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Durante el primer trimestre del 2021 comenzaría Plan de Vacunación Covid-19.

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“Por lo general todas las vacunas que están contempladas en el PNI (Programa Nacional de Inmunización) son obligatorias. En una primera instancia se aplicar en los grupos de riesgo, adultos mayores y niños, además de quienes pertenecen al mundo de la salud. Siempre existen personas, sobre todo las más jóvenes, que evaden estos procedimientos. Pero creo que será obligatorias para todos”, acusó Miguel Aravena, director de la DISAM

La crisis por coronavirus en los últimos 7 meses ha fundido a la población en medidas restrictivas. Lejos de proporcionar seguridad a la población, ante el inminente contagio, las ha sumido en la incertidumbre laboral y en la precariedad económica.

Esto ha desencadenado la carrera de la industria farmacéutica por encontrar una rápida solución, buscando alternativas para generar una vacuna contra el agente viral.

Hasta el momento, ninguna ha podido idearlas sin presentar efectos secundarios. Se mencionan ejemplos de las reacciones adversas en estas pruebas. En septiembre de este año, se dio a conocer la noticia que se paralizaron las pruebas de la vacuna de la Universidad de Oxford y AstraZeneca. Lo anterior, porque uno de los sujetos de prueba para el estudio, habría sufrido una grave complicación.

Según lo dado a conocer se trató de una mielitis transversa. Enfermedad que produce una inflamación parcial o total de la médula espinal. Puede causar parálisis o una alteración de la sensibilidad, dependiendo de la zona de la médula que se vea afectada. Existe un riesgo en las pruebas de campo de estas vacunas experimentales, ya que el tiempo de estudio no ha permitido una mayor investigación

Plan de Vacunación

En este contexto, el Presidente Sebastián Piñera anunció el plan de vacunación COVID-19, dándose inicio, en una primera etapa, para los grupos de riesgo y el personal de salud durante los primeros meses del 2021, para continuar con el resto de la población, durante el primer semestre.

Según dijo el Mandatario, “el plan de vacunación para Chile lo vamos a desarrolla en tres etapas”. El primero es para vacunas de emergencia, la segunda para inmunizar a toda la población de riesgo, mayores de 65 años, enfermos crónicos y trabajadores de la salud. Y, por último, “a toda la población, durante el primer semestre del próximo año”, señaló.

Ante esto consultamos al Departamento de Salud Municipal, específicamente a su director, Miguel Aravena, quien ratificó que este anuncio está enmarcado en el programa nacional de inmunización, pero que aún no se ha enviado esta información de manera oficial a los municipios.

Aravena comentó también que este proceso de inoculación comenzará con los grupos de riesgo, como adultos mayores, mujeres embarazadas, niños menores de 6 años, y personas con enfermedades de base.

En el tema propiamente tal de las vacunas, el director de la DISAM señaló que hay muchas empresas en este minuto desarrollándola, por lo que aún no existe claridad desde donde se van a importar, lo que, si estimó, es que en China ya se están viendo algunos resultados positivos.

“Lo que se sabe en este momento, es que los laboratorios chinos son los que se encuentran más avanzados en sus estudios. Han desarrollado una vacuna en contra de una de las cepas de este coronavirus. Ahora están en FASE 3 donde se están testeando estas vacunas en grupos no más allá de 10 personas”, comentó Aravena.

Debido al manejo que se ha llevado a cabo con la actual contingencia sanitaria, existen temores concernientes a la aplicación de estas inoculaciones. En esta materia el director de la DISAM que este plan de vacunaciones está enmarcado en el Programa nacional de Inmunización.“Por lo general todas las vacunas que están contempladas en el PNI (Programa Nacional de Inmunización) son obligatorias. En una primera instancia se procedería a aplicar en los grupos de riesgo, como adultos mayores y niños, además de quienes pertenecen al mundo de la salud. Siempre existe un grupo de personas, sobre todo los más jóvenes, que evaden estos procedimientos, pero creo que en esta oportunidad deberán ser obligatorias para todos”, acusó Miguel Aravena.

Daño colateral

Bajo esta premisa de obligatoriedad, se le consultó si esto traería alguna consecuencia adversa para la comunidad, ya que los estudios realizados hasta el momento no han demostrado una real efectividad en el ataque contra el corona virus, y además ha causado daños colaterales por su uso.

“Todo lo que se hace en términos farmacológicos, en salud en general siempre ha riesgos asociados; no todo es inocuo. Cuando uno se opera, la anestesia tiene un riesgo; un medicamento tiene un efecto adverso indicado. Por ejemplo, las que hemos administrado nosotros, han presentado algunas consecuencias, y alergias. Otras inclusive generan los síntomas de la propia enfermedad a la que se está vacunando”, explico el director de la DISAM

Aravena aseguró que siempre existe un riesgo, pero que, por lo menos en esta oportunidad, donde se espera llegar a FASE 5 de la vacuna, lo cual sería en unos 6 meses más, se espera que haya suficientes estudios clínicos para que se inocule a la población en forma segura.

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Comisión parlamentaria por Covid concluyó que Gobierno fue responsable por la rápida propagación de la pandemia

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Uno de los hitos más relevante fue cuando la autoridad sanitaria llamó a la nueva normalidad (en los meses de abril y mayo). Aquello provocó confusión en la ciudadanía y potenciales descuidos y contagios.

La Comisión investigadora de la Cámara de Diputados concluyó con un  lapidario informe. Documento sobre las responsabilidades del Gobierno y autoridades de salud en la propagación de la pandemia en el país.

El informe dado a conocer la jornada de este lunes fue aprobado por siete votos a favor, de diputados de oposición, y cuatro en contra. Entre sus resultados destaca el descuido del Gobierno en el control de la pandemia. Este sería uno de motivos de la rápida propagación del número de contagios y muertes en las diferentes regiones del país.

Detalles del informe

La comisión que es presidida por el diputado Jaime Mulet (FRVS), está integrada además por los diputados oficialistas Álvaro Carter, María José Hoffmann y Osvaldo Urrutia (UDI). Además de Francisco Eguiguren, Frank Sauerbaum y Diego Schalper (RN).

Desde la oposición, la componen Carolina Marzán (PPD), Marcela Hernando (PR), Víctor Torres (DC), Luis Rocafull y Leonardo Soto, (PS), y la diputada Camila Vallejo (PC).

El texto, resalta que hubo graves problemas de gestión en materia de administración de la pandemia por parte del ex ministro Jaime Mañalich. Este planteamiento fue descartado por los diputados oficialistas, recordando que la acusación constitucional en su contra fue rechazada por falta de sustentación.

Múltiples problemas detectados

El informe aprobado, sostiene además que, en el periodo analizado se detectaron problemas a nivel comunicacional. Se expone que el hito más relevante fue cuando la autoridad sanitaria llamó a la nueva normalidad (en los meses de abril y mayo), provocando confusión en la ciudadanía y potenciales descuidos y contagios.

Otro aspecto denotado es que hubo grandes problemas en la gestión de la trazabilidad, testeo y aislamiento, lo que ayudó a la propagación de la pandemia.

El texto, asimismo, afirmó que hubo una persistente centralización de las decisiones, desde Santiago. Lo anterior pese a las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. Organización que, para este tipo de situaciones, promueve la creación de comisiones regionales.

Estrategia de inmunización de rebaño

De igual modo, la investigación habría detectado la aplicación de la inmunización de rebaño, estrategia que nunca tuvo respaldo en la comunidad científica nacional. Otra estrategia que fue calificada como un error fue el intento de aplicar un carnet de alta de la enfermedad, el cual fue abortado antes de entregarse.

Adicionalmente, el texto incorpora las conclusiones minoritarias que destacan la gestión de las camas UCI y el hecho que no se haya llegado al dilema de “la última cama”.

En este marco, también se resalta que ninguna persona enferma de Covid-19 se quedó sin atención. Al tiempo que se reitera que, en el mundo, no había ningún país preparado para enfrentar semejante enfermedad.

Finalmente, los parlamentarios comentaron que tras el informe, esperaban que las recomendaciones fueran tomadas en consideración por el ministro de Salud, Enrique Paris. Así se puedan corregir los problemas detectados y, con ello, ayudar a mejorar el trabajo para la prevención y tratamiento del coronavirus.

Antecedentes de la comisión

La instancia investigadora se constituyó el 2 de junio con la meta de indagar sobre los actos de Gobierno en relación con los impactos sanitarios por Covid 19. Además de revisar la crisis económica, social y laboral producto de la pandemia.

La comisión adoptó como tareas investigar los actos de la administración del Estado en materia de recuperación de los enfermos. Así como las medidas destinadas a mitigar los impactos sociales y económicos derivados de la pandemia en la población.

Además, debía indagar los actos del Ministerio de Salud, relacionados con las medidas de orden sanitario. Del Ministerio de Hacienda, para enfrentar los efectos económicos y del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, y jefes de la Defensa Nacional, respecto del orden público. Todo ello en el marco del estado de excepción constitucional de catástrofe por calamidad pública, decretado a raíz de la pandemia del coronavirus.

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Segundo retiro del 10% de las AFP fue aprobado en la Comisión de Constitución

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La Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, aprobó en general, el proyecto que permite el segundo retiro del 10% de los fondos de las AFP.

Lo anterior, con el propósito de que los millones de chilenos y chilenas puedan enfrentar los duros momentos económicos por motivo de la pandemia del Covid-19.

La iniciativa presentada por la diputada, Pamela Jiles y el diputado, Marcos Ilabaca, fue aprobada por 11 votos a favor y 1 en contra. Así se regulará un nuevo mecanismo excepcional de retiro del 10% de fondos previsionales.

Detalles del proyecto

El proyecto propone reconocer, en la Constitución Política, el derecho de propiedad que los afiliados tienen sobre sus fondos previsionales.

Así se les permitirá realizar un segundo retiro, de hasta el 10 por ciento de los fondos de pensiones. Se establece como monto máximo de retiro el equivalente a 150 UF y un mínimo de 35 UF.

En caso de que el 10 por ciento de los fondos acumulados sean inferior a 35 UF, el afiliado podrá retirar hasta dicho monto. Si los fondos acumulados en su cuenta sean inferiores a 35 UF, podrá retirar la totalidad de los fondos acumulados en dicha cuenta.

Desde la oposición reafirmaron su apoyo a la medida, asegurando que las ayudas entregadas por el gobierno no han sido suficientes. Por su parte, desde Chile Vamos se abrieron a aprobar la moción con el compromiso de ingresar indicaciones para mejorar el texto.

Pensionados de rentas vitalicias también podrán acceder al 10%

El proyecto contempla que los pensionados bajo la modalidad de Rentas vitalicias, también podrán hacer el retiro excepcional de sus fondos. Capitales acumulados en compañías de seguros, bajo la modalidad de rentas vitalicias, moción que fue aprobada por 10 votos a favor y dos abstenciones.

Así el segundo retiro, de ser aprobado, permitirá que las personas pensionadas mediante renta vitalicia, puedan hacer retiro del 10% de sus fondos. Equiparando de esta manera el derecho que tuvieron las personas cuyos fondos son administrados por las AFP.

Pensiones alimenticias

Por último, los parlamentarios aprobaron, por unanimidad, una modificación a la Constitución para facultar al Juez de Familia a autorizar el retiro de montos de los fondos de pensiones del alimentante moroso, por parte del alimentario o su representante legal.

La normativa procederá en caso que el afiliado moroso, decida no ejercer su derecho a retiro de fondos de capitalización individual.

Ministro de trabajo y hacienda, se oponen a segundo retiro

Tal como ocurrió en el primer retiro, los ministros del Trabajo, María José Zaldívar, y de Hacienda, se opusieron a un segundo retiro.

La Ministra del Trabajo, aseguró que el gobierno no apoyará un segundo retiro del 10%, cuando en estos momentos se discute una reforma previsional en el Congreso.

Además recalcó que no es recomendable hacer uso de estos recursos. Cuando el gobierno ya está entregando otro tipo de ayudas para los afectados por la pandemia.

En esa misma línea, el ministro de Hacienda, Ignacio Briones, reforzó el mensaje del Gobierno. “Una reforma al sistema de pensiones está en el corazón de la ciudadanía. Pero resulta contradictorio mejorar las pensiones con la idea de un retiro de estos mismos recursos”.

Además, respondió a las críticas de quienes califican como escasa la ayuda entregada por el gobierno, destacando que sólo en transferencias directas se han otorgado 5 mil 500 millones de dólares; mientras que el total de gastos movilizados por concepto de ayuda a los afectados de la pandemia, superaría los 7 mil millones de dólares.

Por último, el ministro de Hacienda recordó a los parlamentarios el “honorable compromiso” de un único retiro, en relación a la ley aprobada en este sentido, y que ahora se está tramitando un segundo.

A su vez, el ministro Secretario General de la Presidencia, Cristián Monckeberg, respaldó los argumentos entregados por sus colegas del gabinete, agregando que un nuevo retiro del 10% no es la solución a los problemas económicos que atraviesan los chilenos.

Siguientes pasos a seguir

Luego de ser aprobado el proyecto en la Comisión de Constitución, la iniciativa deberá discutirse y votarse en general en la sala de la Cámara de Diputados y Diputadas. Posteriormente, se podrían presentar indicaciones para perfeccionar la reforma y volver a ser votado por los parlamentarios, para recién ahí pasar al Senado.

Al igual que el retiro que fue aprobado en julio, para que esta normativa sea aprobada se necesita que al menos tres quintos (3/5) de los diputados y diputadas lo apoyen, por lo que no basta con el respaldo de la oposición, sino que es necesario que parlamentarios oficialistas también lo apoyen.

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Más de 7,5 millones de personas votaron en Plebiscito. Chile será el primer país en construir una Constitución desde la paridad de género.

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Con un rotundo 78,27% triunfó la idea de eliminar y decir adiós al legado de Pinochet, frente a un 21,73% que optó por seguir con la misma carta fundamental.

Si lo llevamos a porcentajes este sería un 50,87% de las personas habilitadas para emitir su sufragio. Lo anterior es sin duda un éxito dada la condiciones sanitarias producto de la pandemia. Así como las medidas restrictivas implementadas a propósito de la misma.

Atendiendo al reporte dado por Servel fueron 7,55 millones de personas quienes participaron con su voto este 25 de Octubre, dando un contundente triunfo a la opción APRUEBO – CONVENCIÓN CONSTITUCIONAL.

Descrito como un hecho histórico, dado que el plebiscito por un cambio constitucional fue el más votado en la historia de nuestro país. Antes ocupaba el primer lugar la elección de diputados del año 1993. En aquella ocasión votaron 7,37 millones de electores.

Adiós a la Constitución de Pinochet

La jornada de ayer no sólo trajo el hecho histórico en cuanto a la participación ciudadana. Trae además el hito de ser la primera Constitución que será escrita en forma paritaria, en cuanto a la representación de hombres y mujeres.

Con un rotundo 78,27% triunfó la idea de eliminar y decir adiós al legado de Pinochet, frente a un 21,73% que optó por seguir con la misma carta fundamental.

El cambio Constitucional fue una de las demandas levantadas por la ciudadanía a partir del Estallido y posterior Revuelta Social de octubre del 2019.

El camino a seguir

Luego del triunfo del Apruebo y la Convención Constitucional, se deberá volver a votar el 11 de abril del año 2021. Esta nuevas elecciones permitirá elegir a los/as delegados/as de la Convención Constitucional.

Serás 155 miembros, distribuidos equitativamente en cantidades iguales para hombres y mujeres. Es decir, ningún género podrá sobrepasar el 50%+1 de la composición final. Ningún sexo podrá estar representado en un número superior a los 78 escaños.

Luego, en mayo del 2021 se constituirá para, luego de levantar un texto constitucional, enfrentarse nuevamente a un plebiscito de salida, el que será por voto obligado el segundo semestre del año 2022.

Por Betty Boom

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A un año del estallido social, desaprobación de Presidente Piñera se eleva a 75%

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Encuesta Plaza Pública: 60% cree que la principal causa del estallido social del 18 de octubre es la desigualdad en pensiones, salud y educación, seguido por los bajos sueldos y el alto costo de la vida (32%).

Con tan sólo un 16% de aprobación, Presidente Piñera, se posiciona como uno de los presidentes peor evaluados por la ciudadanía en la historia republicana del país. Así lo dio a conocer la encuesta Plaza Pública Cadem, que la jornada de este lunes dio a conocer los resultados de su último informe. Un día después de que se conmemorara el 18-0.

La ciudadanía fue lapidaria con el gobierno liderado por Piñera. Un 75% de desaprobación es un contundente rechazo al modelo económico. Cuestionamientos que van desde las desigualdades, las colusiones de los empresarios, las privatizaciones de los servicios básicos, los sueldos mínimos irrisorios. Así como la depredación de los recursos y la desprotección del medio ambiente. Sumado a un sistema de pensiones y a una salud pública indigna.   

Evaluación Gabinete

De acuerdo a la encuesta, la caída en la aprobación del mandatario se explica principalmente por un retroceso de 16 puntos en aquellos identificados con la derecha o la centro derecha. A su vez, la aprobación de 11 de los 22 ministros con más de 40% de conocimiento sufrieron caídas estadísticamente significativas. Donde los ministros de Educación, Raúl Figueroa (20%), de Justicia y DDHH, Hernán Larraín (28%), de Interior, Victor Pérez (29%) y del Trabajo, María José Zaldívar (32%), son los peor evaluados por la ciudadanía.

El equipo de salud continúa siendo el mejor evaluado del gabinete. El ministro de Salud, Enrique Paris, se mantiene en el primer lugar con 63%, aunque retrocede 5 puntos, seguido por el subsecretario Arturo Zúñiga (59%, -2pts) y la subsecretaria Paula Daza (58%, -4pts).

Más atrás aparecen Alfredo Moreno (52%, -2pts), Felipe Ward (49%, -2pts), Mónica Zalaquett (49%, -4pts), Gloria Hutt (47%, -9pts), Mario Desbordes (47%, -6pts), Antonio Walker (46%, -5pts), Karla Rubilar (46%, -7pts), Carolina Schmidt (43%, -11pts), Cristian Monckeberg (43%, -4pts) e Ignacio Briones (43%, -3pts), Jaime Bellolio (42%, -8pts), Felipe Guevara (41%, -4pts), Andrés Allamand (41%, -2pts), Cecilia Pérez (39%, -7pts) y Lucas Palacios (34%, -11pts).

A un año del estallido social

Desigualdad social y bajos sueldos son percibidas como las principales causas del estallido a un año del 18-O. A su vez, 40% cree que, para avanzar en normalizar el país, lo más urgente es un plan económico para reactivar el país. Un 37% cree que la solución es avanzar en el proceso de la nueva Constitución y sólo 22% el restituir el orden público.

Mientras que un 48% se muestra de acuerdo a que continúen las movilizaciones y las marchas una vez superada la crisis sanitaria. Finalmente, el 67% piensa que Chile será un mejor país una vez superada la crisis, 30pts más que en junio de este año, pero aún por debajo del 80% de febrero.

Causas del estallido

El 60% cree que la principal causa del estallido social es la desigualdad en pensiones, salud y educación, seguido por los bajos sueldos y el alto costo de la vida (32%).

Más atrás, de lejos aparece que es un problema de orden público y de grupos violentistas organizados (18%), por ciertas actitudes del gobierno, ministros y el presidente (18%). Por la percepción de abusos y malas prácticas del mundo empresarial (18%), por la desconfianza hacia las instituciones (14%), por el modelo neoliberal (11%), por los derechos de la mujer, desigualdad de género (8%), entre otras.

Para avanzar en normalizar el país, 40% cree que lo más urgente es un plan económico de reactivación. Un 37% cree que es el proceso de la nueva Constitución y 22% el restituir el orden público.

Sobre las movilizaciones y marchas, 48% (+1pto) está de acuerdo con que continúen una vez superada la crisis sanitaria y 49% (-2pts) está en desacuerdo. Asimismo, 68% (-4pts) está de acuerdo con que “se tenga mano dura contra quienes inciten o apliquen la violencia durante las manifestaciones” pero aún el 25% (-3pts) está de acuerdo con “la violencia en las calles es legítima y justificable porque ha permitido avanzar en cambios políticos y sociales” y 73% (+5pts) en desacuerdo, especialmente alto entre los jóvenes (33%) y entre los identificados con la izquierda (44%).

Finalmente, sobre las expectativas post crisis, 67% (+30pts) cree que cuando se supere esta crisis Chile será un mejor país que antes, 19% (-11pts) cree que será igual que antes de la crisis, 12% (-20pts) cree que será un peor país de lo que era.

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A tercer trámite proyecto de ley que permitirá votar con cédulas de identidad y pasaportes vencidos en el plebiscito del 25 de octubre

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Solo para efecto de identificar al elector nacional, se aceptarán vencimientos a contar del 1 de octubre de 2019.

Por unanimidad, la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó y despachó a tercer trámite al Senado, el proyecto de ley que permitirá votar con cédulas de identidad y pasaportes vencidos. En lo que será el Plebiscito Nacional, el próximo 25 de octubre y las elecciones de alcaldes y gobernadores regionales que se efectuarán en el año 2021.

Ojo con los detalles

Así en las elecciones o plebiscitos realizados entre la fecha de publicación de esta ley y el término del proceso constituyente se aceptaran documentos vencidos. Solo para efecto de identificar al elector nacional, se aceptarán vencimientos a contar del 1 de octubre de 2019.

El proyecto de ley, que fue aprobado por unanimidad, consigna que la misma regla se aplicará a los electores extranjeros, respecto a la cédula de identidad para extranjeros. ​

Dificultad para renovación

La iniciativa parlamentaria se fundamenta en los obstáculos que han tenido los miles de chilenos que no han podido realizar el trámite. En cuanto a la renovación de su cedula de identidad o pasaporte, tras el estallido social ocurrido el 18 de octubre de 2019 y la pandemia del Covid-19.

La Ley Orgánica Constitucional sobre Votaciones Populares y Escrutinios, establece que: “El elector entregará al Presidente su cédula nacional de identidad o pasaporte. El elector extranjero, su cédula de identidad para extranjeros. Ningún otro documento ni certificado podrá reemplazar a los anteriores. Los documentos señalados deberán estar vigentes. Se aceptarán documento vencido dentro de los doce meses anteriores a la elección o plebiscito, para el solo efecto de identificar al elector.”

Se indica que el plazo adicional de doce meses para la presentación de la cédula de identidad o pasaporte vencidos no es suficiente. “Resulta a todas luces insuficiente ante los acontecimientos que han afectado a nuestro país”.

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Declaración Pública Anef por brutal violencia de FF.EE.

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La Agrupación Nacional de Empleados Fiscales, ANEF, repudia enérgicamente los hechos de brutal violencia, ejercida por Fuerzas Especiales de Carabineros, contra un joven manifestante de 16 años,
quien fue arrojado al río Mapocho.
Nuevamente Carabineros de FF.EE. hace uso irracional de la fuerza, que profundiza el Estado policial. Como consecuencia, tenemos un episodio más de vulneración de los derechos humanos. Que tiene un aterrador historial desde la revuelta social de octubre del 2019 a la fecha.

Recursos públicos para la protección

Los trabajadores y trabajadoras del Estado, insistiremos en la utilización de recursos públicos conforme al Estado de Derecho, que asegure resguardar y proteger las movilizaciones ciudadanas.
Con una policía que no cumple su rol, tenemos como consecuencia violaciones de derechos humanos con daños físicos y psicológicos irreparables a nuestros hijos e hijas.
El Gobierno tiene la responsabilidad política de investigar y sancionar los hechos ocurridos, identificando los culpables de estos abusos.

Petición de remoción de Director General de Carabineros: Mario Rozas

En consecuencia, es necesario y urgente remover del cuerpo de carabineros a todos los que resulten implicados en estos criminales procedimientos.
Además la Anef exige la remoción inmediata del Director General de Carabineros, Mario Rozas Córdova.
Basta de impunidad. Juicio y castigo a los violadores de derechos humanos

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Anef responde ante situación de funcionarios públicos que habrían postulado a bono clase media

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A través de un Comunicado Público la Confederación aclaró la situación, responsabilizando políticamente al Gobierno por los errores en la implementación de la medida.

Considerando el comunicado del Servicio de Impuesto Internos (SII) en que da cuenta de la existencia de las solicitudes para percibir el bono a la clase media. Mecanismo establecido en la Ley 21.252, en que se habrían detectado diferencias entre el monto declarado y el sueldo del mes de julio de este año, declaramos:
Con el propósito de prevenir y evitar confusiones, en la definición de los beneficiarios y errores en la percepción del “bono clase media”, las Asociaciones de Funcionarios del SII (ANEIICH – AFIICH) y ANEF, representaron públicamente los problemas y graves errores de diseño. Además de incongruencias en el procedimiento e implementación de los beneficios establecidos en la Ley 21.252, donde la propia Contraloría General de la República se encuentra en proceso de fiscalización.

Aprovechamiento político desde la Derecha

Rechazamos el doble estándar de algunas autoridades de gobierno, y de sectores políticos de derecha. Las que amenazan o condenan y piden en sus declaraciones la máximas sanciones para las y los trabajadores del sector público. Lo anterior sin aplicar el “principio de buena fe”. El que siempre ha instalado a su antojo cuando se trata de empresas y de grandes contribuyentes que cometieron fraudes millonarios. Desistiéndose (en esas oportunidades) de querellas o sancionando con clases de ética, como lo ocurrido en el caso Penta. Pero no dudan en anunciar amenazas, cuando se trata de trabajadores/as y ciudadanos/as que requieren en esta crisis sanitaria, el apoyo de un Estado fuerte.

Medida improvisada

Cabe recordar, que este bono de clase media, surgió como una medida improvisada por el gobierno para detener el debate por el retiro del 10% de las AFP.

En su diseño no hubo participación de organizaciones ciudadanas, ni mucho menos de las y los trabajadores del Estado que saben de políticas
públicas. Desconociendo así la realidad y las urgencias de la población.
Todavía persisten miles de ciudadanos/as que sus solicitudes han sido rechazadas. Producto de los errores de diseño mencionado. Otros ciudadanos/es aún no reciben ayuda Estatal, de este tardío
e improvisado beneficio.

Mantenemos la orientación a las y los funcionarios públicos que no comprendieron totalmente el alcance del beneficio, contactarse con sus organizaciones sindicales para abordar el acompañamiento
respectivo.

Al mismo tiempo, repudiamos categóricamente el aprovechamiento político de la ultra derecha para hacer gala de su posición ideológica en contra el Estado y denostar el rol de los trabajadores y trabajadoras del sector público.

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Senador Quinteros: “Trasladar institucionalidad pesquera a Ministerio de Agricultura es un error”

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“Señor presidente, no se equivoque. Incorporar la actividad pesquera como un apéndice del ministerio de Agricultura es un error. La buena noticia es que todavía hay tiempo para enmendar el rumbo y darle al Mar y a la pesca la relevancia que se merece”.

El vicepresidente del Senado Rabindranath Quinteros entregó su respaldo a las organizaciones de pescadores artesanales. Ls pescadores artesanales se oponen al proyecto del gobierno que busca trasladar la institucionalidad pesquera al Ministerio de Agricultura. El parlamentario calificó la iniciativa como un error y se mostró partidario de la creación de un Ministerio del Mar.

“Por décadas, la pesca ha aspirado a contar con una institucionalidad propia para fortalecer la actividad de nuestro mar. Hoy sin embargo, el gobierno está tramitando un proyecto para que la pesca pase a ser parte del Ministerio de Agricultura, al que se le añadirán los nombres de Alimentación y Desarrollo Rural” explicó el legislador que forma parte de la comisión de Pesca del Senado.

Muchas voces en contra

Quinteros señaló que además de los pescadores, científicos, académicos e incluso gente del mundo de la agricultura se han manifestado en contra de esta idea.

“He conversado con pescadores de distintos puntos del paìs y todos están de acuerdo, sin matices, en que ésta es un mala decisión. Que no les ayuda ni los visibiliza, sino que los subordina a una institución en la que continuarán siendo actores secundarios”, detalló Quinteros.

El senador por Los Lagos respaldó a los pescadores y se comprometió a representar sus intereses en la comisión del pesca del Senado, cuando la iniciativa llegue a esa instancia. Enfatizó que Chile hoy necesita un Ministerio del Mar, que se haga cargo de la diversidad de labores que se ejecutan en sus 3 millones 400 mil kilómetros cuadrados.

No se equivoque

Quinteros añadió que “el Ministerio de Agricultura ha cumplido un rol histórico incuestionable gestionando las actividades productivas de los campos del país. Dejémoslo seguir haciendo haciendo ese trabajo” y llamó al Presidente Piñera a no equivocarse en esta materia.

“Señor presidente, no se equivoque. Incorporar la actividad pesquera como un apéndice del ministerio de Agricultura es un error. La buena noticia es que todavía hay tiempo para enmendar el rumbo y darle al Mar y a la pesca la relevancia que se merece”, concluyó Quinteros.

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Congreso despacha a ley proyecto que incorpora a las trabajadoras de casa particular al Seguro de Cesantía

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La normativa beneficiará a cerca de 130 mil trabajadoras/es del sector, en su mayoría mujeres. Estas mantendrán una cuenta de indemnización a todo evento, al tiempo que acceden al seguro con los mismos requisitos que se exigen a los trabajadores de contrato indefinido.

La Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó por unanimidad y despachó a ley el proyecto que incorpora a las Trabajadoras de Casa Particular a la cobertura y prestaciones del Seguro de Cesantía. Así se concluye una rápida tramitación cuando ingresó la propuesta impulsada por el Ministerio del Trabajo y Previsión Social.

Detalles de la normativa

La normativa tiene por objetivo beneficiar a un universo de aproximadamente 130 mil trabajadoras y trabajadores de este sector, en su mayoría mujeres. Se mantiene la indemnización a todo evento, pero redistribuyendo la actual cotización del 4,11% que hacen sus empleadores, en dos partes: una para el Seguro de Cesantía (2,2% para una cuenta individual y un 0,8% para el fondo de cesantía solidario) y 1,11% para indemnización a todo evento.

“Estamos muy contentos con esta ley. Es una gran noticia para nuestras trabajadoras de casa particular que han sido especialmente golpeadas por los efectos económicos de esta pandemia. Desde que se inició la emergencia buscamos ayudarlas. Escuchamos sus demandas y ahora, con un amplio respaldo del Congreso, podemos responder a una de sus mayores aspiraciones que era incluirlas en el Seguro de Cesantía”, manifestó el Seremi del Trabajo y Previsión Social en la región de Los Lagos, Fernando Gebhard.

Es importante agregar que los nuevos contratos celebrados con posterioridad a la entrada en vigencia de esta ley se regirán por la nueva normativa. Los fondos ahorrados en las cuentas individuales de indemnización en las AFP antes de la entrada en vigencia de la ley se mantendrán intactos.

¿Cómo funcionará?

La iniciativa incorpora a las trabajadoras de casa particular a la Ley del Seguro de Cesantía. La normativa entrará en vigencia a partir del 1 de octubre, tanto para los nuevos contratos como para los existentes a dicha fecha. Se mantendrán las reglas actuales para la cuenta de indemnización a todo evento.

A partir de ese momento, las trabajadoras de este sector podrán acceder a las prestaciones con cargo a la Cuenta Individual por Cesantía (CIC) y al Fondo de Cesantía Solidario FCS). Se cumplirán los mismos requisitos de cotizaciones que se exigen a los trabajadores sujetos a contrato indefinido. Atendiendo a la ley que flexibilizó los requisitos de acceso al Seguro de Cesantía, y mejoró la Ley de Protección del Empleo. Esto es:

Tres cotizaciones continuas anteriores al término de su contrato o 6 cotizaciones mensuales continuas o discontinuas en los últimos 12 meses, siempre y cuando las últimas 2 hayan sido continuas y con el mismo empleador.

La ley además establece el derecho a traspasar los fondos de las cotizaciones para indemnización en las AFP, al Seguro de Cesantía. Con el fin de que puedan acceder lo antes posible a los beneficios de la nueva ley. Esto significa que podrán traspasar parte o todo de los fondos que tengan en sus actuales cuentas de indemnización.

Grafiquemos…

Por ejemplo, una trabajadora de casa particular que recibe un sueldo equivalente al Ingreso Mínimo Mensual, requerirá traspasar en torno al 3% de sus remuneraciones por tres meses, para acceder a las prestaciones del Seguro de Cesantía. Es decir, con aproximadamente $30 mil pesos, cumplirá con los requisitos de cotizaciones para acceder a las prestaciones del Seguro.

Según algunas estimaciones, considerando los datos de cotizaciones aportadas a las cuentas obligatorias para pensiones en las AFP, un 91% de los trabajadores de casa particular podrían traspasar la cantidad de cotizaciones mínimas que les permita acceder a las nuevas prestaciones en forma acelerada.

Fotografía: sindicato de trabajadoras de casa particular SINTRACAP.