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General de la Décima Zona de Carabineros: “El respeto a los Derechos Humanos es algo permanente día a día en nuestros cuarteles”

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Diversas autoridades presentaron el día de ayer un balance en materia de seguridad para la región durante el año pasado. Abordando también los desafíos que se presentan en el futuro. En la oportunidad, se le consultó al General de la Décima Zona de Carabineros (s), Gustavo Saavedra su visión respecto a la restructuración de la institución. Proceso que el próximo gobierno de Gabriel Boric busca abordar.

Al respecto, manifestó que “por supuesto vamos a ser parte del cargo, y tenemos la convicción de que va a ser para mejor”. Respecto a si el área de Derechos Humanos (DDHH) de la institución es una de las aristas importantes a abarcar, el general dijo que es una materia que ya se ha abordado ampliamente. Agregando que se realizan capacitaciones constantes al respecto. “El trabajo en los Derechos Humanos, y el respeto a los Derechos Humanos es algo permanente día a día en nuestros cuarteles”, afirmó.

“No hemos tenido, y no se han registrado situaciones en donde se establezca que nosotros hayamos incumplido alguna de las normas que dicen relación con los Derechos Humanos”.

Gustavo Saavedra, General de la Décima Zona de Carabineros (s)

El caso de Emilia Loyola

Además, Saavedra señaló: “no hemos tenido, y no se han registrado situaciones en donde se establezca que nosotros hayamos incumplido alguna de las normas que dicen relación con los Derechos Humanos”. En este punto, se le consultó al general por el icónico caso de Emilia Loyola. La joven de 17 años que fue impactada por una lacrimógena en su cabeza mientras se encontraba en la plaza de Puerto Montt. Al respecto, señaló que “la justicia hizo su trabajo”.

Cabe recordar que el subteniente Rodrigo Bustos fue sentenciado a 5 años de libertad vigilada intensiva por este caso. Un fallo que no fue bien recibido por la familia. Al respecto, como recogió Radio BíoBío, su padre señaló: “¿Quién nos va a pagar el daño que le hicieron a la hija? Nadie lo va a pagar (…) Por eso estamos disconformes”. Agregando a ello las secuelas que el hecho provocó, como “constantes dolores de cabeza, ataques de epilepsia y crisis de pánico”.

Acciones legales contra Carabineros vigentes en la región

Finalmente, el General de la Décima Zona de Carabineros (s), añadió como prueba del buen funcionamiento del área de Derechos Humanos de la institución las “excelentes relaciones y coordinaciones” con la Defensoría Penal Pública. Así como también el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH). Sobre el tema fue consultado Mauricio Maya, jefe del INDH de Los Lagos. Respecto al cumplimiento en materia de Derechos Humanos por parte de la institución de Carabineros de Los Lagos, Maya señaló que existen más de 100 acciones judiciales vigentes en la región. Y la gran mayoría de ellas son contra funcionarios de Carabineros.

El jefe regional del INDH agregó que han contabilizado aquellos casos que ocurrieron durante el estallido social, entre el 18 de octubre de 2019 y marzo de 2020. Periodo durante el cual cuentan con 71 acciones judiciales en favor de alrededor de 74 personas. De ellas, el 95% aproximadamente es en contra de funcionarios de Carabineros por excesos cometidos durante el proceso de detención o el uso extra-reglamentario del armamento. Incluso, existen situaciones como desnudamientos en comisarias, entre otros vejámenes.

De estas acciones, hay algunas que ya tienen condena, como el caso de la joven Emilia. Además, Maya afirmó que aunque desconoce el periodo de tiempo al que hizo alusión el general Saavedra, puede confirmar que en el periodo antes, y después del estallido social, existen alrededor de una treintena de querellas activas, muchas de las cuales implican a funcionarios de Carabineros

Mandos de Carabineros e INDH mantienen “línea directa” de coordinación

Sin embargo, respecto a las relaciones con las fuerzas de Carabineros, Maya confirmó que en general existe una relación “bastante fluida con los distintos mandos de Carabineros en la décima región”. Agregando que “valoramos mucho la coordinación que tenemos con Carabineros (..) tenemos línea directa y cualquier situación que tenemos que resolver la intentamos resolver internamente”.

Por otro lado, respecto a las capacitaciones en torno a Derechos Humanos, dijo que “es efectivo que nosotros hemos participado en distintas instancias en torno a la sensibilización y capacitación con distintas unidades en toda la región”.

Redacción: Manuela Barrueto

Fotografías: INDH

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Diputados del oficialismo rechazaron proyecto que proponía asignatura de Memoria y DDHH en la enseñanza básica y media

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El proyecto no alcanzó el quorum de aprobación necesario debido al rechazo de los diputados de Chile Vamos.

La iniciativa proponía poner énfasis en educar a las nuevas generaciones sobre las violaciones cometidas por la dictadura cívico militar entre 1973 y 1990.

Con 76 votos a favor, 48 en contra y 18 abstenciones, la Sala de la Cámara rechazó y archivó el proyecto que pretendía incluir en la malla curricular la asignatura de Derechos Humanos y Memoria.

Detalles de la iniciativa

La iniciativa consistía en el conocimiento, comprensión y compromiso de las y los estudiantes sobre los derechos humanos en el Plan de Formación Ciudadana para la enseñanza básica y media de establecimientos educacionales reconocidos por el Estado.

La idea original de la moción, que no alcanzó el quorum necesario para su aprobación (89 votos) era crear una asignatura denominada Memoria y Derechos Humanos. El ramo se impartiría a las y los estudiantes de educación básica y media.

Sin embargo, durante su debate en la comisión de Derechos Humanos, se modificó la propuesta estableciendo que este contenido se incorporaría en la ley que crea el Plan de Formación Ciudadana.

La actual ley

Actualmente, esta ley establece la promoción, conocimiento, comprensión y compromiso de los estudiantes con los derechos humanos reconocidos en la Constitución Política de la República y en los tratados internacionales suscritos y ratificados por Chile, con especial énfasis en los derechos del niño y de la niña.

Para este objetivo, el proyecto proponía que se agregara promover el conocimiento y análisis de las violaciones a los Derechos Humanos. Poniendo especial énfasis en aquellas cometidas por la dictadura cívico militar, entre el 11 de septiembre de 1973 y el 11 de marzo de 1990.

Informes que lo avalan

La base de la Iniciativa son los siguientes documentos:

  • Primero, Informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación.
  • Segundo, Informe de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación.
  • Tercero, Informe de la Comisión de Prisión Política y Tortura.
  • Y finalmente, Informe de la Comisión Asesora para la Calificación de Detenidos Desaparecidos, Ejecutados Políticos y Víctimas de Prisión Política y Tortura.

Para los parlamentarios que promovieron la propuesta, el objetivo era contribuir a la formación de las nuevas generaciones.

“Para que tengan una consciencia crítica del pasado reciente” tal como lo señaló el diputado, Mario Venegas (DC). A su juicio, “la enseñanza sobre estos hechos es limitada. Por lo tanto insuficiente para que las y los estudiantes puedan comprender la gravedad de estos crímenes y evitar su repetición”.

Sin embargo, entre quienes no respaldaron la propuesta, se argumentó que el proyecto sería innecesario. Lo anterior pues estos contenidos ya estarían presentes en el currículo desarrollado por el Ministerio de Educación. Además, señalan que sería fomentar una historia incompleta de lo que vivió el país por esos años.

Redacción: Esteban Castro

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Corte Suprema condenó a ex miembros de la Fach por la ejecución de 4 jóvenes de la población Lintz en 1974

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El fisco deberá pagar una indemnización total de $205.000.000 (doscientos cinco millones de pesos) a familiares de las víctimas.

Tras 46 años, este miércoles, la Corte Suprema condenó a los cuatro miembros en retiro de la Fuerza Aérea (FACH) por su responsabilidad en el delito reiterado de homicidio calificado de Pedro Antonio Bahamondes Rogel (24 años), José Santiago Soto Muñoz (23 años), Héctor Hugo Maldonado Ulloa (26 años) y José Hernán Mañao Ampuero (22 años), perpetrados en la población Lintz de Puerto Montt, el 31 de enero de 1974.

En un fallo dividido, la Segunda Sala del máximo tribunal –integrada por los ministros Carlos Künsemüller, Haroldo Brito, Lamberto Cisternas, Manuel Antonio Valderrama y Jorge Dahm– elevó a 10 años y un día de presidio la pena que deberá purgar el condenado Ronald Peake de Ferrari; en tanto, mantuvo los 3 años y un día de presidio, con el beneficio de la libertad vigilada, para Juan Antonio Gallegos Vega, Héctor Stuardo Gajardo y José Javier Quilodrán Espinace.

En el aspecto civil, se confirmó la sentencia que condenó al fisco a pagar una indemnización total de $205.000.000 (doscientos cinco millones de pesos) a familiares de las víctimas.

Para el Presidente de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Ejecutados Políticos de la Provincia de Llanquihue, Alfredo Árgel, afirmó que el fallo es parte de la burla más grande que puede haber en el sistema de justicia en nuestro país, después de 47 años aún hay causas de derechos humanos que no se han resuelto, aseguró.

Junto con criticar la demora en las investigaciones de los casos de lesa humanidad por la justicia chilena, Árgel, lamentó el fallecimiento este martes de Flor del Carmen España Alarcón, esposa de Hernán Mañao, uno de los jóvenes ejecutados en 1974, “Lamentablemente, hoy me informaron que ayer martes, luego de leerle la sentencia dictada por la Corte Suprema, falleció Flor del Carmen España Alarcón, señora de Hernan Mañao Ampuero, que fue uno de los jóvenes de la población Lintz ejecutados el 31 de enero de 1974 por la patrulla de la Fach”, manifestó con mucho pesar Árgel.

Por su parte, el director Regional del INDH, Mauricio Maya, señaló, -pese que el INDH no pueden intervenir ni hacerse parte en materia judicial en hechos previos a la fecha que se instauró la creación de la institución-, “para el INDH siempre va a ser importante que se lleve a condena y que existan responsables por los hechos que ocurrieron en aquellos años, sobretodo en este caso que son ejecuciones extrajudiciales, que el fallo establece que ocurren fuera del marco de agitación política, son hechos que ocurren asociados a conflictos personales de miembros de la Fuerza Aérea con los jóvenes conocidos en Puerto Montt, como es el caso de los deportistas del Lintz”.

En ese sentido, Maya celebró la sentencia de la Corte Suprema, “Nosotros saludamos que finalmente se haya podido llegar, a través de la Corte Suprema, a una sentencia penal y a una indemnización pecuniaria para las víctimas”, afirmó.

De acuerdo a la investigación, “El día 31 de enero de 1974, en la ciudad de Puerto Montt, en la noche, durante el toque de queda, un grupo de soldados pertenecientes a la FACH, fuertemente armados con fusiles SIC, allanaron tres domicilios y sacaron desde sus camas a cuatro jóvenes que ya tenían identificados, a los cuales golpearon con las culatas y llevaron ensangrentados a un lugar rural donde se les paró en frente de un montículo y se les fusiló. Luego entregaron los cadáveres a la morgue. Ante la insistencia de las familias varios días después se entregaron los restos en urnas cerradas y se les negó la posibilidad de realizar un velatorio y misa como deseaban. Más aún, con fecha 1° de febrero de ese año, la jerarquía de la Fach emitió una declaración pública, que apareció en los diarios de la ciudad que culpaba a las víctimas de haber atacado a una patrulla militar. Lo que, como se ha dicho, nunca ocurrió”.