Abofem está a 1000 firmas de instalar la perspectiva de género en la administración de justicia en la discusión constitucional
A horas de cumplirse el plazo para firmar por iniciativas populares de norma para que se discutan en la nueva Constitución, son 66 las iniciativas que ya llegaron a la meta de las 15 mil firmas, mientras que ayer eran 55.
Para quienes aún no han firmado los 7 apoyos disponibles para cada ciudadano mayor de 16 años, existen 10 iniciativas que se encuentran actualmente entre los 10 mil y 15 mil apoyos. Es decir, que son más factibles de obtener las 15 mil firmas necesarias antes de las 23:59 horas de hoy. En este sentido una gran herramienta para corroborar el estado de los apoyos para las iniciativas es una creación del experto en visualización de datos, Ernesto Laval. Es posible acceder a ella en el siguiente link.
Fundada por la convencional Bárbara Sepúlveda
Una de las iniciativas populares de norma que se encuentra muy cerca de conseguir las 15 mil firmas es una propuesta de la Asociación de Abogadas Feministas de Chile (Abofem). Organización que desde hace 4 años trabaja por garantizar el acceso efectivo a la justicia desde una perspectiva de género. Un grupo de abogadas de la Universidad de Chile, entre ellas, su primera directora y hoy convencional por el distrito 9, Bárbara Sepúlveda, fueron quienes crearon la organización en 2018.
“(Quienes) operan el sistema de justicia terminan negándole el acceso de justicia a las víctimas”)
Danitza Pérez es directora ejecutiva de este grupo de abogadas voluntarias. La activista feminista cuenta que la norma recoge tanto su experiencia a lo largo de la historia de la organización como en su ejercicio particular. “Constantemente nos hemos ido encontrando con los mismos problemas. Que tienen que ver con como a través de los roles y los prejuicios las personas que operan desde el sistema de justicia terminan negándole el acceso de justicia a las víctimas. Omitiendo cuestiones tan importantes como la reparación del daño causado”.
Para remediar esta situación, desde Abofem proponen incorporar un mandato transversal para incorporar una perspectiva de género y derechos humanos. Buscando que este mandato aplique para todos los operadores de justicia y quienes participan en la administración de justicia. Este es uno de los aspectos más importantes de la iniciativa popular de norma que se encuentran impulsando como organización, bajo el nombre “Género y Justicia”.
Menos revictimización
Una perspectiva de género implicaría que la forma en que las mujeres se relacionen con la administración de justicia sea menos revictimizante. Además, contribuiría a mejorar el trato que se le da a las mujeres víctimas de algún hecho de violencia cuando se acercan a denunciar. Evitando que, por ejemplo, que las víctimas sean cuestionadas o que se les pregunte por la vestimenta que usaban cuando fueron agredidas, entre otras situaciones.
Estos hechos, agrega la abogada, no sólo se replican en los policías encargados de recibir las denuncias. Sino también, en la forma en que el personal de salud encargado de realizar pericias u exámenes trata a las víctimas de violencia sexual o de género. Así como también, los consejeros técnicos en los Tribunales de Familia, los jueces y juezas, y los abogados/as que tramitan este tipo de juicios. Ya que estos últimos “echan mano, muchas veces, a argumentos sexistas para poder defender una posición”.
Todas ellas son diferentes tipos de discriminación hacia las víctimas. Situaciones que cambiarían, en la medida en que se contara con una perspectiva de género en la totalidad del sistema de justicia, asegura Pérez.
Capacitaciones de género y fiscalizaciones de cumplimiento
La norma tiene un segundo eje que es central, y que se relaciona con medidas preventivas que respondan a cómo incorporar esto desde la formación inicial de los distintos profesionales que participan del sistema. Así como la capacitación constante y obligatoria para quienes ya se encuentran dentro de los sistemas de justicia. A ello se agregan mecanismos de fiscalización en caso de que un funcionario o funcionaria vulnere esta garantía.
Redacción: Manuela Barrueto
Fotografías: Abofem