“Quiero ser muy claro, en que se debe diferenciar entre quienes cometieron delitos menores. Como cortar el tránsito, hacer una barricada o provocar desórdenes. Los que quemaron una micro o hicieron daño a bienes de uso público “, aclaró el diputado del PS, Fidel Espinoza

La revuelta social de octubre del 2019, sacó a relucir muchas necesidades, dolencias, carencias y un total desapego por parte de las autoridades del sentir de la comunidad.

Las manifestaciones, tuvieron siempre dentro de sus principios, la expresión de este grito ahogado, que se contuvo durante 30 años.

Sin justificar nada, sólo una enumeración de los hechos, hubo incidentes violentos, protagonizados por grupos de encapuchados con carabineros. Esto también se dio en la capital regional, donde hubo detenidos, que -por lo general- eran liberados al par de horas.

Pero estos hechos de violencia, provocaron en algunas situaciones, la detención de los presuntos implicados, manteniéndolos – de forma preventiva- detenidos, mientras duraba el proceso judicial.

Sospechoso

En Puerto Montt, luego de la condena a Felipe Santana, no se continuó ningún otro juicio. No hubo más sospechosos, o la indagación de otros participantes.

Dentro de este contexto, ocurrieron hechos que llevaron a que desde el gobierno se levantaran dedos inquisidores. Desmanes, destrozos, actos vandálicos, que desdibujaron la consigna social, que pregonaba que todos estos actos eran pacíficos.

Como respuesta vino la dura represión. Traumas oculares y asesinatos que sin duda marcaron el derrotero de la violación sistemática a los derechos humanos en nuestro país.

Personas heridas con balines en sus ojos, ciudadanos con daño cerebral profundo. Fallecimientos y un número importante de personas detenidas producto de las manifestaciones quienes aún permanecen en detención preventiva. Son aproximadamente unas 2000, ya que no se han llevado a cabo todos los juicios.

Proyecto de indulto

Ante esta situación, la Comisión de Derechos Humanos del Senado de Chile inició esta semana la discusión de un proyecto de indulto a detenidos durante las protestas populares tras el estallido social de octubre de 2019.

La propuesta de ley fue presentada la semana pasada, por parte de un grupo de senadores de varios partidos de oposición. Esta iniciativa se sumó a los crecientes reclamos con ese mismo propósito de organizaciones sociales y políticas, que motivaron de forma recurrente las últimas manifestaciones en el país.

Para quienes apoyan esta iniciativa, afirman que la mayoría solo están privadas de libertad por participar en las protestas y por lo tanto deben ser consideradas presos políticos. Además una gran cantidad lleva meses tras las rejas sin proceso judicial alguno.

Rechazo desde el Gobierno

Pero la propuesta de los senadores causó escozor en el gobierno y los partidos de derecha, que rechazan de plano cualquier tipo de indulto. Para el ejecutivo quienes están privados de libertad fueron detenidos por cometer delitos. Existen pruebas para que continúen los procesos judiciales.

El Ministro del Interior, reiteró las críticas del Gobierno al proyecto de indulto general para los presos del estallido social y sobre el cual el Presidente Sebastián Piñera anunció un veto de ser aprobado.

“Siempre lo hemos dicho. Hay que diferenciar entre una manifestación pacífica de personas que quieren levantar sus ideas, su consigna o sus demandas sociales, y algo distinto es la actividad delictual”, señaló el secretario de Estado.

Planteó que “lamentablemente, el último tiempo hemos visto que muchas personas que quieren hacer actividades delictuales se protegen bajo el paraguas de las demandas sociales”.

Veto del ejecutivo

Ante la presentación y discusión por parte del senado de la iniciativa de otorgar un indulto, el gobierno de Sebastián Piñera anunció que daría su veto ante tal misiva. Lo anterior pues este tipo de proyectos sólo atentan contra la democracia y seguridad pública de la nación.

Como lo señaló Piñera, se pretende indultar delitos como el homicidio frustrado, el tráfico de armas y la tenencia ilegal de armamento bélico. Además del incendio, el uso de bombas molotov, los saqueos, los atentados al metro, las lesiones a Carabineros y muchos más.

Diputado Espinoza

Ante este hecho, el diputado por el distrito 25, Fidel Espinoza, criticó la actitud del gobierno, ya que esta es una materia del propio parlamento, por lo que se dará la discusión para aprobar o no esta iniciativa.

“No es bueno que el presidente Piñera coarte el legítimo derecho de un debate legislativo, más allá si este proyecto es correcto o no. El congreso está para debatir y legislar, esa es su función. Se valora el proyecto de ley de Indulto General. No es posible que se mantenga en privación de libertad a quienes, en el contexto del estallido social, fueron detenidos. Estos al día de hoy, aún no son juzgados”

Diputado Fidel Espinoza

El Diputado Espinoza especificó que debería realizar una diferenciación entre las personas que fueron apresadas en contexto de las manifestaciones, a los reales ejecutores de actos vandálicos.

“Quiero ser muy claro, en que se debe diferenciar entre quienes cometieron delitos menores, como cortar el tránsito, hacer una barricada o provocar desórdenes, y los que quemaron una micro o hicieron daño a bienes de uso público “, aclaró el diputado del PS.

En consecuencia, la Comisión de Derechos Humanos del Senado esta semana discutirá el proyecto de indulto a los detenidos tras el denominado “Estallido Social”. En tanto, el Instituto Nacional de Derechos Humanos aún no se define frente al tema.

Instituto Nacional de Derechos Humanos sin opinión

En esta materia, hablamos con el director regional del instituto de derechos humanos en Puerto Montt, Mauricio Maya, quien hizo referencia a la situación que vivieron muchos chilenos durante las manifestaciones del estallido social. Personas que fueron detenidas bajo la modalidad de prisión preventiva.

El encargado del INDH en la región indicó que – a través de los informes anuales que realiza la institución- se le ha solicitado a fiscalía que haga uso de una forma más racional de esta modalidad de prisión preventiva.

“Se entiende que la prisión preventiva debiera ser una medida de última alternativa, para el manejo de los delitos. Personas que no tienen antecedentes penales, y que realizan este tipo de actos por primera vez, debería evitarse esta modalidad. Es por eso que hemos reiterados que la prisión preventiva se ocupe cuando sean delitos realmente graves”

Mauricio maya, director regional instituto nacional de derechos humanos

Con respecto a la iniciativa legal que busca indultar a los detenidos durante el estallido, Maya señaló que es una discusión que se generará en los próximos días. Añadió que estarán atentos para hacer su intervención si así es requerida.

Redacción y fotografías: Daniel Carrasco