Más de dos años de condena ha cumplido el joven Felipe Santana. El mueblista de 21 años pasó 11 meses en prisión preventiva para luego ser condenado a más de 7 años de presidio por utilizar una banca de la Catedral de Puerto Montt para una barricada.

Son diversas las voces de la sociedad civil y las organizaciones sociales que han considerado excesiva esta condena para el acto que el joven habría cometido. Especialmente considerando que han existido diversas irregularidades tanto en el proceso de investigación como en su defensa legal.

Por este y otros motivos, Felipe, con la ayuda de su abogado, presentó una solicitud de indulto particular al Gobierno de Chile hace un par de semanas. En apoyo de esta cruzada, el círculo cercano del joven ha comenzado una campaña de recolección de firmas que busca demostrar el respaldo ciudadano que tiene su caso.

“No podemos cerrar los ojos”

En la campaña, sus cercanos explican que Felipe fue un niño y adolescente altamente vulnerado, que creció en un hogar de acogida. Agregando que “dejar a Felipe preso y olvidado, es dejar que gane la injusticia. Si queremos construir un país más justo, vivible y solidario no podemos cerrar los ojos y seguir con presos políticos como este joven sureño”.

El abogado del joven Fernando Leal explicó algunos de los argumentos que sustentan la solicitud de indulto para el joven. Leal señala que la Justicia condenó a Felipe a una pena “altísima”, pese a tener irreprochable conducta anterior. Considerando además que el procedimiento en virtud del cual lo condenaron “adolece una serie de graves violaciones al debido proceso y al derecho de defensa”.

“(El caso) realmente habla de una justicia de clase. Una justicia que protege a los poderosos, y que, en definitiva, actúa con la mayor severidad en contra de los pobres y los descalzos”.

Fernando Leal, abogado de Felipe Santana.

El abogado que “defendió” previamente a Felipe

Son diversas las aristas de preocupación en cuanto a la vulneración de los derechos del joven, explica el abogado. Una de ellas tiene que ver con el abogado que defendió a Felipe al momento de ser condenado, antes de que Leal tomara el caso.

Se trata del abogado Sebastián Yuraszeck, quien se ofreció a defender al joven de forma gratuita. Durante el proceso Yuraszeck no presentó pruebas ni testigos, pero no fue hasta terminado el juicio que se descubrió la tendencia política del defensor.

En su cuenta de Twitter, que fue posteriormente eliminada, el abogado negaba las violaciones de DD.HH cometidas en dictadura. Además de relativizar el rol del Instituto de Derechos Humanos (INDH). Mientras que en su cuenta de Facebook, que aún está activa, mostraba su apoyo al presidente Piñera.

“Acá Felipe terminó siendo el pato de la boda”

“Aparece a lo menos curioso y sospechoso que una persona que tiene esa visión de la vida se haya ofrecido gratuitamente a defender a un preso de la revuelta. Nosotros tenemos la sospecha de que acá Felipe terminó siendo el pato de la boda, porque en el supuesto incendio de la Catedral de Puerto Montt habían participado más personas. Y se escoge culparlo a él que un chico vulnerable, con discapacidad intelectual que no tuvo una defensa debida”, comenta su actual abogado, Fernando Leal.

El abogado agrega entre las irregularidades de la investigación, que los testigos que presentó la contraparte son fundamentalmente funcionarios policiales. Por otro lado, uno de los delitos por los que condenaron a Felipe fue como autor del ilícito frustrado de incendio en un inmueble habitado. Lo cual para su abogado también es cuestionable.

Castigar y criminalizar la protesta social

“Se le acusó de haber quemado un lugar habitado en consecuencia que todo Chile y todo Puerto Montt sabe que la Catedral no es un lugar habitado. Y más aún, tenía un cartel en sus afueras que decía que desde hacía días no se estaban realizando servicios religiosos, producto justamente de las manifestaciones sociales”, enfatiza Leal.

“Creemos firmemente que acá lo que se trató de hacer fue castigar y criminalizar la protesta social por parte del Estado. Por una parte quien le había declarado la guerra a los chilenos en la voz del entonces Presidente Piñera. Y por otra parte, el otro querellante, la Iglesia Católica, misma Iglesia que ha vulnerado los derechos de la juventud y la infancia una y otra vez”.

La evidencia no demuestra que quemó la banca

Finalmente su abogado es claro en señalar que aunque existen pruebas que sitúan a Felipe en el lugar, algo que el mismo joven admite, no existe ninguna evidencia de que él efectivamente haya intentado quemar una banca.

“No existe. No hay ni una fotografía que o video que dé cuenta de que él esté avivando el fuego o que él haya encendido el fuego. Ninguno de los jueces, ninguno de los ministros que vieron esto, pueden decir que vieron a Felipe Santana quemando una banca o quemando iglesias. No existe esa prueba”, afirma categóricamente Leal.

El proceso de indulto

Son estas y otras situaciones las que han llevado a tantas personas a apoyar el caso de Felipe y pedir su libertad. Algo que hoy está más cerca de ser una realidad gracias a la solicitud de indulto particular que ya fue presentada.

El indulto particular es una atribución especial y discrecional del Presidente de la República, delegada en el Ministro de Justicia y Derechos Humanos. Además, cabe recordar que su otorgamiento no elimina los antecedentes penales.

El procedimiento consiste en que Gendarmería debe armar un expediente, contando con 90 días para ello. Este documento contiene una serie de informes, social, psicológico, entre otros. Luego, el expediente se envía al Ministerio de Justicia para ser analizado por el Presidente de la República.

Para el abogado, el caso de Felipe resulta aún más grave al compararlo con otros casos de corrupción y violación a los DD.HH. que quedan en la impunidad. “Realmente habla de una justicia de clase. Una justicia que protege a los poderosos, y que, en definitiva, actúa con la mayor severidad en contra de los pobres y los descalzos”.

La recolección de firmas

El abogado agrega que “nosotros esperamos que esto sea tramitado con la mayor celeridad y tenemos esperanza y fe de que Felipe va a volver a la libertad”. Es con este mismo objetivo que los cercanos del joven se propusieron juntar firmas en apoyo de su solicitud de indulto.

La idea, como relata su abogado, es visibilizar que no es tan sólo Felipe, su abogado y sus cercanos quienes lo quieren libre. Sino que este es un deseo de la ciudadanía. Para Leal, esto tiene que ver precisamente con los motivos por los que las personas salieron a manifestarse durante la revuelta.

Ya que se relaciona por ejemplo, con el hecho de que personas como el hijo del ex senador Carlos Larraín terminen “en total impunidad, sin pasar un día en la cárcel, pese a que atropelló y mató a una persona”.

“Sin embargo, un joven con irreprochable conducta anterior, vulnerable, de esfuerzo que sale a manifestarse, termina condenado de esta manera. Es realmente indignante. Es una afrenta a a los más pobres de Chile y por eso es importante que la gente se manifieste”, concluye el abogado.

Dónde firmar

Quienes deseen ayudar a Felipe pueden firmar para apoyar su solicitud de indulto particular aquí. Además de comunicarse al siguiente correo: aportesfelipesantana@gmail.com

Redacción: Manuela Barrueto

A una “muy demorada” negociación colectiva se enfrentan los docentes de la Universidad Austral de Chile (UACh). El descontento al respecto llevó a un grupo de trabajadores a protestar en medio de la inauguración del año académico esta semana.

Sandor Mulsow es el presidente del Sindicato de Docentes de la Universidad Austral de Chile (SINDOC). El dirigente comenta que lo que está ocurriendo en la universidad es una estrategia que también han usado otras casas de estudio, de usar la ley para dilatar el inicio de las negociaciones colectivas.

En este caso, la UACh interpuso una reclamación judicial en contra de una resolución administrativa de la Dirección del Trabajo. La determinación objetada por la universidad busca calificar cúales son los servicios mínimos en caso de una eventual huelga legal.

Tribunal ordenó suspender negociación colectiva

Es decir, aquellas funciones o labores que deben ser atendidas durante el desarrollo de una huelga. Ahora bien, como consecuencia de esta acción judicial, el Juzgado de Letras del Trabajo de Valdivia ordenó la suspensión de las negociaciones colectiva entre la Universidad Austral de Chile y los Sindicatos de la Universidad (Sindicato N°1 y SINDOC). Además de la prórroga de la vigencia de los contratos colectivos suscritos por ambas organizaciones sindicales.

La preocupación de los docentes son los plazos que el proceso legal podría conllevar. Ya que calculan que el tema podría verse resuelto entre mayo y julio. Sin embargo, la universidad podría incluso escalar la reclamación hasta llegar a la Corte Suprema. Lo que significaría un año más sin iniciar la negociación colectiva, manteniendo la última vigente, que data del 2017.

“Por eso es que los sindicatos en este minuto estamos trabajando arduamente, incluso con la universidad, para poder salir de este entrabe legal. Que yo diría, inteligentemente el empleador utiliza”, aseguró Mulsow.

Declaración ante rumores que buscaron desalentar la negociación colectiva

El SINDOC debió además esta semana emitir una declaración pública ante la existencia de rumores que buscan desalentar la negociación colectiva. Allí aclararon que el propósito de una negociación colectiva no es la huelga, sino la suscripción de un contrato colectivo en el que se determinen con precisión los derechos de los docentes.

La huelga legal, agregan, es el último recurso de los trabajadores cuando no se llega a un acuerdo satisfactoria. Finalmente aclararon que la participación en una huelga no es una causal legal de despido.

Situación de Puerto Montt

El presidente del SINDOC visitó Puerto Montt para participar en una asamblea con los miembros del sindicato de la capital regional. El dirigente relata que gracias a conversaciones han logrado constatar que los trabajadores de Valdivia, Puerto Montt y Coyhaique se están enfrentando actualmente a los mismos problemas.

Las dificultades que aquejan a los trabajadores responden principalmente al crecimiento expansivo que ha tenido la universidad, y que no ha ido de la mano con una mejora significativa en su infraestructura. En Valdivia, por ejemplo, se aumentó de 10 mil a 14 mil estudiantes en tan sólo un año. Mientras que Puerto Montt ya cuenta con 5 mil alumnos.

Sin embargo, señala Mulsow, no han crecido de la misma manera en los números de sala de clases, ni tampoco las oficinas de los profesores. “Eso es un problema que va en detrimento de la calidad de la universidad. Si un docente no tiene las necesidades mínimas de poder desarrollar sus tareas como docente de una manera profesional, cómo vamos a poder garantizar la calidad de la educación que estamos entregando”, se pregunta el dirigente.

Redacción: Manuela Barrueto

A través de un comunicado emitido esta semana, la asamblea de funcionarios del Servicio  Nacional para la Prevención y Rehabilitación de Drogas y Alcohol (SENDA) solicitó la “urgente destitución” del director nacional de la institución.

Unidos en la Asamblea Nacional de la Asociación Gremial de Funcionarias y Funcionarios del SENDA (ANFUSENDA), los trabajadores tomaron esta decisión debido a una serie de irregularidades, maltrato laboral, y una mala gestión, problemas que se arrastran desde que asumió Carlos Charme Fuentes.

Funcionamiento burocrático y centralista

Los funcionarios acusan entre otras problemáticas, que el estilo de trabajo de Charme ha constituido un serio detrimento para lograr cumplir con la misión que le compete a la institución. Su liderazgo, agregan, se caracteriza por una pauta de gestión “visiblemente errática e inconsistente”.

Como muestra de aquello, mencionan tres modificaciones de organigrama, con una funcionalidad que ANFUSENDA califica como “altamente cuestionable”, al burocratizar innecesariamente la institución.

Sumado a ello, los trabajadores acusan de una marcada centralización en el funcionamiento del servicio. Con la creación de nuevas áreas a nivel central en detrimento del funcionamiento en regiones. “Se ha dado prioridad a la creación de cargos en el nivel central, dejando desprovistas a las regiones del recurso humano necesario”, manifiesta ANFUSENDA.

Disminución de los recursos para asesoría a regiones

Carolina Bruce es la presidenta nacional de ANFUSENDA. La funcionaria pública explica que los recursos asignados para el funcionamiento de las regiones en términos de asesoría y monitoreo de programas preventivos se han visto disminuidos. Especialmente en relación a los viáticos necesarios para realizar visitas de asesoría.

Aquello tiene que ver el periodo de crisis sanitaria. Pero también, agrega, es una muestra de que la administración actual entiende la gestión pública de una manera más centralizada y con mayor visibilidad comunicacional, más que técnica.

“Los pocos recursos destinados a viáticos por una situación, por ejemplo, comprensible de ajuste fiscal por pandemia, en vez de orientarse al trabajo de asesoría y monitoreo de los equipos en las comunas que implementan la política pública en drogas, se destinaban más a actividades comunicacionales”, explica Bruce.

Sobre-utilización del mecanismo de excepción

Por otro lado, los trabajadores acusan al director nacional de una abusiva sobre-utilización del mecanismo de excepción. Esta modalidad permite hacer contrataciones sin mediar un concurso público. El mecanismo, acusan, ha sido utilizado por la actual dirección en al menos en 200 ocasiones, “sin un procedimiento transparente ni sujeto a parámetros que satisfagan criterios de perfil de cargo”.

Maltrato y menoscabo a los trabajadores

La presidenta de ANFUSENDA se refirió a otra situación que ha encendido la alarma entre los trabajadores de la institución. El maltrato y menoscabo, común tanto en la dirección nacional, como también algunas direcciones regionales.

La tendencia, advierte, no se replica en todas las regiones del país. Por ejempo, Los Lagos no es una región donde los trabajadores hayan pesquisado problemas de maltrato laboral. Sin embargo, la problemática estaría afectando con mayor gravedad a al menos cuatro direcciones regionales.

Durante la pandemia, relata Bruce, ha existido una suerte de amedrentamiento, reflejado por ejemplo en la insistencia de algunos directores regionales para que sus trabajadores volvieran a labores presenciales, incluso durante la cuarentena total. Llevando a los funcionarios a temer sanciones de no cumplir con ello.

Por otro lado, existen denuncias de llamados de trabajo en horarios no laborales. Son conductas que la dirigenta advierte, pueden no parecer tan serias. “Pero después se vuelven reiterativas, y se transforma en una práctica que no es adecuada. Escalando a malos tratos para pedir las cosas, gritos, descalificaciones”, relata.

Los funcionarios hicieron un llamado público a las nuevas autoridades, a poner el foco en la institución “para dar término a este deterioro y mal funcionamiento de una institución que es imprescindible”. Además, Bruce comenta que ya han solicitado las reuniones formales para poder conversar al respecto con el Gobierno.

Redacción: Manuela Barrueto