En conversación con el Canal 21 de Chillán, la presidenta de ANEF Ñuble, María Elena Hellman abordó distintas temáticas, especialmente las condiciones en que se encuentra hoy la región en materia de dotación y presupuesto, donde, a casi seis años de que la región de Ñuble, y las provincias de Diguillín, Punilla e Itata fueran creadas, estas problemáticas continúan.

Falta de reposición y disminución de la dotación

La región de Ñuble fue creada el 5 de septiembre de 2017, a través de la Ley N° 21.033. Hoy, como relató la presidenta de ANEF Ñuble, existe un déficit aproximado del 40% en los servicios públicos que antes eran provinciales, en relación a lo que corresponde para una región.

Asimismo, existe una notable falta de servicios públicos de carácter provincial, sin existir mayor diferencia a lo que se tenía previo a la conformación de la región. “Fue una instalación improvisada, en buen chileno, ‘al lote’. Hemos continuado así más de cinco años con una constante disminución de la dotación debido a que funcionarios se han retirado, jubilado, o han sido despedidos sin existir una reposición“, explica la dirigenta.

La presidenta de ANEF Ñuble explicó que, de hecho, la realidad hoy es que por cada cuatro funcionarios que abandonan los servicios sólo uno es contratado, dificultando el poder responder a la ciudadanía con servicios de calidad.

“Hay que pensar en todo lo que significan las funciones de un servicio público de carácter regional, o provincial en el caso de las nuevas provincias. Lamentablemente hoy los déficit de dotación se concentran mayoritariamente en el Ministerio de Obras Públicas y también en el Ministerio de Agricultura, en el Indap y el SAG, entre otros servicios“, expresó.

Demandas postergadas durante el estallido social y la pandemia

En cuanto a las conversaciones que se han llevado a cabo en miras de solucionar esta problemática, ya desde el 2019, las y los funcionarios públicos de la región de Ñuble han buscado respuestas. De hecho, ese mismo año se sostuvo una conversación con el intendente de la época, Martín Arrau. Una instancia que según María Elena fue “protocolar y amigable”, pero donde no se logró ningún compromiso concreto.

Posteriormente, ocurre la revuelta o estallido social, y más adelante la pandemia, por lo que estas demandas pasaron forzosamente a segundo plano. Sin embargo, en este punto, la dirigenta hizo hincapié en que pese a estar en pandemia, y con el ya mencionado déficit en dotación, se logró el cumplimiento del 100% de las metas en todos los servicios públicos a nivel regional. Ya superado dicho periodo, hoy los funcionarios públicos de Ñuble buscan nuevamente poner en la palestra esta problemática.

“Hoy en día nuestra situación es crítica. Le dimos la oportunidad al asumir este Gobierno que pudiera demostrar un cambio de actitud en cuanto al presupuesto para la región de Ñuble, pero no fue así, al contrario. Por ello, buscamos una audiencia con el propio Presidente de la República, algo que si bien, no llegó a prosperar, si conseguimos reunirnos con el jefe de la división de gobierno interior, Enrique Inostroza“.

Buscando soluciones: Audiencia con autoridades y movilizaciones en aumento

En el denominado “Bus de la Unidad” de la ANEF, el pasado 16 de junio, cerca de 30 dirigentes de distintas asociaciones viajaron hasta la capital del país. Diez de ellos, junto al presidente nacional de la ANEF, José Pérez Debelli, participaron de esta reunión, donde según explica María Elena se plantearon principalmente dos puntos.

El primero, que el Presidente de la República priorice un presupuesto, una glosa especial en la Ley de Presupuesto 2024, priorizando los subtítulos 21, 22 y 29. Esto significa, dotación, la cantidad suficiente de viáticos para cumplir con las salidas a terreno que ciertos servicios requieren, los vehículos necesarios para ello, y también, la adquisición también de bienes y servicios necesarios para mantener la Función Pública.

“Muchos servicios están hoy instalados en casas particulares, se pagan millones de pesos mensualmente a particulares por estos arriendos en lugar de tener una política pública de construcción de bienes fiscales para albergar debidamente a los servicios públicos. Hoy, nuestro SAG Regional está buscando hacer alcantarillado de nuevo porque no tienen agua, se trata de un edificio que data de los años 50, y de ahí no ha pasado nunca más nada“, ejemplificó la dirigenta.

Hoy, la esperanza de las y los funcionarios es poder ser escuchados, como servidores del Estado y de la ciudadanía, y no de un Gobierno de turno, frente a estas necesidades. La dirigenta explicó que se espera poder conversar al respecto con el propio Presidente Boric. Por otro lado, en la reunión del pasado 16 de junio, también estuvo presente el delegado presidencial regional de Ñuble, Gabriel Pradenas, quien decidió acompañar dicho viaje y se se llevó la instrucción de levantar toda la información necesaria para instalar una mesa de trabajo, en miras de solucionar estas materias.

“Estamos en movilización ascendente de la Región de Ñuble. No descartamos movilizaciones de paro mientras no se nos escuche. Quiero recalcar que esto no lo hacemos para pedir mejoras salariales, sino que necesitamos que esta sea una región verdadera, no una región de cartón, sino una de hormigón, como dijo un dirigente del MOP. Necesitamos que nos tomen en serio. Sabemos que el delegado presidencial regional está hoy alineado con esta petición, y esperamos novedades a la brevedad para que Ñuble se convierta en una verdadera región“, finalizó María Elena.

Un gran revuelo ha causado en los últimos días la revelación de que Daniel Andrade, militante del Partido Revolución Democrática, funcionario (ahora ex) del Ministerio de Defensa, y pareja (ex) de la diputada por el Distrito N°3, Catalina Pérez, se adjudicó más de 426 millones de pesos en convenios traspasados desde la Seremi de Vivienda y Urbanismo de Antofagasta a través de la Fundación Democracia Viva.

El caso provocó indignación a nivel país no sólo por el alto monto traspasado, sino también por el nexo que une a Andrade con su pareja, la parlamentaria Pérez, y el propio seremi de Vivienda de la región de Antofagasta, los tres, militantes de RD. De hecho, el seremi de Vivienda de esta región, Carlos Contreras, quien renunció al destaparse la polémica, fue jefe de gabinete de la diputada durante su periodo legislativo anterior.

Andrade, quien previo a que esto se hiciera público se desempeñaba en la Subsecretaría de Defensa, dependiente del Ministerio de Defensa Nacional, fue posteriormente desvinculado, y hoy, la situación enfrenta una investigación de oficio de la Fiscalía regional de Antofagasta. Asimismo, hoy, desde Revolución Democrática presentaron una querella contra todos quienes resulten responsables en el contexto del caso Democracia Viva. Finalmente, el Presidente Gabriel Boric pidió la renuncia a la subsecretaria de Vivienda y Urbanismo, Tatiana Rojas, por no haber informado a tiempo de estos hechos.

Diputado Jaime Sáez

En tanto, hoy se reveló una vinculación entre la Fundación Democracia Viva y la región de Los Lagos, ya que el diputado Jaime Sáez (RD) tuvo en su equipo a dos de los fundadores de la polémica Fundación. Se trata de una ex asesora, y un actual asesor del parlamentario, quienes figuran en el acta de constitución de la Fundación. Este documento más tarde fue rectificado, quedando establecido como provisorio. Más tarde, se efectuó la constitución oficial de la entidad, donde asume como representante legal Daniel Andrade.

Frente a ello, Sáez no respondió a nuestras consultas, sin embargo, aclaró a Diario El Llanquihue que si bien estas personas fueron parte de la fundación, “te medio, Jaime Sáez confirmó que formaron parte de la fundación. Pero fue enfático en señalar que “se desvincularon antes de los famosos convenios (realizados en 2022)” que fueron suscritos por Democracia Viva.

Una importante reunión de trabajo se llevó a cabo en las dependencias del Servicio Local de Educación Pública de Atacama (SLEPAT) liderado por su director Luis Adasme (S). En efecto la directiva de ANEF Atacama encabezada por su presidenta Ana Maldonado, además de Renato Leal, secretario y Hugo Carmona, tesorero, acompañaron a la directiva de funcionarios del SLEPAT recién electa, integrada por José Núñez, Alejandro Guerra y Erick Valdivieso, quienes fueron recibidos por el aludido director.

El propósito fue determinar los cursos de acción para el abordaje de los distintos problemas administrativos y de gestión de personas existente en la entidad. La disposición de la autoridad permitió establecer un acuerdo para elaborar un Plan de Relaciones Laborales, que contemple actividades de capacitación y formación en materias pertinentes al desarrollo de las personas en el Estado.

Acuerdos

Respecto del sumario administrativo incoado en contra de una ex-dirigente, la posición de ANEF fue de absolver a la compañera puesto que no existe hecho reprochable ni norma incumplida, a lo que se suma que no se observaron los principios del debido proceso y la bilateralidad del mismo, por tanto, podría tener cabida el decaimiento del proceso disciplinario. En tanto, respecto de la medida de suspensión en contra de la ex dirigente, la autoridad acogió la petición de ANEF de levantar dicha medida gravosa y permitir el reintegro de la funcionaria.

Todos estos acuerdos quedaron establecidos en el acta de esta reunión. La presidenta de ANEF Atacama respecto de esta experiencia señaló: “ Nos parece muy importante haber establecido este acuerdo con el director del SLEPAT, que consiste en diseñar un Plan de Relaciones Laborales, que tendrá la prioridad de revisar y actualizar el Protocolo MALS , y de redactar el Código de Ética funcionaria, con la idea de establecer una nueva cultura de empleo decente y digno en la Administración Pública”

Esta semana fuera lanzada la Comisión Presidencial para la Paz y el Entendimiento, que tiene como objetivo sentar las bases para una solución de mediano y largo plazo en materias de tierras y reparación para las comunidades mapuche contribuyendo, a su vez, a una mejor convivencia de las y los habitantes de las regiones de Biobío, La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos.

En especifico, el organismo tiene el mandato de determinar la demanda real de tierras de las comunidades mapuche y proponer mecanismos concretos y diversos de reparación. El trabajo de los comisionados estará enfocado en proponer al país una solución de Estado a la demanda de tierras, por una vía institucional que cuente con el apoyo de un amplio espectro político, social y empresarial.

En ese sentido, se decidió que la Comisión Presidencial para la Paz y el Entendimiento estuviese conformada por ocho personas -dos de ellas propuestas por Gobierno Regional de Biobío y La Araucanía-, y que sea de carácter ejecutivo. El comisionado presidencial, Víctor Ramos, tendrá el rol de secretario ejecutivo, en el que acompañará desde el Gobierno el trabajo realizado por la comisión.

Responder a demandas históricas

Como una de estos ocho integrantes, fue seleccionada la diputada por la Región de Los Lagos, Emilia Nuyado Ancapichún, diputada por el distrito 25, con más de 25 años de experiencia como dirigenta social.

La parlamentaria compartió sus impresiones expresando que “Siempre he votado contra los Estados de Excepción porque creo que el camino no está en reprimir o militarizar, sino en dialogar con las comunidades. Hoy se constituye una instancia que apunta a conversar y responder las demandas históricas del pueblo mapuche y por eso es que somos parte de esta comisión”

Además, expresó que “ podemos olvidar que el 2025 se cumplen 200 años del tratado de Tapihue donde el Estado chileno reconoció nuestra autonomía y este punto también deber ser materia de debate en la comisión“

Finalmente, se refirió a sus esperanzas para este proceso: “Confío en que habrá un diálogo abierto sin trabas donde se  intente cumplir con las demandas que tienen las comunidades. Hoy a nadie le queda duda que nuestro pueblo vivió una enorme pérdida territorial y por ello hay que generar espacios de verdad, reconocimiento y reparación para el pueblo mapuche. Creo que esta comisión presidencial va en ese camino“