El subsecretario de Prevención del Delito, Eduardo Vergara, anunció en la mañana de hoy, que el Ejecutivo ingresará durante julio un proyecto de ley que permitirá que los gobiernos regionales se involucren en la prevención del delito. Así lo expresó la autoridad en un punto de prensa, donde confirmó que en las próximas semanas “ingresaremos un proyecto de ley para que los gobiernos regionales puedan cumplir un rol en prevención del delito”.

Agregó que esta nueva normativa implicará un cambio significativo en la dinámica seguridad del país”, ya que “robustecemos a los gobiernos para que puedan contribuir con su conocimiento, con sus capacidades, con sus recursos a que iniciativas como estas florezcan”.

Institucionalidad robusta

“Nosotros tenemos el objetivo como Gobierno de no solamente aumentemos la operatividad y de que seamos capaces de manifestar la seguridad por medio de acciones en los territorios, sino que también de que el país pueda tener una institucionalidad robusta y necesaria”, explicó Vergara.

El subsecretario recalcó que esto significa “fortalecer a los municipios y que los gobiernos regionales puedan hacer su trabajo, pero también con dos proyectos más que se están debatiendo: el Ministerio de Seguridad Pública y el ingreso de un proyecto de ley para regular la seguridad privada”.

Por otro lado, aseguró que con estas acciones se entregan “certezas a los delincuentes que estamos haciendo crecer al Estado, que los estamos vigilando, que los vamos a perseguir y que los vamos a llevar frente a la justicia”.

La Asociación Nacional de Funcionarias y Funcionarios de la Superintendencia de Educación (ASUME) realizó este martes una paralización de advertencia, en búsqueda de mejoras laborales de larga data, relacionadas principalmente con una mayor dotación. Además, solicitan concursos de promoción, y el cumplimiento del Acuerdo Marco de Mejoramiento de Remuneraciones, comprometido con la autoridad, entre otras demandas.

En concreto, el objetivo de esta movilización fue hacer saber a las autoridades desde el nivel nacional, hasta en cada región, incluyendo por supuesto al superintendente, el agobio que hoy sienten los equipos de trabajo de este servicio estratégico, que además ha experimentado una elevada carga laboral tras el aumento explosivo de las situaciones de convivencia escolar luego de la pandemia.

Movilizados por los derechos laborales

Desde el Biobío, el Consejo Regional de ANEF respaldó la paralización del gremio, y acompañó a las y los dirigentes en la entrega de una carta y petitorio a la delegada presidencial regional, Daniela Dresdner, donde el gremio regional exige “un trabajo libre, sin agobio y con mayor presupuesto para una carrera funcionaria que todos y todas esperan”.

En este sentido, la presidenta de ANEF Biobio, Lorena Lobos expresó que el gremio “tiene todo el apoyo de ANEF en sus justas demandas. Creemos que la unión de los trabajadores y trabajadoras es fundamental, por eso hemos decidido acompañarlos en la entrega de esta carta. Esperamos que todas las acciones que se han hecho a nivel nacional tengan un buen resultado“.

En tanto, Franco Fernandez, dirigente ASUME, agradeció a la ANEF por el apoyo prestado a nivel nacional. Agregó el representante de las y los trabajadores que “las demandas que expresamos en Santiago son hoy transversales y la autoridad debe escuchar este petitorio. Por eso, estamos mandatados a entregar esta carta a los delegados presidenciales regionales para hacer saber, y visibilizar el malestar que tenemos hoy como Superintendencia de Educación. Así que agradecemos a ANEF, y a los socios y socias que hoy nos acompañan. ¡Arriba los que luchan!“.

El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, anunció el ingreso de indicaciones para fortalecer la Ley 20.609, también conocida como la ley antidiscriminación. En la instancia, además, se informó de la creación del consejo de igualdad y no discriminación, que en conjunto darán cuerpo a una institucionalidad que bregue por la defensa de grupos de especial protección.

Hito

El ministro de Justicia y DDHH (s) Jaime Gajardo, destacó que este es un hito muy importante: “Estamos presentando indicaciones a la Ley 20.609 en materia de antidiscriminación, con el objeto de fortalecer la institucionalidad que va a velar por los derechos de igualdad de todas las personas que conviven en nuestro país y además crear un consejo antidiscriminación. Este es un largo anhelo de la sociedad civil, de la academia, de las organizaciones que han trabajado fuertemente por los derechos de la disidencia y la diversidad en general de nuestro país”.

“Las indicaciones legislativas que hoy anunciamos, y que esperamos cuente con transversal apoyo en el Congreso Nacional, refuerzan la Subsecretaría de Derechos Humanos, dotándola de las funciones y mandatos necesarios para la implementación de la ley, especialmente en aspectos de prevención, información a las personas afectadas, coordinación intersectorial, y otras tareas de implementación y seguimiento de la ley antidiscriminación. Esto acompañado de espacios de diálogo entre representantes del Estado y la sociedad civil”, agregó el Subsecretario de Derechos Humanos Xavier Altamirano.

Política de Estado

Por su parte, ministro de la Segpres, Álvaro Elizalde, uno de los autores de la moción que busca modernizar la ley que establece medidas contra la discriminación, destacó que con la nueva indicación del Ejecutivo “se expresa un compromiso claro del Gobierno con la agenda de la diversidad, que dice relación con la esencia de lo que es nuestro compromiso con Chile y que debe formar parte de una política de Estado”.

“Espero que demos este paso que nos falta y que podamos seguir trabajando todos juntos ante un esfuerzo colectivo que es fundamental para construir una mejor forma de convivencia en nuestro país (…) el compromiso del Presidente Boric y de su Gobierno es precisamente erradicar toda forma de discriminación y esa no es solo la tarea de un gobierno y el Congreso solamente, es la tarea del conjunto de la sociedad chilena respecto de la cual todos debemos contribuir”, dijo.

Mesas de trabajo

La Subsecretaria de la Mujer y Equidad de Género, Luz Vidal, señaló que “como Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género creemos que es fundamental fortalecer la institucionalidad pública y mejorar las políticas antidiscriminación para lograr un país más justo e igualitario y no dejando a nadie atrás. Por ello destacamos los anuncios dados a conocer hoy, que se suman al trabajo que ya hemos venido realizando desde el año pasado en las mesas de trabajo que desarrollamos con más 40 organizaciones de la sociedad civil de la comunidad LGBTIQA+ para conocer y recoger sus necesidades y demandas”.

El anuncio se realizó en una ceremonia que contó con la presencia de distintas organizaciones que velan por la defensa y promoción de derechos de distintos grupos de especial protección. A ellos se sumaron el Ministro Secretario General de la Presidencia, Álvaro Elizalde; el Ministro de Justicia y Derechos Humanos (s), Jaime Gajardo; la Subsecretaria de la Mujer y Equidad de Género; Luz Vidal; el Subsecretario de Derechos Humanos, Xavier Altamirano; y el Seremi de Justicia y Derechos Humanos, Jaime Fuentes.

La Corte de Apelaciones de Coyhaique ha declarado admisible un recurso de protección presentado por un abogado en representación de la “Nómina de Prisioneros Políticos y Torturados”, elaborada por la Comisión Valech. El recurso solicita el retiro de la estatua y el cartel de Pinochet ubicados en la localidad de La Junta. El tribunal ha solicitado un informe al municipio de Cisnes.

En medio de la conmemoración de los 50 años del golpe militar, el gobierno está evaluando la posibilidad de retirar ambas estructuras. Sin embargo, la decisión ahora podría ser judicializada debido a la presentación del recurso de protección.

El abogado Juan Eduardo Baeza presentó el recurso en contra de la Municipalidad de Cisnes, solicitando el retiro del cartel y la estatua. El cartel tridimensional de color verde, ubicado en la Ruta 7 Carretera Austral, lleva el nombre “Carretera Austral General Augusto Pinochet U.” y hace referencia al gobernante de facto y dictador que estuvo en el poder en Chile entre 1973 y 1990. Además, en el lugar hay un monolito instalado en el año 2000 que conmemora el Golpe de Estado de 1973.

Áreas de uso público

El abogado también se dirigió a la Dirección de Vialidad de la Región de Aysén para aclarar quién es responsable de la administración de ambas estructuras. Vialidad informó que ambas están ubicadas en áreas de uso público correspondientes a la Municipalidad de Cisnes.

Ante la falta de respuesta por parte del municipio, el recurrente decidió acudir al ámbito judicial. El recurso de protección destaca un caso similar en el que se solicitó el retiro de una estatua en honor al almirante José Toribio Merino, y la Corte de Apelaciones de Santiago resolvió que mantener dicha estatua afectaba la garantía de no repetición.

La Corte de Apelaciones de Coyhaique ha declarado admisible el recurso y ha requerido un informe a la Municipalidad de Cisnes, en el cual se debe especificar la ubicación exacta del cartel y el monumento, así como los decretos que fundamentaron su instalación. Se ha otorgado un plazo de cinco días hábiles para presentar el informe.

En conversación con la Radio Universidad de Chile, los alcaldes de Temuco y Lumaco han subrayado que la restitución de tierras al pueblo mapuche debe ser considerada como un problema de Estado, trascendiendo la responsabilidad de una sola administración.

Aunque el informe final de la Comisión Presidencial para La Paz y el Entendimiento se dará a conocer a fines de 2024, generando dudas sobre el alcance de sus conclusiones antes de las próximas elecciones presidenciales, diversos actores temen que el proceso fracase. Esto se debe a que el actual gobierno no es el único que ha intentado encontrar una solución política para abordar la restitución de tierras al pueblo mapuche.

“Cuestión de Estado”

Frente a esta incertidumbre, el alcalde de Temuco, Roberto Neira, ha pedido que se ponga fin a los diagnósticos sobre el conflicto en la región cada vez que hay un cambio de administración. En cambio, sugiere considerarlo como una cuestión de Estado para que las políticas implementadas perduren en el tiempo. Neira afirmó: “Si la región de La Araucanía continúa siendo analizada por gobiernos de diferentes corrientes políticas, nunca encontraremos la solución. El enfoque que todos debemos adoptar es que se trata de una política de Estado, un problema del Estado de Chile y no de un gobierno en particular”.

El alcalde destacó la importancia de comprender que la Comisión no finaliza con el gobierno del presidente Gabriel Boric, ya que eso no permitiría comprender la profundidad del conflicto en la región. Instó a los comisionados a considerar los diagnósticos y estudios ya realizados por académicos.

Respecto a los miembros de la Comisión, el alcalde de Temuco expresó ciertas reservas sobre algunas de las decisiones tomadas, afirmando que hay personas que llevan mucho tiempo viviendo en Santiago y cuyo aporte real en relación a la región de La Araucanía es desconocido. Según el alcalde, vivir en la región y experimentar su realidad diaria es fundamental para comprenderla plenamente.

A pesar de estas dudas, el alcalde resaltó la presencia de comisionados como el senador Francisco Huenchumilla, el ex alcalde de Tirúa y ex convencional Adolfo Millabur, y especialmente Alfredo Moreno, quien cuenta con experiencia como ministro y ha tenido vínculos con la región y el mundo empresarial. Neira concluyó diciendo que en ese sentido “podemos estar relativamente tranquilos de que hay representatividad”.

El alcalde de Lumaco, Richard Leonelli, se unió al análisis destacando su plena confianza en que los comisionados seleccionados puedan realizar un trabajo con resultados positivos. Sin embargo, resaltó la importancia de asegurar que se lleve a cabo un diálogo donde todas las partes sean escuchadas. Leonelli afirmó: “Tan importante como formar la mesa es tomar en cuenta la opinión de todos los actores: las comunidades mapuche, la gente de los centros urbanos, los trabajadores. Esto es algo que llevábamos esperando mucho tiempo”.

El alcalde de Lumaco también solicitó que el trabajo de la Comisión sea respetado y proyectado más allá de las posturas políticas de los futuros gobiernos. “Esto no es un tema de Gobierno, es un tema de Estado. Por lo tanto, lo que este gobierno logre, lo que se vaya trabajando con este gobierno, debe ser proyectado hacia el próximo gobierno, independientemente de su color político”, subrayó Leonelli.

Agenda de inversiones

Con el objetivo de fomentar el diálogo con los pueblos indígenas, la ex ministra del Interior, Izkia Siches, anunció hace más de un año un plan que incluía el reconocimiento y una agenda de inversiones para mejorar la calidad de vida en las regiones de La Araucanía y el Biobío.

Aunque inicialmente los alcaldes de la zona mostraron desconfianza, actualmente afirman que las inversiones comprometidas por el presidente Boric han disipado esas dudas.

El alcalde de Temuco resaltó la magnitud de estos proyectos, que generarán inversiones sin precedentes en la región más pobre de Chile, y señaló que en un año se han destinado fondos significativos a proyectos para Temuco. Sin embargo, cuestionó la decisión de concentrar todo el presupuesto en el Ministerio de Obras Públicas, expresando su deseo de que el próximo año se distribuya en otros sectores como vivienda y educación.

Por su parte, el alcalde de Lumaco destacó la importancia de asfaltar caminos como el principal eje de desarrollo para mejorar las condiciones de vida de las comunidades en su comuna, ya que la violencia rural ha dificultado la llegada de empresas encargadas de esta tarea.

Ambos alcaldes coincidieron en la necesidad de llevar adelante un enfoque a largo plazo y de considerar el trabajo de la Comisión por La Paz como una prioridad más allá de los cambios políticos.