En el contexto del 14 de febrero, en que celebramos “San Valentín” no sólo es importante celebrar el amor y la amistad de quienes nos rodean. Últimamente, y en especial al alero del mundo feminista, se ha vuelto cada vez más relevante -sobre todo en estas fechas- visibilizar y derribar algunos de los mitos que rodean al amor, y que muchas veces impiden a las parejas tener relaciones sanas y armónicas.

Mucho se ha dicho por ejemplo en torno al mito de la “media naranja”, donde sobre todo activistas feministas plantean que cada uno es una persona o “naranja” completa, y que no debemos sentirnos una mitad de un otro.

Es en torno a estas y otras problemáticas que el Centro de Estudios de Género de la Fundación para la Promoción y Desarrollo de la Mujer (PRODEMU) se decidió a lanzar la encuesta “Desmitificación del amor romántico y violencia invisible”. El estudio telefónico entrevistó a 625 mujeres mayores de 18 años durante enero del año pasado.

El estudio busca promover nuevas formas de relacionarse, además de derribar mitos del amor romántico y prevenir situaciones de violencia invisible, que se normalizan dentro de las relaciones amorosas. Entre los principales resultados de esta encuesta, dieron a conocer que se está dibujando un cambio cultural al respecto, el cual es más notorio en las generaciones jóvenes.

Estereotipos del amor romántico

Mitos como el príncipe azul; la media naranja; el vivieron felices para siempre; el amor lo puede todo; y separarse es fracasar, son algunos de los muchos estereotipos de relaciones respecto a los cuales indagó esta encuesta. Estas idealizaciones y conductas nocivas en el amor han sido repetidas y normalizadas por muchos años en la literatura, televisión, el cine y los medios de comunicación, y es parte de lo que, como señala la fundación, debe erradicarse.

La encuesta buscó conocer, identificar y evaluar la actitud de las mujeres respecto a la idealización del amor, el conservadurismo y romanticismo.

Frente a los diferentes tipos de violencia, se elaboró un índice. La categorización incluyó actitudes como el control, la manipulación y la humillación, ya que la violencia no sólo es física. En torno a ello se obtuvo como resultado que un 75% de las mujeres señaló haber vivido alguna situación de violencia. Además, un 44% de ellas, afirmó haber sufrido hasta 5 de estas situaciones.

El amor ya no lo puede todo

Por otro lado, algunas preguntas dieron cuenta de un cambio cultural en torno a las visiones del amor. Ya que un abrumador 93% de las mujeres menores de 39 años señaló estar en desacuerdo con las afirmaciones: “Estando en pareja se debe ceder en todo” y “Dejar todo por amor”. Por lo que se concluye que las jóvenes valoran más su individualidad. Lo mismo ocurre con las mujeres entre 40 y 59 años, quienes alcanzaron un 82%.

Por otro lado, se infiere que las visiones idealistas sobre el amor romántico tienden a predominar en grupos etarios más mayores. Ya que solo en el grupo de 19 y 39 años destacan la importancia de tener una perspectiva crítica hacia la existencia de “una relación perfecta”. Lo que refuerza la idea que, a mayor edad, hay más mitos sobre el amor, y a su vez, una mirada más conservadora que las nuevas generaciones están desmitificando de a poco.

Redacción: Manuela Barrueto

José Luis Barrientos White fue condenado por el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Puerto Montt a diversas penas de presidio efectivo, que suman en total 7 años y 209 días de cárcel. El hombre fue condenado en calidad de autor por delitos de violencia y maltrato contra tres de sus ex parejas.

Los hechos ocurrieron en la comuna de Hualaihué, entre los años 2016 y 2020. La primera condena es por maltrato a su ex conviviente en 2016, con el delito consumado de amenazas en contexto de violencia intrafamiliar (VIF). La condena por su segunda víctima, con quien tuvo una relación de pololeo, corresponde a delitos consumados en 2019, de lesiones menos graves y amenazas condicionales.

Joven embarazada víctima de violencia se suicidó

Mientras que su tercera víctima es la joven Deysi Nobelia Compay (20 años), quien se quitó la vida en 2020, estando embarazada de ocho meses. Según informó la Red Chilena Contra la Violencia Hacia las Mujeres en su momento, Barrientos golpeaba a la joven incluso frente a los niños en el hogar y estando embarazada, además de ejercer violencia psicológica en su contra, al decirle que nadie la querría. “Deysi murió porque ya no quiso más, porque le apagaron su vida. Deysi tomó la decisión de acabar con su vida (…) esto también es femicidio”, señalaban desde la organización.

Por estos hechos, el tribunal determinó que Barrientos cometió el delito consumado de maltrato habitual en contexto de violencia Intrafamiliar, perpetrado entre el 2019 y el 2020. Además, se le impuso una segunda pena por el delito consumado de lesiones de mediana gravedad en contexto de violencia intrafamiliar. Finalmente, a Barrientos también se le impuso una pena por el delito consumado de daños simples, por agredir a un tío en 2020.

Maltrato físico, psicológico, y control dominante

Desde el tribunal consignaron que no es posible estimar que alguna pena sustitutiva resulte eficaz para evitar el comportamiento agresivo de este hombre, por lo que deberá cumplir su pena íntegramente en la cárcel. Esto debido a la naturaleza de los delitos, siendo la violencia reiterada y permanente en el tiempo. E incluyendo maltrato físico, psicológico y control para limitar el ejercicio de la autonomía de las víctimas. Hechos que no sólo ha ejercido, agrega el tribunal, contra las víctimas de esta causa, sino también en contra de otras mujeres.

Redacción: Manuela Barrueto

Un recurso de nulidad de 79 páginas presentó la defensa del hombre sentenciado a 15 años y un día de presidio por el femicidio de Mónica Mansilla Muñoz (54) perpetrado en Isla Caguach. El recurso se declaró admisible, y sus antecedentes se elevaron a la Corte Suprema para su conocimiento y resolución.

El ex conviviente de la mujer asesinada fue condenado en voto de mayoría en enero de este año como autor del crimen. Este fue el resultado del segundo juicio oral al respecto. Ya que el primer juicio realizado terminó con su absolución el el 15 de septiembre del 2021. Esto por considerar que la investigación llevada a cabo por la PDI presentó “serias falencias y debilidades”.

Juicio oral absolutorio fue anulado

Este primer dictamen fue anulado el 15 de noviembre de ese mismo año porque se consideró que la sentencia “no analizaba toda la prueba rendida”. En particular, se destacó que no consideraba las declaraciones de todos los testigos.

Principio de doble conformidad

Es precisamente este devenir del caso al que apunta el defensor privado Cristián Arias, quien basa sus alegatos en el recurso en el principio de doble conformidad. Dicho precepto, señala, aplica cuando “la sentencia fuere condenatoria y la que se hubiese anulado hubiese sido absolutoria”. En tal caso “procederá el recurso de nulidad en favor del acusado, conforme a las reglas generales”.

Para fundamentar la elevación de este requerimiento, el profesional invoca diferentes causales. Pero la principal de ellas apunta a que en etapas previas a la realización del juicio oral se infringieron garantías constitucionales del acusado. Por haberse llevado a cabo diligencias intrusivas sin las autorizaciones correspondientes. Es decir, agrega, que la policía actuó de forma ilegal e infringiendo garantías constitucionales. Estas investigaciones generaron prueba ilícita, que se debió excluir en fase preparatoria, lo que el juez de garantía no hizo, pese a las solicitudes de la defensa, asegura el abogado.

Estos argumentos hacen referencia a las dos veces que la policía ingresó a la propiedad privada del ex conviviente de la víctima sin contar con una orden judicial. La defensa alega que el Tribunal Oral en lo Penal recibió y percibió esta prueba ilícita. Pese a que se constató su ilegalidad, el defensor alega que la percepción y conocimiento a cabalidad de pruebas ilícitas corresponde “una contaminación inaceptable”. El abogado agrega que es de la esencia del procedimiento justo y racional que la prueba ilícita no sea conocida por el Tribunal Oral en Lo Penal y no ingrese a juicio. “Precisamente para asegurar que la convicción a que se arribe tenga como base material probatorio aséptico de ilicitud”, señaló.

Redacción: Manuela Barrueto

El presidente Piñera promulgó esta semana la ley que busca combatir el comercio ilegal. La nueva legislación busca frenar la evasión de impuestos, proteger al comercio formal y velar por la protección de los derechos de los consumidores.

Una de las novedades de la normativa es que autoriza a funcionarios del Servicio de Impuestos Internos (SII), además de las policías e inspectores municipales, a fiscalizar in situ el cumplimiento de las normas. Para este cometido, los fiscalizadores podrán requerir los permisos municipales o sanitarios respectivos, además de los documentos que acrediten el origen de los productos comercializados.

Buscando socializar esta iniciativa, en la región se realizó una reunión entre diferentes actores relevantes. Entre ellos, el presidente de la Cámara de Comercio, Industria y Turismo de Puerto Montt, Eduardo Salazar y el delegado presidencial, Carlos Geisse. Además del seremi de Economía, Francisco Muñoz y Fernando Fajardo, prefecto de la Prefectura de Carabineros Llanquihue.

Aumento significativo de las sanciones

En la oportunidad, el delegado presidencial precisó que lo más importante de la nueva legislación es que contempla un aumento significativo de las sanciones. Otro punto de relevancia, según Geisse, es que la ley permitirá que las municipalidades establezcan a través de una ordenanza, lugares donde se pueda ejercer el comercio ambulante, pero de forma controlada y con los permisos correspondientes.

Por su parte, el seremi de Economía explicó que la inclusión del SII como ente fiscalizador permitirá que el organismo fiscalice en la vía pública a los comerciantes. Mientras que, previo a esta ley, el servicio sólo tenía facultades para fiscalizar a quienes ya tuvieran inicio de actividades. Otra facultad de esta ley es que permitirá que Carabineros, SII e inspectores municipales fiscalicen alimentos, lo cual tampoco existía previo a esta legislación.

Presidio menor para reincidentes

Finalmente, Muñoz destacó que la nueva legislación modifica la aplicación de multas. Mientras que anteriormente, las multas para el comercio ilegal sólo podían cursarse a través de los Juzgados de Policía Local, hoy, el SII y Carabineros podrán cursar multas directamente. Las sanciones contemplan montos desde 1 a 10 UTM, e incluso penas de presidio menor para quienes reincidan en el ejercicio del comercio ambulante.

En cuanto al impacto del comercio ilegal en la región, el seremi explicó que en la Región de Los Lagos se cursaron más de 400 multas a comerciantes ilegales el año pasado. La autoridad agregó que las comunas más afectadas por esta problemática son en primer lugar Puerto Montt, luego Osorno, y finalmente Castro.

El presidente de la Cámara de Comercio de Puerto Montt, Eduardo Salazar, destacó que la legislación “sin duda es un avance”. Sin embargo, el presidente del gremio enfatizó que no será efectiva si no existe un trabajo coordinado de las autoridades. Salazar ejemplificó que “si va un inspector municipal solo, seguro va a tener problemas con el grupo de comerciantes donde vaya a controlar. Por eso tiene que ir con policías e Impuestos Internos”.

“No se pueden entregar permisos así como así”

Respecto a la problemática del comercio ambulante, el dirigente enfatizó que se trata de una competencia desleal. “El 30% del comercio en Chile es ambulante o informal. Entonces, de que hablamos, la Cámara de Comercio aporta al municipio anualmente el 60% de los ingresos para la administración del municipio. Entonces no nos puede abandonar, y esto de los permisos precarios hay que regularlo. No se pueden entregar permisos así como así”, afirmó.

Redacción: Manuela Barrueto

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