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“Falta voluntad política” para memorial por los derechos humanos en Puerto Montt

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Alfredo Argel Marilican (69), ex preso político e histórico activista por los derechos humanos se refirió al memorial que buscan construir en la costanera de Puerto Montt para homenajear a las víctimas de la dictadura cívico militar.

En este sentido, el dirigente hizo hincapié en que existen promesas incumplidas en torno a este proyecto, y tres gobiernos han pasado sin mayores avances debido a la falta de voluntad política para construir el memorial.

¿Cómo han sido las gestiones para lograr materializar este memorial?

No nos han dado respuesta. Hemos tenido reuniones con varios seremi, de Cultura, Justicia, pero no nos han dado respuesta, por lo que vamos a tener que empezar a buscar por nuestros propios medios quien o cómo se va a concretar este memorial.

El día 25 vamos a tener una reunión con el gobernador Patricio Vallespín, tenemos la audiencia ya fijada. Y luego de eso, nada, porque hay una serie de opiniones, personas que no llegan o no saben, evasivas.

Esto significa que nosotros vamos a tener que volver a tocar puertas en Santiago y hablar políticamente con algunas personas sobre este tema. Porque estamos luchando por ello desde hace más de doce años y si hubo un anteproyecto, hay un diseño, arquitectura, medidas. Hay que reevaluar el tema de la arquitectura, y eso significa 19 millones de pesos en una partida, para terminar, actualizar y hacer pequeñas modificaciones al diseño. Y ahora, nadie tiene plata.

Realmente estamos bastante molestos porque hemos sostenido reuniones con una buena cantidad de personas, dirigentes de otros organismos sociales y de derechos humanos, y no hay respuesta rápida para lo que se está pidiendo. Así que, en eso quedamos en la última reunión.

¿En qué etapa se encuentra el proyecto?

Hoy, necesitamos19 millones para actualizar el proyecto. En general, se supone que el memorial va a salir más de 400 millones de pesos. Pero tenemos que actualizar algunas opiniones que tiene el MOP con respecto a algunos aspectos pequeños. Pero hay que actualizarlo, y eso cuesta 19 millones de pesos, la actualización de los arquitectos y diseñadores que tienen que hacer, pero nada más que eso. Teniendo eso listo tendríamos que, como te digo, ir a la pedida grande.

Entonces, vamos a tener que movernos con eso. Lo primero es lo primero. Porque sin un diseño que tenga la apreciación total y exacta, no podemos ir a pedir a ningún ministerio con montos aproximados. Hay que tener la actualización de las platas según lo que corresponde.

El Minvu está a la cabeza con Fabián Nail, él está conforme. Lo que pasa es que hay otras personas que le hacen problema, que dicen que esto puede salir en diez años más. Por favor, o en cinco años más. Trabas tras trabas.

En cambio, no, Nail quedamos de acuerdo que llegado un momento, conversando con el gobernador vamos a tener una respuesta. Bueno, voy a tener que ir a Santiago seguramente al programa de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia. Porque las conversaciones aquí en la región, parece que no les gusta o hay poco interés en hacerlo. Porque hay personas que ya estaban diciendo que había que cambiarlo. No, nosotros no vamos a cambiar ese memorial. Está el espacio, quedó el mismo espacio.

Largo camino

Lo que pasa, es que no lo colocaron cuando se hizo el Parque Costanera. El Parque Costanera, nosotros, cuando estaba el señor Wainraight en el ministerio, nosotros fuimos con el señor Carlos Mora, a entregarle el plano y lo que se le estaba solicitando con respecto a ese espacio. Porque ese espacio hace muchos años está planificado, hace diez o doce años. Y han pasado tres gobiernos, y siguen y siguen.

Decirte que Puerto Montt es la única ciudad en el sur de Chile donde hubieron muchas ejecuciones, y no tiene nada para recordar aquello, y la única región en general que no tiene su memorial. Ahora, no es porque no hayamos querido, sino que han habido algunos compromisos políticos o de organismos que no se han cumplido.

Por ejemplo, nosotros partimos en el primer Gobierno de Piñera. Después llegó Bachelet, después Piñera nuevamente, y ahora estamos en las mismas. Entonces, yo diría que falta voluntad política, para algunos especialmente, de colocar ese memorial ahí.

Memoria viva

Nosotros, la única manera de hacer memoria es que la gente vea quienes son. Les molesta a algunos, y te lo digo muy honestamente, que haya un memorial diciéndoles estas personas fueron ejecutadas en tal parte, Puerto Montt, Puerto Varas, Los Muermos, Ancud, Castro. Las desapariciones, todo eso, pero nosotros tenemos que seguir. No puede ser. Aquí no hay ánimo de venganza como algunos dicen. Sino que, mantener nuestra historia, y mantener la memoria es algo que debemos hacer.

Nosotros somos ya personas mayores. Muchos de nuestros compañeros y compañeras se han ido. Aquí en la región, no han visto terminados sus procesos legales. O sea, para nosotros justicia a estas alturas, 40, 50 años después, ya no es justicia. No es justicia. Vamos a saber la verdad de las personas que estuvieron, lo que hicieron, y conocer una verdad mañana jurídica y también de los familiares. Pero es así, nosotros lo que queremos es reivindicar la memoria.

Pero la burocracia es terrible, más cuando hay personas que no quieren que se avance con respecto a este tema. Sin embargo, yo si creo que hoy hay un compromiso de Gobierno con respecto a este tema. Esperamos que no sea palabrería nomás. Con respecto a los detenidos desaparecidos, a la búsqueda, porque en el tema de la búsqueda tenemos otro tremendo problema en lo que es el entierro allá en Chamiza. Entonces ese es un proceso que ya está en trámite en tribunales, pero no sabemos nada respecto a los avances de la investigación. Y esas son cosas que hay que hablar políticamente, más arriba.

Es ridículo. Estamos viendo que nadie se pronuncia. Yo creo que la seremía de las Culturas, y de Justicia deberían afrontar este primer valor de 19 millones que se está pidiendo. Pero nadie dice nada. Y lo digo abiertamente. Aquí hay que asumir mayor compromiso de las autoridades. Hoy nos piden que cambiemos el memorial. Nosotros no lo vamos a cambiar. Hubo una organización de años, una comunidad que desde el 2010 estamos hablando del tema. Se hizo una actividad, un acto, se hizo público, todo.

¿Qué es lo que esperarían para este año, considerando además la importante conmemoración que enfrenta el país?

Sabemos que este año no se puede construir el memorial, por el tiempo, que incluso la pura revisión de la actualización de lo que ya está hecho y las modificaciones que deben hacerse se va a demorar por lo menos tres meses. Pero si sería bonito o bueno al menos para la comunidad, dejar la primera piedra de que aquí se va a dar el vamos a la construcción del memorial de Puerto Montt. Eso daría al menos un poco más de confianza para la comunidad y para toda la gente que ha sufrido pérdidas de alguna u otra manera, además de todos los presos políticos y personas que aún viven. En eso estamos, no hemos cejado en seguir trabajando en el tema, para nada.

Tenemos mucha confianza en el trabajo que se hará en derechos humanos, solicitamos públicamente, especialmente, al ministro Álvaro Mesa, de que hoy día en Puerto Montt hay muchos presos políticos con sus temas no resueltos, y no se hace sentencia. Además, otros procesos, como los compañeros que mataron en el Fundo El Toro, eso todavía no se cierra, lleva como dieciocho años. Apurar hoy día el tranco en estos momentos, porque hemos estado sufriendo la muerte de nuestros compañeros y compañeras que se han ido esperando una respuesta de los responsables de sus golpizas, torturas.

Yo lo único que pido al Gobierno, al Ministerio, a la comunidad, es seguir alzando nuestra voz, que basta la impunidad biológica (muerte de los criminales, testigos o familiares de las víctimas mientras esperan justicia). Vuelvo a insistir, la justicia, como ha dicho el propio ministro Mario Carroza, que nos pidió las disculpas, porque justicia a 30 o 40 años, eso ya no es justica. Vamos a conocer los hechos que pasaron, reconstituir la historia, pero la justicia debe ser oportuna.

Hay que mencionar, por último, que por la conmemoración que se hará este año tendremos muchas actividades. De hecho, estamos reunidos en una mesa de territorios y organizaciones para hacer un calendario de todas las actividades que haremos en diferentes lugares en estos meses en la previa al 11 de septiembre y también posterior a eso, porque hay que decirlo, el tema de la memoria y la represión y lo que nos ocurrió no termina el 11 de septiembre con los 50 años, pero si es un hito importante. Porque hoy todavía nos pueden escuchar a cientos de personas relatar lo que pasó. Aún seguimos aquí.

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Chiloé: Mineduc se reúne con alcaldes y trabajadores de la educación

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En línea con lo anunciado por el ministro de Educación el lunes 3 de abril, ayer miércoles llegó a Castro el equipo técnico del Mineduc para iniciar la mesa de trabajo con los alcaldes del Archipiélago de Chiloé. El objetivo es avanzar, de manera colaborativa y atendiendo a la realidad particular de cada comuna, en el abordaje de las dificultades financieras que atraviesan y que están afectando a los trabajadores de la educación en la zona.

Por su parte, la seremi de Educación, Daniela Carvacho; acompañada del jefe provincial de la cartera, Ítalo Martínez; el delegado provincial presidencial, Armando Barria; y el Director Regional de Junji, Francisco Oshiro; y del asesor del Mineduc, José Valenzuela, se reunieron -también en Castro- con unos 50 representantes del gremio educativo en el archipiélago. En la instancia, se dialogó en torno a diversas aristas del problema de las deudas que los municipios vienen arrastrando, y que han dificultado el pago de la totalidad de las remuneraciones y de las cotizaciones previsionales a trabajadores de la educación.

Durante el encuentro, las autoridades dieron a conocer los diversos dispositivos con que cuenta el Mineduc para avanzar, en apoyo a la administración comunal, hacia soluciones -en el corto y mediano plazo- de las principales dificultades que viven los municipios a nivel de la gestión educativa.

Al respecto, la Seremi de Educación, Daniela Carvacho, afirmó: “Vinimos a explicar con detalle todas las iniciativas, acciones legales e instrumentos vigentes que hoy día el ministerio de educación pone a disposición de los municipios y corporaciones para gestionar y fortalecer la educación pública y también a presentar las soluciones a corto, mediano y largo plazo que hoy día tenemos a nuestra disposición. Nos preocupa, por cierto, la realidad que hoy viven estudiantes y toda la comunidad educativa en aquellas comunas y escuelas donde se han vivido paralizaciones en solidaridad con la comuna de Ancud y entendemos que no todas las situaciones de las comunas son de la misma dificultad”.

Además, agregó “Nos hemos comprometido a realizar un trabajo conjunto y un seguimiento. Este trabajo conjunto requiere la confirmación de una mesa técnica donde tanto sostenedores como representantes de los trabajadores puedan trabajar de manera conjunta en hacer un análisis de la gestión que hoy día se está desarrollando y cómo se están administrando los recursos de la educación pública en el archipiélago(…) además de una instancia junto a los trabajadores de la educación en la que se informe sobre los avances en la cartera”

Sobre las reuniones sostenidas, la Subsecretaria de Educación, Alejandra Arratia, indicó que: “Nuestros equipos han estado trabajando con las corporaciones municipales, en distintas reuniones, también se han reunido con los gremios para ir avanzando. Tenemos una serie de dispositivos que hemos puesto a disposición de los municipios. Las situaciones no son iguales para las distintas comunas y en ese sentido hay que ir viendo cuáles de los diferentes dispositivos son pertinentes para abordar la situación que se vive en términos financieros. Estamos contentos de poder ir cumpliendo estos compromisos y sin duda entendiendo el desafío que tenemos por delante, de poder dar cuenta de la situación compleja que se vive en el archipiélago de Chiloé”.

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Organizaciones sociales y de derechos humanos rechazan agenda policial conjunta del gobierno y oposición

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Un conjunto de más de 300 organizaciones sociales y activistas por la defensa de los derechos humanos ha hecho público su rechazo al acuerdo entre el gobierno y la oposición para tramitar una agenda legislativa de seguridad de manera “extra rápida”. En su declaración pública, las organizaciones convocan a resistir los intentos de imponer una agenda centrada en una concepción autoritaria de la seguridad y exigen un cambio de rumbo.

Las autoridades estatales han aprobado en su primer trámite normas que, según las organizaciones, lejos de ir a las raíces profundas de la inseguridad, respaldan la vocación de impunidad de las policías e instituciones del país. Agregan que, en el pasado reciente y durante la revuelta social, estas han impedido la sanción oportuna y proporcional de los delitos perpetrados por agentes estatales, en delitos reconocidos por diversos informes nacionales e internacionales. En este sentido, cabe mencionar que, hasta ahora, se han presentado más de 10.700 denuncias por violencia institucional, incluidas querellas contra el Alto Mando de Carabineros por su responsabilidad en crímenes constitutivos de graves violaciones a los derechos humanos.

Uso de la fuerza

Las organizaciones sociales y de derechos humanos expresaron su preocupación ante la posibilidad de que se “salvaguarde la impunidad de agentes estatales en el uso de la fuerza” y se alejen de los estándares y controles de convencionalidad en materia de derechos humanos. “Resulta inaceptable que la justificación del uso de la fuerza letal dependa del criterio del funcionario que utiliza las armas. Más aún, en circunstancias que Carabineros ha demostrado un total desconocimiento del uso racional y proporcional de la fuerza letal y menos letal, así como de las exigencias que implica el respeto a los derechos humanos”, explican.

Además, alertan sobre los peligros de los discursos de autoridades en contra de los derechos humanos y de quienes los defienden, a través de los cuales se afirma a estos derechos como un obstáculo a la seguridad. También denuncian la invisibilización de las víctimas de la revuelta y la falta de cumplimiento por parte del gobierno de las garantías de no repetición en materia de derechos humanos.

Víctimas de la revuelta

“La invisibilización de las víctimas de la revuelta también ha influido en este escenario. El gobierno no ha sido capaz de cumplir con las garantías de no repetición en materia de derechos humanos, ignorando la importancia de poner el foco de atención en las víctimas de violencia estatal, para que hechos como aquellos nunca más se repitan. Asimismo, el gobierno incumple las obligaciones internacionales al promover estos proyectos de ley y no enfrentar de manera decidida los discursos negacionistas”, denuncian.

La agenda legislativa, agregan, tampoco aborda la crisis estructural de Carabineros diagnosticada hace años. Una problemática que se ha venido manifestando a través de graves delitos de corrupción y malversación de recursos públicos, masivas violaciones a los derechos humanos y participación en redes de abuso sexual, narcotráfico y crimen organizado que los medios de comunicación hegemonizados por la derecha no han visibilizado.

Las organizaciones hacen un llamado a todas las personas defensoras de derechos humanos a que no permitan que se utilice a las fuerzas armadas y policiales para resolver problemas y conflictos de orden político, social y económico mediante la represión y la restricción de las garantías democráticas más básicas. También convocan a tomar todas las medidas que estén a su alcance para denunciar este grave retroceso en materia de derechos humanos.

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ANEF Coquimbo celebra primera reunión de Mesa de Buenas Prácticas Laborales

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El pasado 10 de enero, la ANEF Regional Coquimbo llevó a cabo la firma del protocolo sobre Buenas Prácticas Laborales en el Estado, con el delegado presidencial de la Región de Coquimbo, Rubén Quezada Gaete. En la oportunidad, estuvo presente como garante el presidente nacional de la ANEF, José Pérez Debelli.

En tanto, este martes 4 de abril se llevó a cabo la primera reunión de instalación de esta mesa, que contó con la participación de la seremi del Trabajo, Claudia Santander, la seremi de Gobierno, Paulina Mora y el delegado presidencial, Rubén Quezada.

En la cita, principalmente se dialogó en torno a cuáles van a ser las modalidades de trabajo de esta instancia. Asimismo, se evaluaron algunos casos específicos de la situación de algunos funcionarios y servicios, cuyo abordaje será prioridad en esta mesa de trabajo.

Conclusiones

Según el presidente de ANEF Coquimbo, Patricio López, una de las conclusiones principales fue la necesidad de aterrizar y difundir el concepto de buenas prácticas laborales. En este sentido, se acordó que en el próximo mes de mayo se realizará una gran capacitación destinada especialmente a las jefaturas, autoridades, seremis, jefes de servicio y mandos medios. Asimismo, se invitará a las y los dirigentes de la región.

López confirmó además la relevancia que tiene esta instancia, donde se espera poder trabajar de forma estrecha con el delegado presidencial como primera autoridad de la región, la seremi de Gobierno y par del Trabajo, en temas que son vitales para las y los funcionarios públicos, como son los climas laborales, y el maltrato y acoso. En este sentido, López señaló que “esta línea directa con las autoridades es extremadamente importante para nosotros desde la perspectiva de la defensa de los derechos funcionarios“.

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Corte Suprema fija en 5 años criterio para que opere la confianza legítima de funcionarios públicos a contrata

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De acuerdo a información publicada en la página web del Poder Judicial, en las sentencias causas roles 26.112-2022, 26.131-2022, 26.196-2022, 26.279-2022 y 26.301-2022, la Tercera Sala del máximo tribunal, realizó una revisión de la jurisprudencia sobre la materia y ajustó el criterio de las contratas -incluidos los funcionarios del Poder Judicial- y estableció que en las relaciones laborales anuales, bajo los 5 años, no quedan cubierta por la denominada confianza legítima.

El máximo tribunal resolvió así una serie de recursos de protección relacionados con desvinculaciones de trabajadoras y trabajadores públicos que prestaron servicios a contrata en reparticiones del Estado, y estableció que el principio de confianza legítima opera después de 5 años en esta modalidad, por lo que no se configura actuar ilegal o arbitrario si la desvinculación, por razones justificadas, se produce antes del quinquenio.

Contenido del fallo

El fallo plantea que: “Asentado el primer aspecto, vinculado al ejercicio de la facultad de no renovar y poner término anticipado a la vinculación a través de contratas
anuales, resulta imperioso para esta Corte hacer una clara distinción entre aquellas relaciones que han tenido una extensión temporal mayor en el tiempo, toda vez que a
dichas personas, según la jurisprudencia judicial y administrativa, se encuentran protegidas por el principio de confianza legítima”.

La resolución agrega que: “En efecto, el referido principio, aplicado en materia administrativa, busca proteger a los funcionarios de los cambios intempestivos en las decisiones de la Administración, entregando estabilidad a los servidores públicos, impidiendo que a través de aquellos se lesionen derechos”.

“En esta materia, se ha resuelto que tanto la decisión de poner término anticipado a una contrata, como la no renovación de la misma, respecto de personas que se han vinculados con la Administración por un determinado número de años, violenta el principio de la confianza legítima del funcionario que alberga la justa expectativa de terminar el periodo cubierto por su designación y a ser recontratado para el año siguiente, la que, en todo caso, se configura a juicio de ambas jurisdicciones, cuando concurre, como se adelantó, un elemento temporal estabilizador, esto es, que se hubieran producido renovaciones sucesivas”, añade.

“Así –prosigue–, es la determinación del elemento temporal el que cobra relevancia, en tanto es aquel el que determinara las exigencias que puedan imponerse para
terminar el vínculo, pues si la persona que se desempeña en la Administración está protegida por el principio de confianza legítima, aquella solo puede poner término a
esa relación estatutaria por sumario administrativo derivado de una falta que motive su destitución, o por una calificación anual que así lo permita”.

“En efecto, el Estatuto Administrativo establece un procedimiento específico para evaluar el servicio de los funcionarios públicos, que es aplicable a quienes sirvan los
cargos en calidad de planta o a contrata, debiendo la autoridad dejar plasmadas en el proceso de calificación las razones de un eventual mal desempeño que, una vez firme, determina que el funcionario deje de prestar servicios, sin que sea admisible que se utilice la causal de necesidades del servicio para poner término anticipado o no
renovar las designaciones a contrata de personas que se hayan desempeñado por larga data sirviendo el cargo específico, pues aquello, sin duda vulneraría el principio
de confianza legítima”, aclara el fallo.

Para la Sala Constitucional de la Corte Suprema: “(…) entonces, resulta imprescindible establecer desde cuándo la persona que se vincula a través de contratas anuales con la Administración adquiere la confianza legítima respecto que su designación no solo se cumplirá en la anualidad respectiva, sino que, además, será renovado”.

“Periodo prudente”

“Pues bien, en busca de un criterio unificador, esta Corte ha considerado establecer el plazo de cinco años, que se estima es un periodo prudente para que la Administración evalúe íntegramente no solo el desempeño del funcionario sino que, además, estudie la necesidad de seguir contando con el cargo que sirve la persona, por cuanto existe una real necesidad del servicio de contar con una persona que desempeñe las funciones específicas que motivaron la dictación del acto administrativo que determinó el inicio del vínculo con la Administración”, releva.

“Que, como colofón, se concluye que si una persona se encuentra vinculada con la Administración a través de contratas anuales y ha tenido un periodo desempeño por
un tiempo inferior a cinco años, no le asiste el principio de confianza legítima y, en consecuencia, la Administración se encuentra facultada para no renovar el vínculo
estatutario para el periodo siguiente, sin que requiera la dictación de un acto especial al efecto, dado que es el legislador quien dispone que al cumplirse el periodo de
designación esta concluye por el solo ministerio de la ley, al ser inferior a cinco años su vinculación con la Administración y no estar amparado por el principio de confianza legítima. Todo lo cual no adquiere un carácter diverso por el hecho de comunicar expresamente esa determinación por razones de certeza jurídica y deferencia con el funcionario”, explica el máximo tribunal.

“En cambio, en el caso de que la persona se encuentre protegida por el principio de confianza legítima, la Administración solo puede poner término al vínculo estatutario, como se dijo, a través del sistema de calificaciones o sumario administrativo, por lo que, en este caso, carece de toda relevancia hacer un distingo entre término anticipado y no renovación del contrato”, concluye.

En relación al tema, el presidente nacional de ANEF, José Pérez Debelli, enfatizó que: “Las estructuras sindicales deben mantener coordinación permanente con ANEF nacional y territorial a fin de afrontar el tema en su mérito. Es importante revisar tanto el dictamen de confianza legítima emitido por la Contraloría General de la República y la importante conquista sindical de la Tutela de Derechos Fundamentales de 2020. Como ANEF hacemos un llamado a todos y todas a informarse, y a mantener informadas a nuestra ANEF regionales”.

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Colegio de profesores plantea al Mineduc aplicar “administración delegada” en crisis de Chiloé

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En estado de movilización se encuentran las comunidades educativas de la Isla de Chiloé ante la grave situación financiera que afecta a la Educación Pública de la zona, la que se traduce en el no pago de los sueldos completos y cotizaciones a las y los Docentes.

Isabel Calderón, Presidenta del Comunal Castro del Colegio de Profesoras y Profesores, explicó que si bien Quellón y Ancud, han protestado por el pago del 58% de su sueldo, “Chiloé se encuentra en estado de movilización. Como gremio nos estamos organizando para llevar diversas acciones en apoyo a Ancud, pero también en apoyo a la Educación Pública de Chiloé, si bien en Castro estamos con nuestros pagos y cotizaciones al día, no sabemos por cuánto tiempo será así, porque el año pasado la Corporación de Educación informó de un déficit aproximado de 4 mil millones de pesos”.

La Dirigenta del Comunal Castro, sospecha que “vamos camino para allá, si hoy no hay una verdadera solución del Estado para subsanar este problema financiero. Hace años le pasó a Ancud y no se actuó a tiempo, y el déficit hoy va en 10 mil millones en cotizaciones”.

“Transparencia”

“El lunes 3 de abril, los alcaldes de las comunas de Chiloé se reunieron con el Ministro Marco Antonio Ávila, quien anunció unas Mesa Técnica, si bien nos parece adecuada ésta instancia con quienes han llevado la generación de este déficit, solicitamos transparencia en el destino de los dineros que están pidiendo como adelanto,” sostuvo Isabel Calderón.

Otro, punto muy importante para la Presidenta del Comunal Castro que debe estar en esa Mesa es “el Pago de la Deuda Histórica, queremos una respuesta concreta y rápida, porque llevamos más de un año en Mesas de Conversaciones, en las que no se ha avanzado prácticamente nada, acá en Chiloé tenemos una gran cantidad de Profesoras Y Profesores jubilados que están a la espera del pago de este robo que sufrieron por parte del Estado, y para nosotros es muy importante este tema. Así que lo vamos a plantear en esta Mesa de Trabajo”

La presidenta del Comunal Castro del Colegio de Profesoras y Profesores, Isabel Calderón, informó que el Ministro de Educación visitará la zona el próximo martes 11 de abril.   

Administración delegada

“Como Colegio Metropolitano de Profesoras y Profesores solidarizamos con la indigna situación que están pasando nuestros colegas de Ancud, somos solidarios con nuestros colegas que están sufriendo estos abusos y negligencias groseras y grotescas de parte de quienes deben administrar los fondos de Educación”, declaró su Presidente Mario Aguilar.

El Dirigente Metropolitano si bien valoró la visita del Ministro Ávila, espera que en dicho encuentro de logren soluciones “esperamos que esa visita del Ministro no sea algo protocolar y de declaraciones de buena crianza, sino que sea una instancia en la efectivamente se tomen medidas concretas para resolver en lo inmediato estas deficiencias”

El presidente Metropolitano, Mario Aguilar, recordó “el MINEDUC tiene la facultad de aplicar -aunque son reacios a utilizarla-, la Administración Delegada que en los hechos significa, una suerte de intervención en los municipios, en la que los recursos pasan a ser administrados directamente desde el Ministerio a través de un representante designado por el Ministro. Esto se ha realizado antes y no veo por qué motivo no se aplica en este caso”.

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Presidente de ANEF destaca focos de alerta en implementación de 40 Horas

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El presidente de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales, José Pérez Debelli, se refirió a través de una columna de opinión en “El Dínamo”, al proyecto de ley que reduce la jornada laboral a 40 horas semanales, celebrando que la iniciativa haya sido recientemente aprobada por unanimidad por la Sala del Senado 21 de marzo. Con ello, el proyecto quedó en condiciones de ser remitido a la Cámara de Diputadas y Diputados para que se pronuncie sobre las modificaciones propuestas en el Senado y que fueron fruto de un acuerdo transversal.

En dicha oportunidad, el presidente del Senado, Juan Antonio Coloma, precisó que “este proyecto es un paso y está pensado básicamente en el grupo privado y en una parte de trabajadores del sector público. Queda pendiente una negociación para incluir al resto de la administración pública, entre ellos los del mundo municipal”.

Precisamente, parte de la argumentación de Pérez Debelli, se centra en que, aunque reconoce que la gradualidad es parte de los acuerdos políticos, espera que una vez que la ley sea aprobada, también sea considerada una extensión para que sea una realidad para cada funcionario público del país, quienes actualmente no contarían con dicha reducción.

Implementación

“Como gremial hace mucho tiempo que venimos acompañando este proceso y es importante saber cómo se irá implementando cuando sea aprobado y entre en vigencia tanto en el sector público como privado. Es por eso que también debemos tener precaución y exponer nuestras observaciones, ya que las alertas desde el punto gremial y sindical, apuntan a que posteriormente esta norma se utilice desde la vereda patronal para aplicar extensiones de horarios disfrazados o que no se reconozcan las horas extraordinarias, el descanso o derecho a la colación, situación que se ha expuesto en muchas instancias“

Agrega que “una vez que se apruebe, debe implementarse como corresponde para que beneficie por igual a los trabajadores y trabajadoras, puesto que hay diversos sectores que trabajan con sistemas de turnos como la DGAC, salud, educación, minería y todo el Estado administrativo, o la misma gente que hace labores en comercio, a los cuales, en diversas ocasiones se les extienden sus jornadas de trabajo“.

Dignidad laboral

El líder gremial también expresa su preocupación por posibles transgresiones a la ley por parte de empleadores, como extensiones de horarios disfrazados o la negación de derechos a las horas extraordinarias, el descanso o la colación. “Lo anterior no es algo generalizado, pero debemos poner ‘ojo’ en estos puntos y abogar porque efectivamente se transforme en una rebaja al horario de trabajo“, enfatiza Pérez Debelli.

En este sentido, el presidente de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales insta a que la implementación de la ley se realice de manera adecuada y no “a la chilena” para evitar transgresiones a la ley y a su espíritu. “La dignidad laboral es un derecho y no un privilegio, por lo que todos debemos hacer un seguimiento público y privado para ir monitoreando la implementación de esta rebaja de jornada para que no sea letra muerta“, agrega.

En conclusión, Pérez Debelli celebra la aprobación del proyecto de ley y espera que se implemente adecuadamente para beneficiar por igual a los trabajadores y trabajadoras públicos y privados, teniendo en cuenta las diferentes adecuaciones que deben hacerse para diferentes trabajos.

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Proyecto que protege a periodistas y personas trabajadoras de las comunicaciones se votaría este miércoles

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En la tabla de este miércoles y tras de meses de discusión, audiencias y votaciones en particular, el proyecto que protege a periodistas y trabajadores de las comunicaciones podría votarse en Sala por la Cámara de Diputadas y Diputados, luego de que en marzo fuese aprobado por unanimidad en la Comisión de Cultura, Artes y Comunicaciones.

La iniciativa parlamentaria que ingresó el 6 mayo del 2022 es impulsado por la diputada por la región de Coquimbo y expresidenta nacional del Colegio de Periodistas, Nathalie Castillo.

Objetivos

“Avanzar en materia de libertad de expresión y defensa del derecho a la comunicación e información es trascendental para el fortalecimiento de nuestra democracia y así lo indicaron diversas expertas y expertos que entregaron su apoyo a esta propuesta que fue trabajada, entre otras organizaciones sociales y actorías, con el Observatorio del Derecho a la Comunicación, el Colegio de Periodistas, la UNESCO y patrocinada por nuestro gobierno que aportó con indicaciones que solventaron esta propuesta que, de convertirse en ley de la República, será única en el mundo”, destacó Castillo.

La idea central del proyecto es consagrar el deber estatal de promover la seguridad de periodistas y personas y trabajadoras de las comunicaciones, con especial atención a las garantías reforzadas que surgen desde su posición de “personas defensoras de derechos humanos”. Asimismo, la iniciativa pretende fortalecer los marcos jurídicos nacionales y mecanismos de protección destinados a salvaguardar la seguridad de quienes ejercen labores de comunicación.

Ataques y vulneraciones

La propuesta surge luego de recoger diversos documentos y estudios nacionales e internacionales –incluido el Informe Anual 2020 de la Relatoría Especial de Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos- que advierten sobre la creciente ola de ataques que sufren periodistas y personas trabajadoras de las comunicaciones.

En lo particular para el caso chileno, el proyecto incorpora estudios del Observatorio del Derecho a la Comunicación y del Colegio de Periodistas que señalan que desde octubre del 2019 ha existido un deterioro en la seguridad de los periodistas, con cifras que alcanzan más de trescientos ataques –principalmente cometidos por agentes del Estado- de los que solo sesenta están judicializados y solo en dos se llegó a la formalización. Desde el gremio que reúne a periodistas colegiados, en tanto, mencionan que entre octubre y noviembre del 2019 se registraron ataques a 17 periodistas, 11 fotógrafos; 9 comunicadores y 5 camarógrafos, junto con señalar lo sucedido a dos trabajadoras del Diario Estrella de Arica, quienes sufrieron violencia sexual por agentes del Estado el 23 de octubre de ese año, al ser detenidas en toque de queda –pese a mostrar credenciales de prensa- y obligadas a desnudarse en la patrulla policial.

En los meses de tramitación en la Comisión, participaron, entre otros representantes de las comunicaciones e información, María Jaraquemada Hederra, Directora Ejecutiva de Chile Transparente; Rosa María González, Consejera Regional de Comunicación e Información de la UNESCO; Francisco Leturia, presidente del Consejo de la Transparencia; Alberto Precht, integrante del directorio de Transparencia Internacional; y Mauricio Weibel, periodista y coautor de la iniciativa.

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Ministerio de Educación se reúne con alcaldes de Chiloé y compromete visita de equipo técnico

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El ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, junto a la subsecretaria de Educación, Alejandra Arratia, y el gobernador de Los Lagos, Patricio Vallespín, se reunieron este lunes con los alcaldes de 9 comunas de la isla grande de Chiloé en busca de soluciones a los problemas financieros que han afectado directamente a los trabajadores de la educación.  

En la instancia, en que también participaron el senador, Fidel Espinoza, y el diputado, Héctor Ulloa, se abordó la situación económica de algunas municipalidades a raíz de deudas que se arrastran durante los últimos años, lo que ha repercutido en dificultades para pagar las remuneraciones y cotizaciones previsionales. 

Compromisos

Al finalizar la reunión, el ministro Marco Antonio Ávila sostuvo que “hemos comprometido la asistencia de un equipo técnico, una mesa representada por la Subsecretaría de Educación junto a la Dirección de Educación Pública, que este miércoles 5 de abril en Castro va a constituir una mesa de trabajo con los alcaldes revisar la situación y encaminar soluciones específicas en cada caso, en el marco de las opciones que contamos como Ministerio“. La autoridad agregó que “queremos apoyar a los municipios para que la situación sea resuelta lo antes posible, y de esta manera evitar que esta situación siga afectando los derechos de los trabajadores de la educación, al igual que los derechos de las y los estudiantes de Chiloé“. 

Sobre lo anterior, la subsecretaria Alejandra Arratia, a quien se le ha encomendado este trabajo, indicó que “sin duda alguna que nosotros podemos y estamos dispuestos a gestionar y realizar esfuerzos asociados a la entrega de Fondos de Apoyo a la Educación Pública. Por otra parte, también es importante que desde los municipios se puedan comprometer a agilizar algunos elementos de su gestión financiera para ir aliviando la situación más estructural que aqueja a la educación pública municipalizada”. 

De esta forma, el equipo de asesores de la Subsecretaría de Educación que visitará la zona este miércoles, se reunirá con las corporaciones y direcciones de Educación de los municipios para abordar en conjunto con los equipos locales, las alternativas tendientes a subsanar -en el corto y mediano plazo- los problemas financieros asociados al servicio educacional. 

Al respecto, el alcalde de Queilen y presidente de la Asociación de Municipios de Chiloé explicó que “creo que le quedó muy claro al ministro, a la subsecretaria y a su equipo, que urgentemente se necesitan medidas mitigadoras desde el punto de vista financiero, para que Chiloé no colapse. Por lo tanto, recibimos de buena manera que el ministro haya instruido a la subsecretaria de Educación para que este miércoles con su equipo lleguen a Chiloé, para que se puedan reunir con los secretarios generales de las corporaciones de Chiloé, con los directores de educación y también con los directores de finanzas“, aseguró.

El jefe comunal agregó que lo importante es “que vean el caso a caso, comuna por comuna, y esté todo resuelto para que cuando el ministro llegue a Chiloé el 11 de abril, pueda hacer anuncios en las materias que hoy día urge resolver“.

Gremios

Paralelamente a la reunión en la capital, un grupo de docentes, apoderados y trabajadores se tomaron las rampas del canal de Chacao. Los compromisos fijados desde la capital no dejaron para nada contentos a los gremios de la educación municipal del archipiélago quienes acusaron de un excesivo centralismo y una reunión “a puertas cerradas”, sin considerar la opinión de las y los trabajadores. Esto, considerando también que no se ha explicitado que en su visita el ministro sostendrá reuniones con los dirigentes.

En este contexto, los manifestantes decidieron mantener el bloqueo, permaneciendo en el lugar hasta la noche, con la jornada terminando con al menos dos personas detenidas.

“Hay que decirlo y hay que emplazar al Gobierno, que en todo momento habló de que iba a tomar en cuenta la opinión de las y los trabajadores, y en este caso lamentablemente no es así. Así que por lo mismo hemos sabido que se están tomando decisiones en Santiago, pero son decisiones que están tomando a puertas cerradas los alcaldes, quienes son los mismos que, bajo su mala administración, nos llevaron a vivir problemas y quedarnos sin sueldos o cotizaciones“, explicó Luis Miranda Sepúlveda, secretario general de la CUT Chiloé. 

Paro provincial

En tanto, Sergio Castillo, vocero de la Mesa de Educación de Ancud, que reúne a los tres gremios comunales de asistentes de la educación, un gremio de jardines Vía Transferencia de Fondos (VTF), el Colegio de Profesores y el Sindicato de Docentes, explicó que esperan que esta manifestación siga en ascenso, y continúe la toma del acceso al Canal Chacao.

“El panorama está así: acá se decidió que la mesa provincial va a hacer el llamado a paro a partir de mañana (hoy). Quellón, que ya está paralizado y movilizado, va a hacer cierre de sus accesos marítimos, al igual que nosotros en Ancud. Seguido a esto, Castro y Dalcahue tienen que armar sus asambleas para avisarle a su gente, y ellos se sumarían el día siguiente (miércoles) a las movilizaciones, con corte de carretera y todo lo que conlleve“.

Añadió el dirigente que “esa es la información que nosotros tenemos ahora, es lo que acordamos, y creemos que las respuestas que dio el ministro son insuficientes como para poder abordar el problema real“.

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ANEF Magallanes invita a socios a participar de concurso literario y campeonato de truco

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Este lunes 3 de abril las comisiones organizadoras junto con el Directorio, hicieron el lanzamiento oficial de las bases del concurso literario y del campeonato de truco, donde este año Anef Magallanes celebrará sus 80 años de vida.

La Presidenta del Directorio, Evelyn Córdova Marín, destacó el trabajo de las asociaciones bases para sacar adelante esta celebración con actividades deportivas y culturales. “Este año cumpliremos 80 años y como agrupación queremos celebrarlo en grande, por eso invitamos a nuestros socios y socias a contar sus experiencias a través de un cuento y además que participen en un campeonato de truco, juego muy nuestro qué de seguro motivará a las asociaciones“.

Plazos

Para participar en el campeonato de truco, cada asociación puede inscribir a una pareja hasta el lunes 17 de abril a las 16.00 hrs. En cambio para participar en el concurso literario puede solicitar las bases a sus presidentes o delegados o pedirlas directamente al correo Anef regional.magallanes@anef.cl, el cierre del concurso literario es hasta el viernes 21 de abril, la idea es que en una plana las y los funcionarios públicos puedan contar sus experiencias ya sea en la categoría individual o familiar.

El Directorio Anef Magallanes invita a todas y todos sus socios a participar activamente de las actividades aniversario, el cual finalizará el próximo 5 de mayo al cumplirse los 80 años de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales.