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Postergan proyecto para prohibir las salmoneras en áreas protegidas

Este miércoles se encontraba en agenda en la Comisión de Pesca de la Cámara de Diputados la votación de la norma para prohibir la operación de las empresas salmoneras en áreas protegidas.

La modificación a la Ley N° 18.892, Ley General de Pesca y Acuicultura, busca excluir la actividad de cultivo de especies hidrobiológicas exóticas en áreas protegidas. En detalle, la iniciativa busca prohibir nuevas concesiones salmoneras en áreas protegidas. Y también establecer un plazo de salida de dos años para las concesiones vigentes en áreas de conservación. El proyecto es patrocinado por 65 organizaciones medioambientales, nacionales e internacionales, en conjunto con comunidades kawésqar.

Pese a los esfuerzos mancomunados de la sociedad civil, la Comisión de Pesca decidió aplazar la votación hasta la próxima legislatura por falta de apoyo. De los 10 diputados de la instancia legislativa que debían votar este proyecto, 7 son de oposición, y sólo 5 respaldaron previamente la iniciativa. Se trata de Jorge Brito (RD), Daniella Cicardini (PS), Rubén Moraga (PC), Gabriel Ascencio (DC) y Alexis Sepúlveda (PR) .

Entre el resto de los miembros de la Comisión se encuentran Pedro Pablo Álvarez-Salamanca (RN), Bernardo Berger (RN), Javier Hernández (UDI), Pablo Prieto (IND-RN), Leonidas Romero (RN), Patricio Rosas (Unir) y Miguel Ángel Calisto (DC).

Este último parlamentario fue uno de los protagonistas de la jornada debido a sus polémicas declaraciones. “Yo tengo mis cuestionamientos también a la industria”, señaló el parlamentario. Sin referirse a la problemática medioambiental , Calisto enfatizó que la industria “deja poco” en materia económica a las regiones. Pero agregó que “eliminar una actividad productiva de la noche a la mañana sin tomar los resguardos de la afectación a las personas, es un análisis desde la comodidad de la elite política”.

“Negacionistas del contexto de emergencia climática”

La declaración fue criticada por la red de organizaciones socio-ambientales “Áreas Protegidas Sin Salmoneras”. Quienes señalaron que la discusión en torno a este proyecto “ha sido bastante pobre. Una parte importante de la comisión ha actuado como negacionistas del contexto de emergencia climática y de los enormes daños socio-ambientales de la salmonicultura”.

Por otro lado, se mostraron esperanzados en cuanto a que el presidente electo Boric ya se ha pronunciado al respecto, y su gobierno “tiene todo para tratar este tema con la altura de miras que merece”. Desde la organización agregaron que cuentan con su compromiso para “hacer justicia ambiental en las áreas protegidas de toda la Patagonia”.

Redacción: Manuela Barrueto

Justicia ratificó la orden del CPLT de entregar información sobre antiparasitarios usados en salmones

La Primera y Segunda sala de la Corte de Apelaciones de Puerto Montt ratificaron la decisión del Consejo para la Transparencia (CPLT). Ente que ordenó al Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (Sernapesca) la entrega de información sobre tratamientos antiparasitarios utilizados en la industria salmonera.

Ello tras rechazar los reclamos de ilegalidad presentados por tres grupos de empresas en contra del pronunciamiento del CPLT, acciones que buscan dejar sin efecto la difusión de antecedentes entre los años 2015 y 2019.

El caso fue presentado ante el Consejo por la Fundación Oceana, organización internacional dedicada a la protección de los océanos. Ello tras la negativa de Sernapesca a difundir los antecedentes solicitados por la oposición de las empresas involucradas. Quienes aluden a la afectación de sus derechos comerciales y económicos en el caso de conocerse los antecedentes requeridos.

“Existe un doble estándar en la industria”

Desde Oceana afirmaron que esto se ha demostrado como falso en múltiples ocasiones. “En múltiples ocasiones hemos demostrado que la información no tiene un valor comercial. Por lo que creemos que las empresas que se oponen buscan encubrir un excesivo uso de antibióticos”, afirmó Liesbeth van der Meer, Directora Ejecutiva de Oceana Chile. “Existe un doble estándar en la industria, porque la mayoría de estas empresas hablan de sustentabilidad y transparencia en sus reportes. Pero luego reclaman judicialmente para impedir la entrega de la información”, agregó.

Las empresas podrían insistir en acciones legales en una de las causas hasta el 30 de diciembre y en otra hasta el 3 de enero, fechas en las que se cumple el plazo legal para recurrir de queja ante la Corte Suprema.

Jurisprudencia del CPLT

El Consejo para la Transparencia ha recibido en los últimos años una serie de amparos en contra de organismos públicos por demandas de información asociada a la industria de salmonicultura en Chile, con el fin de conocer detalles de productos utilizados en centros de cultivo para el tratamiento de enfermedades.

A partir de estos casos, desde el CPLT afirmaron que han desarrollado una uniforme jurisprudencia, que sostiene que no existe afectación de derechos comerciales y económicos, y que alude al interés público respecto del conocimiento de este tipo de antecedentes, puesto que se vinculan con materias que pueden comprometer la salud pública.

Redacción: Manuela Barrueto

Fotografías: Sernapesca

Vecinos de Lenca y Metri en Carretera Austral manifiestan su negativa a la instalación de 24 jaulas salmoneras de la empresa Trusal

  • “A través de la ley de transparencia, pudimos obtener algunos documentos, que datan del año pasado, que indican que a raíz de la situación de emergencia que vive el país, y el mundo en general, se les otorgó un perdonazo a estas empresas – por así decirlo- que son caracterizadas como de primera necesidad. Esto no sólo se vive acá en Puerto Montt, sino que también en regiones  como la de Aysén y en Magallanes, donde hay varios casos, donde hay proyectos que tenían su RCA caduca, y curiosamente, a través de resoluciones exentas, entregadas por la subsecretaría de pesca, pueden comenzar sus faenas”, detalló Catalina Palacios coordinadora de la mesa de trabajo del sector de Lenca

Preocupación ha demostrado la comunidad de carretera austral, específicamente de los sectores de Lenca y Metri, por los trabajos que ha estado realizando la empresa salmonera TRUSAL, quienes tienen una concesión marítima y que tienen una proyección de instalación de 24 jaulas.

Según como lo comentó Catalina Palacios, quien es coordinadora de la mesa de trabajo, del primer tramo de la carretera austral, la problemática nace por el hecho de que este proyecto presenta lagunas legales, en la parte ambiental, ya que este se inició en el año 2004.

Palacios explicó que, luego de la creación del ministerio del medio ambiente y el SEIA (Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental), este proyecto entró a evaluación en el año 2009, obteniendo su resolución de calificación ambiental al año siguiente.

LOS MISTERIOS DE LA VIDA

“Se supone que en los primeros 5 años, estas empresas debieron comenzar su fase de construcción y post operación, pero no lo hizo. Por esas cosas de la vida misteriosa, justo en abril de este año, de la nada, comienzan a operar teniendo una resolución caduca. A raíz de esto, con vecinos del sector y otras organizaciones, pudimos ver que existen varios vacíos legales, por lo que estamos buscando información para poder frenar esto”, contó Palacios.

La coordinadora de la mesa de trabajo indicó que se está buscando que los instrumentos de evaluación ambiental, puedan dar una respuesta concreta, con la idea de poder salvaguardar estos espacios, ya que son ricos en biodiversidad, además de contar con la presencia de patrimonio cultural y natural.

RESOLUCIÓN DE CALIFICACIÓN AMBIENTAL CADUCA

Catalina Palacios detalló que la empresa tiene caduca la resolución de calificación impacto ambiental, la que se otorga posterior a un proceso evaluativo, donde se ve el impacto que se genera con la implementación del proyecto en sí.

Agregó que la empresa cuenta con una concesión que fue entregada por SERNAPESCA, a través de la superintendencia marítima, que es de carácter indefinido, por lo que el problema estaría en la RCA (Resolución de Calificación Ambiental).

APROVECHANDO LA SITUACIÓN

“A través de la ley de transparencia, pudimos obtener algunos documentos, que datan del año pasado, que indican que a raíz de la situación de emergencia que vive el país, y el mundo en general, se les otorgó un perdonazo a estas empresas – por así decirlo- que son caracterizadas como de primera necesidad. Esto no sólo se vive acá en Puerto Montt, sino que también en regiones  como la de Aysén y en Magallanes, donde hay varios casos, donde hay proyectos que tenían su RCA caduca, y curiosamente, a través de resoluciones exentas, entregadas por la subsecretaría de pesca, pueden comenzar sus faenas”, detalló Catalina.

NADIE SABE PARA QUIEN TRABAJA

Junto con esto, se le consultó acerca de la empresa que está a cargo de estas 24 balsas, donde la coordinadora señaló que es muy vaga la información que está subida a las páginas de gobierno.

“Se hace una unificación entre Trusal con salmonera Pacific, que es el organismo que interpone este proceso de evaluación inicial, que finalmente se unifica con Salmones Austral. Por lo que esto nos hace concluir, que se desconoce cuál es la empresa a cargo, ya que si vas al SEIA, y buscas el proyecto, sale a nombre de Pacific, pero si hoy lo buscamos, esto está registrado a nombre de Salmones Austral”, aludió la coordinadora.

Palacios agregó que tienen alrededor de 3 semanas para poder reunir toda la información necesaria para presentarlo a los organismos correspondientes, y poder frenar la implementación de estas balsas, que, y a los ojos de ellos, sólo producen daño al ecosistema y a la comunidad.

RESERVORIOS NATURALES Y DE COMUNIDADES ANCESTRALES

Uno de los miembros de la a Mesa Coordinadora del “Movimiento Carretera Austral sin Salmoneras”, Tomás Pizarro señaló a radio Reloncavi que dentro de la problemática que se generará con la instalación de estas 24 jaulas contenedoras de salmones de la empresa Trusal.

“Se intervino sobre sitios arqueológicos. Esto es una zona de corrales de pesca, que son vestigios de culturas originarias milenarias. Esto es un daño irreparable, ya que no se pueden reconstruir estos asentamientos primigenios. En segundo lugar está el daño ambiental mismo, donde se modifica el entorno natural”, argumentó Tomás.

Además explicó que la empresa aduce que puede hacer todos estos trabajos, “pero resulta que estos permisos están caducos hace más de 10 años”.

ILEGALIDAD

Junto con esto, Pizarro señaló que la manera en que la empresa realizó su declaración de impacto ambiental en esa época, no estuvo sujeta a la norma, ya que la comunidad no participó en el estudio previo, para ser presentado de forma posterior a las autoridades.

“Las declaraciones de impacto ambiental son voluntarias, porque el interviniente señala que no generarán daño ambiental, lo que es unilateral. Además no cuenta con la participación de la comunidad, para cotejar y evaluar los perjuicios que pueda acarrear estos trabajos en el entorno”, acusó Pizarro. Agregó que es muy frecuente que las empresas, para eludir los procesos de evaluación de impacto ambiental, fraccionen estos proyectos y sólo haga la declaración sin la evaluación, lo que sucedió en este caso.

Pizarro aclaró que desde la el Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental indicó que la empresa había presentado su declaración por cada proyecto presentado, que en resumidas cuentas es uno sólo, lo que, según las palabras de este miembro del “Movimiento Carretera Austral sin Salmoneras”, está infringiendo la ley.

VECINOS UNIDOS

Tal como lo comentó Ana Munzenmayer, es trabajadora de Trusal, y vecina del sector de Lenca, comentó que esto es sumamente grave, ya que va a afectar a toda la comunidad de carretera austral, sobre todo, porque están batallando para que se declare como santuario de la naturaleza, el sector donde actualmente se encuentra un grupo de Cisnes de cuello negro.

“Estamos consultando a diversos profesionales, entre ellos: abogados, biólogos marinos, para poder hacer lo necesario y sacar a las salmoneras de este sector, ya que se ha podido comprobar que lo único que hacen es dañar el ecosistema. Y eso no se podrá recuperar con dinero”, señaló la vecina.

Desde la mesa de coordinación de los vecinos del sector, se indicó que, aún existen dudas por parte de la comunidad, del porque se otorgan dichos permisos a esta empresa, que tiene su RCA vencido y que ya ha comenzado a realizar sus faenas de construcción en la zona, ya que la ley establece que esta resolución tiene un plazo de vigencia de 5 años, por lo que en este momento se encontraría caduca, y fuera del marco legal, por lo que debería reiniciar su proceso de postulación.

Por: Daniel Carrasco