En la noche de este domingo en Tolerancia Cero, Camila Vallejo, la ministra vocera de Gobierno, hizo una declaración preocupante sobre el estado de la seguridad en Chile: “La realidad es peor de lo que pensábamos“, respecto a la situación del país en materia de seguridad, migración y las herramientas que tienen las policías para enfrentar el alza delictual.

“Nosotros teníamos sobre la mesa la información sobre el déficit de las policías o el avance de la violencia de los delitos, el alza de los homicidios, el narcotráfico”, explicó. Sin embargo, la vocera de Gobierno agregó que “por ejemplo, en materia migratoria. Esto nos tocó asumir el Gobierno con una crisis en materia de migración, pero claro, en el despliegue del Gobierno hacia las fronteras de la zona norte, nos dimos cuenta que la situación era más precaria de lo que pensábamos“.

Recursos

“Cuando uno asume el poder Ejecutivo va encontrando cosas que nadie te las contaba y eso implicó un reforzamiento mucho mayor de lo que teníamos presupuestado en nuestra agenda de seguridad“, afirmó. Para contrarrestar esto, agregó, desde La Moneda tuvieron que inyectar cerca de US$1.500 millones para robustecer la agenda de seguridad.

Vallejo agregó que “Carabineros estaba en una situación precaria” para enfrentar el aumento de la delincuencia, “por eso ha habido un fuerte incremento de presupuesto, no solo para Carabineros , sino para muchas otras instituciones“, explicó.

Asimismo, hizo un llamado al mundo político a dejar las diferencias de lado para avanzar en la agenda legislativa en la materia. “La agenda de seguridad es una agenda de derechos. Es importante que salgamos de esta disputa política-ideológica para poder enfrentarla”. Si no tenemos barrios más seguros, si seguimos manteniendo esta lógica donde los padres y las madres no saben si sus hijos van a llegar a las casas sanos y salvos después del colegio, no vamos a poder construir una democracia sólida“, enfatizó.

Un conjunto de más de 300 organizaciones sociales y activistas por la defensa de los derechos humanos ha hecho público su rechazo al acuerdo entre el gobierno y la oposición para tramitar una agenda legislativa de seguridad de manera “extra rápida”. En su declaración pública, las organizaciones convocan a resistir los intentos de imponer una agenda centrada en una concepción autoritaria de la seguridad y exigen un cambio de rumbo.

Las autoridades estatales han aprobado en su primer trámite normas que, según las organizaciones, lejos de ir a las raíces profundas de la inseguridad, respaldan la vocación de impunidad de las policías e instituciones del país. Agregan que, en el pasado reciente y durante la revuelta social, estas han impedido la sanción oportuna y proporcional de los delitos perpetrados por agentes estatales, en delitos reconocidos por diversos informes nacionales e internacionales. En este sentido, cabe mencionar que, hasta ahora, se han presentado más de 10.700 denuncias por violencia institucional, incluidas querellas contra el Alto Mando de Carabineros por su responsabilidad en crímenes constitutivos de graves violaciones a los derechos humanos.

Uso de la fuerza

Las organizaciones sociales y de derechos humanos expresaron su preocupación ante la posibilidad de que se “salvaguarde la impunidad de agentes estatales en el uso de la fuerza” y se alejen de los estándares y controles de convencionalidad en materia de derechos humanos. “Resulta inaceptable que la justificación del uso de la fuerza letal dependa del criterio del funcionario que utiliza las armas. Más aún, en circunstancias que Carabineros ha demostrado un total desconocimiento del uso racional y proporcional de la fuerza letal y menos letal, así como de las exigencias que implica el respeto a los derechos humanos”, explican.

Además, alertan sobre los peligros de los discursos de autoridades en contra de los derechos humanos y de quienes los defienden, a través de los cuales se afirma a estos derechos como un obstáculo a la seguridad. También denuncian la invisibilización de las víctimas de la revuelta y la falta de cumplimiento por parte del gobierno de las garantías de no repetición en materia de derechos humanos.

Víctimas de la revuelta

“La invisibilización de las víctimas de la revuelta también ha influido en este escenario. El gobierno no ha sido capaz de cumplir con las garantías de no repetición en materia de derechos humanos, ignorando la importancia de poner el foco de atención en las víctimas de violencia estatal, para que hechos como aquellos nunca más se repitan. Asimismo, el gobierno incumple las obligaciones internacionales al promover estos proyectos de ley y no enfrentar de manera decidida los discursos negacionistas”, denuncian.

La agenda legislativa, agregan, tampoco aborda la crisis estructural de Carabineros diagnosticada hace años. Una problemática que se ha venido manifestando a través de graves delitos de corrupción y malversación de recursos públicos, masivas violaciones a los derechos humanos y participación en redes de abuso sexual, narcotráfico y crimen organizado que los medios de comunicación hegemonizados por la derecha no han visibilizado.

Las organizaciones hacen un llamado a todas las personas defensoras de derechos humanos a que no permitan que se utilice a las fuerzas armadas y policiales para resolver problemas y conflictos de orden político, social y económico mediante la represión y la restricción de las garantías democráticas más básicas. También convocan a tomar todas las medidas que estén a su alcance para denunciar este grave retroceso en materia de derechos humanos.

De acuerdo a información publicada en la página web del Poder Judicial, en las sentencias causas roles 26.112-2022, 26.131-2022, 26.196-2022, 26.279-2022 y 26.301-2022, la Tercera Sala del máximo tribunal, realizó una revisión de la jurisprudencia sobre la materia y ajustó el criterio de las contratas -incluidos los funcionarios del Poder Judicial- y estableció que en las relaciones laborales anuales, bajo los 5 años, no quedan cubierta por la denominada confianza legítima.

El máximo tribunal resolvió así una serie de recursos de protección relacionados con desvinculaciones de trabajadoras y trabajadores públicos que prestaron servicios a contrata en reparticiones del Estado, y estableció que el principio de confianza legítima opera después de 5 años en esta modalidad, por lo que no se configura actuar ilegal o arbitrario si la desvinculación, por razones justificadas, se produce antes del quinquenio.

Contenido del fallo

El fallo plantea que: “Asentado el primer aspecto, vinculado al ejercicio de la facultad de no renovar y poner término anticipado a la vinculación a través de contratas
anuales, resulta imperioso para esta Corte hacer una clara distinción entre aquellas relaciones que han tenido una extensión temporal mayor en el tiempo, toda vez que a
dichas personas, según la jurisprudencia judicial y administrativa, se encuentran protegidas por el principio de confianza legítima”.

La resolución agrega que: “En efecto, el referido principio, aplicado en materia administrativa, busca proteger a los funcionarios de los cambios intempestivos en las decisiones de la Administración, entregando estabilidad a los servidores públicos, impidiendo que a través de aquellos se lesionen derechos”.

“En esta materia, se ha resuelto que tanto la decisión de poner término anticipado a una contrata, como la no renovación de la misma, respecto de personas que se han vinculados con la Administración por un determinado número de años, violenta el principio de la confianza legítima del funcionario que alberga la justa expectativa de terminar el periodo cubierto por su designación y a ser recontratado para el año siguiente, la que, en todo caso, se configura a juicio de ambas jurisdicciones, cuando concurre, como se adelantó, un elemento temporal estabilizador, esto es, que se hubieran producido renovaciones sucesivas”, añade.

“Así –prosigue–, es la determinación del elemento temporal el que cobra relevancia, en tanto es aquel el que determinara las exigencias que puedan imponerse para
terminar el vínculo, pues si la persona que se desempeña en la Administración está protegida por el principio de confianza legítima, aquella solo puede poner término a
esa relación estatutaria por sumario administrativo derivado de una falta que motive su destitución, o por una calificación anual que así lo permita”.

“En efecto, el Estatuto Administrativo establece un procedimiento específico para evaluar el servicio de los funcionarios públicos, que es aplicable a quienes sirvan los
cargos en calidad de planta o a contrata, debiendo la autoridad dejar plasmadas en el proceso de calificación las razones de un eventual mal desempeño que, una vez firme, determina que el funcionario deje de prestar servicios, sin que sea admisible que se utilice la causal de necesidades del servicio para poner término anticipado o no
renovar las designaciones a contrata de personas que se hayan desempeñado por larga data sirviendo el cargo específico, pues aquello, sin duda vulneraría el principio
de confianza legítima”, aclara el fallo.

Para la Sala Constitucional de la Corte Suprema: “(…) entonces, resulta imprescindible establecer desde cuándo la persona que se vincula a través de contratas anuales con la Administración adquiere la confianza legítima respecto que su designación no solo se cumplirá en la anualidad respectiva, sino que, además, será renovado”.

“Periodo prudente”

“Pues bien, en busca de un criterio unificador, esta Corte ha considerado establecer el plazo de cinco años, que se estima es un periodo prudente para que la Administración evalúe íntegramente no solo el desempeño del funcionario sino que, además, estudie la necesidad de seguir contando con el cargo que sirve la persona, por cuanto existe una real necesidad del servicio de contar con una persona que desempeñe las funciones específicas que motivaron la dictación del acto administrativo que determinó el inicio del vínculo con la Administración”, releva.

“Que, como colofón, se concluye que si una persona se encuentra vinculada con la Administración a través de contratas anuales y ha tenido un periodo desempeño por
un tiempo inferior a cinco años, no le asiste el principio de confianza legítima y, en consecuencia, la Administración se encuentra facultada para no renovar el vínculo
estatutario para el periodo siguiente, sin que requiera la dictación de un acto especial al efecto, dado que es el legislador quien dispone que al cumplirse el periodo de
designación esta concluye por el solo ministerio de la ley, al ser inferior a cinco años su vinculación con la Administración y no estar amparado por el principio de confianza legítima. Todo lo cual no adquiere un carácter diverso por el hecho de comunicar expresamente esa determinación por razones de certeza jurídica y deferencia con el funcionario”, explica el máximo tribunal.

“En cambio, en el caso de que la persona se encuentre protegida por el principio de confianza legítima, la Administración solo puede poner término al vínculo estatutario, como se dijo, a través del sistema de calificaciones o sumario administrativo, por lo que, en este caso, carece de toda relevancia hacer un distingo entre término anticipado y no renovación del contrato”, concluye.

En relación al tema, el presidente nacional de ANEF, José Pérez Debelli, enfatizó que: “Las estructuras sindicales deben mantener coordinación permanente con ANEF nacional y territorial a fin de afrontar el tema en su mérito. Es importante revisar tanto el dictamen de confianza legítima emitido por la Contraloría General de la República y la importante conquista sindical de la Tutela de Derechos Fundamentales de 2020. Como ANEF hacemos un llamado a todos y todas a informarse, y a mantener informadas a nuestra ANEF regionales”.

El presidente de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales, José Pérez Debelli, se refirió a través de una columna de opinión en “El Dínamo”, al proyecto de ley que reduce la jornada laboral a 40 horas semanales, celebrando que la iniciativa haya sido recientemente aprobada por unanimidad por la Sala del Senado 21 de marzo. Con ello, el proyecto quedó en condiciones de ser remitido a la Cámara de Diputadas y Diputados para que se pronuncie sobre las modificaciones propuestas en el Senado y que fueron fruto de un acuerdo transversal.

En dicha oportunidad, el presidente del Senado, Juan Antonio Coloma, precisó que “este proyecto es un paso y está pensado básicamente en el grupo privado y en una parte de trabajadores del sector público. Queda pendiente una negociación para incluir al resto de la administración pública, entre ellos los del mundo municipal”.

Precisamente, parte de la argumentación de Pérez Debelli, se centra en que, aunque reconoce que la gradualidad es parte de los acuerdos políticos, espera que una vez que la ley sea aprobada, también sea considerada una extensión para que sea una realidad para cada funcionario público del país, quienes actualmente no contarían con dicha reducción.

Implementación

“Como gremial hace mucho tiempo que venimos acompañando este proceso y es importante saber cómo se irá implementando cuando sea aprobado y entre en vigencia tanto en el sector público como privado. Es por eso que también debemos tener precaución y exponer nuestras observaciones, ya que las alertas desde el punto gremial y sindical, apuntan a que posteriormente esta norma se utilice desde la vereda patronal para aplicar extensiones de horarios disfrazados o que no se reconozcan las horas extraordinarias, el descanso o derecho a la colación, situación que se ha expuesto en muchas instancias“

Agrega que “una vez que se apruebe, debe implementarse como corresponde para que beneficie por igual a los trabajadores y trabajadoras, puesto que hay diversos sectores que trabajan con sistemas de turnos como la DGAC, salud, educación, minería y todo el Estado administrativo, o la misma gente que hace labores en comercio, a los cuales, en diversas ocasiones se les extienden sus jornadas de trabajo“.

Dignidad laboral

El líder gremial también expresa su preocupación por posibles transgresiones a la ley por parte de empleadores, como extensiones de horarios disfrazados o la negación de derechos a las horas extraordinarias, el descanso o la colación. “Lo anterior no es algo generalizado, pero debemos poner ‘ojo’ en estos puntos y abogar porque efectivamente se transforme en una rebaja al horario de trabajo“, enfatiza Pérez Debelli.

En este sentido, el presidente de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales insta a que la implementación de la ley se realice de manera adecuada y no “a la chilena” para evitar transgresiones a la ley y a su espíritu. “La dignidad laboral es un derecho y no un privilegio, por lo que todos debemos hacer un seguimiento público y privado para ir monitoreando la implementación de esta rebaja de jornada para que no sea letra muerta“, agrega.

En conclusión, Pérez Debelli celebra la aprobación del proyecto de ley y espera que se implemente adecuadamente para beneficiar por igual a los trabajadores y trabajadoras públicos y privados, teniendo en cuenta las diferentes adecuaciones que deben hacerse para diferentes trabajos.