EE. UU. e Israel chocan en la estrategia frente a Irán

Las relaciones entre Estados Unidos e Israel han sido excepcionalmente estrechas durante décadas. Sin embargo, surgen constantemente diferencias estratégicas y tácticas, en particular, con respecto a la República Islámica de Irán.

La estrecha cooperación entre ambos aliados es crucial para las negociaciones de Estados Unidos con Irán, que se celebran en Ginebra el martes 17 de febrero de 2026. Se espera que el enviado especial de Estados Unidos para Oriente Medio, Steve Witkoff, y el yerno del presidente Donald Trump, Jared Kushner, asistan por la parte estadounidense, mientras que el ministro de Exteriores, Abbas Araghchi, representará a Irán.

Tanto Estados Unidos e Israel quieren impedir que Irán se convierta en una potencia nuclear y que siga expandiendo su influencia regional, pero los intereses y los métodos de ambos países difieren significativamente. Estas discrepancias se han hecho más evidentes en el contexto de las protestas masivas de enero y febrero de 2026, que fueron violentamente reprimidas en Irán.

Acuerdo sobre percepción de amenazas, diferentes prioridades

Tanto Estados Unidos como Israel consideran que el programa nuclear y de misiles de Irán, así como la red de milicias aliadas, controlada por Teherán en la región, constituyen amenazas de seguridad clave. El analista político Reza Talebi comenta a DW que no existe un desacuerdo fundamental en este punto. Ambos países quieren evitar que Irán se convierta en una potencia nuclear y expanda aún más su influencia en Oriente Medio.

Las diferencias comienzan con la cuestión de cómo alcanzar este objetivo. Para Estados Unidos, lograr un nuevo acuerdo con Irán es primordial. Washington persigue este objetivo mediante una estrategia de “máxima presión”, con sanciones económicas y disuasión militar.

Israel, en cambio, atribuye mucha menos importancia a lograr un acuerdo con Teherán y duda fundamentalmente de su viabilidad. Para el Gobierno israelí, no solo sería problemático el contenido de un posible acuerdo, sino que además duda de la capacidad de Irán para adherirse a él a largo plazo.

 

Estrategia estadounidense: presión como medio de negociación

Según Shokriya Bradost, analista especializada en política exterior y seguridad en Oriente Medio, la política estadounidense hacia Irán está claramente orientada hacia lograr un nuevo pacto.

“Para obligar a Teherán a sentarse a la mesa de negociaciones, Washington recurre a sanciones económicas masivas, en particular, a las ventas de petróleo iraní”, explica a DW la experta, radicada en Washington. El objetivo es agotar sistemáticamente las fuentes de ingresos del régimen y privarlo de cualquier margen de maniobra económica. Esta política pretende inducir a Irán a capitular o, al menos, a hacer concesiones de gran alcance sin desencadenar una guerra regional de gran envergadura.

Los medios militares desempeñan un papel secundario en esta estrategia. El despliegue de portaviones en Oriente Medio y el énfasis en las opciones militares sirven principalmente como elemento disuasorio. Un posible “cambio de régimen”, según Bradost, un ataque militar a gran escala es solo el último recurso para Washington. Estados Unidos rechaza las guerras prolongadas y la ocupación de Irán.

Perspectiva de Israel: presión y grandes exigencias

Israel evalúa la situación de manera más drástica. El domingo, durante un discurso en una conferencia en Jerusalén, Netanyahu reafirmó la posición israelí: cualquier acuerdo con Irán debe contemplar no solo la limitación del enriquecimiento de uranio, sino la desmantelación de la infraestructura nuclear iraní y la retirada del uranio enriquecido. Por otro lado, Netanyahu agregó que era “escéptico” sobre que los iraníes cumplan su parte del trato en cualquier acuerdo con Trump.

Mientras Washington apuesta por aumentar la presión paso a paso, Israel presiona por una decisión rápida. Netanyahu teme que un posible cambio de rumbo en futuras administraciones estadounidenses fortalezca nuevamente la posición de Irán. Por ello, Israel pide una intervención estadounidense más decidida y directa, incluso de manera militar si fuera necesario.

“Las diferencias deben entenderse también en un contexto más amplio. Los viajes de Netanyahu a Washington no solo se enfocan en la política sobre Irán, sino también cuidar la imagen internacional de Israel”. Según Talebi, el prestigio internacional de Israel se ha visto afectado en EE. UU. y Europa, “lo que también reduce la disposición de Washington a actuar como un apoyo incondicional en una acción militar israelí total contra Irán”, señala a DW el experto.

Para Estados Unidos, además, la estabilidad regional y global constituyen una prioridad mayor. Y es que Washington no solo debe tener en cuenta a Israel, sino también a sus aliados europeos, la situación en los mercados energéticos y el riesgo de escalada regional. Desde la perspectiva estadounidense, un acuerdo limitado con Irán puede ganar tiempo y evitar conflictos mayores, aunque no resuelva todas las preocupaciones de seguridad de Israel.

 

 

Cuba: La Resistencia de todo un pueblo contra el Bloqueo

Miguel Díaz-Canel Bermúdez, Primer Secretario del Partido Comunista de Cuba y Presidente de la República, anunció ante medios nacionales e internacionales un conjunto de medidas estratégicas de alto impacto destinadas a enfrentar y neutralizar los efectos del bloqueo naval y económico impuesto por Estados Unidos contra la isla.

Las decisiones, de carácter integral, buscan proteger a la población, garantizar los servicios esenciales y sostener la capacidad productiva del país, reafirmando una vez más la voluntad del Estado cubano de defender su soberanía y su proyecto social frente a la presión externa.

La decisión de Estados Unidos de bloquear las entregas de petróleo hacia Cuba confirma una vez más que la política de presión económica contra la isla no ha cambiado de naturaleza ni de objetivos. No se trata de sanciones “selectivas” ni de medidas administrativas, es una estrategia de asfixia económica que impacta directamente en la vida cotidiana de millones de personas.

Ante este escenario, Cuba ha activado un plan de contingencia nacional que prioriza el combustible para los servicios esenciales: salud, agua, alimentos, educación, defensa y sectores estratégicos de la economía. Lejos de improvisar, el Estado cubano opta por ordenar la escasez, proteger a la población y sostener la estructura productiva básica del país.

En este momento resulta clave para desmontar un relato recurrente. Washington insiste en presentar el bloqueo como una herramienta política “legítima”, mientras omite deliberadamente sus consecuencias humanitarias. El acceso a la energía no es un lujo, es una condición indispensable para garantizar derechos fundamentales como la salud, el agua potable, la alimentación y la educación. Interrumpirlo de forma intencional constituye una forma de coerción colectiva.

Resulta significativo que, en medio de la crisis, Cuba mantenga abiertas las escuelas primarias y los centros de atención infantil, garantice un salario básico a los trabajadores estatales y asegure combustible para la producción agrícola y el suministro de agua. Estas decisiones reflejan una jerarquía de prioridades donde el bienestar social no queda subordinado a la lógica del mercado ni a la presión externa.

El bloqueo petrolero, además, ha tenido un efecto que rara vez se reconoce, ha acelerado la búsqueda de soberanía energética. La combinación de crudo nacional y la expansión sostenida de proyectos solares revela una estrategia orientada a reducir la dependencia externa y a construir resiliencia estructural frente a futuras agresiones económicas.

No es casual que sectores clave como el turismo y la producción de tabaco también estén contemplados en el plan de contingencia. En un contexto de cerco financiero, proteger las fuentes de divisas no es una concesión, sino una necesidad de supervivencia económica.

La experiencia histórica demuestra que el bloqueo no ha logrado sus objetivos políticos. Por el contrario, ha consolidado una cultura de resistencia y organización social que se reactiva cada vez que la presión aumenta. Cuba no responde con retórica vacía, sino con políticas públicas concretas, diseñadas para sostener la vida cotidiana y preservar la cohesión social.

Ninguna diferencia ideológica justifica el uso del hambre, la oscuridad o la escasez como herramientas de presión. El caso cubano vuelve a evidenciar una verdad incómoda para sus detractores: cuando el castigo se intensifica, la respuesta no es el colapso, sino la reafirmación de la soberanía.

Organizaciones miembro de CLATE participaron de reunión de formación

“Necesitamos ampliar y hacer más incluyente la formación política de nuestros cuadros dirigentes” expresó Julio Fuentes al inicio de la reunión, en la que convocó a las organizaciones miembros a tomar un rol activo en la designación y seguimiento de participantes para la Diplomatura Superior en Sindicalismo Internacional, que la CLATE desarrolla junto a ALAL, con el apoyo de ACTRAV-OIT.

La Secretaria de Formación de la CLATE y miembro de ANEF, Carmen Luz Scaff, por su parte, señaló: “Las organizaciones debemos aprovechar esta propuesta formación, que pone a nuestro alcance herramientas de estudio y equipos de docentes de primer nivel”. Asimismo, informó que a partir del 18 de febrero se tomará contacto con los sindicatos que integran la Confederación para brindar la información necesaria para el proceso de inscripción.

Desde el área de formación de la presidencia, el director de formación, Ignacio Rodríguez, recordó que la Diplomatura Superior en Sindicalismo Internacional es una propuesta educativa de un año de duración, con un programa de ocho materias que incluyen temas como: elementos de derecho laboral, Normas Internacionales del Trabajo y mecanismos de reclamación ante OIT, Derechos Humanos, Economía Política, Comercio Internacional, Historia, perspectiva de género en el mundo del trabajo, problemáticas socio-ambientales, y análisis geopolítico.

La propuesta es gratuita para las y los participantes designados por las organizaciones e incluye, además del dictado de clases sincrónicas a distancia, acceso a un Campus Virtual con materiales de estudio de elaboración propia, actividades y foros de discusión en línea y tutoría permanente. A su vez se dicta en castellano y en portugués para las y los participantes de Brasil.

La inscripción comenzará el 18 de febrero y se realizará a distancia a través de los sindicatos miembros de la CLATE, que deberán remitir a la presidencia la nómina de aspirantes designados. Para más información, las organizaciones pueden escribir a campusclate@gmail.com.

Participaron del encuentro: Luiz André (CSPB – Brasil); Vanina Rodríguez (ATE – Argentina); Ana Luz Giménez (UNTE – Paraguay); Horacio Gálvez y Alejandro Silva (FENAMOP – Chile); Leonel GarcíaAntonio Duarte y Rigoberto Vázquez (SUTEYM – México); Josefina Ureña y María Guadalupe Sánchez (CONATE – Rep. Dominicana); María de los Santos (ASOPSALUD – Rep. Dominicana); Ramón Chanqueo (ASEMUCH – Chile); y Mario Montes (AGEPYM – El Salvador).

La reforma laboral en Argentina: la lucha aún no ha terminado

El 12 de febrero, en Buenos Aires, el Senado otorgó la media sanción por 42 votos contra 30, tras una maratónica sesión de 13 horas. Miles de trabajadores movilizados por los sindicatos paralizaron partes de Buenos Aires en protestas masivas frente al Congreso, calificadas como «sin precedentes» y «vehementes». Una huelga general en la que participaron amplios sectores provocó enfrentamientos con la policía, hasta 71 detenciones y múltiples heridos. Los críticos condenan las disposiciones regresivas del proyecto de ley: jornadas laborales de 12 horas, reducción de las indemnizaciones por despido, límites a la huelga y cambios en el poder de negociación.

Según el proceso legislativo bicameral de Argentina, la aprobación del Senado es solo el primer paso. El proyecto de ley pasa ahora a la Cámara de Diputados, donde el gobierno está presionando agresivamente para que se vote rápidamente antes de finales de febrero o antes del 1 de marzo, cuando comienzan las sesiones ordinarias del Congreso.

Las fuentes indican que la coalición gobernante cree que cuenta con los votos necesarios, alrededor de 129 o más. Sin embargo, la feroz oposición podría complicar el proceso. La presión de los sindicatos, las protestas en curso y las posibles enmiendas aún podrían descarrilar el proyecto de ley.

Si la Cámara de Diputados aprueba este amplio paquete legislativo de más de 200 artículos, se reestructuraría fundamentalmente el panorama laboral de Argentina. Las disposiciones clave incluyen:

  • Ampliación de la jornada laboral hasta 12 horas.
  • La eliminación de las horas extras remuneradas, sustituidas por un sistema de «banco de tiempo» en el que los empleadores deciden unilateralmente cuándo —o si— las horas acumuladas pueden tomarse como tiempo libre o turnos reducidos.
  • Introducción de «salarios dinámicos» basados en la productividad, lo que permite que los salarios fluctúen de un mes a otro
  • Deducción de los días no trabajados durante la baja por enfermedad, poniendo fin al pago por ausencias médicas.
  • Fragmentación de las tradicionales vacaciones anuales de 30 días, siendo los empleadores quienes deciden cuándo los trabajadores disfrutan de sus vacaciones
  • Eliminación total de la indemnización por despido, lo que fomenta los despidos masivos y las prácticas de «despedir y volver a contratar» en peores condiciones.
  • Restricciones severas al derecho de huelga.
  • Ampliación drástica de los poderes de los empleadores, destruyendo el principio de igualdad en el poder de negociación y dejando a los trabajadores completamente sumisos a la dirección.

Si este proyecto de ley se convierte en ley, sentaría un peligroso precedente que podría ser fácilmente replicado en todo el mundo por gobiernos de extrema derecha respaldados por multimillonarios y corporaciones, revirtiendo décadas de protecciones laborales bajo el pretexto de la “modernización” y el crecimiento económico.

Fernanda Boriotti, presidenta de la afiliada a la ISP, FESPROSA, añadió: «La reforma laboral diseñada a medida de los grandes capitalistas de Argentina y las exigencias del gobierno de Trump es un ataque frontal a los derechos laborales tanto en el sector público como en el privado. Los trabajadores públicos veremos afectado nuestro derecho a la huelga, restringido nuestro derecho de reunión y mermada nuestra capacidad de recurrir a los tribunales laborales ante las injusticias patronales».

Euan Gibb, secretario regional de la ISP para Interamérica, afirmó: «Las manifestaciones masivas en toda Argentina dejaron claro que esta supuesta reforma va totalmente en contra de los intereses de la mayoría de la población. El Estado ha recurrido a una represión brutal y violenta contra la clase trabajadora para imponer esta reforma. Se trata de un ataque directo a los derechos fundamentales de lxs trabajadores, representativo de la estrategia de los gobiernos extremistas de toda América Latina. La ISP y nuestras afiliadas seguirán organizando y reforzando la resistencia en todo el continente».

Federico Dávila, vicepresidente primero de la ISP, declaró: «La autoproclamada “reforma laboral” forma parte de un conjunto de medidas que, lejos de generar más trabajo y producción, en realidad los socavan. Estas medidas precarian el empleo, eliminan los derechos laborales y sindicales y debilitan las organizaciones sindicales y sus sistemas de salud, todo ello con el claro objetivo de maximizar los beneficios de las grandes empresas que nunca reinvierten en el trabajo y la producción».

Nayareth Quevedo, secretaria subregional de la ISP para el Cono Sur, afirmó: « Esta reforma, que pretende ampliar la jornada laboral, debilitar los mecanismos de compensación y limitar el derecho a la huelga, no representa una modernización justa del trabajo, sino más bien una transferencia de poder de los trabajadores a los empleadores y al capital. El debate continúa ahora en la Cámara de Diputados. Allí también está en juego el futuro del trabajo decente en Argentina, y el movimiento sindical seguirá defendiendo los derechos que ha conquistado».

Ecuador sube un 900% la tarifa de transporte del crudo colombiano y crece la guerra arancelaria

Ecuador sube de 3 a 30 dólares la tarifa de transporte de crudo colombiano.

Además, la ministra de Ambiente y Energía ecuatoriana, Inés Manzano, confirmó que el gravamen de 30% que Quito impuso a las importaciones desde el vecino Colombia, empezó a regir desde el domingo 25 de enero.

“Hicimos un cambio en el valor de la tarifa” aplicada a la estatal colombiana Ecopetrol por el uso del Sistema del Oleoducto Transecuatoriano (SOTE), de propiedad de Ecuador, señaló la ministra de Ambiente y Energía, Inés Manzano, y agregó que “en vez de tres dólares son 30” por barril.

La ministra sostuvo que la medida se da en “reciprocidad” a la decisión de Colombia, del pasado 22 de enero, de suspender la venta de energía al territorio ecuatoriano y un arancel del 30% a 20 productos de Ecuador.

¿Cómo se desató la guerra arancelaria entre Ecuador y Colombia?

La disputa fue iniciada por el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, ya que las medidas de Bogotá llegaron después de que el mandatario de 38 años anunciara la imposición de un arancel del 30 % a las importaciones colombianas, argumentando una supuesta falta de apoyo del Gobierno de Gustavo Petro en la lucha contra el narcotráfico.

Fue así como en respuesta, la semana pasada Bogotá impuso un arancel para una veintena de productos ecuatorianos y la suspensión del suministro de electricidad, del cual Ecuador es deficitario.

El SOTE transportó casi 10.300 barriles por día (bd) de petróleo colombiano, de empresas privadas y Ecopetrol, en noviembre pasado, de acuerdo con el portal electrónico Primicias.

Lula le pide a Trump que la Junta de Paz se limite a Gaza

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, conversó este lunes (26.01.2026) por teléfono con su homólogo de EE.UU., Donald Trump, y le pidió que la Junta de Paz propuesta por Washington se limite a lidiar con la situación de Gaza e incluya un “asiento” para Palestina.

Lula, quien todavía no ha aceptado la invitación para integrar la Junta de Paz, propuso cambios a este organismo concebido por Trump para resolver conflictos en todo el mundo y que inicialmente había sido presentado con el objetivo de ayudar a la recuperación del territorio palestino, tras la guerra entre Israel y Hamás.

Al mismo tiempo, el presidente brasileño le reiteró la importancia de una reforma amplia de la ONU que incluya el aumento del número de países miembros permanentes del Consejo de Seguridad, según un comunicado del Gobierno brasileño.

Durante un acto celebrado el viernes pasado, Lula criticó la idea de la Junta de Paz y acusó a Trump de querer crear una “nueva ONU” con él como “dueño”.

Hasta ahora, una veintena de naciones, algunas de ellas lideradas por aliados próximos de Trump, han expresado su apoyo a la iniciativa, pero las grandes potencias y la mayoría de países europeos se han mostrado reticentes al considerar que la Junta debilita a la ONU.

En cuanto a Venezuela, otro punto de tensión entre los dos Gobiernos, Lula subrayó la necesidad de “preservar la paz y la estabilidad” en la región.

Durante la llamada telefónica, que duró unos 50 minutos, Lula le habló también de la propuesta hecha por Brasil para reforzar la cooperación bilateral en el combate al crimen organizado, con intercambio de datos sobre transacciones financieras y el congelamiento de activos de las facciones.

Por último, los dos líderes acordaron una visita de Lula a la Casa Blanca, a realizarse en una fecha todavía por determinar después del viaje de este a la India y a Corea del Sur en febrero. De confirmarse, será la primera visita del presidente brasileño a Washington con Trump como presidente, después de que el año pasado la relación bilateral estuviera marcada por desencuentros en torno a cuestiones comerciales y políticas.

Sindicatos de la ISP refuerzan su solidaridad frente a las amenazas contra la soberanía de Venezuela

El encuentro contó con un panel sobre la situación sobre el terreno en Venezuela, con la participación de representantes sindicales de afiliadas partes de la coordinacion colegiada, quienes expusieron sobre el contexto político actual, y su impacto sobre la vida diaria y el contexto de las condiciones laborales, los salarios y el ejercicio de la libertad sindical. Hablaron Raul Ordonez, de FEDESIEMHIDROVEN, Zenaida Figueres, de SUNEPSAS y Carmelo Sánchez, de SINTRAINCES. Además, Luis Zavala como miembro de Comité Regional Interamericano de la ISP en Venezuela agradeció la solidaridad y las acciones propuestas por los sindicatos de la ISP en la región.

Durante la apertura del evento, el secretario regional de la ISP Interamérica, Euan Gibb, subrayó que el escenario actual excede ampliamente el caso venezolano. “Hoy nos reunimos para hablar de Venezuela, pero todos entendemos que no se trata solo de Venezuela”, afirmó, advirtiendo sobre un preocupante intensificacion de lógicas de dominación imperialistas regional platicadas por el gobierno de Donald Trump.

La ISP condenó de forma contundente la intervención militar de los Estados Unidos contra la República Bolivariana de Venezuela que tuvo lugar el día 3 de enero, afirmando que violan la soberanía, la integridad territorial y el derecho a la autodeterminación del pueblo venezolano. Constituyen una grave violación del derecho internacional y de la Carta de las Naciones Unidas y sientan un peligroso precedente y un riesgo para la paz y la estabilidad regionales.

La reunión también contó con la participación del secretario general de la ISP, Daniel Bertossa, quien reafirmó la condena de la ISP a los ataques de Trump a la soberanía de los países de la región. “Este encuentro forma parte de una expresión de solidaridad de la ISP y nuestras afiliadas con el pueblo de Venezuela. Ha sido un momento difícil para el pueblo de Venezuela recientemente, en especial para sus sindicatos y sus líderes sindicales, y se ha agravado mucho por las acciones de Trump y también por sus palabras. Tenemos muy claro que condenamos la agresión militar de Trump, condenamos la violación de la soberanía de Venezuela”, dijo el secretario general.

Como resultado del encuentro, la ISP acordó una serie de acciones clave, entre ellas un llamado a los sindicatos afiliados de la región a sumarse a las movilizaciones en defensa de la soberanía de Venezuela, en rechazo a cualquier intervención militar, así como a promover pronunciamientos en sus centrales sindicales nacionales. También se resolvió apoyar a las organizaciones sindicales para que exhorten a sus gobiernos a posicionarse contra la intervención y contra la guerra para presionar a los parlamentarios y gobiernos a fin de que se opongan a las intervenciones estadounidenses, sumándose al ya firmado por varios países de la región, tales como México y Colombia, y España.

Asimismo, la ISP se comprometió a enviar una carta a la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, respaldando la necesidad de un diálogo social de buena fe y con resultados, subrayando que “no hay paz sin libertad sindical”. Entre los acuerdos también figura el lanzamiento de un comité regional de vigilancia de la privatización, que tendrá a Venezuela como uno de sus países prioritarios, y la exploración de una misión sindical internacional de solidaridad en 2026.

En sus palabras finales, Euan Gibb insistió en la urgencia de una respuesta colectiva y articulada del movimiento sindical internacional. “Es absolutamente esencial que construyamos una respuesta unificada: todos estamos en peligro”, afirmó. Por su parte, Luis Zavala, agradeció la solidaridad de las afiliadas de la ISP en estos tiempos de dificultades, “sin solidaridad y unidad tanto dentro del país como con ustedes a nivel internacional, no podremos lograr mejorar la situación de los y las venezolanos. Por eso el nuestro es un compromiso para la justicia social en nuestro país y en la región, juntos y con su apoyo.”

Con este encuentro, la ISP reafirma su compromiso histórico con la paz, la soberanía de los pueblos y la defensa de los derechos sindicales y laborales, fortaleciendo la solidaridad internacional como herramienta clave frente a la escalada de amenazas en la región.

“Podemos” impone una regularización histórica de migrantes

Lo anunciando ayer en Madrid por la Eurodiputada y futura candidata de PODEMOS a la Presidencia del Gobierno de España, Irene Montero, quizás sea una de las noticias más importantes de los últimos tiempos en Europa y especialmente, para la comunidad migrante en España y Europa. Gracias al impulso de PODEMOS a través de su Secretaria General, Ione Belarra y con el respaldo del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), se ha aprobado una regularización extraordinaria de personas migrantes que se encontraban en situación administrativa irregular en territorio español.

La medida impulsada principalmente por el partido PODEMOS, beneficiará a todas aquellas personas que hayan llegado a España antes del 31 de diciembre de 2025 y con su entrada en vigor, quedarán anuladas las órdenes de deportación para quienes se encuentren dentro de este marco. Se acaba el trabajo sin derechos. Serán más de medio millón de personas las que obtendrán su documentación y podrán construir una vida digna, estable y normalizada en España y en Europa.

Con esta decisión, el Estado español pasará a percibir más de 500 millones de euros anuales en impuestos, fortaleciendo el sistema público de atención social y de salud primaria. Esto representa una dura derrota para los empresarios explotadores y para los sectores conservadores de la extrema derecha, que durante años se beneficiaron de la precarización laboral y de la explotación humana de las personas migrantes.

Mientras los republicanos y Donald Trump en Estados Unidos llevan a cabo una operación sin precedentes de persecución, criminalización y violencia contra la comunidad migrante, liderazgos de izquierda en Europa como Ione Belarra, Irene Montero, Serigne Mbayé, Gerardo Pisarello, Isa Serra, entre otras figuras progresistas, han logrado un acuerdo histórico en defensa de los derechos humanos y de la dignidad de las personas migrantes.

Mientras en Europa se avanza en derechos, en Chile se retrocede.

En Chile se pretende instalar un modelo de persecución y estigmatización contra las personas migrantes, encabezado por José Antonio Kast, que desconoce principios básicos del derecho internacional y vulnera abiertamente la Declaración Universal de los Derechos Humanos. En particular, se transgrede el artículo 13, que consagra el derecho de toda persona a circular libremente, elegir su residencia, salir de cualquier país y retornar al propio.

Ante esta ofensiva reaccionaria, el país enfrenta una disyuntiva histórica, profundizar un camino de exclusión y miedo o asumir con valentía una política de regularización amplia, humanitaria y responsable para más de 600 mil personas migrantes que hoy sobreviven en la informalidad, sin protección efectiva del Estado.

Regularizar en Chile no es premiar la irregularidad, como intenta instalar la extrema derecha, sino restituir derechos, fortalecer la cohesión social y ordenar institucionalmente la migración. Además, es una decisión que tiene efectos económicos positivos. De acuerdo con estimaciones de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), un proceso de regularización podría aumentar los ingresos fiscales de Chile en hasta un 1,28%, confirmando que inclusión y desarrollo no son fuerzas opuestas, sino partes de una misma solución.

Esto generaría un impacto fiscal positivo estimado en más de 500 millones de dólares anuales, producto del aumento en la recaudación tributaria y de la incorporación formal al mercado laboral de una población mayoritariamente en edad de trabajar. Diversos estudios evidencian que la integración plena de la mano de obra migrante, incluida aquella con alta cualificación, contribuye de manera significativa al crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) y dinamiza sectores estratégicos de la economía chilena.

Cumbre «Nuestra América» reunió en Bogotá a dirigentes de 20 países de la Región

La Internacional Progresista reunió de manera urgente en Colombia a referentes políticos, sociales y del movimiento sindical de más de 20 países de Latinoamérica y el Caribe para articular una respuesta colectiva ante el avance militar estadounidense en la Región y tras el bombardeo y secuestro al presidente venezolano Nicolás Maduro. Además, denunciaron “la parálisis y fracaso de los organismos multilaterales como la ONU, la CELAC y la UNASUR”.

Además, participaron representantes de otros países como Estados Unidos, Puerto Rico, Francia, España y Reino Unido, entre otros. Durante las dos jornadas de debate, se realizaron distintos paneles donde las y los expositores pudieron poner en común experiencias, intercambiar información de cada uno de los países y colaborar en la construcción de acuerdos y un plan de trabajo y acción que quedó plasmado en la declaración final del encuentro.

La misma se llevó a cabo los días 24 y 25 de enero en el Palacio de San Carlos de la ciudad de Bogotá. Líderes políticos, diplomáticos, parlamentarios, sindicalistas y representantes de movimientos sociales resolvieron articular una respuesta coordinada frente a lo que llamaron “la nueva Doctrina Monroe”.

«Hemos visto la formulación y ejecución de esta doctrina impulsada por Donald Trump, pero aún no hemos visto una respuesta colectiva», afirmó David Adler, coordinador de la Internacional Progresista y sostuvo: «Han predominado respuestas bilaterales: cada país negocia individualmente con Estados Unidos».

La UE convoca a cumbre de emergencia sobre Groenlandia; Starmer: guerra comercial por la isla “no beneficia a nadie”

El primer ministro británico, Keir Starmer, declaró este lunes 19 de enero que la amenaza de aranceles del presidente estadounidense, Donald Trump, contra sus aliados por Groenlandia es “completamente errónea” y que una guerra comercial “no beneficia a nadie”.

En una conferencia de prensa en Londres, Starmer subrayó que “ser pragmático no significa ser pasivo y la colaboración no significa abandonar los principios”. Sin embargo, buscando calmar la turbulencia, Starmer afirmó que Reino Unido trabajará con sus aliados en Europa, la OTAN y Estados Unidos y “mantendrá el diálogo abierto”.

Por otra parte, el premier británico Indicó que su Gobierno no planea considerar aranceles de represalia. “No hemos llegado a esa etapa. Mi objetivo es asegurarme de que no lleguemos a esa etapa”, declaró.

“Cualquier decisión sobre el futuro estatus de Groenlandia corresponde únicamente al pueblo de Groenlandia y al Reino de Dinamarca”, agregó.

Sus declaraciones llegaron luego de que Trump anunciara el pasado sábado 17 de enero que, a partir de febrero, impondrá un impuesto de importación del 10 % a las mercancías procedentes de ocho países europeos, incluido el Reino Unido, debido a su oposición al control estadounidense de Groenlandialo que supone una prueba potencialmente peligrosa para las alianzas de Washington en Europa. Groenlandia es un territorio que funciona de manera autónoma, perteneciente al Reino de Dinamarca, país aliado de la OTAN.