Felipe Santana cuenta como fue su detención en noviembre del año pasado

“Me dijeron que era obligación que les pasara mis documentos. Después de eso me llevaron a constatar lesiones. Eso fue cerca de las 8 de la tarde. Después de eso, me devolvieron al calabozo e intentaron hacerme firmar unos papeles que yo no quería. Llega uno de los mismos que me detuvo en el centro y me dice que era obligación que lo haga. Cuando le dije que no quería firmar los papeles, me respondió que me iban a pegar si no lo hacía”.

Por lo general, cuando suceden cosas que atentan contra lo que uno acostumbra a ver, percibir o sentir, la opinión pública condena a quienes son responsables de cometer dichos atropellos. Sin pensar más allá de las circunstancias, sucesos, personas, que pueden intervenir en un acto determinado.

Apuntar con el dedo

No se trata de aminorar las creencias, ni los baluartes que son importantes para ciertos grupos o comunidades. Pero más allá de juzgar y apuntar con el dedo a quienes, por diferentes razones, se encuentran en medio de actos, que para muchos son condenables, es preciso poder establecer las causas. Pueden ser muchas las razones que llevan a ciertos individuos a cometer, apoyar o simplemente dejarse llevar por lo pasión y el acaloramiento de un momento.

Todos hemos tirado piedras en algún instante de nuestras vidas, a modo de diversión, de protesta, de defensa o simplemente porque la situación lo ameritaba. Todos fuimos jóvenes, donde los procesos hormonales juegan un rol fundamental, que nos hace ser más viscerales, apasionados y restringidos de perspectivas.

En noviembre del año pasado, un hecho levantó el repudio de las autoridades, por la significancia que tiene la catedral para el mundo católico. Anunciaron castigos ejemplificadores para quienes resultaran responsables del ataque a la estructura religiosa. El resultados fue que un chico de 20 años, quien posee un “déficit cognitivo leve”, cumplió con cerca de un año de presidio preventivo. Fue acusado y condenado por más de 7 años, por un incendio frustrado, donde no se pudo comprobar ni verificar trazas en sus vestimentas de acelerantes, ocupados para la quema de las bancas.

Ausencia de juicio justo

En este contexto, y según organizaciones que están respaldando a Felipe Santana, condenado por el hecho descrito líneas arriba, no contó con un juicio justo. Lo anterior, pues no se logró comprobar que él, haya sido el autor intelectual de los hechos. Junto con esto, se acusó que no hubo rigurosidad en la investigación, ya que, a los autores intelectuales, y quienes propiciaron este acto, no se les ha ubicado, juzgado ni menos aún condenado.

Pero más allá de prejuicios, o juicios de valor, por lo general, lo que prima casi siempre son los testimonios de quienes protagonizan los hechos, para que, desde ahí, se pueda emitir una opinión, sin sesgos.

Detención

Ya hace un par de días que intentamos conversar de forma directa con Felipe Santana, lo que no pudo efectuarse ya que la defensa se acogió a guardar silencio.

Pese a esta traba, pudimos obtener un relato, del propio Felipe, quien cuenta como se dio el proceso de su detención.

“A mí me pescaron el día 25 de noviembre a eso de las 16:45. Iba bajando por la botillería Millaray, hacia el terminal de buses, cuando se atraviesa un auto blanco. Por detrás, me toman del hombro y alguien me dice que tienen que hacerme un control de identidad. Estas personas no portaban ninguna credencial o identificación. Me subieron al auto y volvieron a repetirme que me harían el control, y después me dejarían en libertad”, inició su relato Felipe.

En la grabación, el joven mueblista contó que permaneció cerca de una hora en la comisaria, donde no le permitieron ni siquiera ir al baño. Le quitaron sus documentos y quisieron requisar su celular, pero no lo andaba trayendo, salvo el de su hermano.

“Me dijeron que era obligación que le pasara mis documentos. Después de eso me llevaron a constatar lesiones. Eso fue cerca de las 8 de la tarde. Después de eso, me devolvieron al calabozo e intentaron hacerme firmar unos papeles que yo no quería. Llega uno de los mismos que me detuvo en el centro y me dice que era obligación que lo haga. Cuando le dije que no quería firmar los papeles, me respondió que me iban a pegar si no lo hacía”

Felipe Santana

Al día siguiente, Santana fue llevado a control de detención, donde se le informó que estaba imputado por ser presunto autor de los daños a la catedral, trasladándolo al complejo penitenciario de Alto Bonito.

Sin más, y para que saquen sus propias conclusiones, les adjuntamos el audio donde el propio Felipe cuenta su versión de lo sucedido.

Entrevista y redacción: Daniel Carrasco

Gobierno sufre otro traspié: Comisión de Constitución rechazó proyecto que permitía postulación de actuales alcaldes, concejales y cores a cargos de elección popular

La iniciativa impulsada por diputados de RN y Gabriel Silver (DC) buscaba eliminar diversas inhabilidades para postular a cargos de elección popular. Habilitando, por única vez, a postular en las elecciones parlamentarias, regionales y de consejeros regionales del año 2021 a alcaldes y concejales en ejercicio.

La Comisión de Constitución rechazó por siete votos en contra y seis a favor, la idea de legislar tres proyectos de reforma constitucional. Las iniciativas planteaban eliminar las inhabilidades para postular a cargos de elección popular a alcaldes, concejales y consejeros regionales en ejercicio.

El proyecto de ley, apoyado por el Gobierno con suma urgencia, fue rechazado en general por las y los parlamentarios de la Comisión de Constitución. Los miembros de la Comisión rechazaron la iniciativa que intentaba evadir la ley que limita la reelección de autoridades, que fuera aprobada el pasado mes de julio de 2020.

Detalles de la iniciativa

La iniciativa parlamentaria fue impulsada por los diputados Diego Paulsen (RN), Leopoldo Pérez (RN) y Frank Sauerbaum (RN). Además de René García (RN), Jorge Rathgeb (RN) Karin Luck (RN) y Gabriel Silver (DC). En concreto la propuesta pretendía, por única vez, que alcaldes, concejeros y cores pudieran postular en las elecciones parlamentarias, gobernadores regionales y de consejeros regionales del año 2021. Esto sin tener que renunciar a sus actuales cargos con seis meses de anticipación.

Los proyectos de ley, abordan el término de todas las inhabilidades de quienes ejercen cargos de representación popular para competir por cualquier otro puesto elegido por la ciudadanía. Haciéndose efectiva la pérdida del cargo que ostente en el momento de la inscripción definitiva de su candidatura.

La última iniciativa de reforma constitucional indica que los consejeros regionales, alcaldes y concejales podrán ser candidatos para la elección primaria o definitiva de diputado o senador, desde la inscripción de su candidatura por el Servel en el Registro Electoral.

Promulgación de Ley que limita la reelección de autoridades

Cabe recordar que la iniciativa parlamentaria que limita la reelección de autoridades, promulgada como Ley el pasado 3 de julio, surgió como una de las demandas más sentidas del estallido social de octubre de 2019. Tuvo como propósito mejorar los niveles de confianza de la ciudadanía hacia las instituciones democráticas y las personas que se desempeñan en ella. Lo anterior, al limitar los períodos en que es posible ejercer el cargo de senador, diputado, gobernador, consejero regional, alcalde y concejal.

Con la nueva ley, los diputados podrán ser reelegidos en el cargo dos veces, totalizando un máximo posible de 12 años en el puesto. Mientras que los senadores podrán repostular una sola vez, alcanzando hasta 16 años en el cargo.

Mientras que los consejeros regionales, alcaldes y concejales podrán presentarse a un máximo de dos reelecciones inmediatas, totalizando 12 años en el cargo, sin retroactividad.

Alcaldes de la Región de Los Lagos que no podrán postular a la reelección

En la región de los Lagos son siete los alcaldes que no podrán participar de las municipales del 2021, entre ellos están, Jaime Bertín (DC), de la comuna de Osorno. Carlos Schwalm (RN), de Rio Negro y Emilio González (UDI), de Los Muermos. Además de Fredy Ibacache (PPD) de la comuna de Hualaihué y Luis Curumilla (DC) de Curaco de Vélez. Por último figuran en la lista Carlos Soto (PPD) de Cochamó y Rubén Cárdenas (PRSD) de la comuna de Calbuco.

PEDIDOS YA: Joven estudiante de pedagogía y trabajador de la empresa sigue en coma, mientras compañeros cuentan abusos de la aplicación

“En el caso de los demás trabajadores, ellos son obligados a comprar sus elementos de seguridad. Les obligan a comprar un traje de agua que cuesta 8 mil pesos. Les obligan a comprar la caja que ocupan en sus respectivas motos, que tiene un costo de 40 mil pesos. Les obligan a comprar la chaqueta que tiene un valor de 20 mil pesos, a pesar de que con estos implementos están generando publicidad”, explicó el abogado de la familia de Tomás Chávez.

Desde un tiempo a esta parte, las aplicaciones y los delivery han proliferado en medio de esta sociedad que privilegia la inmediatez y lo instantáneo. Más aún, cuando las posibilidades de ponerse los zapatos, tomar las llaves de la casa y salir caminando por un par de cosas en el supermercado, se hacen cada vez más complicadas. El permiso, la mascarilla, la distancia social, producen un efecto narcoléptico, que deja el espacio para la intromisión de estos servicios.

La pandemia, que va desde marzo de este año en el país, ha contribuido a proliferar todos los emprendimientos de carácter de delivery. De paso, compañías que ya se dedicaban a este nicho económico, acrecentaron su demanda y hasta triplicaron sus ganancias en el último periodo.

Millonarias ganancias

Tal es el caso de la aplicación PEDIDOS YA, que como lo señaló el diputado de la zona, Fidel Espinoza, ha ganado millonarias sumas de dinero durante la crisis sanitaria. Lo anterior dado que un número importante de restoranes, emprendimientos familiares, etc, la ocupan para repartir sus productos entre los puertomontinos.

Uno pudiera pensar, ilusamente, que quienes trabajan para este tipo de empresas, cuentan con las garantías laborales, además de las bonificaciones económicas, que significan trabajar en turnos rotativos. Pero lejos de “chorrear” estas ganancias a quienes las hacen posibles existe una arbitrariedad y un alejamiento de todas las normas de sentido común que uno como trabajador pudiera sospechar.

Contexto

En octubre de este año ocurrió un hecho lamentable, y que tiene a la familia Chávez Quiroz de la capital regional, con el alma pendida de un hilo. Su hijo Tomás, de 18 años, quien llevaba poco más de 3 días trabajando para PEDIDOS YA, sufrió un accidente en su bicicleta, siendo atropellado por un conductor (sin licencia de conducir). Este hecho lo mantiene actualmente con una serie de contusiones y lesiones en el cuerpo. Además, está en estado de coma en el Hospital Clínico de la Universidad de Chile, donde se encuentra internado.

A raíz de este suceso, se pudo evidenciar una serie de malas prácticas ejecutadas por la aplicación, donde, Felipe Chávez, tío del estudiante accidentado, contó a los medios de comunicación que no han contactado a la familia de Tomás, para colaborar con el proceso de recuperación.

Denuncias

Chávez denunció también, que -luego de que se publicara a través de redes sociales, un comunicado por parte de la empresa aludida, donde se decía que estaban apoyando a la familia- esto era absolutamente falso.

“A 25 días que ocurrió el accidente de mi sobrino aún no tenemos ninguna respuesta de la empresa. De hecho, han emitido declaraciones públicas donde dicen que se han contactado con nosotros. Tanto la empresa, como la empresa aseguradora que ellos tienen a cargo, lo cual es absolutamente falso”, aseguro Chávez.

Junto con esto, el familiar del joven estudiante de pedagogía en química señaló que la empresa habría indicado que una empresa aseguradora, ligada a PEDIDOS YA, estaba contactando con la familia para colaborar, lo que también fue desmentido.

Diputado Espinoza

Por su parte, el diputado del distrito 25, Fidel Espinoza, comentó que esta situación vivida por Tomás, la pueden tener cualquier otro trabajador que participa de este sistema de reparto a domicilio. Quienes no cuentan con las garantías laborales, y donde los implementos de seguridad y de protocolo de higiene, son adquiridos y pagados por los propios repartidores.

“Dejemos de ocupar el concepto de aplicaciones a estas empresas. Tienen Rut, tienen dueño, donde se trata de bajar el perfil cuando se dice que se trabaja para una aplicación. Aquí hay una empresa que tiene que hacerse responsable. Sólo en Puerto Montt hay cerca de mil personas que trabajan como repartidores. Además, tribunales de justicia han marcado precedentes, donde han fallado en favor del trabajador”, explicó el parlamentario.

Marco Legal

Francisco Paredes, abogado de la familia, reveló una serie de anormalidades, y que deben ser aceptadas por los propios trabajadores de PEDIDOS YA.

Añadió además que todos los demás repartidores de la aplicación, no cuentan con las herramientas de seguridad necesarias para ejecutar su labor. “Felipe andaba en su bicicleta sin que la empresa le facilitara un casco. El decreto supremo 594 obliga a las empresas a proporcionar estos elementos de seguridad, de manera gratuita, además de certificar su uso y capacitación”.

“En el caso de los demás trabajadores, ellos son obligados a comprar sus elementos de seguridad. Les obligan a comprar un traje de agua que cuesta 8 mil pesos. Les obligan a comprar la caja que ocupan en sus respectivas motos, que tiene un costo de 40 mil pesos. Les obligan a comprar la chaqueta que tiene un valor de 20 mil pesos. A pesar de que con estos implementos están generando publicidad”, detalló el jurista.

Paredes agrego que todos los trabajadores, al igual que Tomás, no cuentan con la protección en el ámbito de salud. Dado que la ley de accidentes laborales se ejecuta cuando el empleador se afilia a diferentes mutualidades a través del seguro de accidentes obligatorios. Lo cual no sucede en el caso de PEDIDOS YA.

Organizados, pero con miedo

Frente a lo sucedido con Tomás, un grupo de repartidores de PEDIDOS YA, tomó la decisión de apoyar al estudiante de la Universidad de Chile. Ellos han podido evidenciar como sus actuales empleadores abusan de las actuales condiciones laborales que existen, producto de la pandemia.

En este contexto este grupo organizado, quienes nos pidieron no revelar su identidad, por las represarías que pudiesen tener, explicó cómo funciona la relación que existe entre la empresa de delivery y sus repartidores.

“Nosotros no estamos en contra del trabajo. Lo que indicamos son las arbitrariedades y la poca empatía que ha tenido en este último tiempo la empresa. Se nos ha recortado cerca de un 40% de nuestros ingresos sin que se nos explique. Junto con esto, no nos entregan las herramientas necesarias para cuidarnos en pandemia. Ellos dicen que se nos entrega, pero la verdad es que nosotros somos quienes tenemos que comprarlo”, acusó el dependiente.

El trabajador de PEDIDOS YA señaló que lo que esperan es que se respeten los acuerdos que existían antes de la pandemia, donde tenían mayores prestaciones como trabajadores. Donde tampoco han podido obtener explicaciones de esto, a pesar que en los últimos meses sus ganancias se han incrementado ostensiblemente.

“La empresa nos dice que no podemos quejarnos, porque estamos ganando por arriba del sueldo mínimo. Pero el tema aquí es que nosotros arriesgamos todos los días nuestra integridad física. Además nosotros somos los que damos la cara ante los clientes, que no conocen la empresa. El repartidor se hace responsable por el pedido, por el pago, por el cobro, inclusive asumiendo las problemáticas que pudiesen surgir con los restoranes y o las personas que hacen la compra”, explico el repartidor de PEDIDOS YA

Trabajadores dando la cara

Agregó que, en esta materia, son ellos los que ponen la infraestructura para hacer válido el servicio (sus vehículos). Además deben organizarse para tener el dinero suficiente para hacer la compra del producto y la entrega de los vueltos.

“Hemos tenido problemas con algunos locales y sus dueños, donde se nos ha amenazado. Cosa que se ha dicho a la empresa, pero no ha hecho nada por nosotros. Pero cuando un repartidor se manifiesta y reclama su derecho, le cierran la cuenta. Lo intimidan, lo amenazan a través de correos electrónicos personalizados, donde se prohíbe la sindicalización, las protestas y se nos dice que somos una minoría insignificante”, recalcó el trabajador.

El vocero de estos trabajadores indicó que, pese a que son pocos los que están evidenciando este tipo de malas prácticas, cree que el esfuerzo de estos pocos va a ser para beneficio de muchos.

Renuncia Presidente interino del Perú, tras ultimátum del Congreso y en medio de masivas manifestaciones.

PDI detiene a 3 hombres por presentar documentos PCR adulterados en Aeropuerto El Tepual

“Una tercera persona con el mismo modus operandis, tratando de hacer que efectivamente portaban la documentación.  Al revisar el código QR que se entrega junto con los resultados, nos hizo dar cuenta que pertenecían a otra persona” subprefecto Claudio Villalobos.

En el último periodo, la opción de poder transitar libremente se ha visto coartada por la actual crisis sanitaria. Sobre todo por la cuarentena que vive la capital regional desde el mes de agosto. Bajo este sentido, las autoridades dispusieron una serie de permisos y salvoconductos, destinados primordialmente para empresas y oficinas que tengan el carácter de indispensable.

Junto con esto, se establecieron también regulaciones para que la comunidad pueda transitar hacia destinos fuera del radio urbano. Con el motivo de controlar el número de personas desplazándose hacia otras localidades y comunas de la propia región.

Falsificación

Ante esta situación, y debido a que dichos permisos corresponden sólo 2 por semana o las exigencias de documentación para poder transitar hacia otras comunas. Algunos más avezados y atrevidos, han sorteado esta situación, falsificando estos documentos. Así burlar los diferentes controles que existen, tanto en los aeropuertos como en los terminales de buses.

En este contexto, detectives de la Brigada Investigadora de Delitos Económicos de Puerto Montt detuvieron en el Aeropuerto El Tepual a 3 hombres. Esto por presentar documentación adulterada de exámenes PCR. La detención fue en el marco de los controles sanitarios que se realizan en el lugar por parte de la Policía y personal de la Seremi de Salud. 

Como lo indicó el subprefecto Claudio Villalobos, jefe de la Brigada Investigadora de Delitos Económicos (BRIDEC) de Puerto Montt, se trató de 3 hombres adultos. Dos de ellos detenidos el día de ayer mientras intentaban trasladarse hasta la región de Magallanes, específicamente a Punta Arenas, por motivos laborales. Estas personas fueron sorprendidos presentando certificados de PCR negativos falsificados, documento que es requerido para poder desplazarse a dicha zona. 

“Al intentar salir hacia la región de Magallanes, estas personas mostraron documentación adulterada, que tiene que ver con las exigencias de dicha zona para poder ingresar. Lo que mostraron estos individuos era el resultado de test PCR negativos, y que fueron adulterados”, detalló el subprefecto.

Detalles del hallazgo

Como lo explicó el jefe de la BRIDEC, la documentación que debe entregarse tiene que ser con un máximo de 72 horas, y que pertenezca a algún laboratorio reconocido por la autoridad sanitaria. “Estas personas fueron sorprendidas con la documentación adulterada, por lo que se le negó subir al avión”.

Pero eso no es todo. Al día siguiente, nuevamente se presentó otro caso con documentación falsificada, para poder viajar hasta Magallanes. “Una tercera persona con el mismo modus operandis, tratando de hacer que efectivamente portaban la documentación.  Al revisar el código QR que se entrega junto con los resultados, nos hizo dar cuenta que pertenecían a otra persona”

Los documentos presentaban inconsistencias en su información, además de adulteración de fechas, tipografías insertas, entre otros.

Tal como fuera señalado por Villalobos, durante la jornada de este martes pasaron a control de detención 2 de los imputados por infracción al artículo 318 del Código Penal, acusados de poner en peligro la salud pública.

Cabe destacar que a la fecha van 5 personas aprehendidas en menos de un mes por este mismo hecho, quienes se exponen a altas multas y penas de presidio.

Redacción: Daniel Carrasco

Fotografía: Daniel Rojas

Autoridades de Salud muestran disposición para generar plan piloto de reapertura del comercio en Puerto Montt

“Hace un buen tiempo que estamos solicitando que se suspenda la cuarentena. Que se abran los negocios y que la comunidad pueda trabajar con los protocolos necesarios. Esto se debe a que no contamos con más recursos para ir en ayuda de estos gremios”, adujo Gervoy Paredes.

Primero fue la ola de miedo que provocó en un inicio la llegada del coronavirus al país. Luego la solicitud de varias autoridades de la zona de que se aplicaran cuarentenas en la capital regional. Ahora los hechos han evidenciado que lejos, la mayor afectación que ha sufrido la comunidad, está por fuera del aspecto sanitario. Ya que la tasa de contagio de la pandemia alcanza el 2,6% y su índice de letalidad bordea el 0,07%. La crisis es social y laboral.

Junto con esto, se ha podido ver, que las actuales medidas sanitarias aplicadas por el gobierno de Sebastián Piñera, no han dado los resultados esperados. Sólo dejan entrever que este protocolo no ha cumplido con lo esperado.

Alcalde de Puerto Montt

Ante esta situación el alcalde de la capital regional, detalló a través de sus redes sociales, acerca de la solicitud que se está realizando por parte del municipio. Demanda relacionada con que los diferentes sectores económicos de la ciudad, puedan restablecer sus funciones, debido a la precariedad que ha sumido a la comunidad durante la actual cuarentena.

El jefe comunal manifestó que conversó con la seremi de salud, Scarllet Molt, quien viene recién reintegrándose, luego de una licencia médica. Le hizo saber lo que está ocurriendo con el comercio local, y la necesidad imperiosa de buscar otras soluciones a la actual crisis sanitaria.

Paredes sentenció que no se puede continuar esperando de manera indefinida las ayudas sociales desde nivel central, puesto que la comunidad requiere ahora recursos.

“Vamos a sostener mesas de trabajo, donde el departamento de salud municipal, nos va a colaborar. En una primera instancia, veremos lo que sucede con algunos gremios y cómo podemos reactivarlos, manteniendo los protocolos sanitarios, como por ejemplo el rubro de los peluqueros, los bazares y paqueterías”

Gervoy indicó que se está en conversaciones con trabajadores de galería Caracol y Galería España, quienes no han podido trabajar en estos meses, además del sector gastronómico.

“Vamos a comenzar una fase de preparación, para que cuando llegue el momento de volver a trabajar, se pueda efectuar más allá de que aún estemos en cuarentena. Hay que recordar que la actual medida en la capital regional es inoficiosa; pero en el caso de que esto no ocurra, debemos ver como reactivamos la economía en una ciudad que está muy alicaída, tras estos meses de confinamiento”, explico Paredes.

Manifestaciones

Durante la mañana de ayer, se realizó una caravana por parte de los diferentes gremios que se han visto afectados. En este sentido el alcalde de la ciudad señaló que es algo que se venía venir. Que fue advertido por el municipio, ya que el gobierno no ha tenido una respuesta rápida ante estas solicitudes.

“Hace un buen tiempo que estamos solicitando que se suspenda la cuarentena. Que se abran los negocios y que la comunidad pueda trabajar con los protocolos necesarios. Esto se debe a que no contamos con más recursos para ir en ayuda de estos gremios”, adujo Gervoy.

En este punto el alcalde recordó las cifras que se entregaron al comercio durante el año pasado cuando se produjo el estallido social. Con poco más de 270 millones de pesos, lo que sumado a la ayuda que ha entregado el municipio a los diferentes sectores productivos de la zona, no se cuenta con más recursos.

El Ministro

Frente a la solicitud, el Ministro de Salud, Enrique Paris manifestó su disposición a analizar la posibilidad de generar un plan piloto de apertura de comercios en la capital regional. Que pese a la extensa cuarentena -que ya superó los 100 días- no logra disminuir las cifras de contagio de Covid-19.

Esta noticia fue dada a conocer luego que se reuniera con representantes de Fundación Puerto Montt Adelante, que le hizo llegar una serie de propuestas recogidas de los diferentes gremios de la región. Buscando generar medidas que les permitan reabrir sus comercios -indican- aunque sea de forma parcial.

La idea, señaló Rodrigo Wainraihgt, presidente de dicha fundación, “es poder concretar un plan piloto para la capital regional. Que permita a los distintos gremios que han debido bajar sus cortinas, lograr por fin la anhelada reapertura de sus fuentes de ingreso”.

Santana

Según comentó el diputado Santana, entre otras iniciativas “este grupo de trabajo solicitó al titular de Salud, ampliar a otras actividades como el comercio y hotelería, el oficio actualmente en vigencia que permite a las empresas constructoras continuar operando, a pesar de las medidas restrictiva”.

Además, plantearon establecer una mesa intersectorial que incluya a todos los actores relevantes del comercio y la economía regional, pero otorgándoles un rol activo en la toma de decisiones, las que acusan, hoy se efectúan a nivel central.

El ministro Paris, mostró voluntad de acoger las propuestas y comprometió darle un seguimiento en el corto plazo. Aprovechando la visita de la subsecretaría de Salud, Paula Daza, quien esperan, se reúna con el grupo durante la jornada de este miércoles cuando arribe a la región.

Redacción: Daniel Carrasco

Fotografía y Vídeo: Daniel Rojas

Entregan carta al Ministro de Educación por despido de funcionaria de la Super de Educación de Los Lagos que se encontraba con fuero maternal

“Se está cometiendo un error grave, que es desconocer la jurisprudencia administrativa. Hay dictámenes de la Contraloría recientes, del año 2018 y fallos de la Corte Suprema, que señalan que para destituir a una funcionaria se necesita la autorización del Tribunal. Por lo tanto, es grave que una autoridad, un jefe superior del Servicio, cometa un error de esta naturaleza. Nosotros vamos a exigir las responsabilidades administrativas correspondientes”. Susana Medina, secretaria general de ASUME

La Asociación de Funcionarios de la Superintendencia de Educación (ASUME), junto a la Asociación de Funcionarios del Ministerio de Educación (ANDIME), concurrieron la mañana de este miércoles hasta el Ministerio de Educación en Santiago para entregar una carta al ministro Raúl Figueroa. Lo anterior, en repudio por el despido arbitrario de trabajadora pública de la Superintendencia de Educación de la Región de Los Lagos que fue despedida cuando se encontraba con fuero maternal. Asimismo, denunciaron que se estarían produciendo otros casos de similares características al interior de la institución.

Detalles del atropello

De acuerdo a los antecedentes del caso, el despido de la trabajadora, Pamela Celis, se habría producido en momentos en que se encontraba haciendo uso de su fuero maternal. Con su hija recién nacida de tan sólo un mes de vida, al momento de su notificación de destitución.

“Estamos presente hoy junto a dirigentes de otras organizaciones vinculadas al ministerio de Educación, entregándole una carta al ministro Raúl Figueroa. Poniéndolo en conocimiento de una situación grave y compleja que se está produciendo al interior de la Superintendencia de Educación. Se ha hecho una notificación de destitución de una funcionaria de la región de Los Lagos. Está destitución tiene algunas características que fueron revisadas por nuestro cuerpo de abogados, que incumple una serie de normativas”, afirmó el presidente nacional de ASUME, Patricio Cerda.

Vulneración del fuero maternal

El dirigente, explicó que la notificación inicial de destitución de la funcionaria se habría producido cuando la trabajadora se encontraba con 37 semanas de embarazo. Luego de ello y tras la apelación de la funcionaria, fue notificada finalmente cuando su hija tenía un mes de vida.

“El Superintendente de Educación, Cristián O’Ryan, ha vulnerado un fuero que es importante. Que tiene que ver con la maternidad y el derecho a una maternidad tranquila”.

Asimismo, manifestó que existe una desproporcionalidad de la medida aplicada por la directora regional de la Superintendencia de Educación de la región de Los Lagos, Paulina Rettig y por Cristián O’Ryan. Ellos pudieron aplicar otras medidas administrativas, pero optaron por aplicar la destitución. 

“Lo particularmente grave de este hecho, tiene que ver con la condición de la funcionaria. Quien está con un fuero maternal y, ese es un hecho que lo consideramos gravísimo”

Patricio Cerda, Presidente Nacional ASUME

Afirmó, además que este caso es preocupante no sólo para los trabajadores de la Superintendencia de Educación, sino también para todos los trabajadores del sector público.

“El mensaje que nos está dando el Gobierno a través del Superintendente de Educación, es que el fuero maternal no significa que no pueda haber una destitución inmediata. Tenemos también una situación de características similares en otra región, y en eso también es preocupante el mensaje que está dando el Superintendente Cristián O’Ryan”.

Ministra de la Mujer

El dirigente, fue enfático al plantear que esperaban un pronunciamiento de la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Mónica Zalaquet.

“Hoy día la encaramos vía redes sociales a la ministra. Vamos a formalizar una audiencia con la ministra, porque aquí hay un tema que es evidente y complejo. Que no puede ser que el ministerio de la Mujer mantenga silencio frente a esta situación. Le vamos a entregar la carpeta completa con los antecedentes que tenemos, porque queremos un pronunciamiento de la ministra Zalaquet”.

Patricio Cerda, Presidente Nacional ASUME

Para revertir el despido los dirigentes aseguraron que acudirán a la Comisión de Mujeres y Género de la Cámara de Diputados y que se encuentran en conversaciones con diversas parlamentarias.

“Hemos conversado con la diputada Marcela Hernández para poder exponer este caso. El compromiso de ella, es que pudiese oficiar a la Contraloría pidiendo antecedente con respecto a este procedimiento. Estamos en conversaciones con diversas parlamentarias para hacer gestiones en este mismo sentido”.

Asociación de Funcionarios del Ministerio de Educación

Por su parte, el presidente de la Asociación de Funcionarios del Ministerio de Educación (ANDIME), Egidio Barrera, aseguró que el despido de la trabajadora de la Superintendencia de Educación es un hecho ilegal y arbitrario. Por ello pidió al ministro de Educación, la renuncia del Superintendente O’Ryan.

“Creemos que es absolutamente ilegal, arbitraria y abusiva la medida. Lo único que procedería es que efectivamente, nuestra autoridad le pida la renuncia al Superintendente O’Ryan. Porque la actuación que está haciendo se desmarca de los temas legales”.

Barrera, aseguró además que la actitud del Superintendente de Educación es una conducta misógina que está en contra de los derechos laborales de las mujeres trabajadoras. “Es una conducta absolutamente misógina de parte del Superintendente, porque son situaciones que van en contra de la Ley”.

“Recién acaba de salir la Ley de la crianza protegida y hoy en día nos encontramos con la autoridad del ministerio de Educación, que dicen que los niños primeros, pero los niños primero y la mamá para la casa. Eso es una irregularidad absoluta. Por lo tanto, nosotros le damos el pleno apoyo a nuestros compañeros y, por supuesto, seguiremos apoyando las acciones que realicen. Nosotros como ministerio también le vamos a hacer presente a nuestro ministro la situación que se está viviendo en la Superintendencia de Educación en este momento”, finalizó el dirigente del ministerio de Educación.

Imagen de Ciper Chile

Evidencian malas prácticas laborales luego que joven repartidor de “pedidos ya” sufriera accidente durante su jornada de trabajo

“Queremos que se marque un precedente en esta región. Para que no vuelva a ocurrir un hecho como éste a ningún trabajador del país. En Puerto Montt trabajan alrededor de 300 jóvenes. En la región son más de mil personas que en su gran mayoría son estudiantes y que no cuentan con los resguardos suficientes para su protección personal”, señaló el diputado Fidel Espinoza.

Una de las aplicaciones que ha tomado fuerza en los últimos meses, y que ha permitido a jóvenes universitarios e inmigrantes, teer un trabajo remunerado ha sido PEDIDOS YA. Esta empresa se ha transformado en un número frecuente al momento de hacer las solicitudes de comida vía DELIVERY.

Se pueden ver como se reúnen en calle Antonio Varas, a la altura de Guillermo Gallardo, donde permanecen atentos a cada indicación para hacer algún reparto a domicilio.

El lado oscuro del delivery

Pero lejos de lo fácil u oportuno que puede conllevar este tipo de servicios, existe un lado oscuro, que, por lo general, sólo afecta a quienes se desempeñan como repartidores. Muchos de ellos no cuentan con los contratos necesarios, que permiten que quienes se desempeñan en este rubro, tengan las prestaciones correspondientes en caso que ocurra algún tipo de infortunio.

Este es el caso de Tomas Chávez, estudiante puertomontino, quien se desempeñaba como repartidor, y quien sufrió un accidente hace algunos días atrás en el sector de Valle Volcanes. Allí un automovilista, que no contaba con licencia de conducir, impactó al joven que se dirigía a un reparto en su bicicleta.

El hecho, provocó múltiples contusiones, dejándolo en coma con politraumatismo grave, fracturas múltiples, TEC, hematomas intracerebrales y contusiones pulmonares. Actualmente Tomás se encuentra internado en el Hospital Clínico de la Universidad de Chile en Santiago, a causa de lo relatado anteriormente.

Acusación

Ante esta situación, el parlamentario del partido socialista, Fidel Espinoza, denunció este hecho ante la cámara de diputados. En la oportunidad relató los pormenores del suceso, con la idea de poder establecer esto como un precedente, ante las autoridades. La desprotección que estamos en materia legislativa ante este tipo de situaciones.

De acuerdo al diputado, la compañía Pedidos Ya tiene a sus empleados en condiciones deplorables. El joven accidentado trabajaba en condiciones precarias. Sin medidas de seguridad ni seguros de accidentes. Acusó que, por este motivo, la empresa debe hacerse responsable por los daños que está viviendo el joven estudiante. Ya que ni siquiera se han acercado a ayudar a la familia.

“Son absolutamente inconcebibles las declaraciones realizadas por la empresa PEDIDOS YA. La que ha señalado que están preocupados y pendientes de este joven que sufrió este accidente, que es dependiente de la empresa. Los propios familiares de Tomás han desmentido este hecho, sumado a las declaraciones de otros trabajadores que también señalaron lo mismo”, argumento Espinoza.

“Queremos que se marque un precedente en esta región, para que no vuelva a ocurrir un hecho como éste a ningún trabajador del país. En Puerto Montt trabajan alrededor de 300 jóvenes. En la región son más de mil personas que en su gran mayoría son estudiantes y que no cuentan con los resguardos suficientes para su protección personal”, agregó el parlamentario.

Relación Laboral

Fidel Espinoza hizo referencia al tipo de contrataciones que hacen estas empresas, que son internacionales, y que crean sus franquicias a lo largo del país. A su vez hizo el llamado a la dirección del trabajo de la región de Los Lagos a continuar con las fiscalizaciones.

“Ellos han querido desconocer la relación laboral con este joven, con contratos siu generis a este tipo de aplicaciones. En la octava región ya ha habido fallos que determinan esta relación. Por lo que no van a poder desconocer en esta oportunidad. Queremos que la empresa responda no sólo con los seguros, si no que le den un apoyo a la familia de Tomás, que vive momentos dolorosos” indicó el diputado socialista.

Encargados de la empresa no se encuentran

A su vez, el congresista denunció que la inspección del trabajo ha ido en reiteradas ocasiones al domicilio que está estipulado de la empresa. Sin poder encontrar a sus encargados. “Esto demuestra que hay un ánimo de la empresa de eludir las fiscalizaciones, a causa del accidente de uno de sus trabajadores”.

Con respecto a los medios de prueba que se tiene para verificar la relación de Tomás con la empresa, Espinoza señaló que están en su poder los permisos colectivos que solicita la empresa para que sus repartidores puedan funcionar durante la cuarentena. “Hay un hecho anecdótico que explica el proceder de esta empresa, donde se solicitó el permiso colectivo del joven 5 días después de haber sufrido el accidente”

Para finalizar, el diputado PS solicitó a la Dirección del Trabajo y al Ministerio de Salud que le informen sobre qué medidas han tomado frente a este hecho. Cuál es la nómina de trabajadores de la empresa y la situación contractual de ellos. Qué medidas tienen para evitar accidentes laborales y qué protocolos han establecido en pandemia para brindar seguridad a los miles de trabajadores que tienen en todo el país.

Redacción: Daniel Carrasco

Imagen de Ciper Chile

Diversas organizaciones exigen libertad a Felipe Santana: “Una banca no vale la vida de una persona encarcelada”

“A Felipe no se le está condenando por haber encendido una mecha. Por haber prendido una fogata. Se está haciendo todo esto por el sólo hecho de haber estado en el lugar. De acuerdo a todas las pruebas presentadas durante el juicio, se sitúa a Felipe en el lugar de los hechos. Pero no existe no hay pruebas de él donde se le vea accionando algún tipo de acelerante” Luis Ramírez integrante del Grupo de Observadores de Derechos Humanos en Puerto Montt.

El 18 de octubre definitivamente marcó un antes y un después dentro de la sociedad chilena. Fuimos miles los que salimos a las calles a exigir a las autoridades de gobierno un sistema más justo. Donde el esfuerzo y sacrificio de millones de compatriotas se vea reflejado a través de una educación de calidad. Un sistema de salud que no discrimine según el porte de la billetera, y que los jubilados puedan tener una pensión digna. Tras una vida de trabajo.

Los hechos

En noviembre del año pasado un grupo de manifestantes lograron entrar a la catedral de la ciudad. Allí se procedió a retirar las bancas para, posteriormente, quemarlas en la calle. Frente a la plaza Melipulli (ex plaza de armas).

A raíz de este hecho, donde fueron varios los involucrados, y donde se ocuparon acelerantes para propiciar las llamas. Se procedió a la detención de uno de los supuestos implicados. El que fuera identificado a través de unas grabaciones en vivo, que se realizaron en dicha oportunidad.

Tras la solicitud de muchas autoridades, de dar un castigo ejemplificador a quienes resultasen responsables de esta acción. Como las declaraciones de la Gobernadora Leticia Oyarce, a quien no la hemos visto con esta exigencia en otros casos que enlodan a personeros políticos. Felipe Santana Torres, fue condenado.

Tres penas efectivas que suman poco más de siete años de presidio. Lo anterior por su supuesta participación en los delitos de daños a bienes nacionales de uso público, hurto e incendio en inmueble habitado en grado de desarrollo frustrado. Hechos que dañaron la Catedral de Puerto Montt.

Libertad a Felipe Santana

Ante este hecho y donde no se procesó a nadie más, pese que las grabaciones muestran muchos participantes. Distintas organizaciones sociales, gremiales, políticas, culturales y de Derechos Humanos en Puerto Montt, emitieron una declaración pública, en apoyo a este joven

Las organizaciones y personas naturales que firmaron dicha declaración, pertenecen tanto a las comunas de Puerto Montt, Valdivia y Temuco. Valparaíso, Santiago y Calbuco. Castro, Osorno, Quellón y Noruega. Purranque, Los Lagos, Maullin, Frutillar y Antofagasta. Punta Arenas, Cochamó, Rancagua y Concepción.

En el documento presentado, se solicitó la libertad para Felipe Santana y para los denominados Presos Políticos de la Revuelta.  Ana Godoy, en representación de la Coordinadora Memoria Histórica señaló que hubo un uso arbitrario de la prisión preventiva. Se aplicó condenas desproporcionadas e incluso se piensa en montajes que derivan en la prisión de personas.

“Felipe es un joven mueblista, que antes de estos hechos tuvo un intachable comportamiento. Él estuvo casi un año en prisión preventiva. Fue condenado a más de 7 años de presidio por su presunta participación en los hechos que ocurrieron en la catedral de Puerto Montt. Este proceso judicial estuvo marcado por la constante presión del gobierno”, indicó Ana.

La activista social indicó que las autoridades, apuntaron en su momento que debería aplicarse una condena ejemplificadora. Una señal de amedrentamiento, mientras quienes ostentan poder político y económico gozan de lo que califican como una vergonzosa impunidad.

Violencia institucional

Ana Godoy explicó que no es justo que solo una persona reciba esta condena. Siendo que fueron muchos los que participaron de las movilizaciones. Indicó que, pese a que muchos consideran este tipo de acciones como delitos o actos de violencia, ha sido lo que ha permitido abrir a la comunidad a cambios profundos dentro de la sociedad.

“No podemos desconocer que la violencia se ha generado desde la propia institucionalidad. Ya que por años se ha olvidado a los sectores más pobres de la población, lo que también fue expresado a través de estas acciones”, consigno Godoy

El tribunal decretó por falta de acreditación la absolución de Santana Torres de la acusación fiscal que lo sindicaba como autor de tres delitos consumados de daños calificados a bien de uso público. Cinco delitos consumados contra el orden público en concurso con cinco ilícitos de desórdenes públicos. Un delito consumado de daños y un delito consumado de robo con fuerza en las cosas en lugar no habitado.

Cuestionamientos

“Uno de los cuestionamientos que se ha realizado por parte de las organizaciones que están dando apoyo a Felipe Santana es la desigualdad ante la Ley y la falta de un Juicio Justo”, explicó Luis Ramírez, integrante del Grupo de Observadores Humanos en Puerto Montt

Ramírez expresó que están a la vista los hechos de violencia. Pero más allá de eso, acusa una especie de ensañamiento del Poder Judicial, debido a la estimación de las pruebas y la ponderación de las atenuantes y agravantes. Esto como demostración de que no ha ocurrido una Defensa Justa y un   Juicio Justo. Versus otros procesos judiciales donde las penas son irrisorias.

“Nosotros, desde la organización que nació en ayuda de Felipe, hemos revisado los antecedentes de la investigación. Donde los testimonios emitidos por los diferentes testigos del hecho, se contradicen. Ya que en un principio la figura del delito era incendio, bajándose posteriormente a incendio frustrado”, ahondó Ramírez.

Según indica Luis Ramírez, los mismos testigos presentados por la Fiscalía son divergentes. “Por ejemplo, personas que ese día estaban dentro de la Catedral dicen que ellos mismos apagaron el amago de incendio en las puertas de la Catedral. Que solo se necesitó reparaciones menores. Mientras carabineros y bomberos parecen también contradecirse”.

Condena por haber estado ahí

El observador de Derechos Humanos indicó que esto se contextualiza con incendios ocurridos en Iglesias hace unas semanas en Santiago. Mientras se otorga a Felipe Santana una condena que pudiera ser considerada como un escarmiento para el resto de la Sociedad. Con expresión del Poder de la Gobernación provincial, la Intendencia y la Iglesia Católica pidiendo un castigo ejemplar.

“A Felipe no se le está condenando por haber encendido una mecha. Por haber prendido una fogata. Se está haciendo todo esto por el sólo hecho de haber estado en el lugar. De acuerdo a todas las pruebas presentadas durante el juicio, se sitúa a Felipe en el lugar de los hechos, pero no existe no hay pruebas de él donde se le vea accionando algún tipo de acelerante”, señaló Luis. 

Cuestionó además la declaración de un presbítero en el marco del Juicio, que al mismo tiempo que pedía una condena ejemplificadora ofreció apoyo a Felipe Santana mientras se encuentre dentro de la cárcel.

Luis Ramirez, Observadores de Derechos Humanos

“Se le imputaron hechos ocurridos el 18 de noviembre. Pero fue detenido entre el 23 y 26 del mismo mes, donde tampoco se le realizaron pruebas de hidrocarburo para determinar si existía algún tipo de traza (de acelerante) en sus manos

Agregó que como organización de Observadores de Derechos Humanos están colaborando con la familia. Piden que Gendarmería otorgue atención psicológica a Felipe Santana, considerando que una banca quemada no vale la vida de una persona encarcelada. Que en este caso fue condenada a más de 7 años de cárcel.

Cuestionó además la declaración de un presbítero en el marco del Juicio, que al mismo tiempo que pedía una condena ejemplificadora ofreció apoyo a Felipe Santana mientras se encuentre dentro de la cárcel.

Redacción: Daniel Carrasco