Tres semanas de paralización de funciones cumplen los funcionarios/as del Ministerio de Las Culturas, las Artes y el Patrimonio en todas las regiones del país, agrupados en la Asociación Nacional de Funcionarios/as de la Subsecretaría de las Culturas y las Artes, ANFUCULTURA, la Asociación Nacional de Funcionarios y Funcionarias del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, AFUCAP, el Sindicato de Trabajadores a Honorarios, Santiago, y su par de Valparaíso, además de Funcionarios MINCAP no asociados/as.

Esto, en espera del mejoramiento de la  estructura orgánica del Ministerio, que nació hace 5 años, la nivelación en brechas salariales, entre otras demandas. 

“Que esto no se dilate más”

En la región de Los Lagos, ANFUCULTURA, que agrupa a los funcionarios del Ministerio, junto a la ANEF Los Lagos, realizaron una reunión para analizar el desarrollo de este proceso. Una vez finalizada la cita, Jessica Cerón, presidenta del gremio de las Culturas en la región hizo un llamado a la comunidad a apoyar esta movilización.

“Es importante hacer un llamado a la comunidad artística para que comprenda esta situación, que es un resguardo del servicio público para la mejora de nuestra institución. No olvidar que hoy nuestro empleador es el Estado, quien pone en la mesa conversaciones del Trabajo Cultural Decente. Sabemos que trabajamos con una comunidad precarizada en términos laborales y eso implica un mejor diseño e implementación de las políticas públicas territoriales. Pedir comprensión y hacer un llamado a la autoridad a que esto no se dilate más. Hemos estado desde que se instaló este Gobierno en mesas de condiciones laborales. Y hoy estamos en paro, necesitamos que esto se vaya cerrando y siempre nuestra intención es contribuir y construir en conjunto con la autoridad, es importante que se dignifique y valide nuestro quehacer desde las regiones”, explicó.

Nuevo Modelo de Empleo Público

Por su parte, Pamela Espinoza, presidenta de ANEF, región de Los Lagos, señaló que como Consejo Regional están apoyando ésta, y otras movilizaciones que los trabajadores/as públicos desarrollan en el territorio. Además explicó que se trata de una necesidad y una urgencia para la administración del Gobierno y el Estado Chileno el poder resolver esta situación, al haberse mantenido una repartición durante tanto tiempo en paralización.

“Esto no solamente es una alarma en materia del trabajo decente, sino también por lo que implica para la ciudadanía. Cuando nosotros levantamos banderas para mejorar el trabajo al interior del Estado, interpelamos a todos sus poderes, Ejecutivo, Legislativo y Judicial, a avanzar en la Modernización del Estado y el Empleo Público, el Modelo de Empleo Público hoy genera empobrecimiento en materia de lo que significa el avance en lo laboral“, señaló la dirigenta.

Deficiencia desde su implementación

En tanto, Francisco Mora, miembro del directorio nacional de ANFUCULTURA, expresó que “lo que se presenta a la autoridad es  un mecanismo para que el Estado se haga cargo de una deficiencia que tiene el Ministerio en su implementación. Hoy nos encontramos con un Ministerio que no se ha hecho cargo de una orgánica y eso dificulta la tarea que nos encomienda la ley. Lo que planteamos es una solución sistemática de todos estos problemas, que tienen que ver con mejoras salariales, en miras de abordar la desnivelación, que está enraizada en este Ministerio”.

El gremio se encuentra actualmente a la espera de la respuesta a su petitorio, ya que la propuesta de las organizaciones que suscriben esta movilización ya está en manos del ministro de las Culturas Jaime Aguirre y otras autoridades de la cartera.

Precisamente, este jueves, dirigentes de distintos sectores del país se reunirán con las autoridades en Santiago, a la espera de una pronta solución que permita, explicaron, poder retomar la entrega de un servicio de calidad a la ciudadanía.

Esta mañana la presidenta regional de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales, ANEF, en Magallanes, Evelyn Córdova Marín, junto a la presidenta de la Asociación de Funcionarios del Gobierno Regional, Mirtha Vidal, hicieron una presentación a la Contraloría Regional de la República, para solicitar información sobre la denuncia de una de sus asociadas por presunto maltrato laboral al interior del Gobierno Regional, situación que se estaría revisando en dicho órgano contralor.

En el mes de febrero del presente año, se dirigió a nuestra Directiva Regional de ANEF Magallanes, la Asociación de Funcionarios del Gobierno Regional de Magallanes y de la Antártica Chilena informando la denuncia  de una de sus asociadas por un supuesto caso de maltrato laboral.

A raíz de aquello, el gobernador regional instruyó investigar la denuncia por maltrato laboral presentada en contra del administrador regional, y a cuyo respecto el Gobierno Regional solicitó a la Contraloría Regional la designación de un fiscal investigador, en atención a la jerarquía del funcionario denunciado.

Estado de la investigación

Sobre la situación en comento, ANEF Magallanes aseveró que están en conocimiento de que Contraloría determinó instruir un procedimiento disciplinario con la finalidad de investigar los hechos denunciados, información que fue entregada a la Asociación de Funcionarios del Gobierno Regional de Magallanes por el ente contralor el 4 de mayo de 2023 mediante el oficio FOLIIO E340659/2023.

Según lo anteriormente expuesto y considerando el tiempo transcurrido desde el ingreso de la denuncia por parte del Gobierno Regional la primera semana del mes de febrero, y en consideración también de que los funcionarios involucrados en los hechos, principalmente la asociada afectada se encuentra en una situación de incertidumbre que preocupa a la ANEF regional, han solicitado respetuosamente a Contraloría informar al directorio regional de ANEF si ya se ha nombrado a un fiscal para la investigación de los hechos anteriormente señalados.

Por otra parte, la Presidenta de ANEF Magallanes hace mención a que en mérito de lo expuesto, estiman que el caso de maltrato laboral en contra de su asociada debe ser investigado por este órgano contralor a la brevedad y sancionar a quienes resulten responsables de los hechos en comento o de otra forma, solicitar el cambio de subrogancia, toda vez que la persona denunciada hoy en día, ejerce el cargo de gobernador subrogante, lo que afecta la salud de la trabajadora afectada.

En conversación con la Radio Universidad de Chile, el presidente regional metropolitano del Colegio de Profesoras y Profesores, Mario Aguilar, abordó las declaraciones del Presidente Gabriel Boric durante la Cuenta Pública, en relación al pago de la deuda histórica a los docentes del país.

Aguilar expresó su decepción por el incumplimiento del compromiso anunciado por el mandatario en su primer Mensaje Presidencial. Según Aguilar, el año pasado Boric aseguró que para diciembre de 2022 el Gobierno presentaría un proyecto de ley para abordar la prolongada demanda del gremio docente.

El dirigente gremial señaló: “Hay un compromiso incumplido. Generó mucha expectativa cuando hizo ese anuncio de que presentaría ese proyecto de ley (…). Nuestra sensación es de frustración y dolor frente a este anuncio que hace ahora, en donde lo condiciona a una reforma tributaria bastante incierta“.

Aguilar expresó su opinión de que durante las campañas electorales, los candidatos deberían hablar con franqueza y ser honestos al prometer. Afirmó que celebrar cuando se cumple solo una parte de lo prometido es una mala práctica que socava la confianza de la ciudadanía en las instituciones, la clase política y el sistema en general.

En línea con esto, el presidente del Colegio de Profesoras y Profesores duda que el Ejecutivo sea capaz de obtener los votos necesarios en el Senado para lograr un pacto fiscal, lo que lleva a los docentes a creer que el Presidente no cumplirá su compromiso.

Profesores han fallecido esperando

Aguilar destacó que hasta la fecha, más de 20.000 profesores han fallecido sin haber obtenido justicia. Por lo tanto, aproximadamente 50.000 profesionales de la educación todavía esperan el pago de la deuda. Según informó, si se pagara el monto completo desde 1981 hasta la actualidad, tanto a los docentes activos como a los jubilados, la deuda ascendería a alrededor de 12.000 millones de dólares.

La denominada Deuda Histórica hace referencia al perjuicio salarial sufrido por miles de profesores de escuelas públicas durante la dictadura, cuando la administración de los establecimientos pasó de manos del Estado a las municipalidades. Esto impidió que los profesionales recibieran los ajustes salariales contemplados en el Decreto Ley N° 3.551 (Artículo 40), ya que sus nuevos empleadores desconocieron esta normativa. Como resultado, los salarios de los docentes se vieron disminuidos, lo que ha llevado a miles de ellos a exigir la reparación de esta deuda en las últimas cuatro décadas.

“Reparación”

A pesar de lo anterior, Aguilar señaló que desde que se emitió el informe de la comisión especial creada en la Cámara de Diputados para abordar este tema, se ha hablado de una “reparación” en relación a la deuda histórica, lo que podría implicar un monto menor al mencionado anteriormente.

El presidente metropolitano del Colegio de Profesoras y Profesores destacó que el gremio espera que la reparación pueda llevarse a cabo incluso sin una reforma tributaria. Señaló que debería ser posible avanzar en un mecanismo de pago, considerando que existen gastos que podrían ser considerados menos prioritarios.

En este sentido, mencionó el gasto en pensiones de las Fuerzas Armadas, donde militares pueden jubilarse con hasta el 100% de sus sueldos activos luego de 20 años de servicio, mientras que la gran mayoría de los profesores y la población en general se jubilan con aproximadamente el 30% de sus ingresos. Esta situación afecta aún más a las mujeres docentes, quienes reciben pensiones aún más bajas y enfrentan lagunas en sus cotizaciones. Aguilar enfatizó: “Esto es un asunto de prioridad, es un asunto de justicia y es un asunto ético”.

Las declaraciones de la ministra Ángela Vivanco en una entrevista han tomado por sorpresa a todos los involucrados. La vocera de la Corte Suprema aseguró que el fallo de noviembre de 2022 de la Tercera Sala del máximo tribunal, que cuestionaba a las isapres, solo obliga a restituir cobros en exceso a quienes demandaron y no a todos los cotizantes.

Estas palabras inesperadas de Vivanco han generado sorpresa tanto en las autoridades gubernamentales como en las aseguradoras, quienes consideran que representa un giro completo del tribunal. Ante esta situación, han decidido presentar recursos de aclaración, como sugirió la propia ministra de la Suprema. Según Vivanco: “Tampoco se nos ha hecho ninguna consulta por ningún incumbente a estos procesos, es decir, ni por la Superintendencia ni por las isapres“.

En respuesta a estas declaraciones, la ministra del Interior, Carolina Tohá, confirmó que el Gobierno solicitará una “aclaración” a la Corte Suprema. Tohá afirmó: “Esto es una novedad, por decir lo menos. Obviamente, lo que vamos a hacer a través de la Superintendencia (de Salud) es pedir una aclaración respecto al alcance que tienen estas declaraciones“.

“En Chile las instituciones funcionan”

En la misma línea, el presidente Gabriel Boric, en una entrevista, expresó su sorpresa ante las declaraciones de la vocera del máximo tribunal y respaldó el curso de acción propuesto por Tohá. Boric señaló: “Por supuesto que sorprenden las declaraciones de la ministra Vivanco, pero como en Chile las instituciones funcionan, lo que nosotros vamos a hacer es presentar un recurso de aclaración, tal como ya lo hiciéramos en enero, y esperar cuál es la resolución de esto porque es muy importante que todos convengamos. Yo creo que todo el mundo tiene que estar de acuerdo en que los fallos hay que cumplirlos“.

Hoy, el ministro de Justicia, Luis Cordero, se sumó a las declaraciones del presidente Boric y también reconoció que las declaraciones de la vocera de la Suprema tomaron por sorpresa al Ejecutivo. Cordero afirmó: “La aclaración se hace indispensable primero, porque el tenor de las declaraciones, en algún sentido, controvierte parte de la sentencia ya señalada”.

El ministro Cordero recordó que cuando se emitió el fallo en noviembre, la Corte Suprema dijo explícitamente: “para dar adecuada protección al recurrente y a todos los afectados con la aplicación de la tabla de factores empleada por la recurrida a sus planes, con pleno respeto”. Por lo tanto, se interpretó que la decisión de acoger se aplicaba no solo al recurrente, sino también a todas las personas que tenían contratos con esa Isapre en el caso concreto.

En relación a la solicitud de aclaración, el ministro de Justicia anunció que presentarán el recurso ante la Corte Suprema en los próximos días. Además, expresó su confianza en que el tribunal resolverá rápidamente para que el Congreso tenga claridad sobre los límites del debate. Cordero concluyó diciendo: “Tomaría las declaraciones de la ministra Vivanco como una simple entrevista, porque los jueces hablan a través de su sentencia”.