El recién elegido consejero del Partido Republicano en la Región de Antofagasta, Carlos Solar Barrios, enfrenta denuncias por acoso sexual en redes sociales. Según reporta El Diario de Antofagasta, tras su victoria en las elecciones, varias denuncias en su contra comenzaron a circular en Instagram, principalmente de exalumnas que realizaron sus internados bajo su tutela como médico.

Una de las denunciantes es la doctora Susana Fernández, quien relató un episodio en el que Solar la tocó inapropiadamente mientras revisaba el historial médico de una paciente. Fernández también relató haber visto al médico acariciar a otra paciente de manera inapropiada.

Conocido en el ambiente universitario

Otra exalumna, que pidió mantener su identidad en reserva, afirmó que denunció directamente a Solar ante la jefatura de carrera de Medicina por acoso sexual, pero su acusación no fue tomada en cuenta. Según relatan, los acercamientos inapropiados de algunos médicos hacia internas de medicina era un tema conocido entre los estudiantes, quienes se las arreglaban para evitar quedar a solas con algunos profesionales.

La doctora Fernández explicó que no sabía que Solar postulaba al cargo de consejero constitucional y que no publicó un recordatorio de lo sucedido en redes sociales cuando el médico era candidato. Sin embargo, espera que con la masificación de su testimonio otras mujeres no vuelvan a vivir lo mismo.

“Es importante hablar de estas cosas. Yo sé que él ya salió electo y va a estar ahí escribiendo esta Carta Magna. Creo que cuando hay democracia así tiene que ser, pero ojalá que más personas no tengan que vivir lo que mi compañera, pacientes y yo vivimos con esta persona, porque hasta donde yo sé también pasó en otros contextos”, sostuvo.

Hasta el momento, el consejero constitucional electo no ha emitido comentarios públicos sobre las denuncias de acoso sexual en su contra.

El Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) ha interpuesto un recurso de amparo en favor de 50 reclusos adultos mayores del Centro Penitenciario Santiago Sur, debido a las terribles condiciones en las que estos reclusos cumplen su pena. El INDH visitó el penal en abril de este año y pudo constatar que el módulo en el que residen los reclusos no cuenta con las condiciones básicas de habitabilidad necesarias.

Hacinamiento y riesgos sanitarios

Según el recurso presentado por la institución, las celdas en las que se encuentran los reclusos están superpobladas, con doce camas dispuestas en dos pisos, lo que provoca un evidente problema de hacinamiento y acceso. Además, cada celda cuenta con una escalera artesanal de madera hecha por los internos, que no cuenta con manillas ni sujetadores, aumentando el riesgo de caídas y golpes, especialmente para aquellos que por su avanzada edad tienen una movilidad más reducida.

Según el recurso, “cada celda existe una escalera de madera hecha artesanalmente por los internos, con el fin de que aquellos que duermen en el segundo piso puedan acceder a sus camas. Dichas escaleras no cuentan con manillas ni sujetadores, aumentando el riesgo de caídas y golpes quienes por su avanzada edad cuentan con una movilidad más reducida, y con dificultades para mantener el equilibrio en las circunstancias ya descritas”,

El recurso también denuncia la presencia de un desagüe abierto al lado de las celdas, donde se ubica la cocina y los baños, que contiene orina y fecas, generando cuadros de diarrea e infecciones estomacales en los reclusos y no cuenta con una reja protectora. Además, se ha informado de plagas de ratones y chinches presentes en el módulo, y los reclusos han denunciado haber sido mordidos por los roedores, situación que pone en peligro su salud.

Garantías fundamentales

El INDH, citando las diversas disposiciones del derecho internacional, acusa que las condiciones en que cumplen su pena los reclusos constituyen una clara vulneración a sus garantías fundamentales, especialmente en el caso de internos compuestos por personas mayores, que por sus condiciones físicas y de salud requieren una especial protección por parte del Estado.

Ante esta denuncia, el INDH ha oficiado a Gendarmería y ha exigido la visita de un juez de garantía para verificar la situación. Además, se ha solicitado llevar a cabo el control de plagas correspondiente, así como resguardar las condiciones mínimas de los servicios de higiene y reparar el desagüe del módulo.

La ministra de la Salud, Ximena Aguilera, anunció que las isapres del país deberán devolver 1,1 billones de pesos por excedentes a sus afiliados tras un fallo de la Corte Suprema. Según la ministra, esto equivale a 725 mil contratos equivalentes a 1.400 millones de dólares.

Las isapres deberán hacer la devolución a través de un plan de pago que deberá ser presentado ante una comisión de expertos, quienes tendrán un plazo de al menos seis meses para evaluarlo. La ministra proyecta que los pagos de la ley corta de isapres entrarán en efecto en alrededor de 18 a 24 meses.

El proyecto de ley corta de isapres se tramitará nuevamente en el Congreso la próxima semana. Las isapres comenzarán a comparecer ante la Comisión de Salud del Senado para plantear sus propuestas de cómo, en qué sistema, de qué manera y cuántos montos van a devolver de estos recursos.

La ministra de Salud manifestó que “el primer beneficio que van a tener las personas a las cuales se les ha hecho cobro en exceso, es que una vez publicada la ley y publicada la circular que el superintendente tendría un mes para publicarla, a esas personas se les va a dejar de cobrar en exceso, o sea van a tener una rebaja inmediata de su cotización, y esa rebaja es un promedio de 50 mil pesos mensuales para ese conjunto de contratos“.

Montos

Según la Superintendencia de Salud, las isapres deben restituir lo siguiente:

• Colmena: 242.498.785.095 pesos
• Cruz Blanca: 278.265.111.165 pesos
• Vida Tres: 74.939.074.210 pesos
• Nueva Masvida: 89.088.164.612 pesos
• Banmédica: 222.464.640.229 pesos
• Consalud: 199.465.479.435 pesos
• Esencial: 174.209.476 pesos
• Fundación: 10.505.782.202 pesos
• Isalud: 4.214.518.731 pesos
• Cruz del Norte: 0 pesos

En total, las isapres deberán devolver 1 billón 121 mil 615 millones 765 mil 157 pesos.

La comisión de Trabajo y Seguridad Social de la Cámara de Diputados y Diputadas aprobó en particular este lunes el proyecto de ley que permite alcanzar, con gradualidad, los $500 mil a partir de julio del próximo año y que incluye un subsidio a las micro, pequeñas y medianas empresas.

De este modo, el proyecto, que se originó tras alcanzarse un acuerdo entre el Ejecutivo y la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), será revisado por la comisión de Economía de la Corporación.

Si bien la iniciativa fue visada sin votos negativos, contó con las abstenciones de parlamentarios de la UDI y RN, quienes fundamentaron su determinación pidiendo escuchar a las pymes en la instancia.

Acuerdo

Cabe destacar que el pasado 17 de abril, el Gobierno y el principal sindicato del país, la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), acordaron aumentar de manera gradual el sueldo mínimo, desde los actuales $410 mil hasta los $500 mil en julio de 2024.

Si la medida es aprobada por el Congreso, se trataría de la segunda alza del salario mínimo conseguida por el Ejecutivo, qué llegó al poder en marzo del 2022 prometiendo acabar su administración (marzo 2026) con un salario mínimo de $500 mil.

La iniciativa

Como medida principal, el proyecto establece el alza del salario mínimo hasta alcanzar los $500.000 durante el próximo año, a través de la siguiente gradualidad: un incremento desde los actuales $410.000 a $440.000 el 1 de mayo de 2023; luego, a $460.000 el 1 de septiembre de 2023; y, posteriormente, a $500.000 el 1 de julio de 2024.

Además, en el caso que el IPC acumulado durante 2023 supere el 6%, se realizará un alza previa de $10.000 el 1 de enero de 2024, quedando el salario mínimo en $470.000 en dicha fecha, para luego continuar con la gradualidad antes mencionada.

Posterior a esa fecha, a todo evento, se acordó efectuar un reajuste automático del ingreso mínimo mensual conforme el Índice de Precios al Consumidor (IPC) que se registre entre los meses de julio-diciembre de 2024 y que se concretará en enero del 2025.

De este modo, y de aprobarse el proyecto, se cumpliría en torno a dos años uno de los compromisos del programa del Gobierno del Presidente Gabriel Boric, que es, durante su mandato, llegar a un salario mínimo mensual de $500.000.

Además, el proyecto de ley presentado por el Ejecutivo, en acuerdo con la CUT, también contempla reajustar los tramos de la Asignación Familiar a partir de mayo 2023, lo que aumentará la cobertura y los beneficios de los actuales afiliados, fijándose los siguientes tramos:

• Primer tramo para beneficiarios cuyo ingreso mensual no exceda los $515.879.
• Segundo tramo para beneficiarios que su ingreso mensual supere los $515.879 y no exceda $753.496.
• Tercer tramo para beneficiarios cuyo ingreso mensual supere los $753.496 y no exceda $1.175.196.

En tanto, respecto de los beneficiarios cuyo ingreso sea superior a $ 1.175.196, no tendrán derecho a asignación.

En torno al Subsidio Mensual para alcanzar un Ingreso Mínimo Garantizado, que rige hasta el 31 de diciembre de 2023, según consta en la ley 21.218, se propone en el proyecto ajustar los parámetros para beneficiar a las y los trabajadores con ingresos mensuales de hasta $500.000, extendiendo su vigencia desde el 31 de diciembre de 2023 al 30 de junio de 2024, ya que al 1 de julio del mismo año el ingreso mínimo mensual alcanzará dicho monto.

Apoyo a las MiPymes

Por otro lado, y después que el Ministerio de Economía, Fomento y Turismo alcanzó un acuerdo con varios gremios de las micro, pequeñas y medianas empresas, el Gobierno ingresó una serie de indicaciones para apoyar a este tipo de compañías a cumplir con el alza del salario mínimo.

En concreto, se propone un subsidio que consiste en un esquema estable de montos para cada uno de los periodos de alza del salario mínimo, el cual varía según tamaño de empresa (micro, pequeña y mediana), con el objeto de entregar mayor cobertura y protección a las microempresas.

Además, se contempla la aplicación de un mecanismo de protección que elevará los montos de este instrumento en cualquiera de los dos escenarios que se describen a continuación:

a) Cuando el nivel del empleo formal, entendido como la tasa de asalariados con cotización previsional pagadas por empleador, que informará el Instituto Nacional de Estadísticas, sea inferior a 34,5%.

b) Cuando exista una recesión técnica, es decir, cuando el nivel de crecimiento de la actividad económica del país, entendida como el PIB real trimestral desestacionalizado, que informará el Banco Central de Chile, sufra una variación negativa por dos trimestres consecutivos.

Ayer, el Presidente , Gabriel Boric -junto a la ministra del Interior, Carolina Tohá y el ministro de Justicia y DDHH, Luis Cordero- promulgó en Viña del Mar la ley que mejora la persecución del narcotráfico y crimen organizado, regula el destino de los bienes incautados en esos delitos y fortalece las instituciones de rehabilitación y reinserción social.

Durante su intervención, el Mandatario señaló sobre esta, que su objetivo es “golpear con mucha fuerza al crimen organizado y recuperar cada uno de los barrios de nuestra Patria que han sido tomados por narcotraficantes. Que todas las chilenas y chilenos puedan vivir tranquilos en sus comunidades, que recuperen sus espacios públicos, sus parques, sus plazas, que puedan caminar por las calles sin miedo”.

“La tranquilidad que da vivir en un entorno seguro, en barrios en que las personas puedan ejercer su libertad, hace posible el ejercicio de otros derechos y plantearse otros horizontes. Recuperemos juntos los espacios públicos, quitémosle, arrinconemos al narcotráfico y esta ley es una señal de que estamos avanzando justamente en esa dirección”, agregó el Presidente Boric.

Detalles

La nueva norma sanciona a quien administre a terceros, sustancias ilícitas sin su consentimiento. Las penas, en este caso, pueden llegar a presidio mayor en sus grados mínimo a medio (5 años y un día a 15 años) si se usa violencia o intimidación para administrar u obligar el consumo. Además, castiga a quien suministre a menores de 18 años productos que contengan solventes o gases inhalantes capaces de provocar daños a la salud o dependencia física o psíquica.

La ley también establece que, si algún delito relacionado a las drogas se comete valiéndose de un menor de 18 años o personas exentas de responsabilidad, se aumenta en un grado la pena. A su vez, la pena aumentará en dos grados, cuando se proveyere de armas de fuego a menores de edad para alcanzar fines delictivos.

Decomisos e incautación de bienes de narcotraficantes

Entre los instrumentos incautados se incorporan bienes muebles e inmuebles, que el juez de garantía podrá destinar provisionalmente a petición del Ministerio Público. Igualmente, se podrán destinar a una institución del Estado o, previa caución, a una institución privada sin fines de lucro. Se exigirá que su objetivo institucional sea la prevención del consumo indebido, el tratamiento y la rehabilitación de las personas afectadas por la drogadicción.
 
Con estas modificaciones, las unidades policiales podrán ocupar, por ejemplo, un inmueble que fue decomisado a un narcotraficante por ser fruto del narcotráfico, mientras dura el juicio.
 
Se introducen mejoras en los procesos para la enajenación temprana de bienes, posibilitando que el SENDA pueda solicitar esta enajenación. Además, se amplían los bienes susceptibles de ser enajenados tempranamente, esto con el fin de agilizar los procesos.
 
La legislación también incorpora normas para destinar permanentemente bienes decomisados a instituciones que trabajan en la prevención, reinserción y rehabilitación como SENDA.

Nuevas facultades para ir tras la ruta del dinero y los precursores químicos

Otra de las novedades es que la legislación entrega mayores facultades de fiscalización a la PDI y Carabineros, respecto de las personas que están o deben estar inscritas en el registro de precursores y sustancias químicas.
 
La ley recién promulgada amplía el catálogo de las empresas obligadas a reportar operaciones sospechosas a la Unidad de Análisis Financiero. Esta modificación tiene por objeto fortalecer la lucha contra la criminalidad organizada, desde un aspecto económico, dado que permitirá identificar en nuevos rubros actividades destinadas a ocultar el origen ilícito de los bienes.

Cultivo medicinal

También, se entenderá justificado el cultivo de cannabis para la atención de un tratamiento médico. Ello, con la presentación de una receta médica extendida por un médico cirujano tratante. Dicho documento debe indicar el diagnóstico de la enfermedad, su tratamiento y duración. Junto a esto, referirse a la forma de administración, la que no podrá ser mediante combustión.
 
La norma también sanciona con pena de presidio menor en su grado mínimo (61 a 540 días) a quien use recetas falsas para justificar el cultivo de cannabis. La pena aumentará en un grado en caso de comercialización de la droga o facilitación a un tercero.