Una plaga de ratones que ha empeorado en los últimos meses motivó al Consejo Escolar del Liceo Industrial de Puerto Montt a decretar una paralización de actividades. La medida regirá al menos por el día de hoy a la espera de que el Departamento de Educación Municipal (DEM) entregue soluciones, y que la nueva directora del Daem, María Luisa Rivera, acuda personalmente al establecimiento.

Si bien fue en específico la presencia de roedores lo que motivó la manifestación del día de hoy, el establecimiento se encuentra además enfrentado a otra serie de problemáticas. Así lo confirmó Juan Nicoreo Catrilef, docente de la especialidad de Mecánica Industrial y representante de los profesores técnicos ante el Consejo Escolar.

El miembro de la entidad que reúne al director del establecimiento y diferentes representantes de la comunidad industralina explicó que además de la plaga ya mencionada existe una falta de stock de materiales de enseñanza. Asimismo, faltan elementos sanitarios tan vitales como papel higiénico, papel absorbente y otros elementos de aseo indispensables durante una pandemia.

Otros problemas

Finalmente, entre otras problemáticas también existen salas sin calefacción, malas instalaciones eléctricas y goteras en los talleres y en algunas salas. Con respecto a la plaga de roedores, Nicoreo confirmó que tras ser avisados de aquello el lunes 25 de julio, el DAEM acudió durante el fin de semana a realizar los trabajos.

“El sábado recién se hicieron los trabajos, se vino a poner cebos. Pero eso no es lo que deberían hacer en cuanto a tratamiento de sanitización y desratización para este problema que se arrastra desde hace años”, explica el docente.

“Un sabor muy amargo”

Asimismo, el profesor explica que el hecho de que no exista una pronta solución a los problemas, y el verse obligados a llegar a estas instancias “nos deja un sabor muy amargo. Ninguno de nosotros es amigo de estas cosas, y por eso hemos aguantado tanto tiempo. Pero ya es hora de que la autoridad se haga cargo de su responsabilidad que le compete a este respecto. Por eso, nosotros, la comunidad completa decidimos hacer esta canalización”.

Nicorino enfatizó que la paralización del establecimiento es aún más grave considerando el impacto que la pandemia tuvo para la educación de los estudiantes. Además, señaló que de no obtener una pronta y satisfactoria respuesta por parte del Departamento de Educación, deberán acudir a instancias superiores.

“Si la directora no nos satisface vamos a tener que acudir a instancias superiores como ya pasó una vez, hace 6 o 7 años, cuando solicitamos la presencia del alcalde.“, explicó.

Redacción: Manuela Barrueto

A partir del 1 de septiembre, 274 mil personas de la región, y más de 5 millones de personas en todo el país pertenecientes a los tramos C y D de Fonasa podrán acceder de forma gratuita a atenciones en la red pública de salud.

De esta forma, el grupo se suma a la gratuidad que ya tienen las personas de los tramos A y B, y los usuarios mayores de 60 años. Así, todas las personas pertenecientes a Fonasa, es decir, más de 15 millones de usuarios en todo el país tendrán gratuidad en sus atenciones de salud en el sistema público.

Así lo dieron a conocer diferentes autoridades regionales, entre ellos, el seremi de Salud, Carlos Becerra, junto a la seremi de Gobierno, Luz Torres, y el subdirector médico del Servicio de Salud del Reloncaví, Marcos Balkenhol, en un punto de prensa para realizar la bajada regional de este anuncio.

Sólo para atenciones en modalidad institucional

Cabe aclarar que la medida, que busca beneficiar principalmente a la clase media del país, aplica precisamente para las atenciones en la modalidad institucional dentro del sistema público, y no de libre elección.

Para los usuarios de Fonasa C, la medida significará dejar de pagar un copago de un 10%, y de un 20% en el caso de Fonasa D. Se calcula que el ahorro promedio por hogar por concepto de copago será de más de 265 mil pesos al año.

Mejor avance de salud pública en 16 años

La seremi de Gobierno Luz Torres destacó que el fin del Copago es “el mejor avance que se ha tenido en materia de salud pública en los últimos 16 años”. Esto considerando que el último avance de esta envergadura se realizó el año 2016 bajo el Gobierno de la ex presidenta Michelle Bachelet. En ese momento, se anunció la gratuidad para los adultos mayores usuarios de la red de salud pública.

Por otro lado, la autoridad destacó que el 80% de la población del país utiliza el Fondo Nacional de Salud, y solo un 17% está adscrito a la red privada. “Es una medida bastante considerable que busca avanzar hacia la dignidad en materia de salud de las personas. Así como también consolidar y fortalecer la salud pública”, explicó.

Igualdad de condiciones

En la bajada regional de esta medida también estuvo presente Arturo López, representante del Consejo Asesor Regional de Salud. Esta entidad de participación ciudadana está integrada por representantes de diversos ámbitos, sectores y organizaciones, consideradas relevantes en todo el quehacer de la ciudadanía.

López señaló que ”nosotros, como dirigentes sociales, vemos con mucha alegría la concreción de los planes y los programas que se prometieron durante la campaña (…) El Estado tiene que ponerse para todos los ciudadanos. No pueden aquí haber ciudadanos de primera segunda categoría. Así que esto de alguna manera iguala las condiciones en que la salud se entrega a la población”, indicó.

Aclaraciones

En la instancia, el seremi de Salud Carlos Becerra se también aclaró algunas de las dudas que han surgido en la población en torno a esta medida. En primer lugar, se refirió a los temores en torno a la carga presupuestaria que la medida podría ocasionar.

La autoridad sanitaria explicó que el copago forma parte presupuestariamente de los ingresos de las arcas fiscales de los establecimientos públicos. Por lo tanto, explicó, “aquí no hay un compromiso de todo aquello que Fonasa deba suplementar. Lo tiene presupuestado”.

El cobro del copago, agregó “también tiene una recarga administrativa para el sistema. Y en eso también el anuncio fue claro. Todas aquellas personas que trabajaban en estas áreas van a ser redireccionadas para reforzar otras áreas tanto o más relevantes”.

Descartan falta de financiamiento a transplantes

Por otro lado, el seremi descartó aquellos rumores de que pudiera haber faltas de financiamiento para el programa de trasplantes. “El Ministerio de Salud ha aclarado que se trata de casos que no se han presentado a la Comisión de Trasplante Nacional. Todos los trasplantes en el país pasan por la Comisión Nacional y una vez que son aprobadas esas prestaciones, esas intervenciones han sido financiadas”.

Redacción: Manuela Barrueto

Una serie de denuncias ciudadanas evidenciaron que las obras del proyecto inmobiliario de Pocuro Sur no cuentan con permiso ambiental. Además de no contar con resolución de calificación ambiental (RCA), se constató que el proyecto ha intervenido el Humedal Valle Volcanes, declarado como Humedal Urbano por el Ministerio del Medio Ambiente.

Por estos motivos, la Superintendencia del Medio Ambiente solicitó al Tercer Tribunal Ambiental de forma urgente la autorización para adoptar la medida provisional de detención parcial de las obras correspondientes a las Etapas III y IV del proyecto Vista Cordillera.

Ocho denuncias en total

El caso contra la Inmobiliaria Pocuro Sur SpA tiene como origen a 2 denuncias que hacen referencia a “drenajes y obras no autorizadas que destruyen humedal, y por las alteraciones sobre el gran humedal 5 lagunas de Valle volcanes, y posible elusión a someterse a evaluación de impacto ambiental”. A lo anterior, se suman seis denuncias más que dan cuenta de la afectación del Humedal Valle Volcanes.

Tres fiscalizaciones

A raíz de estos antecedentes se realizaron tres actividades de fiscalización a cargo de la Oficina Regional SMA Los Lagos. Allí, la entidad constató principalmente movimientos de tierra, canalización de aguas lluvias, excavaciones, remoción de tierra, escarpe y despeje de vegetación dentro del área del humedal.

A las consecuencias de la ejecución de las obras de este proyecto inmobiliario, se refirió el Superintendente del Medio Ambiente (S), Emanuel Ibarra. La autoridad señaló que los “movimientos de tierra, escarpe, corte de vegetación, excavaciones, y drenajes entre otros, efectuadas en área del humedal, han significado una alteración física a los componentes bióticos, a sus interacciones o a los flujos ecosistémicos del humedal Valle Volcanes. De aquí la relevancia de las medidas que estamos ordenando y que buscan mitigar estos impactos negativos a este ecosistema”

Riesgo ambiental

Por su parte, Ivonne Mansilla, jefa de la Oficina Regional SMA de Los Lagos relevó que “durante las tres actividades de fiscalización que realizamos pudimos evidenciar el riesgo ambiental que ha generado este proyecto inmobiliario al Humedal Valle Volcanes donde cohabitan aves y anfibios, sumada a una importante presencia de vegetación hidrófila”, indicó.

Asimismo, la entidad dio a conocer los objetivos de la medida provisional de detención parcial de funcionamiento. Desde la SMA explicaron que está destinada a impedir la continuidad de la afectación al medio ambiente, causado por las actividades desarrolladas por la empresa. La medida tiene como plazo 15 (quince) días hábiles, contados desde la notificación de la resolución que ordene la adopción de esta restricción.

¿Cual es el rol de la SMA?

Asimismo, aclararon cual es el rol de la SMA en el contexto de la institucionalidad ambiental actual en Chile. Desde la entidad explicaron que a Superintendencia del Medio Ambiente cumple un rol fiscalizador y de sanción sobre los instrumentos de gestión ambiental vigentes en el país (Ley 19.300). Entre ellos, las Resoluciones de Calificación (RCA), Normas de Emisión, Normas de Calidad y Planes de Prevención y/o de Descontaminación Ambiental.

Fueron cerca de 400 personas de los Comités pertenecientes a la Unión Comunal de Allegados de Osorno quienes se manifestaron en la Plaza de Armas de esta ciudad en la tarde del martes. El objetivo de esta concentración fue demostrar su descontento con la demora en la concreción de su proyecto en Predio Baquedano, y exigir que los estudios correspondientes a humedales en dicho lugar se hagan lo más pronto posible.

La Presidenta de la Unión comunal de Comités de Allegados, Solange Aguilar, señaló que su denuncia apunta también a que las mesas de trabajo a las que han sido invitadas no tienen avances, y necesitan que de una vez la política habitacional en la comuna tenga celeridad.

“Estamos cansados de una mesa de trabajo que no tiene ningún fin, que es lenta. Necesitamos algo que podamos postular al proyecto Baquedano y necesitamos que la temática de vivienda en Osorno avance, no ha avanzado nada. Pensábamos que iba a haber un cambio en este gobierno y no ha sido así”.

Adultos mayores postrados

Por otro lado la dirigenta también acusa la indolencia de las autoridades con las familias que deben vivir de allegadas. Ya que muchas familias tienen a adultas y adultos mayores postrados que necesitan contar con el espacio necesario para sus cuidados.

“Necesitamos que esto cambie, que las autoridades entiendan que nosotros necesitamos nuestra casa, son indolentes a nuestro sufrimiento. Tenemos allegados que están muriendo y necesitamos que esto avance. La mesa lleva más de tres meses y no tienen ningún fin”.

Una década de lucha

Cansadas de una década de lucha, la Presidenta indicó que continuarán movilizadas y es el Ministro el que tiene la responsabilidad de entregar una solución a las familias de Osorno. Ya que como Comités de Allegados no se sienten incluidos en la reciente política habitacional comunicada por el Ministerio de Vivienda.

“Primero hoy es el alcalde, mañana serán otras autoridades porque vamos a seguir en lucha. Lo que nosotros pedimos es que venga el ministro a dar una solución. Siempre Osorno ha quedado atrás en todo ámbito habitacional, a nivel regional y nacional. Nosotros queremos una solución rápida porque con la política de vivienda que tiene el ministro nosotros los allegados no estamos incluidos ahí”.

Más de 15 comunidades originarias de Quellón, Queilen, Castro, Cucao, Pargua y Chonchi, entre otros, con el apoyo de organizaciones por la defensa del medio ambiente, se han manifestado en los últimos días para defender la Ley Lafkenche.

Estas declaraciones buscan responder a la protesta que realizó una veintena de personas durante la mañana de este lunes. El grupo liderado por el lonko Juan Huaiquín realizó un corte de ruta en el sector cercano al peaje de El Empalme en la comuna de Calbuco. El motivo de esta manifestación fue buscar que se modifique la Ley 20.249 o Ley Lafkenche.

No es primera vez que este dirigente se pronuncia a favor de la salmonicultura, ya que Huaiquín inclusó participó en un documental de la Asociación de la Industria del Salmón. Allí aseguró que “de Osorno a Quellón, todo el pueblo Huilliche trabaja con las salmoneras. Es la única manera en que hemos podido vivir en familia. Crecimos con una salmonicultura y tenemos que cuidarlo entre todos”.

Comunidades responden

A partir de estas declaraciones, y la manifestación organizada por Juan Huaiquín, comunidades originarias de toda la región han salido a desmentir la representatividad del dirigente. Las comunidades aseguran que esta persona no los representa, y que se encuentra “manipulado por la industria salmonera”.

Las comunidades Mapuche afirman que la Ley Lafkenche “permite que el desarrollo económico se planifique territorialmente a través de planes de administración que incluyen a todos los usuarios del mar. Incluso penalizando los ECMPOs que no abran el diálogo”.

Desarrollo armónico en los bordes costeros

Además, agregan que “las comunidades Lafkenche de Quellón llevamos años realizando alianzas con la pesca artesanal, mitilicultores, recolectores de orilla y distintos usuarios del mar para promover un desarrollo armónico en los bordes costeros, incluso mediante diálogos con las industrias que están en la comuna”.

Sobre ello, realizaron un llamado a las delegadas presidenciales de Chiloé, Mariela Núñez Ávila, y de la región, Giovanna Moreira, a “tener una posición firme ante esta situación que vulnera y desarticula el Estado de derecho”. Y a “restablecer el orden público y el libre tránsito de las carreteras”