El senador y presidente de Revolución Democrática, Juan Ignacio Latorre, se refirió a los resultados de las elecciones de consejeros constitucionales en los que el Partido Republicano (PR) lidera, seguido por la lista PS-Apruebo Dignidad y Chile Vamos.

Ante la pregunta de si los republicanos dificultarían los acuerdos en el Parlamento en caso de imponerse en los resultados finales, Latorre destacó que “el llamado es a la mayor unidad posible y a la búsqueda de acuerdos con quienes estén disponibles“. Sin embargo, agregó que “otra cosa es como se comporten los republicanos en el Parlamento“, y cree que el PR estará en una “lógica de trincheras bien dura“.

Expectativas

En cuanto a Chile Vamos, el senador manifestó su esperanza de que no se conviertan en “vagón de cola del Partido Republicano” y puedan diferenciarse. Además, advirtió que el PR probablemente vote en contra de los avances sociales, ya que están en una agenda regresiva y conservadora.

Previamente, Latorre había expresado su preocupación por la posibilidad de que la derecha más extrema controle el Consejo Constitucional, lo que podría llevar a una nueva Carta Magna peor que la Constitución del 80. Sin embargo, aclaró que “el éxito del proceso no está garantizado y va a depender de la correlación de fuerzas“.

Una serie de polémicas ha suscitado la candidatura en Arica de la candidata del Partido de la Gente Karla Añes, por la región de Arica y Parinacota, luego de que se revelara que fue condenada a 5 años y 1 día tras ser detenida por porte ilegal de drogas en el terminal de Santiago, en la región Metropolitana.

Según el archivo de causa publicado por Bot Checker, Añes descendió de un bus “portando un bolso de mano que en su interior contenía cuatro paquetes embalados con cinta adhesiva, cada uno de ellos con clorhidrato de cocaína en su interior, con un peso neto total de 588 gramos neto”.

Además, esta no sería la primera condena de Añes por sucesos similares, ya que en febrero de 2009, la candidata fue detenida, procesada y condenada en un juicio abreviado por el delito de tráfico ilícito de estupefacientes en pequeñas cantidades, recibiendo 61 días de presidio.

Se cambió el nombre

Cabe mencionar además que si bien en la de inscripción del Servicio Electoral de Chile (Servel) registra por su nombre completo como Karla Angélica Añes Gajardo, en la campaña política y en redes sociales, la candidata PDG se presenta con una modificación de una letra en su apellido paterno (Añez).

A raíz de esta situación, el presidente del Servel, Andrés Tagle, explicó que si bien la candidata PDG perdió su derecho ciudadano tras ser condenada, de acuerdo al artículo 17 de la Constitución y tras cumplir la pena, recuperó su derecho a ciudadanía. “El artículo 13 de la Constitución establece que todo ciudadano tiene derecho a sufragio y derecho a postular a cargos de elección popular (…) es una candidatura ejecutoriada”, dijo.

Sin embargo, esto fue cuestionado por el exfiscal, Carlos Gajardo, quien aseveró que “La Constitución tiene una regla especial para condenado por tráfico de drogas. Sólo recupera su derecho a votar y ser candidato si el Senado lo rehabilita. Gajardo agregó que “Lo que señala el presidente del Servel es un error. Un condenado por tráfico de drogas sólo recupera su ciudadanía (derecho a voto y ser candidato) con una rehabilitación del Senado, lo que en este caso no ha ocurrido. Grave falla del sistema haber permitido esta candidata”, afirmó, llamando a la institución a realizar un sumario para esclarecer los hechos.

En tanto, el líder del Partido de la Gente, Franco Parisi destacó que “nosotros creemos en la libertad de las personas. No somos una Gestapo, ni sistema de información (…). Las personas tienen que entender las consecuencias de sus decisiones y sus impactos, al tomar una candidatura tan importante como la que está en cuestión”.

Sobrecarga laboral, falta de presupuesto para materiales y dotación, y bajos grados son algunas de las falencias que las y los funcionarios de APROJUNJI han identificado, y que han provocado que a partir de este martes se encuentren en una paralización de actvidades.

En la Región de Los Lagos, han adherido casi el 100% de los 500 asociados a la agrupación, por lo que cerca de 50 unidades educativas se encuentran paralizadas.

Falencias

Así lo confirmó Patricia Herrera, secretaria regional de APROJUNJI, quien expresó que existen problemas tanto en los jardines infantiles como en las oficinas regionales de JUNJI. Entre otros, según relató la dirigenta, se han disminuido presupuestos en términos de materiales de enseñanza, presupuestos para mejoras en infraestructura, inomobiliario y equipamientos, y también para contratación de funcionarias/os, tanto a nivel de jardines infantiles como direcciones regionales. Por lo mismo, relató, existe un agobio laboral y una sobrecarga laboral, en todas las dependencias de la institución a nivel regional.

La representante de los trabajadores de JUNJI explicó que entre las situaciones más graves está lo que ocurre en los jardines infantiles denominados “alternativos”, que trabajan con técnicas en párvulo, ya que en muchos de estos jardines no está contemplada la contratación de un segundo técnico.

“Este tipo de jardines tampoco contemplan la contratación necesaria de auxiliares de aseo, por lo que los técnicos – que han adherido a nuestra movilización – deben cumplir con el cuidado de los niños y también el aseo. Cumplen una multiplicidad de funciones sin ser reconocidos por la institución“, explicó la secretaria regional de APROJUNJI.

Una situación similar se repetiría en los jardines denominados como clásicos, donde tampoco existe una contratación suficiente de personal de aseo para las dimensiones que presentan algunos de estos establecimientos.

Falta de dotación

Además, los trabajadores reclaman que cuando un trabajador presenta licencia médica en muchas ocasiones no es reemplazado, provocando sobrecarga laboral. Por otra parte, explican que no existe un apoyo frente al alto número de menores que presentan condiciones como el Trastorno del Espectro Autista (TEA), pese a la carga laboral extra que esto significa.

Por otro lado, según relató la representante de APROJUNJI, existirían falencias en cuanto a alimentación, ya que los contratos de alimentación no se estarían cumpliendo, implicando que en ocasiones, las manipuladoras de alimento deban hacer cambios a las minutos para entregar un servicio adecuado. “Los niños muchas veces no reciben su postre, o su ensalada, porque no se está entregando con las condiciones que exige el contrato que se estipuló desde la nacional con el servicio de alimentación”, explicó la dirigenta.

“Calidad”

En otro ámbito, existe una precariedad en cuanto a materiales de enseñanza. “Aquí en la región, en términos de compra de materiales de enseñanza, se entregaron 100 millones de pesos para cubrir a 99 jardines infantiles. Eso significa un déficit tremendo para poder cumplir con las necesidades para poder entregar esta educación de calidad en términos de materiales, para que los niños puedan desarrollar sus experiencias artísticas, para trabajar en el lenguaje, motricidad, matemáticas. No existe la posibilidad de poder comprar más materiales porque el presupuesto se ha rebajado yo diría casi en un 60%“, relató Herrera.

A ello se suma la eliminación del bono de movilización a los asesores, a cargo de asesorar a las diferentes unidades educativas en temas como la educación parvulario, nutrición, educación diferencial o trabajo social. Ya que hasta el año pasado contaban con un beneficio de movilización para recorrer los diferentes jardines infantiles, aporte económico que se eliminó en perjuicio de la calidad de vida de estos trabajadores/as.

“Se exige desde la institución calidad, se exige que las y los funcionarios entreguen todo de ellos, pero la institución no está entregando lo mínimo para poder hacer efectiva esa entrega“, explicó la dirigenta.

Estos son sólo algunas de las situaciones que han provocado esta paralización nacional del gremio, que hasta el momento se extenderá sólo hasta este viernes 5 de mayo, sin embargo, de acuerdo al desarrollo de las conversaciones que lleva a cabo APROJUNJI con la vicepresidenta ejecutiva de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, Daniela Triviño, podría extenderse también a la próxima semana. 

El Ministerio del Medio Ambiente de Chile y la Fundación MERI expresaron su pesar al recibir la noticia de que la boya inteligente, parte del proyecto The Blue BOAT Initiative, fue severamente dañada y se encuentra varada en la Isla de Lemuy, Chiloé, a 50 millas de su lugar de origen.

El proyecto, que forma parte del Compromiso País de Chile para la conservación del océano, tenía como objetivo mapear la acústica del océano para generar un Sistema de Alerta Temprana de la presencia de ballenas, a través de la inteligencia artificial, y así alertar a las embarcaciones en tiempo real para evitar posibles colisiones.

Además, buscaba generar información oceanográfica que permitiera comprender, analizar y valorar los servicios ecosistémicos marinos de la Patagonia Norte para la mitigación del cambio climático.

Toma de decisiones

La Ministra de Medio Ambiente, Maisa Rojas, comentó: “Como Ministerio del Medio Ambiente lamentamos los daños que sufrió la boya y esta interrupción involuntaria del proyecto en cuanto a la toma de datos. Sin perjuicio de este hecho, cuyas causas se están investigando, el MMA reitera y refuerza el compromiso con el proyecto, en la línea de fortalecer el levantamiento de evidencia científica para apoyar los procesos de formulación de política pública y la toma de decisiones en materia de conservación marina“.

Por su parte, la Directora Ejecutiva de la Fundación MERI y The Blue BOAT Initiative, Sonia Español, dijo: “Lamentamos profundamente lo ocurrido, pues daña no solo el esfuerzo de 12 años de investigación científica de Filantropía Cortés Solari, a través de Fundación MERI, para entender y conservar nuestro mar, sino que compromete una iniciativa chilena, única, en materia de protección de ballenas y biodiversidad marina. Nada de esto detendrá nuestros esfuerzos para promover que la ciencia progrese y guíe la toma de decisión en materia oceánica“.

Los equipos jurídicos están tomando todas las acciones legales relativas a los hechos ocurridos, mientras que los equipos técnicos trabajan en evaluar los daños sufridos por la boya, para analizar las acciones a seguir. Las otras líneas de trabajo del proyecto, vinculadas a educación ambiental e incidencia, continuarán según el cronograma establecido.