Hoy, una alerta se extendió a las diferentes unidades del Ejército, prohibiendo a los funcionarios encender sus computadoras o acceder a Internet. La razón detrás de esta medida es un ataque cibernético que ha afectado las redes internas de la institución castrense.

Internamente, se ha comunicado a los funcionarios: “Buenas tardes a todos, por motivos de seguridad de la Red Intranet Institucional y de un incidente de seguridad informática que afecta a la Intranet del Ejército”. Asimismo, se les ha recomendado tomar medidas para prevenir vulnerabilidades.

En primer lugar, se ha ordenado “prohibido encender cualquier computadora de la unidad, todos los computadores deben permanecer apagados”. También se les ha indicado que no conecten dispositivos externos, como pendrives, y que desconecten físicamente el cable Ethernet de todas las computadoras e impresoras conectadas a la red Intranet institucional.

Ramsomware

Hasta el momento, se ha determinado que se trata de un ataque informático que comenzó el viernes e involucra un ransomware, un virus que encripta información y exige un rescate para liberarla. Sin embargo, actualmente se están llevando a cabo contrataques informáticos para intentar recuperar los sistemas y protegerlos. Aún no se ha determinado la magnitud exacta del ataque.

Desde el Ejército, han señalado que “la red de transmisión de datos institucional ha sido afectada por un incidente informático, el cual fue detectado por los sistemas de ciberseguridad implementados”.

Por lo tanto, se ha decidido aislar la red y “realizar las auditorías correspondientes por parte de los organismos de ciberseguridad institucionales, así como llevar a cabo los trabajos de recuperación y certificación de la red para su puesta en marcha de manera segura”.

La institución ha explicado que una vez detectada la amenaza, se han proporcionado los detalles al Equipo de Respuesta ante Incidentes de Seguridad Informática (CSIRT) del Estado Mayor Conjunto y, posteriormente, al Ministerio de Defensa Nacional. “Es importante destacar que hasta la fecha no se han visto afectados los sistemas críticos de información, aunque se continúa evaluando el posible alcance del incidente”, concluyeron desde el Ejército.

En una activa e intensa semana, labor liderada por Patricio López, presidente regional de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF), se alcanzaron diversos logros en la región de Coquimbo. La semana pasada estuvo marcada para el Consejo Regional, por el apoyo prestado a la movilización del Ministerio de las Culturas.

Tras días de manifestaciones, lograron captar la atención de la ministra Vocera de Gobierno, Camila Vallejo, quien se encontraba en la región para participar de la Cuenta Pública de la Delegación Presidencial. En una cita con la secretaria de Estado, sentaron las bases para establecer una mesa de trabajo regional, la cual abordará de manera prioritaria las problemáticas locales que afectan a los trabajadores del Ministerio de las Culturas en la región de Coquimbo.

Resultados

López destacó la importancia de este logro, afirmando: “De cinco problemáticas locales que estaban enfrentando las y los trabajadores, ya tenemos dos solucionados, y estamos trabajando en los otros tres”.

Una de las cuestiones que se resolvió gracias a la intervención de la ANEF Coquimbo fue la mejora de las condiciones del vehículo utilizado por los trabajadores para supervisar programas y realizar trabajos en terreno. López explicó: “Nuestra región es un territorio que tiene mucha ruralidad, y la exigencia desde el servicio es poder llegar a toda la comunidad. Ahí, desgraciadamente no se estaba logrando, al no tener ese vehículo. Y ya se logró, se acordó, incluso con compromiso del Gobierno Regional“.

Patricio López expresó su satisfacción al afirmar: “Fue bastante grato que la ministra nos escuchara e incidiera en la instalación de esta mesa regional, que seguirá sesionando constantemente hasta que se logren solucionar las problemáticas identificadas en el servicio“.

Limarí

Posteriormente, el Consejo Regional se trasladó hasta la provincia del Limarí para reunirse con las y los dirigentes de los gremios de trabajadores públicos de la provincia, en un esfuerzo por ampliar su representatividad y fortalecer la labor sindical en toda la región,

Aunque todavía no se ha podido conformar una directiva provincial de la ANEF en Limarí, este encuentro permitió iniciar la organización y establecer un comité de trabajo. El objetivo es construir un consejo provincial en la provincia de Limarí. Patricio López señaló: “Desgraciadamente, en la región, solamente está todo concentrado en un extremo, en las provincias de Elqui y Coquimbo, donde está la capital regional, por lo que se nos ha quedado un poco atrás el trabajo con Limarí y Choapa. Pero con esto empezamos a avanzar y trabajar con ellos, y creamos un comité con el cual vamos a empezar a trabajar y tener reuniones mensuales en terreno, allá“.

El presidente regional de la ANEF Coquimbo reconoció las particularidades y desafíos que enfrentan en Limarí y Choapa, y expresó su interés en replicar los logros obtenidos a nivel regional en estas provincias. La ANEF Coquimbo busca promover la participación y la elección de un director provincial en Limarí, ya sea a través de una elección complementaria o en las próximas elecciones oficiales.

Patricio López hizo mención especial al presidente histórico de la ANEF, Luis Vega Navarro, quien falleció el año pasado y fue homenajeado de forma póstuma por el consejo regional en el marco de los 80 años de la agrupación. López señaló que la falta de representantes en la provincia de Limarí es uno de los mayores desafíos a los que se enfrentan, pero agradeció el apoyo de los dirigentes de servicios motivados que permitieron iniciar el trabajo en conjunto.

La presidenta regional de ANEF Arica y Parinacota y dirigenta nacional de la Asociación Nacional de Funcionarios Regionales de SENAME (ANFUR), Carolina Bravo, manifestó su preocupación por la falta de claridad en el proceso de traspaso del Servicio Nacional de Menores (SENAME) al Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil, problemática que hoy en día afecta principalmente al norte de nuestro país, ya que la primera bajada en la implementación del nuevo Servicio comienza el 13 de julio del 2023, desde la región de Arica y Parinacota hasta la región de Coquimbo, por lo cual los trabajadores/as enfrentan numerosas inquietudes y falta de claridad en aspectos muy relevantes sobre su futuro laboral.

Según Bravo, si bien es cierto existen mesas de trabajo sostenidas con las tres asociaciones de carácter nacional, los avances en torno a temas trascendentales con el Ministerio de Justicia y SENAME, en búsqueda de certezas han sido lentas, y también lo ha sido el proceso de preparación para el traspaso y la aprobación de los respectivos decretos con fuerza de ley. Esto ha generado confusión y un sinnúmero de situaciones que afectan a los trabajadores/as y que a la fecha no tienen definición. Existen dudas sobre la homologación de cargos, los criterios de prelación que se han aplicado para dichos cargos, cuales regiones contarán con sistemas semi cerrados, cuáles serán las dotaciones por región, si se contará con algún segmento protegido que favorezca a las personas por edad, cuáles serán los grados de dichos cargos, la exigencia de profesionalización para los educadores y coordinadores y los cargos que definitivamente no vienen considerados y cuya falta de continuidad mantiene a las personas muy afectadas ante la posibilidad de no ser traspasadas.

La representante de ANFUR explicó: “Las respuestas han sido lentas y poco formales, siendo gran parte de ellas tales como “se está trabajando en ello” “se está viendo”. En este sentido se entiende que es parte de un proceso que cruza aspectos técnicos y presupuestarios, pero la gente del norte ve con mucha angustia que ya no queda tiempo, ante lo cual se instala una atmósfera de incertidumbre y desconfianza en el proceso y sus actores, incluidos los dirigentes, quienes no logran dar las respuestas que las bases esperan ante un proceso tan trascendental como el que se está viviendo” 

Falta de garantías

Es importante señalar que a un mes y medio de la fecha en que se debe comenzar el nuevo Servicio, “no existe claridad aún bajo que concepto se va a proceder, ya que el traspaso comienza el 13 de julio y termina el 13 de enero del 2024 en el norte. Entonces, qué trabajadores parten, quiénes terminan ¿los cargos que deben comenzar siendo traspasados en las direcciones regionales deben seguir ejecutando funciones en SENAME, o tendrán que ejecutar la mitad de las funciones en el Servicio antiguo y la mitad en el nuevo? son todas inquietudes que se han levantado y la verdad es que ante la gran mayoría de preguntas que los funcionarios/as han expresado, no hay respuestas claras por parte de las autoridades“.

Bravo agregó “las autoridades deben considerar que somos trabajadores/as públicos, quienes desempeñamos nuestras funciones en contacto directo con jóvenes infractores de ley, en contextos muy hostiles, de mucha adversidad y en sistemas privativos de libertad  muy complejos, por lo tanto, tener a los trabajadores en esas condiciones, de incertidumbre, de no saber que viene el día de mañana, si van a tener trabajo el próximo año o no, si podrán asumir compromisos económicos, es un tema muy delicado, necesitamos una mayor preocupación por la salud mental de las personas que están ejerciendo funciones hoy, ya que son quienes están encargados del trabajo de reinserción de muchos jóvenes”

En alerta

Ante esta situación, los trabajadores/as de ANFUR SENAME Arica han decidido iniciar un proceso de movilización, declarándose en estado de alerta, dando a conocer a través de carteles ubicados en el CIP CRC sus principales inquietudes, buscando visibilizar su situación, considerando la lejanía que mantienen con el resto de regiones. La dirigenta destacó, entre otros, la importancia de que las autoridades del Ministerio de Justicia aceleren los procesos y brinden claridad a los trabajadores/as, haciendo un llamado en esa línea, al subsecretario de justicia Jaime Gajardo, a modo de mejorar la información en calidad, tiempo y forma. 

Dicha autoridad fue informada sobre las inquietudes de los trabajadores/as del norte en una visita realizada este lunes a la región de Arica y Parinacota donde el presidente regional de ANFUR fue recibido por el representante del Ministerio de Justicia. La lentitud del trabajo en los decretos con fuerza de ley involucrados en la implementación de este servicio y la implementación progresiva de la ley en diferentes regiones han generado críticas, considerando que la carga de la “puesta a prueba” recae en las regiones del norte. 

Finalmente, los trabajadores/as requieren certezas para poder decidir, bajo legítimo derecho, si continúan o no en el nuevo Servicio, ya que la disponibilidad de información clara y precisa es fundamental para tomar decisiones informadas. 

La ministra del Interior y Seguridad Pública, Carolina Tohá, anunció que hoy se envió al Congreso un proyecto de ley que “fortalece el rol de las municipalidades en prevención del delito y seguridad
pública”.
La iniciativa legal surge del trabajo que ha venido desarrollando el gobierno con diversas fuerzas políticas, parlamentarios, asociaciones de municipalidades y municipios, con el fin de elaborar una agenda amplia de medidas que responda a la demanda ciudadana por más seguridad. También, responde a los puntos N°4 y N°5 del “Compromiso Transversal por la Seguridad” suscrito en abril de este año entre el ejecutivo y las Asociaciones de Municipalidades y es uno de los proyectos de la agenda de “fast track” legislativo que el gobierno acordó con los presidentes del Senado y la Cámara de Diputados y Diputadas.

Prevención

En materia del rol preventivo, la iniciativa reforma los Consejos Comunales de Seguridad, crea un comité operativo de funcionamiento mensual, incorpora criterios de seguridad en los instrumentos de planificación urbana y territorial comunal y fortalece los planes de seguridad de los municipios. Además, contempla la creación de una categoría funcionaria, los “Inspectores de Seguridad Municipales”, dedicada exclusivamente a las funciones de seguridad y fiscalización, en coordinación
con las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública.

La ministra Tohá dio cuenta de la iniciativa al inaugurar la Asamblea de la Asociación Chilena de Municipalidades, que lidera la alcaldesa de Peñalolén, Carolina Leitao, y que se desarrolla hasta este viernes en La Serena, región de Coquimbo. En la ocasión, la secretaria de estado destacó que “el corazón de este proyecto responde a una necesidad largamente conversada con ustedes como alcaldes y alcaldesas, para fortalecer las funciones con las cuales los municipios ejercen labores de seguridad y de fiscalización”. En este sentido, agregó que espera que el debate legislativo que se registre a contar de la próxima semana en el Parlamento, permita avanzar en la búsqueda de  “establecer nuevas exigencias que iremos fortaleciendo paulatinamente, como que los guardias tengan idoneidad física y sicológica, que no tengan antecedentes penales, ni de violencia intrafamiliar”.

Otro de los aspectos destacados es que se destinarán $5 mil millones al año para un fondo que los municipios deberán destinar a la entrega de elementos de protección a los guardias municipales, como un bastón retráctil, chaleco antibalas y formación especial para ejercer estos nuevos roles. “Se van a establecer parámetros que son vinculantes, porque entrar en materias de seguridad es delicado. No queremos que se confunda porque no está en nuestro horizonte tener policías municipales, pero sí coadyuvantes en materia de seguridad, que especialmente permita que lo que hoy día ya hacen los municipios en materia de patrullaje, de apoyo a las víctimas, de fiscalización, lo hagan con más protección, en mejores condiciones, con más capacidades y con un reconocimiento legal que hasta el día de hoy ha sido relegado”.

Principales aspectos del proyecto
-Fortalecimiento de la institucionalidad de las municipalidades en seguridad

– Los municipios podrán desarrollar directamente o con otros órganos de la administración del Estado, funciones relacionadas con el desarrollo, implementación, evaluación, promoción, capacitación y apoyo de acciones, planes, medidas y proyectos, así como celebración de convenios, en el ámbito de la seguridad pública, la prevención del delito, la reinserción social y la asistencia a víctimas, a nivel comunal.

– Crea el Comité de Coordinación Operativa dentro del Consejo Comunal de Seguridad Pública, el cual se reúne mensualmente (o cada vez que sea necesario). Es presidido por la Alcaldesa o Alcalde y está integrado por el Director o Directora de Seguridad, así como por los representantes de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública y del Ministerio Público.

– Modifica el Plan Comunal de Seguridad Pública con el objetivo de incorporar medidas de atención y asistencia a las víctimas de delito; de prevención de delito; mejoramiento de las condiciones urbanas, semiurbanas y rurales; así como la incorporacion de los lineamientos establecidos en la Política Nacional de Seguridad Pública.

– Incorpora el enfoque de seguridad en el diseño de las obras de urbanización y edificación, así como en el plan comunal de inversiones, infraestructura de movilidad y espacio público.

Crea la figura de los Inspectores Municipales de Seguridad
Los inspectores municipales de seguridad cumplirán funciones preventivas y también coadyuvantes.
– Entre las funciones preventivas están el informar al consejo comunal de seguridad pública sobre situaciones que pongan en riesgo a la seguridad de la comuna; la asistencia a víctimas con posterioridad a la comisión de delito; colaborar en la fiscalización en el territorio comunal (ley de alcoholes, rentas municipales, ordenanzas municipales, etc.).

– Entre las funciones coadyuvantes están el desarrollo de un trabajo coordinado con las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, en materias como: intervención en procedimientos policiales de bajo nivel de riesgo, cuyo protocolo de actuación quedará definido en el reglamento de la ley; patrullajes preventivos independiente y mixtos (con policías); control de medidas cautelares.

– Capacitación. Para habilitar a los funcionarios en estas nuevas herramientas, la Subsecretaría de Prevención del Delito (SPD) y Carabineros de Chile suscribirán un convenio para impartir un plan formativo que será requisito para desempeñar esta tarea. La SPD también deberá llevar una nómina actualizada del personal que ejerce funciones como Inspector o Inspectora de Seguridad Municipal.

– Contarán con elementos de protección que será proporcionados por los municipios, entre los que no se cuentan armas de fuego ni elementos cortopunzantes.

El Ministerio de Salud emitió una advertencia sobre una posible alerta sanitaria en las comunas de Concón, Quintero y Puchuncaví debido al aumento de la contaminación en la zona. Además, anunció que, a través de un decreto, la Secretaría Regional Ministerial (Seremi) de Valparaíso podría cerrar las empresas contaminantes.

En un comunicado oficial difundido por la Seremi, el Ministerio de Salud señaló textualmente: “A raíz del aumento de atenciones de salud y de los incrementos observados en contaminantes ambientales registrados en la estación de calidad del aire de Quintero centro, el Ministerio de Salud ha iniciado el proceso para decretar Alerta Sanitaria para las comunas de Concón, Quintero y Puchuncaví, de forma de contar con mayores facultades que permitan dar respuesta a la emergencia que afecta a la zona”.

El decreto otorgará a la Seremi de Salud de Valparaíso facultades extraordinarias para llevar a cabo acciones de salud pública y otras medidas complementarias destinadas a prevenir y controlar de manera efectiva las posibles consecuencias sanitarias derivadas de la contaminación atmosférica. Asimismo, las autoridades tendrán la capacidad de cerrar parcial o totalmente las industrias que estén generando emisiones contaminantes.

Otras medidas

En respuesta al nuevo episodio de contaminación ambiental ocurrido en la comuna de Quintero, la Fiscalía abrió una investigación de oficio. Al menos 100 niños y jóvenes presentaron síntomas de intoxicación, como desmayos, náuseas, dolor de cabeza y de estómago, lo que llevó a la Seremi de Educación a suspender las clases.

Además, la Superintendencia de Medio Ambiente ha dictado medidas provisionales contra siete empresas en Concón, Quintero y Puchuncaví tras el episodio de contaminación. La entidad constató un aumento en las atenciones de salud asociadas a la contaminación atmosférica en diferentes centros de salud de las comunas. Entre las medidas se encuentra la reducción del 70% de los flujos de carga y descarga de productos que emitan compuestos orgánicos volátiles (COVs), así como la aplicación de los planes operacionales de cada empresa en caso de mala ventilación.

Los vecinos también han advertido un intenso olor a gas que se intensifica a medida que se avanza hacia la zona industrial.