Una importante reunión de trabajo se llevó a cabo en las dependencias del Servicio Local de Educación Pública de Atacama (SLEPAT) liderado por su director Luis Adasme (S). En efecto la directiva de ANEF Atacama encabezada por su presidenta Ana Maldonado, además de Renato Leal, secretario y Hugo Carmona, tesorero, acompañaron a la directiva de funcionarios del SLEPAT recién electa, integrada por José Núñez, Alejandro Guerra y Erick Valdivieso, quienes fueron recibidos por el aludido director.

El propósito fue determinar los cursos de acción para el abordaje de los distintos problemas administrativos y de gestión de personas existente en la entidad. La disposición de la autoridad permitió establecer un acuerdo para elaborar un Plan de Relaciones Laborales, que contemple actividades de capacitación y formación en materias pertinentes al desarrollo de las personas en el Estado.

Acuerdos

Respecto del sumario administrativo incoado en contra de una ex-dirigente, la posición de ANEF fue de absolver a la compañera puesto que no existe hecho reprochable ni norma incumplida, a lo que se suma que no se observaron los principios del debido proceso y la bilateralidad del mismo, por tanto, podría tener cabida el decaimiento del proceso disciplinario. En tanto, respecto de la medida de suspensión en contra de la ex dirigente, la autoridad acogió la petición de ANEF de levantar dicha medida gravosa y permitir el reintegro de la funcionaria.

Todos estos acuerdos quedaron establecidos en el acta de esta reunión. La presidenta de ANEF Atacama respecto de esta experiencia señaló: “ Nos parece muy importante haber establecido este acuerdo con el director del SLEPAT, que consiste en diseñar un Plan de Relaciones Laborales, que tendrá la prioridad de revisar y actualizar el Protocolo MALS , y de redactar el Código de Ética funcionaria, con la idea de establecer una nueva cultura de empleo decente y digno en la Administración Pública”

Esta semana fuera lanzada la Comisión Presidencial para la Paz y el Entendimiento, que tiene como objetivo sentar las bases para una solución de mediano y largo plazo en materias de tierras y reparación para las comunidades mapuche contribuyendo, a su vez, a una mejor convivencia de las y los habitantes de las regiones de Biobío, La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos.

En especifico, el organismo tiene el mandato de determinar la demanda real de tierras de las comunidades mapuche y proponer mecanismos concretos y diversos de reparación. El trabajo de los comisionados estará enfocado en proponer al país una solución de Estado a la demanda de tierras, por una vía institucional que cuente con el apoyo de un amplio espectro político, social y empresarial.

En ese sentido, se decidió que la Comisión Presidencial para la Paz y el Entendimiento estuviese conformada por ocho personas -dos de ellas propuestas por Gobierno Regional de Biobío y La Araucanía-, y que sea de carácter ejecutivo. El comisionado presidencial, Víctor Ramos, tendrá el rol de secretario ejecutivo, en el que acompañará desde el Gobierno el trabajo realizado por la comisión.

Responder a demandas históricas

Como una de estos ocho integrantes, fue seleccionada la diputada por la Región de Los Lagos, Emilia Nuyado Ancapichún, diputada por el distrito 25, con más de 25 años de experiencia como dirigenta social.

La parlamentaria compartió sus impresiones expresando que “Siempre he votado contra los Estados de Excepción porque creo que el camino no está en reprimir o militarizar, sino en dialogar con las comunidades. Hoy se constituye una instancia que apunta a conversar y responder las demandas históricas del pueblo mapuche y por eso es que somos parte de esta comisión”

Además, expresó que “ podemos olvidar que el 2025 se cumplen 200 años del tratado de Tapihue donde el Estado chileno reconoció nuestra autonomía y este punto también deber ser materia de debate en la comisión“

Finalmente, se refirió a sus esperanzas para este proceso: “Confío en que habrá un diálogo abierto sin trabas donde se  intente cumplir con las demandas que tienen las comunidades. Hoy a nadie le queda duda que nuestro pueblo vivió una enorme pérdida territorial y por ello hay que generar espacios de verdad, reconocimiento y reparación para el pueblo mapuche. Creo que esta comisión presidencial va en ese camino“

Ya van dos publicaciones en el diario La Segunda que no han dejado satisfecho a los equipos jurídicos y familiares de víctimas de la Operación Colombo. Se trata de rectificaciones sobre la falsa noticia publicada en 1975, que no cuentan con la extensión y visibilidad adecuada, y que tampoco incorporan disculpas públicas. Esta es la historia de la batalla jurídica que tras casi 50 años busca reparar el daño provocado por el titular más infame de la historia de la prensa en Chile.

En un mes más se cumplirán 48 años del titular más injurioso en la historia de la prensa nacional. Publicado el 24 de julio de 1975 en el diario La Segunda, “exterminados como ratones” fue el arquetipo del montaje político en dictadura. El titular de la infamia, como ha sido reconocido históricamente, fue una operación comunicacional que hizo pasar como enfrentamientos en Argentina, una horrorosa matanza en contra de 119 opositores al régimen militar en Chile.

Operación Colombo

La denominada Operación Colombo, mismo nombre del caso judicial que condenó en octubre de 2019 a cuatro agentes de la DINA, incluidos Miguel Krassnoff y Ricardo Lawrence Mires, vino a desmentir la versión oficial publicada por La Segunda, acreditando que las víctimas habían sido asesinadas y hechas desaparecer por agentes del Estado en crímenes considerados de lesa humanidad. Una vez que se dictó la sentencia en base a la investigación criminal sustanciada por el ministro Hernán Crisosto, los abogados Nelson Caucoto, Andrea Gattini y Francisco Bustos presentaron una acción constitucional de protección el 26 de mayo de 2023, basado en el derecho de rectificación consagrado en el artículo 19 de la Constitución política.

La idea era rectificar en el mismo tenor como fueron publicados el titular y la noticia, o sea, con la misma extensión y visibilidad que fueron publicadas originalmente, hace casi medio siglo atrás. Según el abogado Francisco Bustos, el titular original “exterminados como ratones” deshumanizó completamente a las víctimas y es considerado una de las publicaciones más injuriantes de la prensa chilena. Bustos señala: “Eso es algo que les ha pesado a los familiares, porque además del titular, la noticia decía que los miristas se habían matado entre ellos”.

Aunque el diario publicó una rectificación en sus páginas centrales el 27 de abril de 2023, no se respetó la extensión solicitada en el requerimiento, lo que ha llevado a un nuevo proceso judicial contra el diario.

Así también, el titular falso que afirmaba que Bárbara Uribe y Edwin Van Yurick murieron en un incidente resultó en un dolor inconmensurable para la familia. Viviana Uribe, hermana de Bárbara, describe el titular como “falsa, violenta e injuriosa de la noticia, un titular infame que resuena hasta nuestros días: exterminados como ratones”.

“Libertad de prensa”

En ambos casos, los reclamos se centran en la falta de cumplimiento de los criterios mínimos de extensión y visibilidad en las rectificaciones, así como en la solicitud de una eventual disculpa pública. La respuesta de La Segunda a estas solicitudes ha sido que aceptarlas “traería consecuencias catastróficas para la libertad de prensa“.

Recientemente, se presentó un recurso de reposición en la Corte Suprema para buscar una rectificación formal del diario La Segunda con el espacio adecuado y en portada, tal como fue publicado el infame titular vinculado a la Operación Colombo. Además, la familia de Viviana Uribe ha recurrido a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en busca de justicia efectiva y garantía de no repetición debido a la imposibilidad de obtener justicia en Chile.

El Presidente Gabriel Boric participó en el lanzamiento de la Comisión Presidencial para la Paz y el Entendimiento, la cual fue anunciada por el mismo mandatario el pasado mes de noviembre y que tiene como objetivo sentar las bases para una solución de mediano y largo plazo en materias de tierras y reparación para las comunidades mapuche contribuyendo, a su vez, a una mejor convivencia de las y los habitantes de las regiones de Biobío, La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos.

Esta instancia tendrá una agenda abierta, pero con un mandato específico: determinar la demanda real de tierras de las comunidades  mapuche y proponer mecanismos concretos y diversos de reparación. En ese sentido, el trabajo de comisionados y comisionadas estará enfocado en proponer al país una solución de Estado a la demanda de tierras, por una vía institucional que cuente con el apoyo de un amplio espectro político, social y empresarial.

Ocho miembros

En ese sentido, se decidió que la Comisión Presidencial para la Paz y el Entendimiento estuviese conformada por ocho personas -dos de ellas propuestas por Gobierno Regional de Biobío y La Araucanía-, y que sea de carácter ejecutivo.

El comisionado presidencial, Víctor Ramos, tendrá el rol de secretario ejecutivo, en el que acompañará desde el Gobierno el trabajo realizado por la comisión. 

​​Para ofrecer un marco fundado de conversación y garantías a los distintos actores, existirá un equipo de expertos y expertas en materia de tierras, derechos de los pueblos indígenas, realización de catastros y calificación de antecedentes ad hoc, que acompañará técnicamente la labor de comisionados, este grupo se constituirá a través del consenso de los propios comisionados y la secretaría ejecutiva. 

Objetivos específicos

• Sistematizará la situación actual e histórica de las tierras mapuche y revisará las experiencias internacionales buscando las mejores alternativas que puedan contribuir a su resolución en nuestro país.
• Establecerá un canal de diálogo con los distintos actores involucrados en estas materias como Gobiernos Regionales, gobiernos locales, comunidades, gremios empresariales, agricultores, víctimas de la violencia y ciudadanía en general. 
• Elaborará una propuesta con los cambios que permitan llegar a un acuerdo sobre la demanda de tierras existente, diversificando mecanismos de reparación, produciendo mejoras y modificaciones legislativas e institucionales necesarias para esa tarea.
• Promoverá iniciativas de justicia hacia el pueblo mapuche, una propuesta de reparación integral a todas las víctimas, como también la incorporación de elementos que mejoren la vida y el desarrollo de todos los habitantes de las zonas involucradas.
• Establecerá un proceso de diálogo que produzca un acuerdo preliminar con las comunidades mapuche que permita conciliar las expectativas que hoy se tienen en cuanto a reparación, con las posibilidades reales que el Estado de Chile puede ofrecer. Este acuerdo preliminar también debe ser dialogado con las distintas fuerzas de representación política y actores sociales regionales buscando un consenso transversal que haga viables las reformas necesarias.
• Entregará un informe al Presidente de la República y al Congreso Nacional para avanzar en las modificaciones institucionales y de la legislación requeridas, incluida la Ley 19.253. Una vez aprobadas las reformas la comisión termina su cometido y comienza la etapa de la implementación de las medidas.

efwEl Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Rancagua dictó ayer -lunes 19 de junio- veredicto absolutorio en favor de Natalia Carolina Compagnon Soto, Jorge Alberto Sebastián Dávalos Bachelet y Mauricio Guillermo Valero Illanes, sindicados por el Ministerio Público y el Consejo de Defensa del Estado como autores de los delitos de estafa e infracción a la ley de propiedad intelectual. Ilícitos supuestamente cometidos entre 2011 y 2013, en perjuicio de la sociedad Inversiones Graneles Limitada.

En resolución unánime (causa rol 67-2020), el tribunal -integrado por los magistrados Carolina Garrido Acevedo (presidenta), Cristián Fredes Hernández (redactor) y Fadua Salas Eljatib-, tras la deliberación de rigor, decretó la absolución de los acusados dada la insuficiencia de la prueba rendida para dar por establecida los delitos imputados y la participación atribuida a los acusados.

Según la acusación fiscal, la sociedad Exportadora y de Gestión Caval Limitada (cuyos socios eran Compagnon Soto y Valero Illanes) habría generado entre 2011 y 2013 un perjuicio económico a sociedad Inversiones Graneles Ltda., a través de la venta de informes y asesorías copiados de sitios web.

“La prueba fue insuficiente”

El acta de deliberación consigna, respecto del delito de estafa que: «(….) un punto especialmente relevante para el persecutor, y en el cual se centró la mayoría de la prueba rendida durante el juicio, fue la existencia, como elemento del engaño, de una serie de informes relacionados con temas mineros, que habrían sido obtenidos desde la página web de la Comisión Chilena del Cobre (en adelante Chochilco) y luego entregados a Gonzalo Vial Concha como si hubiesen sido realizados por la sociedad Caval».

«(…) así, la prueba fue insuficiente para establecer el supuesto más básico de la imputación derivada de tales informes, pues ni siquiera se acreditó que esos documentos fueron entregados a Gonzalo Vial Concha por alguno de los socios o trabajadores de Caval. Lo anterior, es suficiente para desestimar toda imputación que deriva de este hecho, respecto de los tres encausados, pues el presupuesto básico de la misma era la mencionada entrega. Sin embargo, el tribunal estima que, aún de haber resultado probada la entrega de los documentos en los términos propuesto en la acusación, no es posible concluir que dicha acción sea constitutiva de un engaño típico», razona el tribunal.

“Impide configurar el ilícito imputado”

Asimismo, con relación a la infracción al artículo 79 bis de la ley sobre propiedad intelectual, el tribunal estimó que: «(…) en el presente caso, como se analizó a propósito del delito de estafa, la única conducta que puede ser atribuida a los acusados es la de suprimir o cambiar el nombre del autor de la obra, pues se trata de documentos que estaban a disposición de cualquier persona que quisiera consultarlos, bajarlos o imprimirlos desde la página web de Cochilco, es más, fueron realizados con la finalidad de difundir la información en ellos contenida».

«Como también se dijo antes, el primer hecho que debía ser acreditado, era que los referidos documentos fueron entregados a Gonzalo Vial por alguno de los acusados. Luego, debía probarse que en esa entrega, los acusados desconocieron la autoría real de esos informes y atribuyeron la realización de los mismos a la sociedad Caval. Como se dijo anteriormente, ninguno de tales hechos fue acreditado, muy por el contrario, la prueba solo permitió establecer que los documentos aludidos fueron entregados durante la investigación por el señor Vial, sin que pudiera probarse que fuera alguno de los acusados, en particular la señora Compagnon quien a su vez los entregó a señor Vial. Como consecuencia de lo anterior, tampoco se acreditó que fue lo que realmente recibió el señor Vial y en qué contexto, en particular si al momento de la entrega se le dijo que esos documentos, incluso el Reglamento de Minería al que se ha hecho referencia, eran de autoría de la empresa Caval. Por último, lo cierto es que, en su mayoría, los propios documentos mencionan como fuente a la Comisión Chilena del Cobre, de modo que no es posible pretender que se desconozca la autoría de los mismos, lo que impide configurar el ilícito imputado», releva el acta de deliberación.

La audiencia de comunicación de la sentencia -que será redactada por el juez Fredes Hernández- quedó agendada para las 13 horas del próximo martes 27 de junio.