senado aprueba tutela para empleados públicos

Trabajadores del sector público celebran aprobación en el Senado de proyecto “Tutela Laboral”

Proyecto de ley que fue aprobado con amplia mayoría en el Senado permitirá que trabajadores del sector público y municipal, puedan recurrir a la tutela laboral, si ven vulneraos sus derechos fundamentales.

Como un gran avance para los derechos laborales de los trabajadores/as del sector público y municipales, fue calificado el proyecto de ley, aprobado este miércoles en el Senado. La normativa incorpora al procedimiento de tutela laboral a los derechos fundamentales para todos los funcionarios del Estado y municipales.

Detalles de la normativa

La iniciativa establece que “el procedimiento de tutela laboral beneficia a todos los trabajadores. Incluidos los funcionarios de la Administración Pública, del Congreso Nacional, del Poder Judicial, de las empresas públicas. Igualmente a los trabajadores del Ministerio Público, del Tribunal Constitucional, del Servicio Electoral, de la Contraloría General de la República y del Banco Central; y a aquellos que sus propias leyes declaren como autónomos”.

El proyecto que quedo en condiciones de ser promulgado como ley de la República, fue aprobado con un amplio respaldo. Con 29 votos a favor y 8 abstenciones, ratificando los cambios realizados por la Cámara de Diputados.

Confusión

Cabe recordar que la iniciativa se aprontaba a cumplir dos años en el Congreso, desde que ingresó en diciembre de 2018. La normativa tiene por objeto incorporar a las relaciones laborales del sector público, el procedimiento de tutela laboral. Permitiendo a este sector de trabajadores la defensa de los actos que vulneren sus derechos laborales.

La mayor parte de los legisladores apoyó la iniciativa haciendo ver la confusión que se ha generado en los tribunales del país. Dada la confusión vinculada al derecho o no de tutela para los funcionarios públicos. En ese marco se abordó la opinión que emitió a tal efecto, el Tribunal Constitucional (TC).

Derechos Laborales sin distinción

La normativa modifica el Código del Trabajo en cuanto a esclarecer el ámbito de actuación de la Dirección del Trabajo en materia de tutela laboral. Clarifica el pago de la indemnización para trabajadores del sector público en caso de acogerse la denuncia por esta razón.

En este sentido, precisa que “si el juez declara que el despido de funcionarios de la Administración del Estado es discriminatorio y además ello fuera calificado como grave, el trabajador podría optar entre la indemnización que corresponda o bien su reincorporación al cargo”.

Senador Quinteros

Para el Senador por la Región de Los Lagos, Rabindranath Quinteros, el proyecto, que fue aprobado ayer por el Senado y quedó en condiciones de convertirse en ley, “persigue asegurar la debida protección de los derechos fundamentales de los funcionarios públicos. Siguiendo una jurisprudencia que la propia Corte Suprema viene estableciendo desde el año 2014”.

“Se trata de una moción de senadores plenamente pertinente. No se entiende que, en esta materia, pudiera existir un tratamiento distinto según quien fuera el empleador, público o privado”, aclaró el parlamentario.

Asimismo, explicó que este proyecto de ley, es aún más necesario en el contexto actual de pandemia. Donde los jefes de servicios del sector público podrían adoptar resoluciones sobre retorno a sus trabajos que, eventualmente, afectaran las garantías constitucionales de los funcionarios.

“En estas condiciones, los funcionarios públicos necesitan que exista un mecanismo de tutela de sus derechos fundamentales en plena vigencia a la brevedad. Por tal motivo coincidí en mi votación a favor de ayer con el criterio adoptado por la comisión de trabajo, que propuso aprobar las enmiendas introducidas por la Cámara de Diputados, plenamente concordantes con los objetivos de este proyecto”, explicó el senador por Los Lagos.

Anef

La presidenta del Anef Los Lagos, Pamela Espinoza, valoró que luego de dos años de tramitación en Congreso, finalmente los parlamentarios hayan aprobado en mayoría este proyecto de ley que beneficiará a miles de trabajadores públicos a lo largo de todo el país y que por décadas se han visto perjudicados en sus derechos fundamentales, al no regirse por el Código del Trabajo.

Este proyecto es sin duda un gran avance para los trabajadores del Estado, donde a partir de la promulgación de la Ley, tendrán el legitimo derecho a la protección, ante no menores situaciones de vulneración que se viven y conocen día a dñía y que afectan a muchas personas “Estas vulneraciones corresoindían, muchas de ellas, a ámbitos no laborales. Hablamos de atropellos a la libertad de expresión, a la intimidad a la honra. La verdad es que esta votación viene a hacer justicia y responde a una antigua aspiración sindical”.

Jaime Quezada: “Me pagaron 17 mil pesos por el retiro del 10%”

El pensionado señaló que en febrero de este año tenía poco más de 800 mil pesos. La AFP le pagaba 4 mil mensual por 20 años, ya que se acogió al Pilar Solidario. Sin embargo, desde la aseguradora le comunicaron que no tenía más dinero en sus fondos previsionales.

Hace un par de semanas, cuando se extendió el comunicado por parte de la presidencia, donde daba el apoyo para la promulgación del proyecto de ley de retiro al 10%, la gran mayoría recibió la noticia con gran alegría. Venía a brindarles un bálsamo en estos tiempos tan oscuros.

Pasaron los días, se promulgó la iniciativa. Pasó a manos de contraloría, que tenía una solicitud expresa de acelerar la tramitación. Se comunicó a la ciudadanía que – a contar del primer día hábil del mes de agosto- ya se podría realizar la tramitación para que dichos fondos sean depositados en las cuentas respectivas.

Algunos chascarros

Está demás mencionar que durante los primeros días hubo gran revuelo por las pésimas condiciones de las plataformas online de las AFPs. De los problemas que algunas tuvieron con el trámite en sí. Más de alguno recibió equivocadamente, la noticia de que sería descontado de su retiro, el 50% debido a sus deudas por concepto de pensión de alimentos.

Sin embargo, lejos del sarcasmo que pueden generar dichas situaciones imprevistas, existen algunas problemáticas reales. Muchas de ellas frustrantes y sobre todo de hastío con el sistema y el contexto en general.

Lo incomprensible

Jaime Quezada, trabajador independiente y relacionado al sector turístico en la zona, se jubiló. El mismo reconoce que no fue responsable en sus cotizaciones previsionales, y que no logró reunir mucho dinero.

Tras esto, Quezada se acogió al aporte previsional del Estado. Lo anterior significó que pactara sus ahorros en la suma de 4 mil pesos mensuales, los que serían complementados con el pilar solidario.

“Cuando fui en febrero a la AFP tenía alrededor de 800 mil pesos. Mi sorpresa fue que, una vez que hice la tramitación para el retiro del 10%, la Administradora de Fondos de Pensión me dijo que no tenía suficientes ahorros. Por lo que pude retirar sólo 17 mil pesos” señaló molesto don Jaime.

Lo extraño es que si en febrero de este año tenía cerca de 800 mil pesos- desde esa fecha a ésta, debería haber tenido en su cuenta por lo menos unos 600 mil. Cantidad que pretendía retirar tras la promulgación de la ley.

Recurso de protección

El jubilado comentó que se acercó a las oficinas de la AFP en la cual él se había pensionado, para consultar el porqué de esta situación. Allí le señalaron que había hecho uso de todos sus fondos previsionales. Pese a que cuando realizó su retiro, había sido beneficiado por el Aporte Previsional del Estado.

“Para mí esto fue un robo, ya que ellos debían pagar sólo 4 mil pesos mensuales, por 20 años. El resto lo ponía el estado” fustigó Quezada.

Según lo que dijo el denunciante, tramitará de forma legal un recurso de protección contra la aseguradora, para que le expliquen las razones por las que habían ocupado sus ahorros.

Redacción: Daniel Carrasco

Demanda por Ingreso mínimo garantizado

CUT emplaza al Gobierno a tomar medidas de protección al empleo

“No es posible que hoy quienes han tenido la garantía del subsidio por la vía del Seguro de Cesantía, mañana simplemente se deshagan de los trabajadores porque estos subsidios no siguen”, manifestó la presidenta de la CUT.

Luego de la reunión entre la CUT con el ministerio de Hacienda, los representantes de los trabajadores emplazaron al Gobierno. Llamaron al Ejecutivo a tomar medidas de resguardo. Lo anterior, para garantizar que las empresas que se acogieron a la Ley de Protección al Empleo e hicieron uso del subsidio de cesantía no puedan despedir a sus trabajadores.  

La cita tuvo como fondo abordar la discusión sobre el ingreso mínimo garantizado (IMM). Abordaron también las garantías de resguardo del empleo que las autoridades deben implementar. Sobre todo para que aquellas empresas que se acogieron a la Ley de Protección al Empleo, no despidan a sus trabajadores.

Ingreso Mínimo Garantizado

En la reunión participaron la presidenta de la CUT, Bárbara Figueroa junto al ministro de Hacienda, Ignacio Briones. En la ocasión, la dirigenta hizo entrega a la autoridad de un documento. El escrito contiene los ejes fundamentales que la CUT considera pertinentes sobre la negociación del Ingreso Mínimo Garantizado (IMM).

En ese sentido, la presidenta de la CUT, Bárbara Figueroa, fue enfática al señalar que “…no es posible que hoy tengamos en riesgo un tercio de la fuerza laboral potencialmente cesante”.

En esta línea, se planteó la exigencia de no despedir a sus trabajadores(as) aquellas empresas que se acogieron a la Ley de Protección del Empleo: “No es posible que hoy quienes han tenido la garantía del subsidio por la vía del Seguro de Cesantía, mañana simplemente se deshagan de los trabajadores porque estos subsidios no siguen. En eso hemos sido inflexibles”.

Reajuste salarial digno

Asimismo, solicitaron al Gobierno abrir el debate respecto a un reajuste salarial digno para los trabajadores del país. “…Mientras los trabajadores tengan garantías de poder adquisitivo y tengan capacidad de consumo, va a ser más fácil poner a Chile de pie y reactivar la economía. Ese planteamiento sigue siendo fundamental para la Central Unitaria de Trabajadores”, precisó Figueroa.

En materia de reactivación, los representantes de la CUT, solicitaron a Hacienda que el Gobierno entregue garantías de contratación de trabajadores, “… no nos cerramos al debate de subsidio al empleo. Pero tiene que ser con condiciones: que no se pueda despedir trabajadores y que se garantice sobre pisos dignos”.

“Pero no solo esas exigencias. Las empresas que eventualmente sean subsidiadas, no deben tener historial de prácticas antisindicales y deben estar, efectivamente, al día con el pago de las cotizaciones de sus trabajadores y trabajadores”, subrayaron los dirigentes de la CUT.

Elementos técnicos de la propuesta

Asimismo, Figueroa explicó que el documento entregado al ministro Briones, no solo contiene estos ejes también argumentos técnicos en los que se fundamente las demandas: “Hemos cumplido con presentarle al ministro de Hacienda -tal como nos interpeló en la última reunión- un documento (…) con elementos y criterios sobre la base de los requerimientos técnicos. Pero también poniendo especial énfasis en estos elementos políticos: no queremos ningún despido más. No queremos trabajadores que tengan que estar subsidiando con su salario, políticas salariales básicas y mínimas”.

En la cita también participaron los miembros del Comité Ejecutivo de la CUT, Nolberto Díaz, secretario General; José Manuel Díaz, vicepresidente de Finanzas y Gestión Administrativa y Guillermo Salinas, vicepresidente de Organización.