Una nueva reunión de trabajo sostuvieron, el día de ayer, en el marco del proceso de Diálogo Social del Sector Público, el Delegado Presidencial Regional de Atacama, Cristhian Varas Fuentes, su equipo cercano de asesores y la directiva de ANEF Atacama, encabezada por su presidenta Ana Maldonado Concha, quien estuvo acompañada por Hugo Carmona Concha y Renato Leal Soto, tesorero y secretario, respectivamente.

El Protocolo de Relaciones del Sector Público de Atacama es un instrumento de trabajo que fue presentado por ANEF Atacama el 13 de octubre pasado, ratificado reuniones sucesivas el día 02 de noviembre del 2022, el 25 de enero y el 10 de abril de 2023 ante la Delegación Presidencial Regional representada por sucesivas autoridades titulares y subrogante.

Objetivos

En síntesis, el citado protocolo comprende el diseño del Plan de Relaciones Laborales en el Sector Público de Atacama que tiene un horizonte de mediano plazo y el catastro de casos de eventuales malas prácticas laborales, tales como, acoso laboral, acoso sexual y prácticas antisindicales en contra de dirigentes y funcionarias y funcionarios públicos de Atacama, que requiere tramitación sin mayor dilación. 

Durante los meses de abril, mayo y junio las contrapartes técnicas, nombradas por cada una de las partes se abocaron a la tarea de realizar el análisis técnico jurídico tanto del Protocolo de Relaciones Laborales como del catastro de denuncias sistematizadas por ANEF Atacama. El diálogo social inaugurado de forma conjunta, se ha traducido en un trabajo riguroso, técnico, y reservado en el tratamiento de una problemática compleja, como lo es la eventual vulneración de derechos fundamentales por agentes del Estado.

Diagnóstico

El diagnóstico de ANEF Atacama alude a agentes del Estado, jefaturas disfuncionales que están maltratando y acosando a funcionarias y funcionarios. Todos los casos tienen un denominador común. La responsabilidad administrativa recae en jefaturas sin capacidad de gestión de conflictos, sumados a rasgos psicológicos o trastornos de personalidad de quienes ejercen jefaturas de exclusiva confianza, o son parte de las altas jerarquías funcionarias de la respectiva institución, que además muestran escaso manejo y apego al Derecho Administrativo. 

El Delegado Presidencial Regional instruyó a su jefa de gabinete acelerar la resolución de medidas administrativas para descongestionar el alto número de casos de vulneraciones de derechos. Las partes coincidieron en la pertinencia de la aplicación de la Resolución N° 922 de la Contraloría General de la República para casos en que los denunciados son autoridades y altas jerarquías de los respectivos servicios, de modo que sea la Unidad de Protección de Funcionarios del Organo Contralor del Nivel Central, quien sustancie e incoe los procedimientos sancionatorios.

Contacto permanente

Las partes acordaron mantenerse en contacto permanente tanto para ir resolviendo los casos de más fácil resolución, como por aquellos casos que revisten mayor gravedad por la entidad de eventuales ilícitos denunciados, el señor DPR comprometió sus oficios para contar a la brevedad y con urgencia de asesoría del nivel central del Ministerio del Interior.

Consultada Ana Maldonado, respecto de su evaluación del encuentro señaló: “Como presidenta de ANEF Atacama destaco el trabajo de la directiva en su conjunto, solo pedimos que las autoridades cumplan la ley, ajusten con urgencia todos los actos administrativos a la legalidad, se allanen a indagar todas las denuncias con rapidez y sin mayor demora y cuando sea el caso, se repare el daño causado a la víctima, ese es el estandar y eso es lo que nos piden las bases y sus dirigentas y dirigentes en nuestra región”. 

Una reunión con el gobernador regional, Patricio Vallespín, sostuvo la directiva de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF) Los Lagos. Esto, para abordar las situaciones que el gremio denunció a través de una declaración pública, en la cual solicitaron un cambio de gabinete, entre otros requerimientos.

En este documento, se refirieron a diversos hechos, que la agrupación calificó como “atentatarios contra la dignidad del empleo público”. Entre ellos, conductas de nepotismo y amiguismo en el proceso de ingreso de personas a trabajar en el estado, “que se muestre como requisito de ingreso, sólo el pertenecer a una tienda política determinada, así como ser familiar de un parlamentario o autoridad regional miembro del Gabinete en nuestro territorioo”, denunciaban.

Asimismo, y entre otros temas, los montos de viáticos recibidos por una autoridad de Gobierno. En este punto, el gremio hizo alusión a la política de austeridad del actual Gobierno, señalando que “ Nunca imaginamos que mientras vivimos este “ajuste de cinturón”, por otro lado, se observe “manga ancha” para la sobre utilización de los recursos”.

“Recobrar las confianzas”

Pamela Espinoza, explicó que estas graves situaciones los han llevado a tomar la decisión de que la región de Los Lagos sería la única región en que no se firmaría el Convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo, y que aborda la erradicación de la violencia y el acoso en el mundo del trabajo. 

“Nosotros solicitamos allí una modificación en el gabinete porque sentimos que es la única forma en que se puedan recobrar las confianzas con las autoridades nombradas por el presidente acá en la región. Y además, le señalamos al gobernador la preocupación que teníamos de que esta sea la única región donde no se firme el protocolo de bajada del Convenio 190, que se había pensado desde el Ministerio del Interior que se hiciera a través de las Delegaciones Presidenciales y las ANEF, como representante de los y las trabajadoras“, señaló Espinoza.

La dirigenta agregó que “la verdad es que nosotros se lo hemos dicho a la delegada presidencial. Acá es muy difícil que lo podamos realizar sin tener una respuesta para las múltiples denuncias de maltrato laboral que han habido, y sin tener también respuesta respecto a las denuncias que pesan, por ejemplo, sobre la seremi de Educación, y que apuntan a posibles irregularidades“. 

Sumario administrativo

Además, la representante gremial rechazó la forma en que se han manejado las denuncias de maltrato y acoso laboral en diferentes servicios públicos y seremis de la región, donde la respuesta ha sido un sumario administrativo que no prospera, en lugar de lo que espera el gremio, una solución política. 

“Se utilizó la vía administrativa, como son los sumarios, que lo realiza precisamente quien depositó la confianza política en la persona que lo representa acá, obviamente que todos esos sumarios han transitado por la vía de no relevar las denuncias, sino más bien esconderlas y señalar que no hay cargos“.

Añade Espinoza que “entonces, en definitiva, quedan en absoluta desprotección las víctimas, y queda en un sinsentido el Convenio 190. Osea, todo esto se está dando mientras Chile firma la ratificación del Convenio, mientras se intenta avanzar en la implementación del mismo. Nosotros acá en la región sentimos que hay una disociación, entre lo que dice el Convenio, o el espiritu del mismo, y lo que está sucediendo acá“.

“Construir los diálogos”

Por su parte, el gobernador, Patricio Vallespín, hizo un llamado a las autoridades de la región. “Esto a mi me lleva a pensar y a plantear, con todo el respeto, ya que son temas que no me corresponden a mi. Cambio de gabinete, y otros requerimientos, son otras las autoridades pertinentes. Pero sí, un llamado a todos los que hoy son directivos de servicios públicos en la región, a construir los diálogos“, explicó.

Agregó la máxima autoridad regional que “acá no se puede pensar solo en caminos tecnoburocráticos, de investigaciones sumarias, sumarios que generalmente no llegan a ningún resultado por lo que plantéa la presidenta de ANEF. Sino que esto se haga a través de un diálogo político gremial, en cada institución, que ojalá a nivel regional. Me comprometí a hablar, tanto con el Ministerio del Interior para que los espacios de deliberación y decisión en las regiones respecto a estos temas sean mayores, que no sea el nivel nacional el que tenga que resolver los temas, que finalmente todo ha terminado con un ‘no ha lugar‘.

Además, explicó que el generar ambientes de trabajo en el sector público de confianza, motivación y respeto, genera un mejor rendimiento laboral, traduciéndose en mejores prestaciones para la ciudadanía. 

En este sentido, el GORE aseguró que se comunicará con el Ministerio del Interior dada su preocupación por la posibilidad de que la región de Los Lagos no efectúe la firma regional del Convenio 190. “No es una buena señal”, explicó 

Desde la ciudad de Chillán, Ana María Hellman, presidenta regional de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF) en la región de Ñuble, hizo una enérgica denuncia sobre la histórica falta de dotación y presupuesto que ha experimentado la región desde su creación, impidiendo así entregar un servicio de calidad a la ciudadanía.

Con cánticos como “Ñuble de cartón, necesita dotación” y “Más Presupuesto, Mejor Servicio”, Hellman expresó la problemática que enfrentan los funcionarios públicos de Ñuble. “Hoy, como hemos gritado, somos una región de cartón, una región imaginaria que requiere ser verdaderamente lo que se nos prometió: una verdadera región, con sus tres provincias realmente instaladas“, enfatizó.

“Es hora de que Ñuble se consolide”

Han pasado casi cinco años desde la creación de la región de Ñuble, y según Hellman, si hoy existe una región en este lugar es gracias al sacrificio de todos y cada uno de los funcionarios públicos de Ñuble. Por lo tanto, exigió al Presidente de la República, Gabriel Boric, que los reciba y demande a la Dirección de Presupuestos (DIPRES), a través del Ministerio de Hacienda, una glosa especial para la dotación, viáticos y todo lo necesario en los subtítulos 21, 22 y 29. De esta manera, se convertiría a esta antigua provincia en una verdadera región.

“Es hora de que Ñuble se consolide, y este Gobierno debe ser el que lo logre“, explicó la dirigenta. Además, resaltó que están a la espera del cumplimiento del compromiso del delegado presidencial regional de Ñuble, quien se comprometió a recibir la información de todos los seremis de la región para evaluar las condiciones presupuestarias en los subtítulos 21, 22 y 29 de los distintos servicios públicos.

Nueva reunión

Durante el proceso de recolección de información, la ANEF regional se percató de que todo estaba centralizado, lo cual consideraron un mero gesto simbólico. Ante esta situación, han gestionado una nueva reunión de mesa de trabajo con Henrique Hinostroza, representante del Gobierno Interior, el mismo representante que los recibió el pasado 16 de junio en el viaje en el llamado “Bus de la Unidad”. El objetivo de esta reunión es comparar los requerimientos de las asociaciones de funcionarios con los informes enviados a Santiago por los seremis.

Para respaldar su causa, Hellman destacó el apoyo del presidente nacional de la ANEF, José Pérez Debelli, y de la senadora Loreto Carvajal, representante de la región de Ñuble, quienes se comprometieron a conseguir una reunión con la Comisión del Senado apropiada y con autoridades del Gobierno Central, como el ministro de Hacienda y la directora de la Dirección de Presupuesto (DIPRES).

La ANEF está tomando medidas adicionales para llamar la atención sobre su lucha. Próximamente, convocarán a una demostración de fuerza sindical en la región, acción busca demostrar que la situación es seria y que las autoridades deben prestar atención, especialmente, teniendo en cuenta que falta de recursos ha afectado la calidad de los servicios públicos y ha generado una creciente preocupación entre los funcionarios y la ciudadanía en general.

Paula Rojas, trabajadora del Gobierno Regional de la región de Arica y Parinacota y presidenta de la Asociación de Funcionarios del Gobierno Regional, ha denunciado una serie de prácticas antisindicales y vulneraciones a los derechos laborales, especialmente dirigidas hacia las mujeres.

Rojas relató su experiencia, destacando que desde la asunción del gobernador Jorge Díaz en la región, se han llevado a cabo numerosas prácticas que van en contra de los principios sindicales y han vulnerado los derechos de los trabajadores. En particular, que ella y una colega están siendo destituidas injustamente por haber emitido una orden de compra autorizada por sus jefaturas. A pesar de tener todas las autorizaciones necesarias y ser mandos bajos, el gobernador ha iniciado un sumario administrativo desproporcionado en su contra.

Sumario administrativo desproporcionado

“No somos mandos superiores, somos mandos bajos, y teníamos todas las autorizaciones del caso, y el gobernador, entiendo que hizo un sumario administrativo desproporcionado“, declaró Rojas con indignación. Además, reveló que el gobernador les propuso entregar algo a cambio para frenar el sumario, a lo que ellas se negaron firmemente. “Que un presidente gremial no se vende, aunque tenga hasta esta altura, que ya estamos en Tribunales, su trabajo prácticamente perdido, nosotros vamos a seguir en la lucha“, agregó.

Rojas expresó su preocupación por el temor que embarga a muchos de sus colegas, quienes no se atreven a denunciar debido a la difícil situación laboral en la región y la falta de oportunidades de trabajo. “Vamos a seguir insistiendo porque las y los funcionarios puedan tener un ambiente laboral adecuado, por el trabajo decente. No se está dando en el Gobierno Regional de Arica y Parinacota, aunque muchos compañeros y compañeras no quieren denunciar porque tienen miedo“, afirmó Rojas.

La denuncia de Paula Rojas no es un caso aislado. Según sus palabras, al menos tres funcionarios han presentado su renuncia al Gobierno Regional debido a los maltratos sufridos, y muchas personas han presentado denuncias, pero la Mutual de Seguridad no ha dado una respuesta favorable a estos casos.

Llamado

En vista de esta situación, Rojas, como presidenta de la Asociación de Funcionarios del Gobierno Regional de Arica y Parinacota, hizo un llamado a los compañeros de la ANEF (Agrupación Nacional de Empleados Fiscales) para que les brinden apoyo. “Que todas y todos ustedes nos puedan apoyar y mandarnos algún video en apoyo, sus muestras de estar ahí con esta causa“, solicitó Rojas, mientras instaba a los gobernadores y gobernadoras del país a no cometer vulneraciones de derechos y prácticas antisindicales.

Rojas destacó que las acciones emprendidas hasta ahora han incluido reuniones con la Delegación Presidencial, el delegado de Arica y Parinacota, el Ministerio de la Mujer y el Instituto Nacional de Derechos Humanos. Sin embargo, han recibido respuestas limitadas debido a que el gobernador fue elegido por la ciudadanía y estos organismos aseguran no tener una influencia directa sobre él.

“No hay una falta a la probidad grave, como lo ha mencionado él en sus redes sociales y a personas. Sino que aquí hay una injusticia enorme, hay una falta grave de parte de él, al hacer un sumario desproporcionado“, subrayó Rojas, refutando las acusaciones infundadas del gobernador.