“Los compañeros y compañeras que estuvimos y que fuimos torturados en este edificio, en el regimiento Sangra, o en las casas clandestinas, actualmente hemos podido reunirnos. Siendo un total de aproximadamente unas 80 personas, los que desde hace 12 años estamos incluidos en una demanda en contra de quienes ejecutaron estas acciones” Alfredo Argel Marilican.

Cuando asumió el ex presidente Patricio Aylwin en el año 90, luego que un plebiscito anulara cualquier posibilidad de una continuidad de Pinochet en el poder, las ansias de justicia prevalecieron. Los acontecimientos ocurridos durante la dictadura, fueron el motor para comenzar a realizar una serie de indagaciones e investigaciones.

El objetivo era y es encontrar a los detenidos desaparecidos, y así dar alivio a las miles de familias chilenas que pedían de forma imperiosa, justicia para sus: hermanos, hijos, tíos, padres, hijas, hermanas, tías, madres.

Informe Rettig

Debido a esta necesidad, el 25 de abril del año 90´se creó la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación. A través del Decreto Supremo n° 355, se buscó contribuir al esclarecimiento de la verdad, sobre las graves violaciones a los derechos humanos cometidas entre el 11 de septiembre de 1973 y el 11 de marzo de 1990.

Este organismo estuvo liderado por el político Raúl Rettig, ex embajador de Allende en Brasil. Razón por la cual, tiempo después, fue conocida como Comisión e informe Rettig.

Sin embargo, al año siguiente de entregado el informe final de esta comisión, no se lograron dilucidar y enjuiciar a todos los responsables de las atrocidades cometidas durante la dictadura. Así, según Alfredo Argel, se transformó “en un lavadero de conciencia para los que esperaban un juicio”.

Las recientes tramitaciones

Estas afirmaciones se sustentan en recientes tramitaciones legales, donde en la ciudad de Puerto Montt se han realizado juicios contra los responsables de asesinatos. Como fue el caso de los deportistas del barrio Lintz, tras una discusión con agentes de la fuerza aérea.

Hace solo unas semanas, el ministro en visita para causas por violaciones a los derechos humanos de Puerto Montt, Álvaro Mesa Latorre, acusó a tres miembros del Comando de Área Jurisdiccional de Seguridad Interior (Cajsi). Lo anterior, por su responsabilidad en los delitos de secuestro, detención ilegal y aplicación de tormentos. Ilícitos perpetrados en 1973.

Mesa atribuye como responsables al oficial de Ejército en retiro Eugenio Covarrubias Valenzuela. Este sujeto estaba a cargo de la Sección Segunda de Inteligencia del Regimiento de Infantería N° 12 “Sangra”. Otro de los acusados fue el oficial de Carabineros en retiro Carlos Segundo Tapia Galleguillos, de la dotación de la Segunda Comisaría de Carabineros de Puerto Montt. Se sumó a esta lista, el detective Roberto Javier Díaz Moya, del Departamento de Informaciones de la Prefectura de Puerto Montt de la Policía de Investigaciones.

El relato de una víctima

En este proceso investigativo, donde se señala a policías y componentes de las fuerzas armadas como autores de estas violaciones a los derechos humanos, se encuentra el testimonio de uno de los afectados por estas torturas.

Alfredo Argel Marilican, de 67 años -nacido y criado en Puerto Varas- ejercía en esa época, como auxiliar de la empresa de buses Varmontt, participando en los viajes de Puerto Montt hacia la ciudad de Osorno. Fue allí donde se transformó en dirigente sindical de trabajadores de esta empresa.

“Llegado el golpe militar me detuvieron y en algún momento me dijeron que se iban a desquitar con mi hermano mayor. Él estaba preso por otras razones. Delitos menores. El tema es que, por mi participación de estas actividades sindicales, además que otros hermanos míos también participaban de estas acciones sociales, me arrestaron”, declaró Argel

“Estuve detenido en el edificio de la ex PDI, que está ubicado en frente del mall costanera. No llegué a la cárcel, pero cuando me largaron, me dieron la libertad con la amenaza de que mi hermano que estaba detenido iba a pagar por mí”, acusó también.

Aún se reúnen esperando justicia

En general, para el ex preso político, el comentar o ahondar en detalles, es repetir algo que es conocido por todos, y que ha sido graficado en muchas oportunidades. “Los compañeros y compañeras que estuvimos y que fuimos torturados en este edificio, en el regimiento Sangra, o en las casas clandestinas, actualmente hemos podido reunirnos. Siendo un total de aproximadamente unas 80 personas, los que desde hace 12 años estamos incluidos en una demanda en contra de quienes ejecutaron estas acciones”.

Comentó que hace poquito se fueron a parar afuera de la corte de apelaciones de Puerto Montt, para presionar que se aceleren las tramitaciones que vienen hace año esperando. Argel analizó este mismo hecho, aludiendo a que se pregunta constantemente del por qué la gente no quiere hablar. Donde conoce casos que se vienen tramitando 8, 6 años -12 la suya con otros ex presos políticos- y que ya es momento que empiecen a resolverse. “Hubo comunidades, familias enteras que desaparecieron en la región de la Araucanía, acá en chamiza se perdió mucha gente, pero nadie quiere hablar”.

Rettig

Líneas arriba comentábamos acerca de la comisión investigadora que propició Aylwin, donde, y a la luz de lo que especifica Alfredo Argel, no fue concluyente. Pese a que el informe se cerró nueve meses después de iniciado, en febrero del 91´.

El informe presenta un total de 3. 920 casos de detenidos desaparecidos y torturados por causas políticas. Según Alfredo, no alcanza a ser ni la mitad de todas las personas que fueron vejadas durante la dictadura, y específicamente, posterior al golpe.

“Todos los gobiernos que han pasado -luego de Pinochet- la concertación, nueva mayoría, se hicieron los lesos. Toda la justicia en la medida de lo posible. Para mí, todos los compromisos ejercidos por Aylwin, Frei, Lagos, Bachelet, eran una pantalla, una gran mentira”.

alfredo argel marilican

“Al igual de lo que sucede con el proceso que estamos viviendo con este cambio constitucional. Donde vemos que quieren llegar a acuerdos, y continúan con las mismas trampas. Ya lo vemos como están presentándose para participar de este proceso. Entonces, tramitan y esperan los años, que la gente se olvide, se muera. En mi familia quedamos un hermano y yo, y con suerte tenemos sobrinas, nietas, y que esperamos puedan continuar con esta lucha”, criticó Alfredo.

Las razones

Acusó que, durante esos años, los medios de transporte, y también los de comunicación eran muy escasos en esta zona del país. Por lo que la información era escasa.

Comentó que la televisión recién llegó hasta fines de los años 70. Así que las posibilidades de sacar a la luz pública todos esos atentados a los derechos humanos era prácticamente imposible. Añadió que ahora es distinto, ya que existe mucha información. Algunos profesionales de las ciencias jurídicas están sacando los legajos de esos años, y están investigando dichas acusaciones.

“El informe Rettig fue realizado en este país, para hacer creer a la gente y al mundo que en Chile se hacía justicia. Abrieron procesos casi solo en Santiago – ya que Santiago es Chile- y por ende acá los procesos legales eran eternos”

alfredo argel marilican

Museo de la Memoria

El 2016 se firmó un convenio entre el Gobierno y agrupaciones de Derechos Humanos. El objetivo era transformar el ex edificio de la PDI en el Museo de La Memoria.

Bajo este contexto, Argel comentó que otro de los objetivos que persigue este edificio es poder dar instrucción en materias relacionadas con los derechos humanos. Sin embargo, aún no hay recursos para poder poner en ejecución este proyecto.

En conclusión, el ex detenido durante la dictadura, mantiene la esperanza de que estos crímenes puedan ser juzgados y condenados. Para que una parte de la historia de este país, pueda comenzar a sanar una herida. Lograr que la comunidad pueda entender que existen cosas que van más allá de una comprensión política. Que cualquier acto que atente contra la dignidad de las personas, es un acto condenable.

Entrevista y Redacción: Daniel Carrasco