo año. Al ser acogido el recurso de nulidad de la sentencia presentado por la Fiscalía, el Servicio Nacional de La Mujer y Equidad de Género, y los abogados de los dos hijos de la víctima. Ya que se consideró que la sentencia “no analizaba toda la prueba rendida”. No considerando, en particular, las declaraciones de todos los testigos.

Juicio debió desestimar pruebas ilícitas

Finalmente, el nuevo juicio oral en contra del femicida se llevó a cabo entre el 11 y el 19 de enero de 2022. Este nuevo proceso debió desestimar las pruebas obtenidas con infracciones a las garantías fundamentales del acusado. Ya que la policía ingresó dos veces a la propiedad privada del sentenciado sin contar con una orden judicial. Por este motivo, las evidencias obtenidas en dichas diligencias no fueron valoradas por el tribunal.

A pesar de esta medida, el magistrado Rojas Mundaca, decidió en esta oportunidad apoyar una sentencia absolutoria para Carlos Vivar, al “compartir lo expresado por los jueces de mayoría en torno a la exclusión de los elementos de juicio incorporados en el desarrollo de la audiencia de juicio oral, obtenidos con vulneración de garantías fundamentales. Y con ello, a la justificación que se expresa también respecto a la imposibilidad de condenar a un justiciable con prueba ilícita”.

Redacción: Manuela Barrueto

Fotografías: Justicia Para Mónica Mansilla

Abofem está a 1000 firmas de instalar la perspectiva de género en la administración de justicia en la discusión constitucional

A horas de cumplirse el plazo para firmar por iniciativas populares de norma para que se discutan en la nueva Constitución, son 66 las iniciativas que ya llegaron a la meta de las 15 mil firmas, mientras que ayer eran 55.

Para quienes aún no han firmado los 7 apoyos disponibles para cada ciudadano mayor de 16 años, existen 10 iniciativas que se encuentran actualmente entre los 10 mil y 15 mil apoyos. Es decir, que son más factibles de obtener las 15 mil firmas necesarias antes de las 23:59 horas de hoy. En este sentido una gran herramienta para corroborar el estado de los apoyos para las iniciativas es una creación del experto en visualización de datos, Ernesto Laval. Es posible acceder a ella en el siguiente link.

Fundada por la convencional Bárbara Sepúlveda

Una de las iniciativas populares de norma que se encuentra muy cerca de conseguir las 15 mil firmas es una propuesta de la Asociación de Abogadas Feministas de Chile (Abofem). Organización que desde hace 4 años trabaja por garantizar el acceso efectivo a la justicia desde una perspectiva de género. Un grupo de abogadas de la Universidad de Chile, entre ellas, su primera directora y hoy convencional por el distrito 9, Bárbara Sepúlveda, fueron quienes crearon la organización en 2018.

“(Quienes) operan el sistema de justicia terminan negándole el acceso de justicia a las víctimas”)

Danitza Pérez es directora ejecutiva de este grupo de abogadas voluntarias. La activista feminista cuenta que la norma recoge tanto su experiencia a lo largo de la historia de la organización como en su ejercicio particular. “Constantemente nos hemos ido encontrando con los mismos problemas. Que tienen que ver con como a través de los roles y los prejuicios las personas que operan desde el sistema de justicia terminan negándole el acceso de justicia a las víctimas. Omitiendo cuestiones tan importantes como la reparación del daño causado”.

Para remediar esta situación, desde Abofem proponen incorporar un mandato transversal para incorporar una perspectiva de género y derechos humanos. Buscando que este mandato aplique para todos los operadores de justicia y quienes participan en la administración de justicia. Este es uno de los aspectos más importantes de la iniciativa popular de norma que se encuentran impulsando como organización, bajo el nombre “Género y Justicia”.

Menos revictimización

Una perspectiva de género implicaría que la forma en que las mujeres se relacionen con la administración de justicia sea menos revictimizante. Además, contribuiría a mejorar el trato que se le da a las mujeres víctimas de algún hecho de violencia cuando se acercan a denunciar. Evitando que, por ejemplo, que las víctimas sean cuestionadas o que se les pregunte por la vestimenta que usaban cuando fueron agredidas, entre otras situaciones.

Estos hechos, agrega la abogada, no sólo se replican en los policías encargados de recibir las denuncias. Sino también, en la forma en que el personal de salud encargado de realizar pericias u exámenes trata a las víctimas de violencia sexual o de género. Así como también, los consejeros técnicos en los Tribunales de Familia, los jueces y juezas, y los abogados/as que tramitan este tipo de juicios. Ya que estos últimos “echan mano, muchas veces, a argumentos sexistas para poder defender una posición”.

Todas ellas son diferentes tipos de discriminación hacia las víctimas. Situaciones que cambiarían, en la medida en que se contara con una perspectiva de género en la totalidad del sistema de justicia, asegura Pérez.

Capacitaciones de género y fiscalizaciones de cumplimiento

La norma tiene un segundo eje que es central, y que se relaciona con medidas preventivas que respondan a cómo incorporar esto desde la formación inicial de los distintos profesionales que participan del sistema. Así como la capacitación constante y obligatoria para quienes ya se encuentran dentro de los sistemas de justicia. A ello se agregan mecanismos de fiscalización en caso de que un funcionario o funcionaria vulnere esta garantía.

Redacción: Manuela Barrueto

Fotografías: Abofem

Iniciativa Popular de Norma busca asegurar el derecho de personas en el espectro autista a recibir terapia 

A menos de un día de que finalice el plazo para firmar por Iniciativas Populares de Norma, que tuvieron tiempo de ingresar hasta el día 20 de enero, la propuesta titulada “Derecho de toda persona autista a recibir terapias. El estado debe de garantizar su acceso continuo en el sector público y privado” ha alcanzado más de 17 mil votos de la ciudadanía. Y de esta forma, ha ingresando a la discusión en la Convención Constitucional.

    La iniciativa, presentada por la Fundación TE Amo Más, tiene como objetivo garantizar el acceso a la salud de las personas autistas sin exclusión ni discriminación alguna. Asegurando la continuidad de las terapias y una atención oportuna. Así también, propone la creación de centros especiales para realizar terapias de habilitación, pudiendo  firmar convenios con instituciones de salud privada que estén previamente acreditadas por la autoridad competente. 

¿Qué es el TEA? 

    A partir de lo señalado en el estudio de Estimación de la prevalencia de trastorno del Espectro Autista en población urbana chilena, los Trastornos del Espectro Autista (TEA) son un grupo de alteraciones clínicas que incluyen deficiencias persistentes en la comunicación e interacción social en diversos contextos, además de patrones restrictivos y repetitivos de comportamiento que causan dificultades significativas en el desarrollo de la vida social, laboral y otras áreas importantes. 

    La investigación, publicada el 2021 por la Revista Chilena de Pediatría, concluye que profesionales diagnostican a 1 de cada 51 niños, entre 18 y 30 meses de edad, como dentro del espectro autista en el país. 

Falta de recursos especializados 

    A pesar de que existen centros de atención para niños y niñas con trastorno del espectro autista (TEA), todos se encuentran dentro del sistema privado. Y no tienen convenio con Fonasa. Así lo señala Sarai Soto, madre de Gael, menor de 3 años que obtuvo un diagnostico reciente de TEA. 

“Todo lo hicimos particular, porque en el sistema público hay opciones, pero no son rápidas. Es complicado también ver donde tratarlo, porque las terapias generalmente de los niños con TEA son con fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional y en algunos casos, psicólogo o psiquiatra”, explica Sarai. 

Por otra parte, las opciones que entrega el sistema público no son efectivas para este tratamiento, pues las atenciones no se realizan de forma continua. “Las horas son muy aisladas, se demoran como un mes para que lo atiendan una vez y así, entonces son muy prolongados los periodos entre una atención y otra, y eso a los niños no les sirve”, la madre de Gael agrega que “lo ideal es que lo atiendan una vez a la semana, eso el sistema público no lo tiene contemplado”.

Proyecto de Ley 

Desde junio del 2021 existe un proyecto de ley sobre atención, protección e inclusión para las personas en el espectro autista y condiciones del neurodesarrollo similares. Proyecto que aún duerme en el Congreso. 

    Este proyecto de ley tiene objetivos similares a la Iniciativa Popular presentada. Ya que se enfoca en la visibilización e inclusión de las personas autistas en el acceso a la salud, la educación, ofertas laborales y actividades socioculturales. Sin embargo, aún no ha entrado en discusión, siendo este uno de los argumentos para que la propuesta popular sea parte de la Constitución. 

“Yo firme esta causa, porque me parece super importante, al final se les está quitando un derecho a los niños con TEA, el derecho a la salud, física y mental, se les está quitando a los niños la posibilidad de integrarse a la sociedad”, declara Sarai al respecto.

¿Qué piensa la ciudadanía? 

Francisca Rubio (25 años):

    Estoy de acuerdo con que se trabaje en torno a las personas con espectro autista, o que no cumplen con la neurotipicidad. Estoy muy de acuerdo con que haya un derecho fundamental que les proteja. Y, considerando también, que estas infancias que algunas ahora son adultas, son olvidadas. O han tenido que pasar por educaciones, por procesos súper estandarizados porque no contemplan sus propios derechos ni sus propias necesidades. 

Patricia Castillo (22 años):

    Yo creo que es súper necesario que las personas el espectro autista, personas neurodivergentes en general, estén incluidos en la constitución. Porque están muy poco representados en decretos, normas, leyes. De hecho creo que todavía no existe una ley del autismo, solo existe una que apunta al acceso laboral para personas en el espectro. Por lo que creo que si los incluyen en la constitución esto va a ser la pauta para hacer más leyes o para hacer cosas legales que los puedan representar, favorecer el acceso a recreación, educación. Creo que es un súper buen paso que los incluyan en la constitución. 

Cristián Vidal (38 años):

Me encuentro cien por ciento a favor de que se tomen todas las medidas posibles en cuanto al acceso que deberían tener estas personas, debería ser equitativo para todos. Al final, son necesidades básicas que el Estado tiene que asegurar sin diferenciación.

Redacción: Vanesa Vidal