Con el propósito de avanzar hacia la transición de una movilidad eléctrica baja en carbono, se implementará en la ciudad de Puerto Montt un proyecto piloto de Electromovilidad. Global Environment Facility (GEF) es quien financia este proyecto, y el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente es el órgano encargado de implementarlo.

La seremi de Energía de Los Lagos, Liliana Alarcón, explicó las implicancias del fondo que se adjudicó la ciudad de Puerto Montt. “Permitirá realizar acciones de institucionalidad, de fomento a esta nueva tecnología limpia. Y también todo lo relacionado a la pertinencia local de la ciudad”, aseguró la seremi.

Dada la importancia de esta iniciativa, la seremi se reunió con el alcalde de la comuna, Gervoy Paredes, y el seremi de Transportes y Telecomunicaciones, Pablo Joost. Alarcón explicó que en conjunto realizarán acciones de coordinación necesaria para que este fondo, que inicia este año, permita en tres años más trabajar en un desarrollo sostenible de la ciudad.

“Estamos contentos, porque la ciudad de Puerto Montt se adjudicó un fondo de Electromovilidad, que permitirá realizar acciones de institucionalidad, de fomento a esta nueva tecnología limpia y también todo lo relacionado a la pertinencia local de la ciudad de Puerto Montt”.

Seremi de Energía de Los Lagos, Liliana Alarcón.

Puerto Montt es una de las tres comunas del país beneficiadas con el proyecto GEF Electromovilidad, además de Talca y Antofagasta. En ese sentido, el alcalde Gervoy Paredes valoró esta iniciativa.

“Miramos con optimismo que se haya escogido a Puerto Montt para este proyecto”

“Miramos con optimismo la posibilidad de que Puerto Montt haya sido escogida, junto a otras dos ciudades, para este proyecto. En especial, porque nuestra ciudad lo necesita. Sabemos todos los problemas de movilidad urbana y medioambiente que tenemos, y que hemos remarcado proponiendo la urgencia de abordar con medidas que mitiguen la situación. Entonces, ponemos a disposición todo lo necesario que nos soliciten para sacar adelante este proyecto. Nos consideramos socios estratégicos en esta iniciativa, que esperemos avance por el bien de los vecinos de nuestra comuna”, indicó el jefe comunal.

Mientras que el seremi de Transportes agregó que “es una tremenda oportunidad que se presenta para la comuna de Puerto Montt. Desde Transportes, lo vemos también como una oportunidad para ir explorando la percepción que tienen los usuarios, respecto a la electromovilidad. Es parte de las propuestas del Gobierno avanzar en esta materia”.

Joost destacó también la voluntad del Gobierno de participar activamente con los gobiernos locales. “Nosotros sabemos y entendemos que el trabajo mancomunado, entre las distintas instituciones públicas, los gobiernos locales y, por cierto, también con las comunidades, es relevante. Ya que permite avanzar en lo que refiere a tecnologías, a electromovilidad y a una mejora en la calidad de vida de las personas”, aseguró la autoridad.

Características del proyecto

La iniciativa es ejecutada por la Agencia de Sostenibilidad Energética y cuenta con el apoyo del Ministerio de Energía. Adicionalmente, se trabajará con actores claves vinculados a la movilidad eléctrica, tales como los Ministerios de Medio Ambiente, Transportes y Telecomunicaciones, Gobierno Regional, CORFO, y empresas como Enel X, SAESA y ENEX, entre otros.

Objetivos del Proyecto GEF Electromovilidad:

• Mitigar el cambio climático y disminuir la contaminación atmosférica y acústica.
• Descentralizar las acciones en materia de electromovilidad.
• Acercar beneficios de Electromovilidad a todas las personas.
• Avanzar hacia una equidad de género en electromovilidad.

Redacción: Manuela Barrueto

Conaf realizó una fiscalización buscando constatar en terreno los proyectos inmobiliarios de parcelas de agrado en desarrollo en la región. La idea fue ver cómo se condicen estas iniciativas con el respeto de la Ley 20.283, sobre recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal.

En la jornada de fiscalización participó el director ejecutivo de Conaf, Christian Little, autoridades de la Oficina Central y fiscalizadores de la región.

Monitoreo a ecosistemas boscosos

En la oportunidad la máxima autoridad de Conaf, visitó la zona de Maullin. El objetivo fue realizar un monitoreo para controlar la disminución de la biodiversidad de los ecosistemas boscosos del centro sur de Chile.

Tras un recorrido por distintos sectores de la región Christian Little, sostuvo que “es uno de los temas que trabajamos y que está afectando a los ecosistemas boscosos. Lo relacionado a las parcelaciones, porque provocan un grave daño por la sustitución del bosque nativo a elementos institucionales”.

Por su parte, la fiscal nacional de Conaf, abogada Carmen Paz Medina, quien visitó el sector de Alerce en Puerto Montt, subrayó que los abogados de la institución se encuentran trabajando en esta misma línea. Velando por los recursos naturales del país.

Degradación del Alerce

Específicamente durante esta visita, dijo la fiscal, donde hemos visitado algunos proyectos de parcelaciones, hemos observado cómo están afectando y degradando el ecosistema de una zona donde existe el tipo forestal Alerce, proyecto que actualmente se encuentra paralizado.

En este contexto, cabe recordar que Conaf Región de Los Lagos ingresó una denuncia por corta no autorizada de 2,04 hectáreas de bosque nativo en el juzgado de Policía Local de Puerto Varas para el proyecto Petrohué Riverside en diciembre de 2020.

Proyecto inmobiliario paralizado

El proyecto Petrohué Riverside, junto a Idanmpau, Parque Huillín y Parque Bosques Inundados, fue paralizado por la municipalidad de Puerto Varas por infracciones a la Ley General de Urbanismo y Construcciones (LFGUC), su respectiva ordenanza, y al Decreto Ley 3516/1980 sobre División de Predios Rústicos del Ministerio de Agricultura.

Esto debido a que generó la creación ilegal de centros poblados en zonas rurales. Lo que ocasiona problemas relacionados con la planificación territorial de la comuna, y en muchos casos, afectación a sus recursos naturales.

Redacción: Manuela Barrueto

El Servicio Agrícola y Ganadero, SAG, dispuso la retención de más de 1300 plantas durante una fiscalización a un vivero irregular en Puerto Varas. El lugar, donde un lugar donde se multiplicaban y vendían plantas de manera irregular, se encontraba incumpliendo la normativa al no estar registrado como vivero en la entidad del agro.

La importancia de fiscalizar los lugares de venta y producción de plantas, explicó Eduardo Monreal, director regional del SAG, se relaciona con que eventualmente son puntos de riesgo para la dispersión de plagas de importancia económica para el sector agrícola y forestal.

Propagación irregular de plantas disemina plagas y enfermedades

Si un lugar no se encuentra registrado, ello implica que el SAG desconoce el estado sanitario de las plantas y su procedencia. Por lo que no existen garantías de que las plantas que se comercializan se encuentran libres de plagas.

La propagación de plantas es una vía importante de diseminación de plagas y enfermedades y quienes comercializan este tipo de producto tienen la obligación de vender plantas sanas, por lo que el primer paso es acudir a una oficina del SAG e informarse de los requisitos. Quienes incumplen la normativa, además, se exponen a sanciones o multas”, acotó el director regional del SAG.

Algunas especies incautadas contenían plagas

Durante la fiscalización, que se realizó en conjunto con Carabineros de Chile, se retuvieron plantas de murta, rosas, nerines, helechos, chilco, hortensias, retamos, entre otras. Algunas de estas especies estaban siendo hospederos de plagas reglamentadas.

La medida fitosanitaria que le compete a SAG, explicó Monreal, es la destrucción de los productos. Ya que de esta forma, se elimina el riesgo de dispersión de plagas de importancia económica. “Dado que, de presentarse esta situación, podrían afectarse las exportaciones de productos silvoagrícolas y la producción nacional”, explicó Monreal.

Por otro lado, en el período de establecimiento del vivero, un comercio de plantas también debe demostrar que el suelo o sustrato elegido para producir las plantas es apto para ese fin. Este procedimiento se realiza a través de un muestreo y diagnóstico oficial

Llamado a cumplir con la normativa

Según la autoridad regional del SAG, en el último tiempo, la entidad del agro, a través de sus distintas oficinas sectoriales, ha observado un aumento de emprendimientos relacionados con el rubro de viveros y depósitos de plantas. Por esta razón, hizo un llamado a quienes incursionan en este rubro, u optan por esta actividad, a cumplir con la normativa vigente.

Monreal reforzó que el SAG requiere conocer y monitorear el universo de establecimientos de este tipo en la región. Saber dónde están ubicados, el tipo de plantas que comercializan, su condición sanitaria, y el origen de éstas (si proceden de un vivero o son de autoproducción). Para efectos de proteger el patrimonio sanitario del sector silvoagrícola.

¿Dónde inscribirse?

Cabe indicar que, el SAG mantiene un registro de los viveros y depósitos de plantas frutales, forestales y ornamentales que existen en el país, sean para autoabastecimiento o comerciales. Para declarar este tipo de actividad, se debe completar el formulario de inscripción que se encuentra disponible en el sitio www.sag.cl y también en www.chileatiende.cl. O bien, puede ser solicitado al correo electrónico contacto.loslagos@sag.gob.cl

La Región de Los Lagos cuenta actualmente con 206 viveros inscritos donde predomina el tipo forestal y ornamental. Además, hay 69 depósitos de plantas registrados.

Comercialización

Las personas que se dedican a la producción de plantas para la comercialización, además, deben registrar, en el Servicio de Impuestos Internos, la actividad comercial correspondiente. Para dar cumplimiento a lo indicado en el Decreto Ley N°3.557 de 1980 sobre Protección Agrícola, en relación a que las partidas vendidas por un vivero o depósito de plantas deben acompañarse de una guía de despacho o f

Redacción: Manuela Barrueto

Más de 50 comunidades, y organizaciones medioambientales y territoriales solicitaron al Presidente por medio de una carta que retire la tramitación del proyecto de Ley que permite la presencia de salmoneras en Áreas Protegidas.

El ex mandatario Sebastián Piñera ingresó el proyecto en enero de 2022, a pocos meses de terminar su mandato. Luego de su ingreso, la propuesta denominada “Modifica la Ley General de Pesca y Acuicultura, en materia de protección ambiental y el desarrollo económico y social en áreas silvestres protegidas en cuyos límites se hayan otorgado concesiones de acuicultura”, se acogió a trámite en la Comisión de Intereses Marítimos del Senado.

Carta se entregó ayer al Gobierno

Las organizaciones entregaron el documento al Ejecutivo durante la jornada de ayer, miércoles 11 de mayo. En la carta, las organizaciones y comunidades firmantes argumentan que el objetivo de esta ley es “perpetuar las concesiones acuícolas otorgadas por el Estado al interior de áreas protegidas”. Lo que va en contra de lo planteado por los Objetivos de Desarrollo Sustentable (ODS) a los que Chile adhirió en 2015.

Gobierno anterior buscó “validar algo que viene ocurriendo de facto”

Patricio Segura, es periodista y activista socioambiental en Aysén. Desde esta región austral, Segura afirma que la intención del anterior gobierno al ingresar este proyecto fue la de “validar algo que viene ocurriendo de facto. Para de esta forma, beneficiar a un sector productivo que ha demostrado claramente su irresponsabilidad. En términos no sólo ambientales sino también sociales. Considerando el impacto que ha generado tanto en Chiloé como en la zona sur austral, mediante la salmonicultura”.

Yohanna Coñoecar, dirigenta socioambiental en comunidades indígenas de la Región de Los Lagos, se refirió a la urgencia de que el Presidente de la República retire este proyecto. Para la activista, el Ejecutivo debe proponer nuevas formas que no signifiquen transformar las áreas protegidas en zonas de sacrificio.

Desde las comunidades costeras, vemos que no es posible seguir manteniendo la actividad salmonera en el sur de Chile. Sobre todo bajo estas condiciones y en estos espacios protegidos”, aseguró Coñoecar.

“Ser verdaderamente un país ecológico”

Por su parte, Erwin Sandoval, presidente de la Corporación Privada para el Desarrollo de Aysén (Codesa), también expresó su apoyo a la iniciativa. “Si vamos a avanzar en sustentabilidad, vamos a avanzar decididamente en enfrentar la crisis climática y de biodiversidad. Si vamos a ser verdaderamente un país ecológico, este proyecto tiene que retirarse de trámite”

La solicitud está dirigida al Ejecutivo, a las carteras de Medio Ambiente, Economía, Secretaría General de la Presidencia y a la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura. Su esperanza es recibir una respuesta ecológica por parte de un gobierno que se planteó verde desde su campaña.

Redacción: Manuela Barrueto

Cinco años han pasado desde que fuera presentada la querella por eventuales delitos de malversación de caudales públicos al interior de la Corporación Municipal para la Educación, Salud y Atención de Menores de Ancud. Los hechos habrían ocurrido durante la administración de la entonces alcaldesa, Soledad Moreno Núñez (DC).

Luego de un largo periodo sin movimientos, se removió de sus funciones al fiscal a cargo del caso en noviembre del año pasado. Posteriormente, el persecutor fue suspendido temporalmente de sus funciones.

Formalización el próximo 10 de junio

Finalmente, esta vez con un nuevo fiscal a cargo, el Ministerio Público ha tomado cartas en el asunto, pidiendo que se formalice a dos exdirectivos. Se trata del ex Secretario General de la Corporación, Luis Armando Ampuero Chiguay. Quien también fue presidente del Colegio de Profesores de Chile para la Región de los Lagos.

Mientras que el segundo ex funcionario es el ex Jefe de Finanzas de la Corporación, Abdón Rigoberto Barría Bórquez. Se formalizará a los ex funcionarios el próximo 10 de junio, en calidad de autores del delito de malversación de caudales públicos en su hipótesis de desfalco.

Dineros sustraídos correspondían a bonos de incentivo al retiro de profesores

La hipótesis de Fiscalía se basa en que ambos investigados habrían aplicado fondos públicos para usos propios. Los dineros sustraídos correspondían a depósitos del Ministerio de Educación para el pago de bonos de incentivo al retiro de profesores.

Como explicó el Fiscal adjunto de Castro, Fernando Metzner, aquello le habría causado un perjuicio directo a los docentes afectados, ya que no se les pudo pagar de manera oportuna estos bonos.

Se espera que estas no sean las únicas formalizaciones en esta causa, que cuenta con imputados como la exalcaldesa Soledad Moreno Núñez, el exdirector de control Ricardo Lagno y el exjefe de personal Jorge Alarcón.

Redacción: Manuela Barrueto