La Corte de Apelaciones de Coyhaique ha declarado admisible un recurso de protección presentado por un abogado en representación de la “Nómina de Prisioneros Políticos y Torturados”, elaborada por la Comisión Valech. El recurso solicita el retiro de la estatua y el cartel de Pinochet ubicados en la localidad de La Junta. El tribunal ha solicitado un informe al municipio de Cisnes.

En medio de la conmemoración de los 50 años del golpe militar, el gobierno está evaluando la posibilidad de retirar ambas estructuras. Sin embargo, la decisión ahora podría ser judicializada debido a la presentación del recurso de protección.

El abogado Juan Eduardo Baeza presentó el recurso en contra de la Municipalidad de Cisnes, solicitando el retiro del cartel y la estatua. El cartel tridimensional de color verde, ubicado en la Ruta 7 Carretera Austral, lleva el nombre “Carretera Austral General Augusto Pinochet U.” y hace referencia al gobernante de facto y dictador que estuvo en el poder en Chile entre 1973 y 1990. Además, en el lugar hay un monolito instalado en el año 2000 que conmemora el Golpe de Estado de 1973.

Áreas de uso público

El abogado también se dirigió a la Dirección de Vialidad de la Región de Aysén para aclarar quién es responsable de la administración de ambas estructuras. Vialidad informó que ambas están ubicadas en áreas de uso público correspondientes a la Municipalidad de Cisnes.

Ante la falta de respuesta por parte del municipio, el recurrente decidió acudir al ámbito judicial. El recurso de protección destaca un caso similar en el que se solicitó el retiro de una estatua en honor al almirante José Toribio Merino, y la Corte de Apelaciones de Santiago resolvió que mantener dicha estatua afectaba la garantía de no repetición.

La Corte de Apelaciones de Coyhaique ha declarado admisible el recurso y ha requerido un informe a la Municipalidad de Cisnes, en el cual se debe especificar la ubicación exacta del cartel y el monumento, así como los decretos que fundamentaron su instalación. Se ha otorgado un plazo de cinco días hábiles para presentar el informe.

En conversación con la Radio Universidad de Chile, los alcaldes de Temuco y Lumaco han subrayado que la restitución de tierras al pueblo mapuche debe ser considerada como un problema de Estado, trascendiendo la responsabilidad de una sola administración.

Aunque el informe final de la Comisión Presidencial para La Paz y el Entendimiento se dará a conocer a fines de 2024, generando dudas sobre el alcance de sus conclusiones antes de las próximas elecciones presidenciales, diversos actores temen que el proceso fracase. Esto se debe a que el actual gobierno no es el único que ha intentado encontrar una solución política para abordar la restitución de tierras al pueblo mapuche.

“Cuestión de Estado”

Frente a esta incertidumbre, el alcalde de Temuco, Roberto Neira, ha pedido que se ponga fin a los diagnósticos sobre el conflicto en la región cada vez que hay un cambio de administración. En cambio, sugiere considerarlo como una cuestión de Estado para que las políticas implementadas perduren en el tiempo. Neira afirmó: “Si la región de La Araucanía continúa siendo analizada por gobiernos de diferentes corrientes políticas, nunca encontraremos la solución. El enfoque que todos debemos adoptar es que se trata de una política de Estado, un problema del Estado de Chile y no de un gobierno en particular”.

El alcalde destacó la importancia de comprender que la Comisión no finaliza con el gobierno del presidente Gabriel Boric, ya que eso no permitiría comprender la profundidad del conflicto en la región. Instó a los comisionados a considerar los diagnósticos y estudios ya realizados por académicos.

Respecto a los miembros de la Comisión, el alcalde de Temuco expresó ciertas reservas sobre algunas de las decisiones tomadas, afirmando que hay personas que llevan mucho tiempo viviendo en Santiago y cuyo aporte real en relación a la región de La Araucanía es desconocido. Según el alcalde, vivir en la región y experimentar su realidad diaria es fundamental para comprenderla plenamente.

A pesar de estas dudas, el alcalde resaltó la presencia de comisionados como el senador Francisco Huenchumilla, el ex alcalde de Tirúa y ex convencional Adolfo Millabur, y especialmente Alfredo Moreno, quien cuenta con experiencia como ministro y ha tenido vínculos con la región y el mundo empresarial. Neira concluyó diciendo que en ese sentido “podemos estar relativamente tranquilos de que hay representatividad”.

El alcalde de Lumaco, Richard Leonelli, se unió al análisis destacando su plena confianza en que los comisionados seleccionados puedan realizar un trabajo con resultados positivos. Sin embargo, resaltó la importancia de asegurar que se lleve a cabo un diálogo donde todas las partes sean escuchadas. Leonelli afirmó: “Tan importante como formar la mesa es tomar en cuenta la opinión de todos los actores: las comunidades mapuche, la gente de los centros urbanos, los trabajadores. Esto es algo que llevábamos esperando mucho tiempo”.

El alcalde de Lumaco también solicitó que el trabajo de la Comisión sea respetado y proyectado más allá de las posturas políticas de los futuros gobiernos. “Esto no es un tema de Gobierno, es un tema de Estado. Por lo tanto, lo que este gobierno logre, lo que se vaya trabajando con este gobierno, debe ser proyectado hacia el próximo gobierno, independientemente de su color político”, subrayó Leonelli.

Agenda de inversiones

Con el objetivo de fomentar el diálogo con los pueblos indígenas, la ex ministra del Interior, Izkia Siches, anunció hace más de un año un plan que incluía el reconocimiento y una agenda de inversiones para mejorar la calidad de vida en las regiones de La Araucanía y el Biobío.

Aunque inicialmente los alcaldes de la zona mostraron desconfianza, actualmente afirman que las inversiones comprometidas por el presidente Boric han disipado esas dudas.

El alcalde de Temuco resaltó la magnitud de estos proyectos, que generarán inversiones sin precedentes en la región más pobre de Chile, y señaló que en un año se han destinado fondos significativos a proyectos para Temuco. Sin embargo, cuestionó la decisión de concentrar todo el presupuesto en el Ministerio de Obras Públicas, expresando su deseo de que el próximo año se distribuya en otros sectores como vivienda y educación.

Por su parte, el alcalde de Lumaco destacó la importancia de asfaltar caminos como el principal eje de desarrollo para mejorar las condiciones de vida de las comunidades en su comuna, ya que la violencia rural ha dificultado la llegada de empresas encargadas de esta tarea.

Ambos alcaldes coincidieron en la necesidad de llevar adelante un enfoque a largo plazo y de considerar el trabajo de la Comisión por La Paz como una prioridad más allá de los cambios políticos.

El excomandante en Jefe del Ejército, Juan Miguel Fuente-Alba, y su esposa, Anita María Pinochet, se encuentran en medio de un juicio oral por el delito de lavado de activos. La Fiscalía está solicitando una pena de 15 años de presidio para Fuente-Alba y 10 años para su esposa. Ambos están siendo procesados por malversación de caudales públicos que asciende a una suma aproximada de $3.500 millones.

El juicio oral, que se espera se extienda por al menos 90 días, comenzó recientemente y el exuniformado ha reiterado su inocencia. Fuente-Alba y Pinochet están acusados de ser coautores de delitos reiterados de lavado de activos, relacionados con el delito base de malversación de caudales públicos, que habrían ocurrido entre los años 2010 y 2016.

Según el auto de procesamiento emitido por la ministra en visita Romy Rutherford, la malversación de caudales ascendería a una suma cercana a los $3.500 millones. Este ilícito implica ocultar y disimular el origen ilegal de bienes provenientes de esos fondos malversados al Ejército de Chile.

“Ficciones”

Fuente-Alba, al llegar al Cuarto Tribunal Oral en lo Penal de Santiago, declaró: “Mi patrimonio se formó desde los 21 años, en 48 años, y, por lo tanto, las ficciones que se han armado son eso, una ficción, y voy a demostrar que eso es así. Veremos lo que dice el tribunal en que voy a demostrar la verdad“.

El Consejo de Defensa del Estado (CDE) se ha unido al proceso como querellante institucional, representado por los abogados de la Procuraduría Fiscal de Santiago. Marcelo Oyharcabal, uno de los abogados del CDE, señaló: “Hemos concurrido el día de hoy a la audiencia en que se da inicio a este juicio oral en nuestra calidad de querellantes institucionales en representación del interés público, en la que nos corresponderá efectuar nuestro alegato de apertura con el objetivo de presentar al tribunal los argumentos de hecho y derecho en que hemos fundado nuestra acusación particular contra ambos acusados, como coautores de delitos reiterados de lavado de activos, en grado de consumados, en relación al delito base reiterado de malversación de caudales públicos“.

Según la Fiscalía, el exgeneral y su esposa habrían desviado fondos provenientes de gastos reservados entre 2010 y 2016 para diversos fines, como el pago de tarjetas de crédito, depósitos en cuentas bancarias, transacciones en dólares, adquisición de propiedades inmobiliarias y compra y venta de vehículos.

La Fiscalía está solicitando una condena de 15 años de presidio para Fuente-Alba y 10 años para su esposa. Además, se está pidiendo el comiso de una parcela ubicada en Las Brisas de Chicureo, tres departamentos en calle Cerro Colorado y otro en Avenida Kennedy, en la comuna de Las Condes.

La Asociación Nacional de Funcionarios de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (CONADI), decidió pronunciarse públicamente frente a la necesidad de que las y los trabajadores públicos de esta repartición, con casi 30 años de experiencia acumulada en el ámbito de la política indígena del país, puedan ser integrados como consultores o expertos a la Comisión Presidencial para la Paz y el Entendimiento, que tuvo su lanzamiento oficial este miércoles. 

Recordemos que el principal objetivo de este organismo, de carácter ejecutivo e integrado por ocho personas, es “determinar la demanda real de tierras de las comunidades  mapuche y proponer mecanismos concretos y diversos de reparación”. Dicha tarea se encuentra hoy reconocida y normada por la llamada Ley Indígena N° 19.253, y el Decreto 395 que aprueba el reglamento sobre el Fondo de Tierras y Aguas Indígenas, cuya ejecución está a cargo precisamente de la CONADI.

Capacidad técnica

En este sentido, la asociación sindical resaltó a través de una declaración pública la importancia de contar con la asesoría e injerencia de las y los funcionarios públicos, dada su capacidad técnica, profesionalismo y experiencia en materia de restitución de tierras. Asimismo, plantean la urgencia de revisar y modificar el Decreto 395 para adecuarlo a las demandas actuales, que superan ampliamente los límites establecidos en su origen. 

Por otro lado, enfatizaron en la necesidad de fortalecer la institucionalidad indígena, tanto en términos de recursos como de condiciones dignas para los funcionarios, en miras de garantizar una implementación efectiva de las políticas públicas.

“En nuestra función responsable, subrayamos la necesidad de fortalecer la institucionalidad indígena y abordar la política indígena como una política de Estado. No es viable aumentar la presión y la responsabilidad de los funcionarios de la Corporación sin un compromiso concreto en este sentido”, explicaron. 

Agregando a esto, que “es fundamental atender, promover y proteger a los diez pueblos indígenas, y consideramos que esta es una oportunidad real para responder a la demanda de tierras existente”.

Experiencia

En tanto, Froilán Garrido, presidente de la Asociación de Funcionarios de CONADI, subrayó la importancia de que se reconozca la experiencia y el rol de los trabajadores de CONADI en este proceso. En sus propias palabras: “Llevamos casi treinta años ejecutando la política indígena del país y somos nosotros quienes conocemos a fondo la realidad y las necesidades de las comunidades“.

Garrido enfatizó que el fortalecimiento de la institucionalidad indígena es crucial, ya que no se trata solo de atender a un pueblo, sino a diez pueblos en total. Además, hizo hincapié en la necesidad de considerar las opiniones de los funcionarios de CONADI en cualquier modificación o alteración de la política actual, ya que esto tendría un impacto directo en sus funciones.