La ministra del Interior y Seguridad Pública, Carolina Tohá, anunció que hoy se envió al Congreso un proyecto de ley que “fortalece el rol de las municipalidades en prevención del delito y seguridad
pública”.
La iniciativa legal surge del trabajo que ha venido desarrollando el gobierno con diversas fuerzas políticas, parlamentarios, asociaciones de municipalidades y municipios, con el fin de elaborar una agenda amplia de medidas que responda a la demanda ciudadana por más seguridad. También, responde a los puntos N°4 y N°5 del “Compromiso Transversal por la Seguridad” suscrito en abril de este año entre el ejecutivo y las Asociaciones de Municipalidades y es uno de los proyectos de la agenda de “fast track” legislativo que el gobierno acordó con los presidentes del Senado y la Cámara de Diputados y Diputadas.

Prevención

En materia del rol preventivo, la iniciativa reforma los Consejos Comunales de Seguridad, crea un comité operativo de funcionamiento mensual, incorpora criterios de seguridad en los instrumentos de planificación urbana y territorial comunal y fortalece los planes de seguridad de los municipios. Además, contempla la creación de una categoría funcionaria, los “Inspectores de Seguridad Municipales”, dedicada exclusivamente a las funciones de seguridad y fiscalización, en coordinación
con las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública.

La ministra Tohá dio cuenta de la iniciativa al inaugurar la Asamblea de la Asociación Chilena de Municipalidades, que lidera la alcaldesa de Peñalolén, Carolina Leitao, y que se desarrolla hasta este viernes en La Serena, región de Coquimbo. En la ocasión, la secretaria de estado destacó que “el corazón de este proyecto responde a una necesidad largamente conversada con ustedes como alcaldes y alcaldesas, para fortalecer las funciones con las cuales los municipios ejercen labores de seguridad y de fiscalización”. En este sentido, agregó que espera que el debate legislativo que se registre a contar de la próxima semana en el Parlamento, permita avanzar en la búsqueda de  “establecer nuevas exigencias que iremos fortaleciendo paulatinamente, como que los guardias tengan idoneidad física y sicológica, que no tengan antecedentes penales, ni de violencia intrafamiliar”.

Otro de los aspectos destacados es que se destinarán $5 mil millones al año para un fondo que los municipios deberán destinar a la entrega de elementos de protección a los guardias municipales, como un bastón retráctil, chaleco antibalas y formación especial para ejercer estos nuevos roles. “Se van a establecer parámetros que son vinculantes, porque entrar en materias de seguridad es delicado. No queremos que se confunda porque no está en nuestro horizonte tener policías municipales, pero sí coadyuvantes en materia de seguridad, que especialmente permita que lo que hoy día ya hacen los municipios en materia de patrullaje, de apoyo a las víctimas, de fiscalización, lo hagan con más protección, en mejores condiciones, con más capacidades y con un reconocimiento legal que hasta el día de hoy ha sido relegado”.

Principales aspectos del proyecto
-Fortalecimiento de la institucionalidad de las municipalidades en seguridad

– Los municipios podrán desarrollar directamente o con otros órganos de la administración del Estado, funciones relacionadas con el desarrollo, implementación, evaluación, promoción, capacitación y apoyo de acciones, planes, medidas y proyectos, así como celebración de convenios, en el ámbito de la seguridad pública, la prevención del delito, la reinserción social y la asistencia a víctimas, a nivel comunal.

– Crea el Comité de Coordinación Operativa dentro del Consejo Comunal de Seguridad Pública, el cual se reúne mensualmente (o cada vez que sea necesario). Es presidido por la Alcaldesa o Alcalde y está integrado por el Director o Directora de Seguridad, así como por los representantes de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública y del Ministerio Público.

– Modifica el Plan Comunal de Seguridad Pública con el objetivo de incorporar medidas de atención y asistencia a las víctimas de delito; de prevención de delito; mejoramiento de las condiciones urbanas, semiurbanas y rurales; así como la incorporacion de los lineamientos establecidos en la Política Nacional de Seguridad Pública.

– Incorpora el enfoque de seguridad en el diseño de las obras de urbanización y edificación, así como en el plan comunal de inversiones, infraestructura de movilidad y espacio público.

Crea la figura de los Inspectores Municipales de Seguridad
Los inspectores municipales de seguridad cumplirán funciones preventivas y también coadyuvantes.
– Entre las funciones preventivas están el informar al consejo comunal de seguridad pública sobre situaciones que pongan en riesgo a la seguridad de la comuna; la asistencia a víctimas con posterioridad a la comisión de delito; colaborar en la fiscalización en el territorio comunal (ley de alcoholes, rentas municipales, ordenanzas municipales, etc.).

– Entre las funciones coadyuvantes están el desarrollo de un trabajo coordinado con las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, en materias como: intervención en procedimientos policiales de bajo nivel de riesgo, cuyo protocolo de actuación quedará definido en el reglamento de la ley; patrullajes preventivos independiente y mixtos (con policías); control de medidas cautelares.

– Capacitación. Para habilitar a los funcionarios en estas nuevas herramientas, la Subsecretaría de Prevención del Delito (SPD) y Carabineros de Chile suscribirán un convenio para impartir un plan formativo que será requisito para desempeñar esta tarea. La SPD también deberá llevar una nómina actualizada del personal que ejerce funciones como Inspector o Inspectora de Seguridad Municipal.

– Contarán con elementos de protección que será proporcionados por los municipios, entre los que no se cuentan armas de fuego ni elementos cortopunzantes.

El Ministerio de Salud emitió una advertencia sobre una posible alerta sanitaria en las comunas de Concón, Quintero y Puchuncaví debido al aumento de la contaminación en la zona. Además, anunció que, a través de un decreto, la Secretaría Regional Ministerial (Seremi) de Valparaíso podría cerrar las empresas contaminantes.

En un comunicado oficial difundido por la Seremi, el Ministerio de Salud señaló textualmente: “A raíz del aumento de atenciones de salud y de los incrementos observados en contaminantes ambientales registrados en la estación de calidad del aire de Quintero centro, el Ministerio de Salud ha iniciado el proceso para decretar Alerta Sanitaria para las comunas de Concón, Quintero y Puchuncaví, de forma de contar con mayores facultades que permitan dar respuesta a la emergencia que afecta a la zona”.

El decreto otorgará a la Seremi de Salud de Valparaíso facultades extraordinarias para llevar a cabo acciones de salud pública y otras medidas complementarias destinadas a prevenir y controlar de manera efectiva las posibles consecuencias sanitarias derivadas de la contaminación atmosférica. Asimismo, las autoridades tendrán la capacidad de cerrar parcial o totalmente las industrias que estén generando emisiones contaminantes.

Otras medidas

En respuesta al nuevo episodio de contaminación ambiental ocurrido en la comuna de Quintero, la Fiscalía abrió una investigación de oficio. Al menos 100 niños y jóvenes presentaron síntomas de intoxicación, como desmayos, náuseas, dolor de cabeza y de estómago, lo que llevó a la Seremi de Educación a suspender las clases.

Además, la Superintendencia de Medio Ambiente ha dictado medidas provisionales contra siete empresas en Concón, Quintero y Puchuncaví tras el episodio de contaminación. La entidad constató un aumento en las atenciones de salud asociadas a la contaminación atmosférica en diferentes centros de salud de las comunas. Entre las medidas se encuentra la reducción del 70% de los flujos de carga y descarga de productos que emitan compuestos orgánicos volátiles (COVs), así como la aplicación de los planes operacionales de cada empresa en caso de mala ventilación.

Los vecinos también han advertido un intenso olor a gas que se intensifica a medida que se avanza hacia la zona industrial.

Carolina Bravo, presidenta regional de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF) en Arica, ha buscado relevar situaciones de maltrato laboral y acoso hacia trabajadores públicos en la región, existiendo casos con seguimiento dentro de los distintos Servicios, dentro de los cuales se encuentra el Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (Sernapesca).

En este sentido ANEF Arica ha estado manteniendo conversaciones con autoridades en el marco de la implementación del Convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que trata sobre violencia y acoso en el ámbito laboral. Según Bravo, durante estas conversaciones se han abordado “las exigencias que mandata este Convenio, así como también las responsabilidades que tienen autoridades como Seremis y jefes de servicio en torno a su implementación y validación al interior de cada uno de ellos, existiendo un compromiso con el delegado presidencial a objeto de generar un protocolo de actuación en esta materia”

Tres casos centinela

En relación a los casos específicos en Sernapesca, Bravo afirmó: “En este servicio, existen casos centinela, denominados de esta forma por la Superintendencia de Seguridad Social, y referidos a aquellos trabajadores diagnosticados con una enfermedad mental de carácter profesional por las mutualidades, y, a razón de ello, tienen un seguimiento donde dicha institución hace una serie de exigencias al empleador con el objeto de mejorar las condiciones, los espacios y ambientes que gestan el desgaste a propósito del maltrato del cual el trabajador es objeto.” Agregó que Sernapesca Arica y Parinacota cuenta con tres casos en esta condición, relacionados con situaciones de maltrato y acoso laboral.

En este marco, este lunes, la ANEF regional celebró un encuentro con el nuevo director regional de Sernapesca, Cristián Espinoza. Al respecto, Bravo explicó que “la idea es trabajar con él desde un principio, e informarle desde los propios trabajadores, lo que se está haciendo con los gremios base de Sernapesca, y de esta manera, poder comenzar a regular y poner más atención en las formas, en las dinámicas relacionales entre las autoridades, las jefaturas y los trabajadores, así también, las dinámicas de relación entre los propios trabajadores las que muchas veces se promueven desde el actuar de las mismas jefaturas.” Destacó que encontraron apertura por parte de la autoridad, quien acoge de buena manera el acompañamiento de la ANEF a los equipos de trabajo.

Carolina Bravo afirmó: “Estamos teniendo reuniones con las instituciones que tienen casos centinela, o denuncias de maltrato u acoso laboral, a propósito de que, en Arica y Parinacota, hemos visto una proliferación de servicios en los que, lamentablemente, han emergido este tipo de situaciones.” Asimismo, se discutió la posibilidad de establecer una mesa de trabajo con Sernapesca, contando con la buena disposición de la recién asumida autoridad regional.

En el marco de la celebración de la Semana Mundial del Parto Respetado, la Coordinadora por los Derechos del Nacimiento junto a las parlamentarias Gael Yeomans, Erika Olivera y Claudia Mix, entregaron ayer una carta dirigida al presidente de la República, Gabriel Boric, solicitando presupuesto público para implementar la Ley Adriana; proyecto que se encuentra en segundo trámite legislativo, en la Comisión de Salud del Senado, tras casi dos años de trabajo en la Comisión de Mujer y Género de la Cámara, cuyo objetivo es cambiar la manera de nacer en Chile, promoviendo una atención médica libre de violencia durante la gestación, parto, postparto y en las causales de aborto permitidas en la ley.

Violencia ginecobstétrica

Mónica Candia, matrona representante de la Red Latinomericana y del Caribe por la Humanización del Parto y Nacimiento, miembro además de la Mesa de Parto Respetado, destacó la gravedad de la situación de violencia ginecobstétrica en nuestro país. “En Chile, por ejemplo, se negocia con el nacimiento y la salud de las mujeres y sus hijas e hijos. Los índices de cesarias innecesarias son abismantes. En el sistema de salud privado llegan al 73% y en el sistema público alcanzan un 49%. Hay regiones del país donde las cesareas sobrepasan el 90% de los nacimientos, afectando no solo la salud física y psicológica de madres e recién nacidos, sino también la primera etapa del apego”, denunció.

María José Morales y Fabiola Yañez, miembros de la Coordinadora por el Derecho al Nacimiento de Chile, destacaron la necesidad de abordar el tema de la violencia ginecobstétrica desde todas sus dimensiones, incluyendo la de salud mental y la reparación del daño causado a las víctimas que hoy se encuentran abandonadas. Asistió a la actividad también la directora de Fundación Humanas, Camila Maturana.

Política pública

“Vinimos a pedir presupuesto, para financiar una ley tan necesaria para nuestro país. La Ley Adriana no es una iniciativa legislativa a corto plazo, debe ser una política pública que modifique el funcionamiento de la salud, apostando a un cambio de paradigma donde los derechos de salud reproductivos de las mujeres tengan prioridad. La iniciativa cuenta hoy, por primera vez, con un apoyo transversal del Colegio Médico y del Colegio de Matronas, entendiendo que podría beneficiar a 200 mil mujeres anualmente. Esta es una propuesta contenida en nuestro programa de gobierno, así que esperamos tenga una buena acogida, se concrete, se apruebe y se promulgue con el patrocinio del gobierno“, señaló la diputada Claudia Mix, una de las gestoras del proyecto.

Por su parte la diputada Erika Olivera formuló un llamado directo al ministro de Hacienda, Mario Marcel, a destinarle recursos en el presupuesto de la nación. “Él es quien maneja la billetera fiscal y por lo tanto le pedimos que pueda reunirse con los otros ministerios involucrados para apoyar este proyecto, en razón que el número de mujeres beneficiadas es muy alto, así como también da protección a niños y niñas. Es un proyecto de protección a la vida y por ello me sumo“, señaló.

La diputada Gael Yeomans llamó la atención sobre los cientos de casos y testimonios recibidos en la Comisión de Mujer y Equidad de Género “Es importante visibilizar los casos de violencia ginecobstétrica y evitar que sigan ocurriendo, para ello se necesita el respaldo financiero del gobierno. Estamos pidiéndole al gobierno evaluar el financiamiento de la Ley Adriana; entendemos que este deba hacerse gradualmente, pero queremos asegurarnos de que exista“, indicó.

En una contundente movilización, trabajadores del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio se congregaron hoy en la sede central del Ministerio, en la Plaza Sotomayor de Valparaíso, en el marco del paro nacional que llevan adelante para exigir mejoras en sus condiciones laborales y el cumplimiento de compromisos adquiridos.

El vicepresidente regional de Organizaciones de la Asociación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF) en Valparaíso, Pablo Sanhueza, manifestó su apoyo a la movilización y destacó la necesidad de establecer un diálogo entre las nuevas autoridades y los trabajadores para resolver los problemas existentes. “Estamos respaldando la lucha de las asociaciones del Ministerio de las Culturas, que arrastran demandas desde hace más de un año y aún no han sido satisfechas“, afirmó Sanhueza.

Demandas

Desde la perspectiva de los trabajadores, las demandas son claras y urgentes. Patricio Lama, encargado nacional de la secretaría de Solidaridad, Conflicto y Derechos Humanos de la ANEF, detalló las dificultades a las que ellos se enfrentan: “Hay un déficit de personal, sobrecarga laboral y falta de recursos para que los trabajadores puedan cumplir sus tareas, especialmente en terreno, en la supervisión de proyectos culturales financiados por el Ministerio“.

Uno de los aspectos más relevantes es la situación de los grados y la mejora de la carrera funcionaria en el ministerio. Los trabajadores han expresado su descontento con la falta de avances en este tema, a pesar de los compromisos adquiridos por parte de las autoridades desde hace más de un año. “Los funcionarios llevan años en grados paupérrimos, con remuneraciones insuficientes que no reflejan su formación y experiencia profesional“, enfatizó Lamas.

Además, se ha puesto énfasis en el déficit de personal, lo cual genera una sobrecarga laboral considerable. Los trabajadores deben cumplir múltiples responsabilidades y supervisar numerosos proyectos culturales, sin contar con los recursos necesarios para llevar a cabo estas tareas de manera eficiente. “Es fundamental que se cubran las vacantes existentes y se mejoren las condiciones de trabajo para que los funcionarios puedan desempeñarse adecuadamente“, agregó Lama.

Otro aspecto que ha generado malestar entre los trabajadores es la presencia excesiva e innecesaria de asesores en el ministerio. Según los testimonios, muchos de estos asesores ocupan grados altos y reciben remuneraciones elevadas, lo cual se percibe como un mal uso de los recursos públicos. “Creemos firmemente que se están pagando favores políticos o personales, mientras se argumenta falta de fondos para atender las demandas de los trabajadores“, señaló Lama.

Falta de avances en negociaciones

En respuesta a la falta de respuestas concretas y oportunas por parte de las autoridades, las organizaciones sindicales AFUCAP, ANFUCULTURA y los Sindicatos de Honorarios de Valparaíso y Santiago se encuentran en una paralización en todas las reparticiones de la Subsecretaría de las Culturas y las Artes, así como en las Seremis del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Esta acción se ampara en los tratados internacionales incorporados a la legislación chilena, especialmente en el Convenio 151 sobre las relaciones de trabajo en la administración pública. Las organizaciones expresaron además su decepción ante la falta de avances en las negociaciones y se resaltó la importancia de éstas medidas de presión para lograr mejoras laborales significativas.

El documento, resume las demandas de los trabajadores y abarca aspectos como nivelaciones salariales, aumento de dotación de personal, mejoras para los contratados a honorarios, e implementación regulada del teletrabajo, entre otros. Se hace hincapié en la necesidad de cerrar las brechas salariales existentes y de garantizar condiciones laborales dignas para todos los empleados del Ministerio.

La movilización de los trabajadores del Ministerio de las Culturas continuará “con pie firme”, hasta que se logren mejoras significativas en sus condiciones laborales y se cumplan los compromisos adquiridos. Se espera que las autoridades ministeriales establezcan un diálogo constructivo y efectivo para abordar las demandas planteadas y encontrar soluciones concretas que beneficien a los empleados del ministerio, así como a la comunidad cultural en su conjunto.