En el marco de las actividades participativas en cada una de las regiones del país que ANEF Nacional realiza junto a la Subdere para fomentar la participación e injerencia de los trabajadores/as públicos en el proceso de traspaso de competencias, este martes 22 de octubre en la ciudad de Talca, Región del Maule, el Consejo Regional de la ANEF fue la sede de este taller.

La instancia contó con la presencia de dirigentes de las diferentes asociaciones de ANEF Maule, el delegado presidencial regional, Humberto Aqueveque, y el presidente nacional de ANEF, José Pérez Debelli.

Evaluación

En este contexto, según explicó la presidenta de ANEF Maule, Paola Berríos Ramírez, se logró conocer más acerca del traspaso de competencias desde el Nivel Central hacia los Gobiernos Regionales, y cómo afectará a los trabajadores/as públicos. Asimismo, se pudo plantear la opinión desde el territorio del proceso, y las dificultades, aprehensiones, y también la mirada de las y los trabajadores organizados, buscando garantías de que este proceso sea respetuoso del trabajo decente y la defensa de la política pública.

Berríos además comentó: “Damos las gracias a cada uno de los dirigentes que estuvieron presentes en este taller y conversatorio, y también a la visita de nuestro presidente a la región, que nos permite estar más en contacto con las bases regionales y conocer de primera fuente la agenda sindical, en la que esperamos como territorios estén bien representados”

Este lunes,  académicos de la Universidad Austral de Chile y diversas instituciones regionales de derechos humanos de la Región de Los Lagos realizaron un amplio llamado a restaurar el presupuesto estatal de organizaciones dedicadas a la defensa y promoción de los Derechos Humanos en el erario fiscal para el 2023. 

En este comunicado público destacaron su preocupación por la tendencia del debate político a reducir la promoción de los DDHH, así como la construcción de una memoria sobre la violencia de nuestro pasado reciente a un sector específico del espectro político de nuestro país.

Patrimonio

Así también lo confirmó el académico Jaime Fontbona, Director de la Escuela de Psicología UACH sede Puerto Montt, quien señaló que “hay una agenda política de tratar de reducir los Derechos Humanos a simplemente un interés de un grupo político, cuando en realidad es un patrimonio de derechos civiles que nosotros tenemos para ayudar a desarrollar a las personas y a las instituciones, además de mejorar nuestra democracia”

Por su parte, Javier Schmidt, en representación de la ONG Comunidad Vínculos hizo hincapié en que parte de la importante labor que realizan estas instituciones es dar garantías de no repetición.

“Sin memoria, las sociedades aumentan la posibilidad de repetir hechos tan atroces como los vividos en dictadura cívico-militar, o posteriormente también en democracia. Por lo tanto, hacemos un llamado al Gobierno y al Senado para que garanticen el financiamiento de instituciones de Derechos Humanos y espacios de memoria tanto de la sociedad civil como del propio Estado, que tiene que ver con las garantías de no repetición que hemos adquirido como sociedad”, aseguró Schmidt.

Problemática social y comunitaria

Por su parte, Miguel Maldonado, presidente del Movimiento Organizado de Gays, Lesbianas, Trans y Heterosexuales (MOGALETH), recordó que los grupos que se verán más afectados por esta decisión son también los más vulnerables.

“Es lamentable que se siga postergando lo importante y precarizando los sistemas de protección como los Derechos Humanos. Al final del día quienes pagamos las consecuencias somos los grupos que estamos más expuestos a la vulneración del sistema. Así que esta precarización y reducción del presupuesto al contexto de Derechos Humanos finalmente significa una problemática social y comunitaria a aquellos grupos que constantemente requerimos de estos sistemas de protección”, explicó el activista

Cabe recordar que diversas personalidades de algunos sectores políticos incluso han celebrado la decisión de la Cámara de Diputados de rechazar la partida de Presupuesto que contenía los recursos al Instituto Nacional de Derechos Humanos, entre otras instituciones dedicadas al tema.

Con votos DC

Además, la votación en contra de estas partidas contó con el apoyo de miembros de Chile Vamos y el Partido Republicano, a quienes se sumó la Democracia Cristiana, algo que más tarde el partido de centro calificó como un “error”, asegurando que pedirán su reposición en el Senado.

Por otro lado, la Cámara Baja también rechazó los recursos para personal y asesorías comunicacionales de la Secretaría General de Gobierno (Segegob), entidad que lleva las vocerías del Ejecutivo. Además, se dejó sin recursos a la Junta Nacional de Jardines Infantiles (Junji), la Corporación Nacional Forestal (Conaf) y el Servicio del Patrimonio. Ahora la discusión del Presupuesto 2023 pasa al Senado, sin embargo, deberá volver a la Cámara Baja para su tercer trámite. 

Su preocupación manifestó el Consejo Regional de ANEF de la Región de Los Lagos en torno a las al menos cinco denuncias por maltrato o acoso laboral contra autoridades del actual Gobierno a tan solo ocho meses de su implementación. Dos de estas acusaciones apuntan directamente a Secretarias Regionales ministeriales que forman parte del Gabinete Regional.

Tal como señaló la presidenta de ANEF Los Lagos, la situación es completamente contraria a lo que ha señalado el Presidente Boric en torno al trabajo decente, y a ser el Gobierno “de las y los trabajadores”.

Las denuncias en la región en concreto emergen en contra del director del Laboratorio de Vialidad del Ministerio de Obras Públicas, Jorge Loncomilla, la directora regional subrogante del Servicio Mejor Niñez, Yohana Vargas, el director regional del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), Sergio Zuloaga, la seremi de Energía, Liliana Alarcón, y la seremi de la Mujer, Macarena Gré.

Contradicciones

Esta última denuncia es una de las más complejas, según señaló Espinoza, ya que afecta a un equipo que es tan solo de 3 o 4 personas. Así como también porque, tal cómo ANEF Los Lagos le planteó a la misma seremi de la Mujer, una de las principales misiones de esta cartera es la erradicación de toda forma de maltrato.

Todas estas denuncias, con un énfasis especial en las que atañen a ambas seremis, ya están en conocimiento de la delegada presidencial regional, Giovanna Moreira. Así lo explicó la presidenta regional de ANEF, quien explicó que “cada una de estas denuncias las hemos conversado con la delegada regional, y esperamos que se tomen medidas desde la región. Ya sea para nombrar autoridades o para impulsar los procesos de investigación a través de sumarios. Y que en definitiva se realicen dichos sumarios y no se tomen vías alternativas, porque es un muy mal precedente para lo que pueda suceder”.

Declaraciones

Por otro lado, la dirigenta se refirió a las declaraciones del senador Fidel Espinoza en torno a la renuncia de la delegada presidencial provincial de Chiloé, Mariela Núñez. En especifico, el senador se refirió a la situación a través de un comunicado público donde señalaba que “le hicieron la vida imposible desde dentro de su propio partido, la hostigaron y la cansaron con acusaciones de todo tipo. Una funcionaria que estaba haciendo un gran trabajo con todos los sectores en terreno, incluso, hasta sábados y domingos. Ahora, dejan a los flojos, y sacan a una persona que estaba haciendo bien la pega. Simplemente, a pesar de las palabras bonitas, el Gobierno no le dio el respaldo requerido”.

Frente a ello, y considerando que la discusión del Convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que busca precisamente erradicar el acoso y la violencia en el trabajo, pasa ahora al Senado, la presidenta regional de ANEF manifestó su profunda preocupación ante las declaraciones del senador Espinoza.

“Es enlodar la función pública”

La presidenta de la ANEF Los Lagos explicó que al haber hecho públicas las acusaciones de maltrato laboral contra Núñez, “nos parece que más allá de la cercanía que el senador pueda tener con la ex delegada, señalar tan ligeramente que los trabajadores públicos son flojos o que no realizan su trabajo, o que presentan muchas licencias médicas, nos parece que es enlodar la función pública”.

Y continuó asegurando que “nos parece que, en definitiva, una persona que tiene que discutir y aprobar el Convenio 190 de la OIT con estas declaraciones nos preocupa, me gustaría saber cuál es su opinión respecto al punto preciso del Convenio 190 que aborda la conciliación del trabajo remunerado con la vida familiar. Es preocupante que un senador de la República frente a lo que pudiera ser la salida de una autoridad, enlode a los trabajadores y trabajadoras públicas. Por lo demás, el mismo es trabajador público. Lo senadores también son trabajadores públicos por lo cual también aquello nos llama la atención”.

Estabilidad en el empleo

Finalmente, Espinoza explicó que “nosotros lo que estamos observando es que el maltrato laboral, el acoso laboral y sexual son situaciones que a los trabajadores les cuesta mucho denunciar porque en el Estado chileno aún no existe un principio que permita resguardar la estabilidad en el empleo. Frente a las denuncias, la respuesta del Estado es el despido. Por lo cual no es algo que se tome ligeramente. Por eso, le invitamos al senador Espinoza a conocer como es el procedimiento, a ver que es lo que ha sucedido con las personas que han denunciado”.