Esta semana el Concejo Municipal aprobó la nueva Ordenanza de Extracción de Áridos de la Municipalidad de Puerto Montt. El documento denominado “Ordenanza Local que Regula la Extracción de Áridos, su Transporte y Recuperación de Zonas Intervenidas” busca regular esta actividad. Ya que, como reconoce el municipio, es un proceso productivo que tiene efectos medioambientales y para el desarrollo territorial.

La ordenanza, aseguran los vecinos, se encontraba en proceso desde el año 2016. Pero para la comunidad de La Vara, la problemática comenzó con el paupérrimo estado en el que se encontraba la ruta que une Puerto Montt a Alerce. Tal como denunciaban los vecinos, y como confirmó más tarde el Director Regional de Vialidad, Enzo Dellarossa, la destrucción de este camino fue responsabilidad del tráfico de camiones de alto tonelaje relacionados con las empresas de áridos que operan en la zona.

Afectaciones al bienestar de los vecinos y al medioambiente

Es debido a esta situación que los vecinos hicieron noticia al tomarse la ruta en marzo del 2021, repitiendo la acción, al no obtener soluciones, en agosto y septiembre de ese mismo año. Finalmente, desde Vialidad se ofreció una solución para arreglar este camino, pero los vecinos continuaban aquejados por una serie de afectaciones a su vida cotidiana y su entorno debido a las acciones de las empresas de áridos de la zona.

Laura es vecina colaboradora de la junta de vecinos (jjvv) La Vara Sendas Unidas. Tal como relata la dirigenta, “los vecinos se amanecían con los ruidos molestos del procesamiento de las piedras de las chancadoras, las que no dejaban lugar al buen descanso”. Además, la comunidad ha debido convivir con peligrosos y profundos pozos de áridos, muchos de ellos abandonados. Y finalmente, los vecinos han sido testigos del daño constante que estas empresas ocasionan al medio ambiente.

Todas ellas son situaciones que esperan remediar con la nueva Ordenanza de Áridos. Laura cuenta que como habitantes del sector desconocen el motivo tras la larga espera por una regulación para estas empresas. “Desconocemos los motivos de porque estaba durmiendo y aplazándose una y otra vez”, afirmó.

Promesas incumplidas

Por marzo de 2021, en pleno periodo de campaña, desde la alcaldía se acercaron a los vecinos para prometer una nueva ordenanza de áridos que considerara obligaciones de responsabilidad social para las empresas extractoras. Pero cuando unos meses más tarde, pudieron acceder al borrador de esta normativa, encontraron que tenía serias falencias.

Las limitaciones del documento se evidenciaban respecto a, por ejemplo, a la falta de distanciamiento efectivo de las actividades de extracción respecto a los hogares. Además, cuenta Laura, “tenía déficit en aspectos técnicos, en relación, por ejemplo, a la protección de los recursos medioambientales”.

En respuesta a las manifestaciones, y buscando el diálogo con los vecinos, el municipio de Puerto Montt decidió concentrar los esfuerzos de la Comisión de Infraestructura del Concejo Municipal en el sector de La Vara. El proceso fue liderado por los concejales Fernando Binder como presidente, y Emilio Garrido como vicepresidente de esta comisión.

Es un proceso que la dirigenta califica como exitoso, ya que se logró incluir diferentes requerimientos que tenían como vecinos. Por ejemplo, el que se contemple una separación de al menos un kilómetro entre los hogares y las chancadoras de áridos. Además, la ordenanza contempla que las empresas del rubro deben regularizar terrenos, debiendo suavizar taludes y rellenar fosos.

Ordenanza contempla reparación medioambiental

Finalmente, el documento incluye consideraciones de índole ambiental, un tema fundamental para la comunidad. Es un aspecto que, como comenta la dirigenta, además denota una preocupación del municipio por el cumplimiento de sus propios compromisos. La colaboradora de la junta de vecinos (jjvv) La Vara Sendas Unidas se refirió de esta forma al plan comunal que el municipio mantiene a largo plazo, con miras al 2030.

Como explicó el mismo alcalde de Puerto Montt, Gervoy Paredes, los alcances de esta ordenanza se traducen como parte de los desafíos estratégicos que abarca el desarrollo, en el corto y largo plazo, de la capital regional. Del mismo modo, en coherencia con los planteamientos fundamentales del Plan Regulador Comunal (PLADECO)-Puerto Montt 2030.

Prohibición de afectar los ríos y esteros de la comuna

En este eje medioambiental, la Municipalidad informó que la Ordenanza Local promoverá la reforestación con especies nativas, buscando recuperar el entorno. Además, establece explícitamente —en su Artículo 41°— la prohibición de extraer arena, ripio y cualquier otra clase de áridos desde los cauces y álveos de los ríos y esteros de la comuna. De la misma forma, en el Artículo 10° fija que la extracción desde el pozo lastrero, cantera, y el inicio de la recuperación, deberán planificarse y ejecutarse sobre la base de ciclos anuales.

En forma de evaluación general de este largo proceso, la dirigenta agradeció a todos los actores involucrados. Y señaló que “fue un trabajo colaborativo, de mucho sudor y lágrimas para lograr que nuestro barrio propicie el desarrollo sustentable. Además, deseamos ser parte de esta nueva línea de desarrollo para así poder ser urbanos en un corto plazo. Y contar con la tan necesaria urbanización, alcantarillado y agua potable para el consumo”. Esto porque en La Vara, a la fecha, existen muchos vecinos que no cuentan con agua ni alumbrado público.

Redacción: Manuela Barrueto

Fotografías: Municipalidad de Puerto Montt

Hoy, miércoles 2 de febrero es el Día Mundial de Los Humedales. La fecha corresponde a la conmemoración de la firma del Convenio de Ramsar, en 1971. La Convención sobre los Humedales de Importancia Internacional de Ramsar es un tratado intergubernamental. El convenio tiene como misión la conservación y el uso racional de los humedales. Chile suscribió a la Convención de Ramsar como Ley de la República en el año 1981.

Pese a ello, en innumerables lugares del país y la región al día de hoy, los humedales se encuentran en constante amenaza, frente a autoridades que muchas veces deciden ignorar la importancia que estos cuerpos de agua tienen para las personas y los ecosistemas.

Es una situación que Karla Linco, del Colectivo Cuenca Sur de Osorno conoce muy bien. La activista osornina es además integrante de la Red Plurinacional de Humedales de Chile. Linco cuenta que a partir del trabajo colectivo entre las organizaciones medioambientales de la zona y el país “hemos detectado que todavía en diversas partes de Chile no hay nada que celebrar”. Específicamente, Osorno, agrega Linco, “se está convirtiendo cada vez más en un símbolo de impunidad para aquellas empresas que destruyen los ecosistemas acuáticos. Así es que los ríos, por ejemplo, que se han venido contaminando por más de 30- 40 años en Osorno, como el río Damas”.

Destrucción de dos humedales el año pasado

Además, agrega que ha existido un daño muy importante a los humedales de la zona. “Tenemos solamente durante el año pasado la destrucción de dos humedales. Que fueron el Humedal Los Sapos y también los trabajos para Humedal Garza Grande, que está en el sector Las Quemas. Esto por la ampliación de los centros urbanísticos, que buscan cualquier espacio y se instalan”.

La activista se refirió además al punto de vista de las organizaciones medioambientales en torno a la reciente controversia entre el alcalde de Osorno, Emeterio Carrillo, y el seremi de Vivienda y Urbanismo de la región de Los Lagos, Jorge Guevara.

Declaraciones cruzadas entre Seremi de Vivienda y alcalde Carrillo

La polémica comenzó cuando el seremi, en entrevista con la Radio Sago, aseguró que el alcalde priorizó los intereses de algunos particulares por sobre la necesidad de reducir el déficit habitacional de la comuna. Que hoy asciende a cerca de 5 mil viviendas. Esto porque, según el seremi, la solicitud de declaratoria de Humedales Urbanos en el sector comprometería al proyecto habitacional de más de 1200 viviendas en el predio Baquedano.

Por su parte, Carrillo contestó a estas declaraciones a través de un comunicado público. El edil señaló que las solicitudes de declaratorias de humedales son una obligación que deben cumplir por normativa legal todos los alcaldes del país. Lo cual no va asociado a la suspensión de la construcción de viviendas. “Sino más bien ésta permite que la ciudad avance conforme un desarrollo territorial armónico al medio ambiente, protegiendo el ecosistema. Pero también ofreciendo una vida útil mucho más larga a esas casas. Pues se obliga a quien construye a cimentarlas en zonas seguras, libres de humedad, y de cualquier otro factor externo que contribuya a su deterioro en el tiempo”.

Además, el jefe comunal aseguró que la superficie informada por el municipio como humedal en la zona de Baquedano alcanza a las 16,8 hectáreas, quedando para construcción de viviendas alrededor de 74 hectáreas.

Desde el mundo del activismo medioambiental, comentó Linco, respaldan las declaraciones del edil. Ya que según la activista medioambiental, comprenden que “la vivienda propia es una necesidad muy grande de nuestro pueblo (…) nosotros lo que creemos es que es totalmente compatible la existencia de viviendas con la presencia de humedales”.

Esto, siempre y cuando, advirtió, se tomen los resguardos necesarios para proteger a estos cuerpos de agua. Se debe “resguardar que los humedales tengan recarga de sus acuíferos. Es decir, que no se cemente tanto en los espacios cercanos al humedal, por ejemplo”, señaló Linco.

Ningún humedal urbano declarado en Osorno

Ahora, respecto a la gestión del alcalde en general, Linco señaló que celebran la preocupación del municipio por ingresar sus propias declaraciones de humedal urbano. No obstante, algo que lamentan es que hasta el día de hoy no existe ninguna declaratoria oficial de humedal urbano en la comuna. Ya que ninguno de los más de 22 humedales que las organizaciones medioambientales han individualizado se encuentra reconocido por el Ministerio de Medio Ambiente.

En este sentido, desde Cuenca Sur reconocen que existe una intención de que se declaren humedales urbanos. Sin embargo, ven con preocupación el hecho de que “igual tenemos el arrase y la destrucción de humedales”. La situación, asegura Linco, denota negligencias, tal vez intencionales, por parte del municipio.

No basta sólo con ingresar la declaratoria de humedal urbano para resguardar este cuerpo de agua. Lo que debería suceder, según la activista, es que el municipio oficie al particular, indicándole que se trabajará en su predio, para que el humedal que se encuentra en el, se convierta en un humedal urbano. “Y el particular tiene que entender que desde ese momento ya está imposibilitado de realizar cualquier acción dentro de ese humedal. Es decir, no rellenarlo, no drenarlo, no cortarlo, no dividirlo”, enfatizó Linco.

¿Que perdemos al destruir los humedales?

En cuanto a lo que significa la pérdida de los humedales para las personas y el planeta, es un tema que desde el Convenio Ramsar han tratado en numerosas ocasiones. Como han comentado desde la organización, la pérdida de los humedales significa que los habitantes de ese territorio se enfrenten a la escasez hídrica, y que queden expuestos a inundaciones y sucesos climáticos extremos. Sobre lo mismo, la destrucción de estos cuerpos de agua trae consigo la pérdida de diversos medios de subsistencia y bienestar y la inseguridad alimentaria

Mientras que para el planeta y los ecosistemas, algunas de las consecuencias son la pérdida de la filtración natural de agua dulce, la disminución de la biodiversidad y el aumento de las emisiones de carbono y metano.

Redacción: Manuela Barrueto

En la tarde de ayer y de forma telemática, la magistrada Loreto Yáñez Sepúlveda dio lectura a la sentencia que, en fallo dividido, condenó al imputado Carlos Iván Vivar Vivar a cumplir una pena de 15 años y un dia por el femicidio contra su ex-conviviente.

El asesinato, como el tribunal acreditó más allá de toda duda razonable, ocurrió en la madrugada del del 19 de diciembre de 2019. Cuando el imputado acudió hasta el domicilio de su ex conviviente. Allí la golpeó en su rostro, pecho, brazos, piernas y zona abdominal para finalmente estrangularla causándole la muerte por asfixia. Luego huyó, dejando a Mónica Mansilla sobre su cama, tapada con un cobertor.

Femicida fue absuelto previamente

Mónica Mansilla tenía apenas 54 años al momento de su muerte, y era madre de 3 hijos mayores de edad. Además, la mujer mantuvo una relación de convivencia con Carlos Vivar por 17 años. Pese a todas estas circunstancias, en un principio se decidió absolver al sentenciado por este crimen, el 15 de septiembre del 2021. Esto porque, según se mencionó en el veredicto ese entonces, la investigación llevada a cabo por la PDI presentó “serias deficiencias y debilidades.”

La sentencia de absolución se anuló más tarde, el 15 de noviembre de ese mismo año. Al ser acogido el recurso de nulidad de la sentencia presentado por la Fiscalía, el Servicio Nacional de La Mujer y Equidad de Género, y los abogados de los dos hijos de la víctima. Ya que se consideró que la sentencia “no analizaba toda la prueba rendida”. No considerando, en particular, las declaraciones de todos los testigos.

Juicio debió desestimar pruebas ilícitas

Finalmente, el nuevo juicio oral en contra del femicida se llevó a cabo entre el 11 y el 19 de enero de 2022. Este nuevo proceso debió desestimar las pruebas obtenidas con infracciones a las garantías fundamentales del acusado. Ya que la policía ingresó dos veces a la propiedad privada del sentenciado sin contar con una orden judicial. Por este motivo, las evidencias obtenidas en dichas diligencias no fueron valoradas por el tribunal.

A pesar de esta medida, el magistrado Rojas Mundaca, decidió en esta oportunidad apoyar una sentencia absolutoria para Carlos Vivar, al “compartir lo expresado por los jueces de mayoría en torno a la exclusión de los elementos de juicio incorporados en el desarrollo de la audiencia de juicio oral, obtenidos con vulneración de garantías fundamentales. Y con ello, a la justificación que se expresa también respecto a la imposibilidad de condenar a un justiciable con prueba ilícita”.

Redacción: Manuela Barrueto

Fotografías: Justicia Para Mónica Mansilla

A menos de un día de que finalice el plazo para firmar por Iniciativas Populares de Norma, que tuvieron tiempo de ingresar hasta el día 20 de enero, la propuesta titulada “Derecho de toda persona autista a recibir terapias. El estado debe de garantizar su acceso continuo en el sector público y privado” ha alcanzado más de 17 mil votos de la ciudadanía. Y de esta forma, ha ingresando a la discusión en la Convención Constitucional.

    La iniciativa, presentada por la Fundación TE Amo Más, tiene como objetivo garantizar el acceso a la salud de las personas autistas sin exclusión ni discriminación alguna. Asegurando la continuidad de las terapias y una atención oportuna. Así también, propone la creación de centros especiales para realizar terapias de habilitación, pudiendo  firmar convenios con instituciones de salud privada que estén previamente acreditadas por la autoridad competente. 

¿Qué es el TEA? 

    A partir de lo señalado en el estudio de Estimación de la prevalencia de trastorno del Espectro Autista en población urbana chilena, los Trastornos del Espectro Autista (TEA) son un grupo de alteraciones clínicas que incluyen deficiencias persistentes en la comunicación e interacción social en diversos contextos, además de patrones restrictivos y repetitivos de comportamiento que causan dificultades significativas en el desarrollo de la vida social, laboral y otras áreas importantes. 

    La investigación, publicada el 2021 por la Revista Chilena de Pediatría, concluye que profesionales diagnostican a 1 de cada 51 niños, entre 18 y 30 meses de edad, como dentro del espectro autista en el país. 

Falta de recursos especializados 

    A pesar de que existen centros de atención para niños y niñas con trastorno del espectro autista (TEA), todos se encuentran dentro del sistema privado. Y no tienen convenio con Fonasa. Así lo señala Sarai Soto, madre de Gael, menor de 3 años que obtuvo un diagnostico reciente de TEA. 

“Todo lo hicimos particular, porque en el sistema público hay opciones, pero no son rápidas. Es complicado también ver donde tratarlo, porque las terapias generalmente de los niños con TEA son con fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional y en algunos casos, psicólogo o psiquiatra”, explica Sarai. 

Por otra parte, las opciones que entrega el sistema público no son efectivas para este tratamiento, pues las atenciones no se realizan de forma continua. “Las horas son muy aisladas, se demoran como un mes para que lo atiendan una vez y así, entonces son muy prolongados los periodos entre una atención y otra, y eso a los niños no les sirve”, la madre de Gael agrega que “lo ideal es que lo atiendan una vez a la semana, eso el sistema público no lo tiene contemplado”.

Proyecto de Ley 

Desde junio del 2021 existe un proyecto de ley sobre atención, protección e inclusión para las personas en el espectro autista y condiciones del neurodesarrollo similares. Proyecto que aún duerme en el Congreso. 

    Este proyecto de ley tiene objetivos similares a la Iniciativa Popular presentada. Ya que se enfoca en la visibilización e inclusión de las personas autistas en el acceso a la salud, la educación, ofertas laborales y actividades socioculturales. Sin embargo, aún no ha entrado en discusión, siendo este uno de los argumentos para que la propuesta popular sea parte de la Constitución. 

“Yo firme esta causa, porque me parece super importante, al final se les está quitando un derecho a los niños con TEA, el derecho a la salud, física y mental, se les está quitando a los niños la posibilidad de integrarse a la sociedad”, declara Sarai al respecto.

¿Qué piensa la ciudadanía? 

Francisca Rubio (25 años):

    Estoy de acuerdo con que se trabaje en torno a las personas con espectro autista, o que no cumplen con la neurotipicidad. Estoy muy de acuerdo con que haya un derecho fundamental que les proteja. Y, considerando también, que estas infancias que algunas ahora son adultas, son olvidadas. O han tenido que pasar por educaciones, por procesos súper estandarizados porque no contemplan sus propios derechos ni sus propias necesidades. 

Patricia Castillo (22 años):

    Yo creo que es súper necesario que las personas el espectro autista, personas neurodivergentes en general, estén incluidos en la constitución. Porque están muy poco representados en decretos, normas, leyes. De hecho creo que todavía no existe una ley del autismo, solo existe una que apunta al acceso laboral para personas en el espectro. Por lo que creo que si los incluyen en la constitución esto va a ser la pauta para hacer más leyes o para hacer cosas legales que los puedan representar, favorecer el acceso a recreación, educación. Creo que es un súper buen paso que los incluyan en la constitución. 

Cristián Vidal (38 años):

Me encuentro cien por ciento a favor de que se tomen todas las medidas posibles en cuanto al acceso que deberían tener estas personas, debería ser equitativo para todos. Al final, son necesidades básicas que el Estado tiene que asegurar sin diferenciación.

Redacción: Vanesa Vidal