Este miércoles, Gobierno del Presidente Gabriel Boric decidió elegir al abogado Ángel Valencia como su tercer candidato para Fiscal Nacional. El jurista es su tercera nominación, luego de los fracasos anteriores de José Morales y Marta Herrera.

El anuncio ha tenido detractores no sólo desde la oposición, sino también por parte de cercanos a su sector, entre ellos, el diputado Jaime Naranjo (PS). Durante su carrera, el candidato Valencia ha participado como abogado defensor representando a Mario Desbordes en una causa de derechos humanos y también defendió al hermano del ex Presidente Piñera, Miguel Piñera Echenique, en una causa por manejo en estado de ebriedad.

Violencia contra la mujer

Sin embargo, lo que ha levantado la mayor cantidad de resquemores son sus repetidas defensas en casos de delitos sexuales contra la mujer. En esta materia, fue representante de un juez formalizado por abuso sexual, y también de un violación reiterada contra una menor de edad. Asimismo, representó a un acusado por secuestro y violación, y a un imputado por violencia intrafamiliar, física y sexual.

En este marco, Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres se refirió a la nominación de Ángel Valencia para liderar la Fiscalía Nacional a través de sus redes sociales. Allí expresaron que “lamentamos la decisión del gobierno de nominar a Ángel Valencia como fiscal nacional. Alertamos nuevamente que esta elección puede poner en riesgo por décadas la integridad, la dignidad y la vida misma de mujeres, niñas y disidencias sexogenéricas”.

Continuaron explicando que reafirman su desconfianza “respecto de su carrera como defensor privado de agresores, abusadores sexuales, violadores y secuestradores de mujeres y niñas, desacreditando a las denunciantes en favor de su argumentación. Además, ha sido defensor de personas vinculadas a los poderes políticos y económicos”.

“Es imprescindible que el gobierno y el Senado lo consideren en la designación del más alto cargo en el Ministerio Público. Si el Senado ratifica esta decisión, será cómplice de las advertencias ya planteadas”, explicaron.

Derechos humanos

En otro plano, también salió a la luz que Valencia defendió al exgeneral director de Carabineros, Bruno Villalobos en 2018, por hechos ocurridos cuando éste tenía 25 años y era teniente en la institución, en una causa de derechos humanos. Se trata de las responsabilidades en la muerte de un estudiante de 21 años, Patricio Manzano en febrero de 1985 a causa de la negligencia de agentes del Estado.

En este sentido, la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos, AFEP emitió una declaración a través de redes sociales rechazando el candidato. El comunicado fue publicado por la presidenta de la AFEP, Alicia Lira Matus, quien perdió a su hermano y a su marido en dictadura.

“La agrupación de familiares de Ejecutados Políticos, rechaza la propuesta del gobierno a Fiscal de señor Ángel Valencia, nos parece grave, quien defendió al exdirector de Carabineros Villalobos, en el caso Patricio Manzano, muerto en tortura y su vínculo con la derecha más dura“.

La Sala del Senado aprobó en particular y por unanimidad el proyecto que crea la ley de fibromialgia y dolor crónico no oncológico. Con ello, la iniciativa ahora pasa directo a la Cámara de Diputadas y Diputados para su tercer trámite constitucional.

El proyecto busca promover y garantizar el cuidado integral de la salud de las personas con fibromialgia y dolores crónicos no oncológicos en búsqueda de mejorar su calidad de vida, independiente del régimen previsional o sistema de salud del cual formen parte o de las acciones en salud para el alivio o manejo del dolor que dichos pacientes requieran.

De esta forma, los pacientes tendrán derecho a una atención preferente y oportuna por cualquier prestador de acciones de salud, y a tener un diagnóstico temprano y oportuno a través de una evaluación médica precisa y accesible.

Garantías

La iniciativa beneficiaría a las entre 200 mil y 400 mil personas que padecen esta enfermedad en nuestro país, la mayoría de ellas mujeres, y se plantea que deberá además considerar los cuidados necesarios para favorecer el resguardo de su salud mental y física, por ello el Estado propiciará el acceso a medicamentos, fitofármacos, tratamientos, terapias físicas y psicológicas, rehabilitación, medicinas y fitoterapias complementarias y ayudas técnicas de manera oportuna y eficaz, considerando la edad y diagnóstico.

Por otra parte, respecto a las licencias médicas que se otorguen por fibromialgia o por dolores crónicos no oncológicos, el proyecto asegura que no podrán rechazarse por su solo diagnóstico, ni sujetarse a un procedimiento especial, particular o discriminatorio que afecte el normal proceso de tramitación.

En la discusión de esta iniciativa, la senadora Alejandra Sepúlveda confesó que “he tenido la oportunidad de compartir con mujeres afectadas con esta enfermedad, se trata de un dolor permanente. Destaco que se entregue la garantía de un cuidado integral considerando un diagnóstico temprano y el pago de la licencia médica”.

El tercer Tribunal Ambiental emitió una sentencia que deja sin efecto dos resoluciones de calificación ambiental (RCA) de la empresa Nova Austral, la que pretendía instalar dos centros de cultivo de salmones en las aguas de la Reserva Nacional Kawésqar, región de Magallanes.

En especifico, el fallo apunta a que si bien ambos centros fueron presentados de forma fraccionada, en la realidad, conforman un mismo proyecto y tienen áreas de influenza en común. En este sentido, por lo tanto, su impacto ambiental debe ser evaluado en conjunto de forma de sopesar el real alcance que podrían tener, y los efectos sinérgicos que podrían generar en la fauna marina, y el valor turístico y paisajístico de este lugar.

Las comunidades Kawésqar y los habitantes de la región de Magallanes, junto con las organizaciones Greenpeace, AIDA y ONG FIMA, impulsaron una campaña para visibilizar los efectos que estas instalaciones podrían tener en el entorno.

“Puntapié inicial”

En este sentido, Macarena Martinic, abogada de ONG FIMA, explicó sus deseos de que esto “pueda ser un puntapié inicial para la prohibición de la salmonicultura debido a la incompatibilidad de la actividad con la Reserva Nacional Kawésqar”.

Por su parte, Leticia Caro, representante de los Grupos Familiares Nómades del Mar, expresó que “la invalidación de estos permisos no hace más que demostrar que lo que decimos es real, que nuestro territorio no es compatible ni lo será con la industria Salmonera y que nuestros antiguos hoy nos ven desde las memorias del territorio.”

“Es realmente insólito que empresas que están hoy enfrentando incluso juicios por demanda ambiental por el propio Consejo de Defensa del Estado producto de un historial de malas prácticas y que ya tienen comprobados efectos en los fondos marinos en parques nacionales como NOVA AUSTRAL, busque hoy casi como un premio instalarse en estas aguas puras y sanas. Anularle estos permisos es una importante victoria del trabajo conjunto con comunidades, pero también un llamado de atención para que de una buena vez las autoridades eviten esta invasión en los fiordos patagónicos de nuestro país” señaló Matías Asún, director nacional de Greenpeace.

A través de una carta dirigida al Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), Volker Türk, el proceso denominado ‘Acuerdo por Chile’ fue denunciado por la la Comisión Chilena de Derechos Humanos.

La entidad alega que este pacto “vulnera gravemente los Derechos Humanos”, en específico, acusan que incumple los artículos 1° y 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

Derechos que Chile suscribió y ratificó

Directrices que consagran el derecho de libre determinación. Además, acusan que el acuerdo “coarta gravemente el derecho que tienen todas las personas de participar en la dirección de los asuntos públicos y a tener acceso a la función pública, tratado internacional que el Estado de Chile suscribió y ratificó”.

El texto de la denuncia explica que “desde la perspectiva de los Derechos Humanos, no resulta compatible con el derecho de libre determinación del pueblo chileno el que 24 personas no elegidas por voto popular redacten un borrador de proyecto constitucional que deberá ser el marco obligatorio de trabajo para el Consejo Constitucional; y que otro organismo designado, -el Comité de Admisibilidad- habilite, fiscalice y decida la admisibilidad de las propuestas declarando su compatibilidad o no respecto del marco constitucional predeterminado por el borrador y las bases institucionales”.

Soberanía popular

Asimismo, señala que “todo ello convierte al Comité de Expertos junto al Comité Técnico de Admisibilidad en los tutores o custodios del proceso sin que soberanamente la ciudadanía le haya entregado esa facultad y poder, violentando con ello gravemente la soberanía popular, restringiendo la democracia y desconociendo el poder constituyente originario que lo detenta exclusivamente el pueblo de Chile”.

Finalmente, la reclamación concluye que en términos formales, la participación de “comisiones de expertos” en los procesos constituyentes, si bien no es en sí misma una situación proscrita o censurable, la regla desde la perspectiva de los Derechos Humanos es que debe tener necesariamente un carácter asesor y nunca deliberativo.

Fundamentación

La denuncia se fundamenta en la violación a los artículos 1° y 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y a lo señalado en las Observaciones Generales N°s 12 y 25, emanadas del Comité de Derechos Humanos de la ONU. Además, de lo preceptuado en las Directrices sobre la puesta en práctica del derecho a participar en la vida pública, contenidas en el Informe del ACNUDH aprobadas en el 39° período de Sesiones del Consejo de Derechos Humanos de la ONU.

La denuncia termina solicitando al Alto Comisionado que los hechos fundantes de la misma los incorpore en el próximo Informe que el ACNUDH tendrá que emitir ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas.

Que asimismo remita la denuncia al Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, órgano especializado encargado de supervigilar y monitorear el debido cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos por parte de los Estados Partes, para que -en uso de sus atribuciones y competencia-, la tramite como denuncia o comunicación individual según el procedimiento establecido.