El Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, a través del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural, abrió la convocatoria 2023 para subsidios del Programa de Sitios de Memoria (PSM) que administra la Subdirección de Fomento y Gestión Patrimonial. Esta primera versión se enmarca en la conmemoración de los 50 años del Golpe de Estado y considera un presupuesto total de 700 millones de pesos.
“Mediante este programa se busca asumir desde la institucionalidad patrimonial el compromiso del Estado de contribuir a los procesos de memorialización y patrimonialización de sitios y lugares asociados a la dictadura cívico militar chilena, cuya preservación y puesta en valor son indispensables para fortalecer el respeto a la democracia y avanzar en el camino de la verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición”, señaló la directora nacional del Servicio Nacional del Patrimonio, Nélida Pozo Kudo.
Sobre la convocatoria
El llamado está dirigido a organizaciones que gestionan sitios de memoria del país declarados monumentos históricos y que cumplan con los requisitos establecidos en la convocatoria. Las iniciativas, deben estar orientadas a gastos de operación y personal asociados a un Plan Anual de Gestión para el Resguardo Patrimonial, indicado en las bases.
La implementación de este nuevo programa tiene por objetivo fortalecer el resguardo, preservación y valoración pública de sitios de memoria vinculados a violaciones de Derechos Humanos en Chile, mediante el apoyo a sus organizaciones en el manejo integral de los valores y atributos patrimoniales que aseguren su sostenibilidad en el tiempo.
A aquellas organizaciones que ingresen al programa a través de esta convocatoria se les otorgará asistencias técnicas, según los requerimientos levantados para cada Sitio de Memoria, las que podrán ser desarrolladas por expertos y/o instituciones de la sociedad civil.
¿Cómo postular?
Las postulaciones se deben presentar exclusivamente en formato digital antes del día jueves 04 de mayo a las 23:59:59 horas, en el correo programasitiosdememoria@patrimoniocultural.gob.cl.
https://www.elajitador.cl/wp-content/uploads/2023/04/IMG_9118.jpeg10801920Adminhttps://www.elajitador.cl/wp-content/uploads/2023/09/MARCA-GRAFICA-ADAPTADA-01.pngAdmin2023-04-11 10:15:312023-04-11 10:15:32Nuevo Programa de Sitios de Memoria abre convocatoria para el reconocimiento, resguardo y sostenibilidad patrimonial
Con el objetivo de dar certezas a la ciudadanía, a las policías, a las fiscalías y a los jueces en el ejercicio de la persecución penal, el gobierno ingresó el proyecto de ley de reglas del uso de la fuerza, que permite brindar respaldo legal a estos protocolos de acción policial por parte del sistema en su conjunto.
La iniciativa tiene una función de complementariedad respecto de la ley que refuerza y protege la función de Carabineros, Policía de Investigaciones y Gendarmería, así como de la policía marítima y de aeronáutica civil, más conocida como “Naín Retamal”.
Objetivo
Este proyecto de ley busca normar el uso de la fuerza para el personal de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, como también de las Fuerzas Armadas cuando, excepcionalmente, acuden a tareas de resguardo del orden público. Asimismo, regulará los protocolos, lineamientos, instrucciones o cualquier otro instrumento que norme el uso de la fuerza en la mantención del orden público y de la seguridad pública interior.
En su formulación, busca tomar los actuales estándares del uso de la fuerza ya existentes en nuestro país, actualizarlos e incorporar las recomendaciones de distintos organismos internacionales al respecto, elevando el rango normativo a nivel legal. Así, esta regulación complementa tanto al Código Penal como al de Justicia Militar, incorporando protocolos específicos que hasta ahora eran emitidos por Carabineros a través de circulares.
Origen
Este proyecto de ley nace de un Protocolo de Acuerdo firmado en el marco de la tramitación de la reforma constitucional para la Protección de la Infraestructura Crítica, en la Comisión Mixta.
En su formulación, los ministerios del Interior y Seguridad Pública y Defensa Nacional y los parlamentarios y las parlamentarias de la Comisión Mixta, consideraron como instrumentos de apoyo el Código de Conducta para Funcionarios Encargados de hacer Cumplir La Ley (ONU, 1979); los principios sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley (ONU, 1990); orientaciones de Naciones Unidas en materia de derechos humanos; la revisión de experiencia comparada de países como Alemania, España, Uruguay, Francia y Reino Unido; los compromisos adquiridos por Chile ante la Comisión Interamericana de DD.HH. en el caso de Alex Lemún contra el Estado de Chile (2018) y distintas mociones parlamentarias en trámite presentadas por legisladores de los distintos sectores políticos.
Principios
El proyecto establece que el personal de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública deberá guiar su actuación por los principios de legalidad, necesidad, proporcionalidad, responsabilidad y racionalidad en el uso de la fuerza. También incorpora deberes, grados de resistencia o agresión y etapas.
https://www.elajitador.cl/wp-content/uploads/2023/04/WhatsApp-Image-2023-04-10-at-18.14.49.jpeg10161600Adminhttps://www.elajitador.cl/wp-content/uploads/2023/09/MARCA-GRAFICA-ADAPTADA-01.pngAdmin2023-04-11 10:05:182023-04-11 10:05:20Gobierno ingresó proyecto de ley de Reglas del uso de la fuerza
Un largo historial de vulneraciones de derechos laborales mantienen las municipalidades de las comunas de la Provincia de Chiloé con las y los profesores del esta zona del sur del país, los que ya no aguantan más. La «gota que rebalsó el vaso» fue la notificación de la Corporación Municipal de Ancud a los docentes donde se les informa que este mes recibirán sólo el 58% de sus sueldos. Y mientras acusan que el Mineduc sólo ofrece medidas «parche», el Magisterio, a través de su presidente, Carlos Díaz Marchant, se encuentra haciendo una serie de gestiones en terreno para que el Gobierno se haga cargo y efectúe cambios estructurales que permitan resolver el conflicto.
“Esperamos la llegada del Ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, para dar respuesta y esperamos una solución definitiva a estos serios problemas que afectan no tan sólo a Ancud sino que también a Castro, Dalcahue y Quellón”, afirmó Díaz Marchant desde Chiloé.
“Desviación de recursos”
Mientras tanto, las municipalidades sólo acusan recibo de las denuncias y emplazan al Gobierno a inyectar con urgencia recursos para frenar la crisis financiera. No obstante, para Pamela Carrasco, dirigenta del comunal Ancud del Magisterio, la solución va más allá de eso pues los fondos destinados a educación se han convertido en una suerte de fuente de desviación de recursos.
Cabe recordar que en febrero de este año, la Contraloría General de la República corroboró que la Corporación de Ancud utilizó en el año 2021 dineros de la Subvención Escolar Preferencial (SEP) del Ministerio de Educación para realizar a los menos 36 transferencias bancarias a otras cuentas externas por la suma de 1.684 millones de pesos.
En ese contexto, Carrasco fue enfática: “El llamado es para ver si de verdad estamos hablando con un Gobierno que le va a dar dignidad a las y los trabajadores o finalmente eso fue sólo fue un bluf de campaña. Nosotros no estamos en el momento de ser moderados, nosotros necesitamos que esto se solucione desde raíz, hemos sido moderados de manera permanente, hemos sido pacientes, hemos buscado el dialogo pero lamentablemente el Gobierno pareciera que no le interesa la educación pública”.
La dirigenta agregó que “acá lo que nosotros necesitamos son soluciones concretas por parte de la autoridad y esas soluciones tienen que ver en razón de legislar una ley que tenga relación con dejar de adeudarnos cotizaciones y pagarnos las cotizaciones que ya están impagas; y para eso se necesita robustecer la Educación Pública con una ley que establezca nuevas formas de financiamiento a la educación”.
https://www.elajitador.cl/wp-content/uploads/2023/04/337158760_1611428546001483_7205604235798675146_n.jpg7681024Adminhttps://www.elajitador.cl/wp-content/uploads/2023/09/MARCA-GRAFICA-ADAPTADA-01.pngAdmin2023-04-11 09:53:282023-04-11 09:53:35Profesores por crisis de educación en Chiloé: “Es hora de que el Estado se haga cargo”
El Gobierno ha dado a conocer su posición en torno a la situación que involucra a la periodista Paulina de Allende-Salazar, quien fue despedida de Mega después de cometer un error en vivo, y referirse al cabo primero Daniel Palma, el último mártir de Carabineros, como “paco”.
Controversia
La reportera, quien hasta la semana pasada trabajaba en el matinal Mucho Gusto, fue criticada públicamente por el general Alex Chaván, quien la vetó en un punto de prensa en las afueras de la Cuarta Comisaría de Santiago, donde trabajaba el fallecido funcionario policial.
“Si se encuentra presente la periodista Paulina de Allende, quien fue capaz de tratar a uno de nuestros mártires como paco, no vamos a dar ninguna declaración”, dijo el alto oficial, quien aclaró que el problema era específico con la comunicadora.
La controversia llegó al Consejo Nacional de Televisión (CNTV), que recibió miles de denuncias en contra de De Allende-Salazar. Pocas horas después, Megamedia anunció el despido de la profesional.
Postura
En este contexto, el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, dio a conocer la posición del Gobierno en relación al veto que le aplicó el general Chaván a Paulina de Allende-Salazar durante la conmoción por la muerte del cabo Palma.
“La libertad de prensa es un principio básico de la democracia y la autoridad no puede condicionar esa libertad. Por lo tanto, coincido en que son hechos que no podemos normalizar“, expresó la autoridad en el programa Mesa Central de Canal 13.
“Uno puede comprender el contexto pero también tiene que mirarlos en los principios que guían la conducta del país, y a mí me parece que no son ese tipo de hechos los que deben conducir el país“, explicó. Monsalve añadió que “esto se dio en un contexto particular, y en ese contexto creo que defender la libertad de prensa es una tarea básica de las instituciones democráticas“.
“Entiendo que la periodista actuó de buena fe y cometió un error, pero de inmediato pidió disculpas y cambió su expresión. Cuidar la libertad de prensa y la libertad de opinión es una tarea esencial de las instituciones democráticas“, concluyó.
Colegio de periodistas
Quien también entregó su respaldo a la periodista fue el Colegio de Periodistas de Chile. A través de Twitter, la entidad señaló que “condenamos el veto que sufrió la periodista Paulina De Allende por parte del general de Carabineros Álex Chaván. La colega pidió disculpas y no corresponde ser señalada de esta forma“.
A ello agregaron que “la suspensión del punto de prensa, por esta razón, refuerza los discursos estigmatizantes contra periodistas, lo que afecta al derecho a la información de la ciudadanía, que está por sobre los errores individuales“.
https://www.elajitador.cl/wp-content/uploads/2023/04/Opera-Captura-de-pantalla_2023-04-10_091259_www.biobiochile.cl_.png432818Adminhttps://www.elajitador.cl/wp-content/uploads/2023/09/MARCA-GRAFICA-ADAPTADA-01.pngAdmin2023-04-10 10:13:572023-04-10 10:13:59Gobierno reacciona por polémica de Paulina de Allende-Salazar: “La autoridad no puede condicionar la libertad de prensa”
En la noche de este domingo en Tolerancia Cero, Camila Vallejo, la ministra vocera de Gobierno, hizo una declaración preocupante sobre el estado de la seguridad en Chile: “La realidad es peor de lo que pensábamos“, respecto a la situación del país en materia de seguridad, migración y las herramientas que tienen las policías para enfrentar el alza delictual.
“Nosotros teníamos sobre la mesa la información sobre el déficit de las policías o el avance de la violencia de los delitos, el alza de los homicidios, el narcotráfico”, explicó. Sin embargo, la vocera de Gobierno agregó que “por ejemplo, en materia migratoria. Esto nos tocó asumir el Gobierno con una crisis en materia de migración, pero claro, en el despliegue del Gobierno hacia las fronteras de la zona norte, nos dimos cuenta que la situación era más precaria de lo que pensábamos“.
Recursos
“Cuando uno asume el poder Ejecutivo va encontrando cosas que nadie te las contaba y eso implicó un reforzamiento mucho mayor de lo que teníamos presupuestado en nuestra agenda de seguridad“, afirmó. Para contrarrestar esto, agregó, desde La Moneda tuvieron que inyectar cerca de US$1.500 millones para robustecer la agenda de seguridad.
Vallejo agregó que “Carabineros estaba en una situación precaria” para enfrentar el aumento de la delincuencia, “por eso ha habido un fuerte incremento de presupuesto, no solo para Carabineros , sino para muchas otras instituciones“, explicó.
Asimismo, hizo un llamado al mundo político a dejar las diferencias de lado para avanzar en la agenda legislativa en la materia. “La agenda de seguridad es una agenda de derechos. Es importante que salgamos de esta disputa política-ideológica para poder enfrentarla”. Si no tenemos barrios más seguros, si seguimos manteniendo esta lógica donde los padres y las madres no saben si sus hijos van a llegar a las casas sanos y salvos después del colegio, no vamos a poder construir una democracia sólida“, enfatizó.
https://www.elajitador.cl/wp-content/uploads/2023/04/imagen_2023-04-10_085443378.png10801920Adminhttps://www.elajitador.cl/wp-content/uploads/2023/09/MARCA-GRAFICA-ADAPTADA-01.pngAdmin2023-04-10 09:55:552023-04-10 09:55:58Vocera Vallejo en Tolerancia Cero: “La realidad es peor de lo que pensábamos”
Alfredo Argel Marilican (69), ex preso político e histórico activista por los derechos humanos se refirió al memorial que buscan construir en la costanera de Puerto Montt para homenajear a las víctimas de la dictadura cívico militar.
En este sentido, el dirigente hizo hincapié en que existen promesas incumplidas en torno a este proyecto, y tres gobiernos han pasado sin mayores avances debido a la falta de voluntad política para construir el memorial.
¿Cómo han sido las gestiones para lograr materializar este memorial?
No nos han dado respuesta. Hemos tenido reuniones con varios seremi, de Cultura, Justicia, pero no nos han dado respuesta, por lo que vamos a tener que empezar a buscar por nuestros propios medios quien o cómo se va a concretar este memorial.
El día 25 vamos a tener una reunión con el gobernador Patricio Vallespín, tenemos la audiencia ya fijada. Y luego de eso, nada, porque hay una serie de opiniones, personas que no llegan o no saben, evasivas.
Esto significa que nosotros vamos a tener que volver a tocar puertas en Santiago y hablar políticamente con algunas personas sobre este tema. Porque estamos luchando por ello desde hace más de doce años y si hubo un anteproyecto, hay un diseño, arquitectura, medidas. Hay que reevaluar el tema de la arquitectura, y eso significa 19 millones de pesos en una partida, para terminar, actualizar y hacer pequeñas modificaciones al diseño. Y ahora, nadie tiene plata.
Realmente estamos bastante molestos porque hemos sostenido reuniones con una buena cantidad de personas, dirigentes de otros organismos sociales y de derechos humanos, y no hay respuesta rápida para lo que se está pidiendo. Así que, en eso quedamos en la última reunión.
¿En qué etapa se encuentra el proyecto?
Hoy, necesitamos19 millones para actualizar el proyecto. En general, se supone que el memorial va a salir más de 400 millones de pesos. Pero tenemos que actualizar algunas opiniones que tiene el MOP con respecto a algunos aspectos pequeños. Pero hay que actualizarlo, y eso cuesta 19 millones de pesos, la actualización de los arquitectos y diseñadores que tienen que hacer, pero nada más que eso. Teniendo eso listo tendríamos que, como te digo, ir a la pedida grande.
Entonces, vamos a tener que movernos con eso. Lo primero es lo primero. Porque sin un diseño que tenga la apreciación total y exacta, no podemos ir a pedir a ningún ministerio con montos aproximados. Hay que tener la actualización de las platas según lo que corresponde.
El Minvu está a la cabeza con Fabián Nail, él está conforme. Lo que pasa es que hay otras personas que le hacen problema, que dicen que esto puede salir en diez años más. Por favor, o en cinco años más. Trabas tras trabas.
En cambio, no, Nail quedamos de acuerdo que llegado un momento, conversando con el gobernador vamos a tener una respuesta. Bueno, voy a tener que ir a Santiago seguramente al programa de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia. Porque las conversaciones aquí en la región, parece que no les gusta o hay poco interés en hacerlo. Porque hay personas que ya estaban diciendo que había que cambiarlo. No, nosotros no vamos a cambiar ese memorial. Está el espacio, quedó el mismo espacio.
Largo camino
Lo que pasa, es que no lo colocaron cuando se hizo el Parque Costanera. El Parque Costanera, nosotros, cuando estaba el señor Wainraight en el ministerio, nosotros fuimos con el señor Carlos Mora, a entregarle el plano y lo que se le estaba solicitando con respecto a ese espacio. Porque ese espacio hace muchos años está planificado, hace diez o doce años. Y han pasado tres gobiernos, y siguen y siguen.
Decirte que Puerto Montt es la única ciudad en el sur de Chile donde hubieron muchas ejecuciones, y no tiene nada para recordar aquello, y la única región en general que no tiene su memorial. Ahora, no es porque no hayamos querido, sino que han habido algunos compromisos políticos o de organismos que no se han cumplido.
Por ejemplo, nosotros partimos en el primer Gobierno de Piñera. Después llegó Bachelet, después Piñera nuevamente, y ahora estamos en las mismas. Entonces, yo diría que falta voluntad política, para algunos especialmente, de colocar ese memorial ahí.
Memoria viva
Nosotros, la única manera de hacer memoria es que la gente vea quienes son. Les molesta a algunos, y te lo digo muy honestamente, que haya un memorial diciéndoles estas personas fueron ejecutadas en tal parte, Puerto Montt, Puerto Varas, Los Muermos, Ancud, Castro. Las desapariciones, todo eso, pero nosotros tenemos que seguir. No puede ser. Aquí no hay ánimo de venganza como algunos dicen. Sino que, mantener nuestra historia, y mantener la memoria es algo que debemos hacer.
Nosotros somos ya personas mayores. Muchos de nuestros compañeros y compañeras se han ido. Aquí en la región, no han visto terminados sus procesos legales. O sea, para nosotros justicia a estas alturas, 40, 50 años después, ya no es justicia. No es justicia. Vamos a saber la verdad de las personas que estuvieron, lo que hicieron, y conocer una verdad mañana jurídica y también de los familiares. Pero es así, nosotros lo que queremos es reivindicar la memoria.
Pero la burocracia es terrible, más cuando hay personas que no quieren que se avance con respecto a este tema. Sin embargo, yo si creo que hoy hay un compromiso de Gobierno con respecto a este tema. Esperamos que no sea palabrería nomás. Con respecto a los detenidos desaparecidos, a la búsqueda, porque en el tema de la búsqueda tenemos otro tremendo problema en lo que es el entierro allá en Chamiza. Entonces ese es un proceso que ya está en trámite en tribunales, pero no sabemos nada respecto a los avances de la investigación. Y esas son cosas que hay que hablar políticamente, más arriba.
Es ridículo. Estamos viendo que nadie se pronuncia. Yo creo que la seremía de las Culturas, y de Justicia deberían afrontar este primer valor de 19 millones que se está pidiendo. Pero nadie dice nada. Y lo digo abiertamente. Aquí hay que asumir mayor compromiso de las autoridades. Hoy nos piden que cambiemos el memorial. Nosotros no lo vamos a cambiar. Hubo una organización de años, una comunidad que desde el 2010 estamos hablando del tema. Se hizo una actividad, un acto, se hizo público, todo.
¿Qué es lo que esperarían para este año, considerando además la importante conmemoración que enfrenta el país?
Sabemos que este año no se puede construir el memorial, por el tiempo, que incluso la pura revisión de la actualización de lo que ya está hecho y las modificaciones que deben hacerse se va a demorar por lo menos tres meses. Pero si sería bonito o bueno al menos para la comunidad, dejar la primera piedra de que aquí se va a dar el vamos a la construcción del memorial de Puerto Montt. Eso daría al menos un poco más de confianza para la comunidad y para toda la gente que ha sufrido pérdidas de alguna u otra manera, además de todos los presos políticos y personas que aún viven. En eso estamos, no hemos cejado en seguir trabajando en el tema, para nada.
Tenemos mucha confianza en el trabajo que se hará en derechos humanos, solicitamos públicamente, especialmente, al ministro Álvaro Mesa, de que hoy día en Puerto Montt hay muchos presos políticos con sus temas no resueltos, y no se hace sentencia. Además, otros procesos, como los compañeros que mataron en el Fundo El Toro, eso todavía no se cierra, lleva como dieciocho años. Apurar hoy día el tranco en estos momentos, porque hemos estado sufriendo la muerte de nuestros compañeros y compañeras que se han ido esperando una respuesta de los responsables de sus golpizas, torturas.
Yo lo único que pido al Gobierno, al Ministerio, a la comunidad, es seguir alzando nuestra voz, que basta la impunidad biológica (muerte de los criminales, testigos o familiares de las víctimas mientras esperan justicia). Vuelvo a insistir, la justicia, como ha dicho el propio ministro Mario Carroza, que nos pidió las disculpas, porque justicia a 30 o 40 años, eso ya no es justica. Vamos a conocer los hechos que pasaron, reconstituir la historia, pero la justicia debe ser oportuna.
Hay que mencionar, por último, que por la conmemoración que se hará este año tendremos muchas actividades. De hecho, estamos reunidos en una mesa de territorios y organizaciones para hacer un calendario de todas las actividades que haremos en diferentes lugares en estos meses en la previa al 11 de septiembre y también posterior a eso, porque hay que decirlo, el tema de la memoria y la represión y lo que nos ocurrió no termina el 11 de septiembre con los 50 años, pero si es un hito importante. Porque hoy todavía nos pueden escuchar a cientos de personas relatar lo que pasó. Aún seguimos aquí.
https://www.elajitador.cl/wp-content/uploads/2023/04/50826181_966875096842051_6502818182519062528_n-1.jpg540960Adminhttps://www.elajitador.cl/wp-content/uploads/2023/09/MARCA-GRAFICA-ADAPTADA-01.pngAdmin2023-04-10 08:30:002023-04-10 10:21:15“Falta voluntad política” para memorial por los derechos humanos en Puerto Montt
En línea con lo anunciado por el ministro de Educación el lunes 3 de abril, ayer miércoles llegó a Castro el equipo técnico del Mineduc para iniciar la mesa de trabajo con los alcaldes del Archipiélago de Chiloé. El objetivo es avanzar, de manera colaborativa y atendiendo a la realidad particular de cada comuna, en el abordaje de las dificultades financieras que atraviesan y que están afectando a los trabajadores de la educación en la zona.
Por su parte, la seremi de Educación, Daniela Carvacho; acompañada del jefe provincial de la cartera, Ítalo Martínez; el delegado provincial presidencial, Armando Barria; y el Director Regional de Junji, Francisco Oshiro; y del asesor del Mineduc, José Valenzuela, se reunieron -también en Castro- con unos 50 representantes del gremio educativo en el archipiélago. En la instancia, se dialogó en torno a diversas aristas del problema de las deudas que los municipios vienen arrastrando, y que han dificultado el pago de la totalidad de las remuneraciones y de las cotizaciones previsionales a trabajadores de la educación.
Durante el encuentro, las autoridades dieron a conocer los diversos dispositivos con que cuenta el Mineduc para avanzar, en apoyo a la administración comunal, hacia soluciones -en el corto y mediano plazo- de las principales dificultades que viven los municipios a nivel de la gestión educativa.
Al respecto, la Seremi de Educación, Daniela Carvacho, afirmó: “Vinimos a explicar con detalle todas las iniciativas, acciones legales e instrumentos vigentes que hoy día el ministerio de educación pone a disposición de los municipios y corporaciones para gestionar y fortalecer la educación pública y también a presentar las soluciones a corto, mediano y largo plazo que hoy día tenemos a nuestra disposición. Nos preocupa, por cierto, la realidad que hoy viven estudiantes y toda la comunidad educativa en aquellas comunas y escuelas donde se han vivido paralizaciones en solidaridad con la comuna de Ancud y entendemos que no todas las situaciones de las comunas son de la misma dificultad”.
Además, agregó “Nos hemos comprometido a realizar un trabajo conjunto y un seguimiento. Este trabajo conjunto requiere la confirmación de una mesa técnica donde tanto sostenedores como representantes de los trabajadores puedan trabajar de manera conjunta en hacer un análisis de la gestión que hoy día se está desarrollando y cómo se están administrando los recursos de la educación pública en el archipiélago(…) además de una instancia junto a los trabajadores de la educación en la que se informe sobre los avances en la cartera”
Sobre las reuniones sostenidas, la Subsecretaria de Educación, Alejandra Arratia, indicó que: “Nuestros equipos han estado trabajando con las corporaciones municipales, en distintas reuniones, también se han reunido con los gremios para ir avanzando. Tenemos una serie de dispositivos que hemos puesto a disposición de los municipios. Las situaciones no son iguales para las distintas comunas y en ese sentido hay que ir viendo cuáles de los diferentes dispositivos son pertinentes para abordar la situación que se vive en términos financieros. Estamos contentos de poder ir cumpliendo estos compromisos y sin duda entendiendo el desafío que tenemos por delante, de poder dar cuenta de la situación compleja que se vive en el archipiélago de Chiloé”.
https://www.elajitador.cl/wp-content/uploads/2023/04/20230406_112140.jpg7681024Adminhttps://www.elajitador.cl/wp-content/uploads/2023/09/MARCA-GRAFICA-ADAPTADA-01.pngAdmin2023-04-06 12:22:492023-04-06 12:22:50Chiloé: Mineduc se reúne con alcaldes y trabajadores de la educación
Un conjunto de más de 300 organizaciones sociales y activistas por la defensa de los derechos humanos ha hecho público su rechazo al acuerdo entre el gobierno y la oposición para tramitar una agenda legislativa de seguridad de manera “extra rápida”. En su declaración pública, las organizaciones convocan a resistir los intentos de imponer una agenda centrada en una concepción autoritaria de la seguridad y exigen un cambio de rumbo.
Las autoridades estatales han aprobado en su primer trámite normas que, según las organizaciones, lejos de ir a las raíces profundas de la inseguridad, respaldan la vocación de impunidad de las policías e instituciones del país. Agregan que, en el pasado reciente y durante la revuelta social, estas han impedido la sanción oportuna y proporcional de los delitos perpetrados por agentes estatales, en delitos reconocidos por diversos informes nacionales e internacionales. En este sentido, cabe mencionar que, hasta ahora, se han presentado más de 10.700 denuncias por violencia institucional, incluidas querellas contra el Alto Mando de Carabineros por su responsabilidad en crímenes constitutivos de graves violaciones a los derechos humanos.
Uso de la fuerza
Las organizaciones sociales y de derechos humanos expresaron su preocupación ante la posibilidad de que se “salvaguarde la impunidad de agentes estatales en el uso de la fuerza” y se alejen de los estándares y controles de convencionalidad en materia de derechos humanos. “Resulta inaceptable que la justificación del uso de la fuerza letal dependa del criterio del funcionarioque utiliza las armas. Más aún, en circunstancias que Carabineros ha demostrado un total desconocimiento del uso racional y proporcional de la fuerza letal y menos letal, así como de las exigencias que implica el respeto a los derechos humanos”, explican.
Además, alertan sobre los peligros de los discursos de autoridades en contra de los derechos humanos y de quienes los defienden, a través de los cuales se afirma a estos derechos como un obstáculo a la seguridad. También denuncian la invisibilización de las víctimas de la revuelta y la falta de cumplimiento por parte del gobierno de las garantías de no repetición en materia de derechos humanos.
Víctimas de la revuelta
“La invisibilización de las víctimas de la revuelta también ha influido en este escenario. El gobierno no ha sido capaz de cumplir con las garantías de no repetición en materia de derechos humanos, ignorando la importancia de poner el foco de atención en las víctimas de violencia estatal, para que hechos como aquellos nunca más se repitan. Asimismo, el gobierno incumple las obligaciones internacionales al promover estos proyectos de ley y no enfrentar de manera decidida los discursos negacionistas”, denuncian.
La agenda legislativa, agregan, tampoco aborda la crisis estructural de Carabineros diagnosticada hace años. Una problemática que se ha venido manifestando a través de graves delitos de corrupción y malversación de recursos públicos, masivas violaciones a los derechos humanos y participación en redes de abuso sexual, narcotráfico y crimen organizado que los medios de comunicación hegemonizados por la derecha no han visibilizado.
Las organizaciones hacen un llamado a todas las personas defensoras de derechos humanos a que no permitan que se utilice a las fuerzas armadas y policiales para resolver problemas y conflictos de orden político, social y económico mediante la represión y la restricción de las garantías democráticas más básicas. También convocan a tomar todas las medidas que estén a su alcance para denunciar este grave retroceso en materia de derechos humanos.
https://www.elajitador.cl/wp-content/uploads/2023/04/AdobeStock_311087973-scaled.jpeg17332560Adminhttps://www.elajitador.cl/wp-content/uploads/2023/09/MARCA-GRAFICA-ADAPTADA-01.pngAdmin2023-04-06 09:30:002023-04-04 22:52:55Organizaciones sociales y de derechos humanos rechazan agenda policial conjunta del gobierno y oposición
El pasado 10 de enero, la ANEF Regional Coquimbo llevó a cabo la firma del protocolo sobre Buenas Prácticas Laborales en el Estado, con el delegado presidencial de la Región de Coquimbo, Rubén Quezada Gaete. En la oportunidad, estuvo presente como garante el presidente nacional de la ANEF, José Pérez Debelli.
En tanto, este martes 4 de abril se llevó a cabo la primera reunión de instalación de esta mesa, que contó con la participación de la seremi del Trabajo, Claudia Santander, la seremi de Gobierno, Paulina Mora y el delegado presidencial, Rubén Quezada.
En la cita, principalmente se dialogó en torno a cuáles van a ser las modalidades de trabajo de esta instancia. Asimismo, se evaluaron algunos casos específicos de la situación de algunos funcionarios y servicios, cuyo abordaje será prioridad en esta mesa de trabajo.
Conclusiones
Según el presidente de ANEF Coquimbo, Patricio López, una de las conclusiones principales fue la necesidad de aterrizar y difundir el concepto de buenas prácticas laborales. En este sentido, se acordó que en el próximo mes de mayo se realizará una gran capacitación destinada especialmente a las jefaturas, autoridades, seremis, jefes de servicio y mandos medios. Asimismo, se invitará a las y los dirigentes de la región.
López confirmó además la relevancia que tiene esta instancia, donde se espera poder trabajar de forma estrecha con el delegado presidencial como primera autoridad de la región, la seremi de Gobierno y par del Trabajo, en temas que son vitales para las y los funcionarios públicos, como son los climas laborales, y el maltrato y acoso. En este sentido, López señaló que “esta línea directa con las autoridades es extremadamente importante para nosotros desde la perspectiva de la defensa de los derechos funcionarios“.
https://www.elajitador.cl/wp-content/uploads/2023/04/WhatsApp-Image-2023-04-04-at-4.22.07-PM.jpeg7681024Adminhttps://www.elajitador.cl/wp-content/uploads/2023/09/MARCA-GRAFICA-ADAPTADA-01.pngAdmin2023-04-06 09:30:002023-04-04 23:37:28ANEF Coquimbo celebra primera reunión de Mesa de Buenas Prácticas Laborales
De acuerdo a información publicada en la página web del Poder Judicial, en las sentencias causas roles 26.112-2022, 26.131-2022, 26.196-2022, 26.279-2022 y 26.301-2022, la Tercera Sala del máximo tribunal, realizó una revisión de la jurisprudencia sobre la materia y ajustó el criterio de las contratas -incluidos los funcionarios del Poder Judicial- y estableció que en las relaciones laborales anuales, bajo los 5 años, no quedan cubierta por la denominada confianza legítima.
El máximo tribunal resolvió así una serie de recursos de protección relacionados con desvinculaciones de trabajadoras y trabajadores públicos que prestaron servicios a contrata en reparticiones del Estado, y estableció que el principio de confianza legítima opera después de 5 años en esta modalidad, por lo que no se configura actuar ilegal o arbitrario si la desvinculación, por razones justificadas, se produce antes del quinquenio.
Contenido del fallo
El fallo plantea que: “Asentado el primer aspecto, vinculado al ejercicio de la facultad de no renovar y poner término anticipado a la vinculación a través de contratas anuales, resulta imperioso para esta Corte hacer una clara distinción entre aquellas relaciones que han tenido una extensión temporal mayor en el tiempo, toda vez que a dichas personas, según la jurisprudencia judicial y administrativa, se encuentran protegidas por el principio de confianza legítima”.
La resolución agrega que: “En efecto, el referido principio, aplicado en materia administrativa, busca proteger a los funcionarios de los cambios intempestivos en las decisiones de la Administración, entregando estabilidad a los servidores públicos, impidiendo que a través de aquellos se lesionen derechos”.
“En esta materia, se ha resuelto que tanto la decisión de poner término anticipado a una contrata, como la no renovación de la misma, respecto de personas que se han vinculados con la Administración por un determinado número de años, violenta el principio de la confianza legítima del funcionario que alberga la justa expectativa de terminar el periodo cubierto por su designación y a ser recontratado para el año siguiente, la que, en todo caso, se configura a juicio de ambas jurisdicciones, cuando concurre, como se adelantó, un elemento temporal estabilizador, esto es, que se hubieran producido renovaciones sucesivas”, añade.
“Así –prosigue–, es la determinación del elemento temporal el que cobra relevancia, en tanto es aquel el que determinara las exigencias que puedan imponerse para terminar el vínculo, pues si la persona que se desempeña en la Administración está protegida por el principio de confianza legítima, aquella solo puede poner término a esa relación estatutaria por sumario administrativo derivado de una falta que motive su destitución, o por una calificación anual que así lo permita”.
“En efecto, el Estatuto Administrativo establece un procedimiento específico para evaluar el servicio de los funcionarios públicos, que es aplicable a quienes sirvan los cargos en calidad de planta o a contrata, debiendo la autoridad dejar plasmadas en el proceso de calificación las razones de un eventual mal desempeño que, una vez firme, determina que el funcionario deje de prestar servicios, sin que sea admisible que se utilice la causal de necesidades del servicio para poner término anticipado o no renovar las designaciones a contrata de personas que se hayan desempeñado por larga data sirviendo el cargo específico, pues aquello, sin duda vulneraría el principio de confianza legítima”, aclara el fallo.
Para la Sala Constitucional de la Corte Suprema: “(…) entonces, resulta imprescindible establecer desde cuándo la persona que se vincula a través de contratas anuales con la Administración adquiere la confianza legítima respecto que su designación no solo se cumplirá en la anualidad respectiva, sino que, además, será renovado”.
“Periodo prudente”
“Pues bien, en busca de un criterio unificador, esta Corte ha considerado establecer el plazo de cinco años, que se estima es un periodo prudente para que la Administración evalúe íntegramente no solo el desempeño del funcionario sino que, además, estudie la necesidad de seguir contando con el cargo que sirve la persona, por cuanto existe una real necesidad del servicio de contar con una persona que desempeñe las funciones específicas que motivaron la dictación del acto administrativo que determinó el inicio del vínculo con la Administración”, releva.
“Que, como colofón, se concluye que si una persona se encuentra vinculada con la Administración a través de contratas anuales y ha tenido un periodo desempeño por un tiempo inferior a cinco años, no le asiste el principio de confianza legítima y, en consecuencia, la Administración se encuentra facultada para no renovar el vínculo estatutario para el periodo siguiente, sin que requiera la dictación de un acto especial al efecto, dado que es el legislador quien dispone que al cumplirse el periodo de designación esta concluye por el solo ministerio de la ley, al ser inferior a cinco años su vinculación con la Administración y no estar amparado por el principio de confianza legítima. Todo lo cual no adquiere un carácter diverso por el hecho de comunicar expresamente esa determinación por razones de certeza jurídica y deferencia con el funcionario”, explica el máximo tribunal.
“En cambio, en el caso de que la persona se encuentre protegida por el principio de confianza legítima, la Administración solo puede poner término al vínculo estatutario, como se dijo, a través del sistema de calificaciones o sumario administrativo, por lo que, en este caso, carece de toda relevancia hacer un distingo entre término anticipado y no renovación del contrato”, concluye.
En relación al tema, el presidente nacional de ANEF, José Pérez Debelli, enfatizó que: “Las estructuras sindicales deben mantener coordinación permanente con ANEF nacional y territorial a fin de afrontar el tema en su mérito. Es importante revisar tanto el dictamen de confianza legítima emitido por la Contraloría General de la República y la importante conquista sindical de la Tutela de Derechos Fundamentales de 2020. Como ANEF hacemos un llamado a todos y todas a informarse, y a mantener informadas a nuestra ANEF regionales”.
https://www.elajitador.cl/wp-content/uploads/2023/04/fotogrande_5_6050000-scaled-1.jpg17002560Adminhttps://www.elajitador.cl/wp-content/uploads/2023/09/MARCA-GRAFICA-ADAPTADA-01.pngAdmin2023-04-05 10:00:002023-04-04 19:57:45Corte Suprema fija en 5 años criterio para que opere la confianza legítima de funcionarios públicos a contrata