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Economistas USACH explican la flexibilidad laboral de las 40 horas

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Con algarabía se celebró en el Gobierno la aprobación del proyecto de las 40 horas en la Cámara de Diputadas y Diputados y que ahora quedó listo para convertirse en ley.

Sin embargo, algunas organizaciones gremiales han mostrado su preocupación en algo que denominan “letra chica”: la flexibilidad laboral. Sostienen que las 40 horas ya no serán en la semana sino en promedios en un ciclo de 4 semanas.

“El grado de flexibilidad que se emplea no es necesariamente terrible, hay aristas que siempre pueden ser revisadas pero que atienden a un objetivo principal”, sostuvo René Fernández, economista y académico de la Usach.

Preocupa posible precarización

La también economista y académica de la U. de Santiago, Marcela Vera, tiene una visión distinta. “Esto constituye una disminución en los derechos de los trabajadores puesto que el empleador podría organizar el tiempo que se utilizan en cada una de las semanas”, advierte.

“La flexibilidad laboral es un diseño jurídico que permite al empresariado generar una precarización de las labores de los trabajadores, con una afectación sobre sus salarios, tipos de beneficios, horas extras o vacaciones. O en definitiva algún otro tipo de apoyo social que se le pueda destinar al trabajador”, explicó.

Por su parte, Fernández señala que hay otros temas para poner especial atención. “Hay una arista que para compensar las bajas remuneraciones en ciertos trabajos, el trabajador usará ese tiempo libre para complementar labores y no lo dejarán para el esparcimiento, creándose más subempleos”, cerró.

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Fiscal Nacional dio cuenta de compromisos de primeros 90 días de gestión

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Una serie de reestructuraciones internas y la creación de unidades especializadas de la Fiscalía Nacional, son algunas de las medidas que ha implementado el Fiscal Nacional del Ministerio Público, Ángel Valencia, durante los primeros 90 días a cargo de la institución.

Así informó la autoridad ante los integrantes de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento del Senado, cumpliendo uno de los compromisos que adquirió con los legisladores al momento de asumir el cargo, en el sentido de informar las medidas que adoptó en los primeros meses de su gestión.

Nuevas unidades

Entre los compromisos, el Fiscal Valencia destacó la incorporación al circuito intersectorial de femicidios y la reorganización de unidades especializadas de la Fiscalía Nacional.

En tal sentido, señaló que se crearon:

  • Unidad especializada en crimen organizado, tráfico ilícito de drogas, armas y personas, de homicidio y lavado de activos asociados.
  • Unidad especializada en delitos económicos, medioambientales, ciberdelitos y lavado de activos asociados.
  • Unidad especializada en anticorrupción, infracción a la probidad interna y lavado de activos asociados.
  • Unidad especializada en responsabilidad penal adolescente
  • Unidad especializada en delitos sexuales y de explotación sexual
  • Unidad especializada en Derechos Humanos
  • Unidad especializada en violencia de género
  • Unidad de apoyo a la investigación financiera patrimonial
  • Reformulación de la Unidad en cooperación internacional y extradiciones como unidad especializada.

Asimismo, indicó que se realizó una revisión integral del Sistema de Análisis Criminal y Focos Investigativos (SACFI); que se revisó la organización de las macrozonas y un protocolo de atención para las víctimas de las macrozonas Norte y Sur; la revisión de los protocolos de actuación de interceptaciones telefónicas; la auditoría de distintos procesos solicitando apoyo de la Contraloría General de la República, entre otras medidas.

Los senadores integrantes de la Comisión plantearon la disposición a colaborar desde el Senado con las iniciativas que permitan avanzar en los desafíos que planteó el Fiscal.

En esa línea, Ángel Valencia, señaló que los próximos desafíos son: avanzar en la creación de una Fiscalía supraterritorial; en nuevas tecnologías como el uso de inteligencia artificial en la persecución penal; y en el fortalecimiento del Ministerio Público con herramientas necesarias para combatir los nuevos fenómenos delictivos.

Medidas

Asimismo, el Fiscal Nacional se refirió a la medida de solicitar prisión preventiva para aquellos extranjeros que no puedan acreditar su identidad.

En tal sentido, dijo que existen problemas con “la persecución penal de las personas que ocultan su nombre o que se hacen pasar por otras personas, pues no existe forma de cotejar su identidad y, de ese modo, saber si tienen antecedentes u órdenes pendientes, entre otras“.

“Había un grupo importante de personas que estaba ocultando su identidad”, dijo, ante lo cual se instruyó que se tomen todas las medidas necesarias para establecer las identificaciones respectivas y que, si cumplidos los plazos no era posible conseguir aquello, entonces se solicitara la prisión preventiva, pues “el objeto es evitar que recuperen su libertad personas que están ocultando su identidad“.

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Avanza en el Congreso proyecto de Ley anticorrupción en municipios

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“Hoy la lucha contra la corrupción en los municipios y sus organizaciones anexas cuenta con un importante respaldo de parte de las diputadas y diputados, pues más allá de sus diferencias políticas existe un claro consenso respecto de la urgencia de tomar cartas en el asunto conjuntamente y sin perder tiempo”, comentó Valeria Lübbert, secretaria Ejecutiva de la Comisión para la Integridad y Transparencia.

Por 11 votos a favor y la unanimidad de los presentes, se aprobó ayer, martes 11 de abril, en la Comisión de Gobierno Interior de la Cámara Baja, la idea del legislar del proyecto de Ley sobre probidad y transparencia en municipios. Se trata de un importante avance en la lucha contra la corrupción que no sólo daña al patrimonio público municipal y fiscal sino también afecta la confianza de la ciudadanía en estas instituciones.

Contenido

“Esta iniciativa legal fusiona los proyectos de los diputados Tomás Hirsch (Humanista) y Catalina Pérez (RD) modificando un conjunto de normas ligadas a transparencia, fiscalización y probidad en la gestión municipal y en la gestión de corporaciones, fundaciones y organizaciones comunitarias que surgen en torno a las municipalidades, estructuras que se han visto envueltas en escándalos de corrupción públicamente conocidos. En este escenario, destacamos que se pongan al centro de la discusión legislativa propuestas para prevenir casos de corrupción en municipios, generando mecanismos que permitirán avanzar hacia una cultura de integridad y reglas de prevención de conflictos de intereses”, explica Valeria Lübbert, secretaria Ejecutiva de la Comisión para la Integridad Pública y Transparencia (CIPyT) del Ministerio Secretaría General de la Presidencia (Segpres).

La experta, asimismo valoró el consenso logrado en la Comisión de Gobierno Interior, subrayando que “hoy la lucha contra la corrupción en los municipios y sus organizaciones anexas cuenta con un importante respaldo de parte de las diputadas y diputados, pues más allá de sus diferencias políticas, existe un claro consenso respecto de la urgencia de tomar cartas en el asunto conjuntamente y sin perder tiempo”, agregó Lübbert.

El nexo con la Estrategia Nacional de Integridad Pública

Cabe mencionar que la CIPyT ha realizado una labor de análisis de la corrupción a nivel municipal. El pasado 10 de marzo desde la CIPyT organizamos un seminario donde se llevó a cabo un diálogo en torno a la corrupción municipal y sus alcances. La actividad contó con la asistencia de más de 120 personas y la intervención de un grupo de diputados, alcaldes, concejales y expertos.

Asimismo, hay que destacar que el proyecto de Ley sobre probidad y transparencia en municipios se alinea con la Estrategia Nacional de Integridad Pública (ENIP), que busca a establecer una cultura anticorrupción, junto a una promoción de valores éticos destinados a proteger el interés público y a fortalecer la democracia. 

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Reducción de la jornada laboral a 40 horas fue despachada a ley

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El Congreso Nacional despachó este martes a ley el proyecto que reduce la jornada laboral de 45 a 40 horas por semana. Ello, ya que la Sala de la Cámara de Diputados y Diputadas aprobó la iniciativa por 127 votos a favor, en su tercer y último trámite legislativo, tras ser visado por el Senado en marzo. En este último hito parlamentario, el proyecto consiguió 14 pronunciamientos en contra, principalmente de diputados del Partido Republicano.

Esta iniciativa legal se implementará gradualmente en un plazo máximo de cinco años y en primera instancia se aplicará a trabajadores del Código del Trabajo, adaptado a todas las jornadas de trabajo: ordinaria; especiales, como las de las trabajadores de casa particular; y excepcionales, como las del rubro minero.

En concreto, la nueva legislación reduce la jornada ordinaria de trabajo de 45 a 40 horas semanales con gradualidad, de 45 a 44 horas al primer año de publicada de la ley, para disminuir progresivamente hasta llegar a las 40 horas el año 2028.

La ministra del Trabajo y Previsión Social, Jeannette Jara, valoró la aprobación de la iniciativa y señaló que “aquí, jugó un rol clave la ciudadanía, que hizo que esta demanda se convirtiera hoy día en una realidad. Cuando la ciudadanía hace suya una bandera por mayor protección y calidad de vida, se hacen realidad. Por eso valoramos incluso a quienes se oponían, pero dieron el paso y se sentaron a conversar. Ese mismo espíritu esperamos que prime en la necesaria reforma a las pensiones“.

¿Qué establece la Ley de las 40 Horas?

  • Reduce la jornada ordinaria de trabajo de 45 a 40 horas semanales con la siguiente gradualidad: de 45 a 44 horas al primer año de publicada de la ley, a 42 horas al tercer año y a 40 al quinto año. Estos son plazos máximos, pues cualquier empleador que quiera anticiparse a la reducción de la jornada a 40 horas puede hacerlo sin esperar la gradualidad. De hecho, el Sello 40 Horas se ha entregado a empresas que han reducido la jornada sin tener ley.
  • También regula los regímenes especiales. Si bien existen más categorías, una de las más características es la de las trabajadoras de casa particular. En el caso de las puertas afuera: operará la reducción a 40 horas semanales según la jornada ordinaria. En el de las puertas adentro, se mantiene el sistema actual, con un descanso mínimo de 12 horas diarias, pero con una compensación de dos días descanso mensual adicional a fin de materializar la rebaja. Estos días podrán acumularse de común acuerdo hasta un período de tres meses, garantizando tiempo de descanso efectivo.
  • Asimismo, para las jornadas excepcionales, que trabajan con procesos continuos, como la minería, se permite compensar con días de descanso anual adicionales el exceso sobre 40 horas.
  • Establece mecanismos de corresponsabilidad, como las bandas horarias, que permiten un ingreso y salida diferenciada para que madres, padres y cuidadores de menores de 12 años puedan anticipar o retrasar el inicio y/o salida del trabajo, lo que permitirá conciliar de mejor manera los horarios de los colegios con las jornadas laborales. Otro mecanismo de corresponsabilidad es la posibilidad de compensar horas extraordinarias por hasta cinco días de feriado adicionales.
  • Se permite la distribución de la jornada ordinaria en 4 días de trabajo por 3 de descanso, conocida como 4×3. Las empresas que implementen las 40 horas sin esperar a la gradualidad también podrán aplicar la jornada 4×3 de forma anticipada, en acuerdo con los trabajadores.
  • Atendiendo a las particularidades del mundo del trabajo, la ley contempla acciones de apoyo específicas para el mundo de las pymes a través de dos servicios técnicos y descentralizados como son el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (Sence) y la Dirección del Trabajo.
  • Se restringe la exclusión de jornada del artículo 22, inciso 2, del Código del trabajo sólo para quienes ejercen labores de alta gerencia y para quienes no están sometidos a fiscalización superior de acuerdo con la naturaleza de sus funciones.
  • También permite la promediación de jornada; es decir, existirá la posibilidad de acordar con el trabajador que la jornada ordinaria de 40 horas se cumpla en un promedio de hasta cuatro semanas, con un tope máximo de 45 horas semanales. No se podrá superar más de dos semanas las 40 horas y, con ello, se respetará el promedio de 40 horas semanales. Si el trabajador está sindicalizado, se requerirá acuerdo previo con el sindicato.

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ANEF Los Lagos: “El sumario administrativo no es la respuesta frente a denuncias contra autoridades de confianza política”

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Sin cargos culminó el proceso de sumario contra la seremi de la Mujer de la Región de Los Lagos, Macarena Gré. Así lo confirmó la propia delegada presidencial regional, Giovanna Moreira, quien destacó que habiendo culminado sin cargos hacia la seremi, “el proceso se da por terminado”.

Moreira agregó que “la seremi en este momento se encuentra en sus funciones. Repetir que como Gobierno estamos como Gobierno estamos preocupados de que todos los espacios de trabajo sean seguros para las personas, que exista un buen trato y eso va a seguir siendo el mensaje que le entregamos todos los días a nuestro gabinete regional”, explicó.

Además, la autoridad confirmó que el proceso contra la seremi de Energía, Liliana Alarcón, por maltrato laboral, aún se encuentra abierto.

Confianza política

Al respecto, el Consejo Regional de ANEF Los Lagos, a través de su presidenta, Pamela Espinoza, explicó que “es bastante sui generis esto de que frente a denuncias a autoridades regionales que responden a la confianza política, la respuesta que entregue el Estado a los trabajadores sea el sumario administrativo“. 

Espinoza agregó que “estamos frente a una autoridad que fue designada, insisto, políticamente, no por competencia o un concurso, sino en una designación de confianza política. Y se responde frente a eso con una tramitación administrativa como es el sumario, que lo realiza precisamente quien depositó su confianza en la autoridad regional. Entonces, claramente aquí nosotros vemos una protección a la autoridad regional y no un acto de justicia, o una garantía para que otros trabajadores puedan denunciar“.

Falta de garantías

La dirigenta hizo hincapié en que se trata de un hecho lamentable, que además marca un “pésimo” precedente, ya que el manto de protección que se habría establecido sobre esta autoridad podría llevar a que otros trabajadores desistan de denunciar. De hecho, Espinoza explicó que muchos de los trabajadores de la región que han denunciado a autoridades, han terminado reunciando a sus empleos, “pagando el costo por alzar la voz“.

Por otra parte, la presidenta de ANEF Los Lagos explicó que han visto con mucha preocupación las denuncias que se han levantado contra Javiera Cabello, exjefa de campaña del Presidente Gabriel Boric y actual jefa de gabinete del Ministerio de la Mujer. El fiscal del Ministerio de la Mujer se encuentra investigando una denuncia por maltrato laboral contra esta colaboradora de confianza del actual Gobierno, levantada por una funcionaria contratada vía concurso hace varios meses.

“Esto, viene a sumarse a lo que a nosotros nos parece una injusticia, puesto que estas mismas personas, este gabinete fue quien investigó las denuncias de maltrato laboral contra la seremi acá en la región de Los Lagos. Entonces, nosotros decimos, bueno, esas mismas personas que están siendo investigadas o sindicadas como quienes ejercen maltrato fueron las que se hicieron cargo del sumario contra la seremi de la Mujer. Entonces, la verdad es que a nosotros nos causa bastante tristeza, porque el Ministerio de la Mujer precisamente aborda el tema de las buenas prácticas laborales, y la erradicación de toda forma de violencia“, explicó Espinoza.

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Nuevo Programa de Sitios de Memoria abre convocatoria para el reconocimiento, resguardo y sostenibilidad patrimonial

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El Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, a través del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural, abrió la convocatoria 2023 para subsidios del Programa de Sitios de Memoria (PSM) que administra la Subdirección de Fomento y Gestión Patrimonial. Esta primera versión se enmarca en la conmemoración de los 50 años del Golpe de Estado y considera un presupuesto total de 700 millones de pesos.

“Mediante este programa se busca asumir desde la institucionalidad patrimonial el compromiso del Estado de contribuir a los procesos de memorialización y patrimonialización de sitios y lugares asociados a la dictadura cívico militar chilena, cuya preservación y puesta en valor son indispensables para fortalecer el respeto a la democracia y avanzar en el camino de la verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición”, señaló la directora nacional del Servicio Nacional del Patrimonio, Nélida Pozo Kudo.

Sobre la convocatoria

El llamado está dirigido a organizaciones que gestionan sitios de memoria del país declarados monumentos históricos y que cumplan con los requisitos establecidos en la convocatoria. Las iniciativas, deben estar orientadas a gastos de operación y personal asociados a un Plan Anual de Gestión para el Resguardo Patrimonial, indicado en las bases.

La implementación de este nuevo programa tiene por objetivo fortalecer el resguardo, preservación y valoración pública de sitios de memoria vinculados a violaciones de Derechos Humanos en Chile, mediante el apoyo a sus organizaciones en el manejo integral de los valores y atributos patrimoniales que aseguren su sostenibilidad en el tiempo.

A aquellas organizaciones que ingresen al programa a través de esta convocatoria se les otorgará asistencias técnicas, según los requerimientos levantados para cada Sitio de Memoria, las que podrán ser desarrolladas por expertos y/o instituciones de la sociedad civil.

¿Cómo postular?

Las postulaciones se deben presentar exclusivamente en formato digital antes del día jueves 04 de mayo a las 23:59:59 horas, en el correo programasitiosdememoria@patrimoniocultural.gob.cl.

En el sitio web de la Subdirección Nacional de Fomento y Gestión Patrimonial se encuentran publicadas las bases y la información necesaria para participar de la convocatoria 2023.

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Gobierno ingresó proyecto de ley de Reglas del uso de la fuerza

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Con el objetivo de dar certezas a la ciudadanía, a las policías, a las fiscalías y a los jueces en el ejercicio de la persecución penal, el gobierno ingresó el proyecto de ley de reglas del uso de la fuerza, que permite brindar respaldo legal a estos protocolos de acción policial por parte del sistema en su conjunto.

La iniciativa tiene una función de complementariedad respecto de la ley que refuerza y protege la función de Carabineros, Policía de Investigaciones y Gendarmería, así como de la policía marítima y de aeronáutica civil, más conocida como “Naín Retamal”.

Objetivo

Este proyecto de ley busca normar el uso de la fuerza para el personal de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, como también de las Fuerzas Armadas cuando, excepcionalmente, acuden a tareas de resguardo del orden público. Asimismo, regulará los protocolos, lineamientos, instrucciones o cualquier otro instrumento que norme el uso de la fuerza en la mantención del orden público y de la seguridad pública interior.

En su formulación, busca tomar los actuales estándares del uso de la fuerza ya existentes en nuestro país, actualizarlos e incorporar las recomendaciones de distintos organismos internacionales al respecto, elevando el rango normativo a nivel legal. Así, esta regulación complementa tanto al Código Penal como al de Justicia Militar, incorporando protocolos específicos que hasta ahora eran emitidos por Carabineros a través de circulares.

Origen

Este proyecto de ley nace de un Protocolo de Acuerdo firmado en el marco de la tramitación de la reforma constitucional para la Protección de la Infraestructura Crítica, en la Comisión Mixta.

En su formulación, los ministerios del Interior y Seguridad Pública y Defensa Nacional y los parlamentarios y las parlamentarias de la Comisión Mixta, consideraron como instrumentos de apoyo el Código de Conducta para Funcionarios Encargados de hacer Cumplir La Ley (ONU, 1979); los principios sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley (ONU, 1990); orientaciones de Naciones Unidas en materia de derechos humanos; la revisión de experiencia comparada de países como Alemania, España, Uruguay, Francia y Reino Unido; los compromisos adquiridos por Chile ante la Comisión Interamericana de DD.HH. en el caso de Alex Lemún contra el Estado de Chile (2018) y distintas mociones parlamentarias en trámite presentadas por legisladores de los distintos sectores políticos.

Principios

El proyecto establece que el personal de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública deberá guiar su actuación por los principios de legalidad, necesidad, proporcionalidad, responsabilidad y racionalidad en el uso de la fuerza. También incorpora deberes, grados de resistencia o agresión y etapas.

Lee aquí el proyecto completo 025-371 Mensaje Reglas del Uso de la Fuerza.docx

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Profesores por crisis de educación en Chiloé: “Es hora de que el Estado se haga cargo”

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Un largo historial de vulneraciones de derechos laborales mantienen las municipalidades de las comunas de la Provincia de Chiloé con las y los profesores del esta zona del sur del país, los que ya no aguantan más. La «gota que rebalsó el vaso» fue la notificación de la Corporación Municipal de Ancud a los docentes donde se les informa que este mes recibirán sólo el 58% de sus sueldos. Y mientras acusan que el Mineduc sólo ofrece medidas «parche», el Magisterio, a través de su presidente, Carlos Díaz Marchant, se encuentra haciendo una serie de gestiones en terreno para que el Gobierno se haga cargo y efectúe cambios estructurales que permitan resolver el conflicto.

“Esperamos la llegada del Ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, para dar respuesta y esperamos una solución definitiva a estos serios problemas que afectan no tan sólo a Ancud sino que también a Castro, Dalcahue y Quellón”, afirmó Díaz Marchant desde Chiloé.

“Desviación de recursos”

Mientras tanto, las municipalidades sólo acusan recibo de las denuncias y emplazan al Gobierno a inyectar con urgencia recursos para frenar la crisis financiera. No obstante, para Pamela Carrasco, dirigenta del comunal Ancud del Magisterio, la solución va más allá de eso pues los fondos destinados a educación se han convertido en una suerte de fuente de desviación de recursos.

Cabe recordar que en febrero de este año, la Contraloría General de la República corroboró que la Corporación de Ancud utilizó en el año 2021 dineros de la Subvención Escolar Preferencial (SEP) del Ministerio de Educación para realizar a los menos 36 transferencias bancarias a otras cuentas externas por la suma de 1.684 millones de pesos.

En ese contexto, Carrasco fue enfática: “El llamado es para ver si de verdad estamos hablando con un Gobierno que le va a dar dignidad a las y los trabajadores o finalmente eso fue sólo fue un bluf de campaña. Nosotros no estamos en el momento de ser moderados, nosotros necesitamos que esto se solucione desde raíz, hemos sido moderados de manera permanente, hemos sido pacientes, hemos buscado el dialogo pero lamentablemente el Gobierno pareciera que no le interesa la educación pública”.

La dirigenta agregó que “acá lo que nosotros necesitamos son soluciones concretas por parte de la autoridad y esas soluciones tienen que ver en razón de legislar una ley que tenga relación con dejar de adeudarnos cotizaciones y pagarnos las cotizaciones que ya están impagas; y para eso se necesita robustecer la Educación Pública con una ley que establezca nuevas formas de financiamiento a la educación”.

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Gobierno reacciona por polémica de Paulina de Allende-Salazar: “La autoridad no puede condicionar la libertad de prensa”

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El Gobierno ha dado a conocer su posición en torno a la situación que involucra a la periodista Paulina de Allende-Salazar, quien fue despedida de Mega después de cometer un error en vivo, y referirse al cabo primero Daniel Palma, el último mártir de Carabineros, como “paco”.

Controversia

La reportera, quien hasta la semana pasada trabajaba en el matinal Mucho Gusto, fue criticada públicamente por el general Alex Chaván, quien la vetó en un punto de prensa en las afueras de la Cuarta Comisaría de Santiago, donde trabajaba el fallecido funcionario policial.

“Si se encuentra presente la periodista Paulina de Allende, quien fue capaz de tratar a uno de nuestros mártires como paco, no vamos a dar ninguna declaración”, dijo el alto oficial, quien aclaró que el problema era específico con la comunicadora.

La controversia llegó al Consejo Nacional de Televisión (CNTV), que recibió miles de denuncias en contra de De Allende-Salazar. Pocas horas después, Megamedia anunció el despido de la profesional.

Postura

En este contexto, el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, dio a conocer la posición del Gobierno en relación al veto que le aplicó el general Chaván a Paulina de Allende-Salazar durante la conmoción por la muerte del cabo Palma.

“La libertad de prensa es un principio básico de la democracia y la autoridad no puede condicionar esa libertad. Por lo tanto, coincido en que son hechos que no podemos normalizar“, expresó la autoridad en el programa Mesa Central de Canal 13.

“Uno puede comprender el contexto pero también tiene que mirarlos en los principios que guían la conducta del país, y a mí me parece que no son ese tipo de hechos los que deben conducir el país“, explicó. Monsalve añadió que “esto se dio en un contexto particular, y en ese contexto creo que defender la libertad de prensa es una tarea básica de las instituciones democráticas“.

“Entiendo que la periodista actuó de buena fe y cometió un error, pero de inmediato pidió disculpas y cambió su expresión. Cuidar la libertad de prensa y la libertad de opinión es una tarea esencial de las instituciones democráticas“, concluyó.

Colegio de periodistas

Quien también entregó su respaldo a la periodista fue el Colegio de Periodistas de Chile. A través de Twitter, la entidad señaló que “condenamos el veto que sufrió la periodista Paulina De Allende por parte del general de Carabineros Álex Chaván. La colega pidió disculpas y no corresponde ser señalada de esta forma“.

A ello agregaron que “la suspensión del punto de prensa, por esta razón, refuerza los discursos estigmatizantes contra periodistas, lo que afecta al derecho a la información de la ciudadanía, que está por sobre los errores individuales“.

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Vocera Vallejo en Tolerancia Cero: “La realidad es peor de lo que pensábamos”

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En la noche de este domingo en Tolerancia Cero, Camila Vallejo, la ministra vocera de Gobierno, hizo una declaración preocupante sobre el estado de la seguridad en Chile: “La realidad es peor de lo que pensábamos“, respecto a la situación del país en materia de seguridad, migración y las herramientas que tienen las policías para enfrentar el alza delictual.

“Nosotros teníamos sobre la mesa la información sobre el déficit de las policías o el avance de la violencia de los delitos, el alza de los homicidios, el narcotráfico”, explicó. Sin embargo, la vocera de Gobierno agregó que “por ejemplo, en materia migratoria. Esto nos tocó asumir el Gobierno con una crisis en materia de migración, pero claro, en el despliegue del Gobierno hacia las fronteras de la zona norte, nos dimos cuenta que la situación era más precaria de lo que pensábamos“.

Recursos

“Cuando uno asume el poder Ejecutivo va encontrando cosas que nadie te las contaba y eso implicó un reforzamiento mucho mayor de lo que teníamos presupuestado en nuestra agenda de seguridad“, afirmó. Para contrarrestar esto, agregó, desde La Moneda tuvieron que inyectar cerca de US$1.500 millones para robustecer la agenda de seguridad.

Vallejo agregó que “Carabineros estaba en una situación precaria” para enfrentar el aumento de la delincuencia, “por eso ha habido un fuerte incremento de presupuesto, no solo para Carabineros , sino para muchas otras instituciones“, explicó.

Asimismo, hizo un llamado al mundo político a dejar las diferencias de lado para avanzar en la agenda legislativa en la materia. “La agenda de seguridad es una agenda de derechos. Es importante que salgamos de esta disputa política-ideológica para poder enfrentarla”. Si no tenemos barrios más seguros, si seguimos manteniendo esta lógica donde los padres y las madres no saben si sus hijos van a llegar a las casas sanos y salvos después del colegio, no vamos a poder construir una democracia sólida“, enfatizó.