13 funcionarios atienden a todo el país: Departamento de Derechos Intelectuales exige mejores condiciones laborales

El Departamento de Derechos Intelectuales (DDI) forma parte del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural y tiene como funciones gestionar el sistema de Registro de la Propiedad Intelectual, inscribiendo la propiedad de obras de toda índole a lo largo del país, además de recibir en depósito para su custodia, preservación y conservación, una colección de obras literarias, artísticas y científicas, creadas y registradas desde el año 1834 en nuestro país.

Por otro lado, este departamento compuesto solo por 13 funcionarios en total, también debe responder a las consultas e informes que formulen o soliciten los particulares y los servicios públicos y asesorar al Gobierno en todo lo relativo a derechos de autor, derechos conexos y materias afines.

Movilización

Pese a esta importante labor, y a tener en custodia obras tan importantes como las de Víctor Jara y Violeta Parra, el presupuesto con el que cuentan es mínimo, y su dotación apenas ha crecido desde su creación en 1970, pese a que la carga de trabajo ha aumentado enormemente.

Es por estos motivos, entre otros, que el departamento ha decidido exigir su propio petitorio en el marco de la paralización del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural a la que se han sumado.

Una de las funcionarias del DDI, quien pidió reservar su identidad confirma que la situación al interior es crítica. “Cada día se inscriben más y más obras, la carga laboral es enorme y eso ha llevado a que muchos compañeros deban presentar licencia. Pese a la importancia que tiene el Departamento de Derechos Intelectuales, y la labor esencial que cumple, no logramos ser escuchados en ningún lado”.

Valor histórico y documental

A ello se suma, como relatan los funcionarios en un comunicado, el alto valor histórico, documental, cultural, científico y social de la colección que el departamento custodia. “Tanto para la sociedad en su conjunto así como para todos los creadores y creadoras, que han decidido proteger su capital intelectual expresado en diversidad de expresiones creativas, entre las que se encuentran videojuegos, programas computacionales, bases de datos, proyectos de arquitectura e ingeniería, mapas, poemas, canciones, guiones de teatro o cine, dibujos, croquis, planos, diseños, partituras, fotografías, grabaciones musicales o de obras audiovisuales que avalan -en un nivel documental- el pensamiento y patrimonio creativo producido en Chile”.

Asimismo, la dotación que partió con 8 funcionarios en 1970, y hoy es de 13 funcionarios que actualmente trabajan en el departamento, no refleja el crecimiento que ha tenido el país, y por correspondiente la carga laboral para la unidad.

Sobrecarga laboral

En la misma declaración relatan que “la cantidad de población supera al doble de la inicialmente considerada, los procesos de registro aumentaron en más de 10 veces y si a estos se suman todos los procesos de gestión asociados a las otras funciones que se deben cumplir, el indicador total arroja que el nivel de carga de trabajo ha crecido desde el inicio en 72,6 veces (52.634 procesos de gestión el año 2021)”.

Agregan que “el nivel de trabajo que hemos debido sobrellevar es de gran magnitud, a modo de ejemplo: en el año 1970 se realizaban 1.380 registros, mientras que en el año 2021 se realizaron 14.075 inscripciones, se gestionaron 14.034 certificados y se respondieron 24.480 consultas”.

Petitorio

En este sentido, los funcioarios/as se encuentran exigiendo diferentes mejoras a sus condiciones laborales. En primer lugar buscan la reposición o reemplazo inmediato de plazas, como requerimiento urgente a Dipres. A ello se suma el aumento de personal para descongestionar la excesiva carga laboral que cada miembro del departamento lleva en sus hombros, a costa de su salud física y mental.

Por otro lado, se busca la aceleración del proceso de encasillamiento pendiente con el consiguiente aumento de remuneraciones, y asimismo, un aumento de presupuesto del departamento que permita solventar a urgente adquisición de insumos básicos, renovación de equipamiento de equipo tecnológico y mejoramiento de infraestructura en oficinas y depósito de colecciones, todo lo cual, explican, “resulta esencial para apoyar la transformación digital del Estado y que ella oriente su ejecución hacia el beneficio de las personas, ofreciendo un servicio de eficiencia y mejor calidad”.

Finalmente, los trabajadores solicitan mejorar las condiciones laborales básicas asociadas a infraestructura en áreas comunes, como el comedor y los servicios sanitarios. En este sentido, recalcan que solo existen dos baños en el departamento, que además presentan severos problemas de funcionamiento y mantención. Este servicio debe además compartirse entre funcionarios y funcionarias del edificio, así como con el público que viene a requerir los servicios ofrecidos o vistan el edificio.