La futura jefa de la cartera de Deportes, Alexandra Benado, ha protagonizado una serie de polémicas en el corto tiempo que ha transcurrido desde su nombramiento. Hoy se suma un nuevo cuestionamiento, esta vez, en torno a un documento de la Contraloría General de la República (CGR).

Por un lado están los hechos ocurridos el mismo día de su designación. Cuando tres denunciantes, ex subordinados de Benado en su paso por la agrupación de memoria Londres 38, decidieron relatar sus testimonios de abuso y maltrato laboral a través de redes sociales. Benado se desempeñó como Coordinadora General de Londres 38 entre 2017 y 20 de enero de 2022.

Pero existen otros cuestionamientos anteriores a ello, ya que la ex futbolista fue objeto de un sumario del órgano fiscalizador cuando se encontraba trabajando en la Municipalidad de Providencia el año 2014, bajo la administración de la cuestionada Josefa Errázuriz.

Tuvo que devolver cerca de un millón de pesos

Un informe de la CGR de ese año detectó que la futura ministra recibió poco más de un millón de pesos en horas extras ilegales mientras se encontraba de vacaciones en Brasil. Así lo revelan los documentos de Contraloría a los que tuvo acceso la radio Biobío. La futura secretaria de Estado tuvo que devolver el total de las horas extra pagadas de forma ilegal. A ello se suma que legalmente Benado no debió tomarse vacaciones, ya que sólo llevaba un mes un mes trabajando en calidad de contrata en el municipio.

Según el documento de la CGR, Benado declaró que le planteó verbalmente al directo de Desarrollo Comunitario de Providencia su intención de hacer uso de feriado “sin que este le manifestara inconveniente alguno”.

“Desconocimiento de las normas que regulan las contrataciones”

La ex futbolista de la Roja Femenina también se defendió señalando que, por haber realizado sus funciones previamente a honorarios, no sabía que no le correspondía firmar el registro de asistencia en los días en que se encontraba de vacaciones, por lo que firmó al ser motivada a ello por la secretaria de deportes, como se aprecia en la siguiente cita.

Ya que al respecto, la futura ministra aclaró que “a su regreso, procedió a ponerse al día con las firmas en el registro pendiente. Lo anterior, indica, considerando que la secretaria de deportes – a quien no identificó por su nombre – le mencionó que debía firmar un registro de asistencia todos los días. Lo que realizó en desconocimiento de las normas que regulan las contrataciones, por el hecho de haber trabajado con anterioridad a honorarios”.

Acusaciones de maltrato laboral

Casi de forma simultanea a la ceremonia en la que se dio a conocer la designación de Alexandra Benado como ministra del Deporte, tres ex subordinados la denunciaban por maltrato laboral. Las acusaciones se remontan a la época en que Benado se desempeñaba como coordinadora general del sitio de memoria Londres 38.

En un principio, tres de los denunciantes dieron a conocer sus experiencias con Benado a través de Twitter. La primera de ellos fue Lissette Fossa, periodista y ex coordinadora de Prensa de Londres 38. Luego la siguió Andrea Ocampo, ex coordinadora de comunicaciones y contenidos de la agrupación. Finalmente, el tercer testimonio fue de Daniel Miranda, cineasta y ex colaborador del equipo de comunicaciones de Londres 38. Con el paso de los días se sumaron, mediante un comunicado otros dos ex trabajadores del sitio de memoria. Se trata de Tomás García, ex Periodista en Londres 38 y Daniela Cornejo, ex Asistente Administrativo, Guía Facilitadora y Coordinadora de los proyectos culturales en Londres 38.

Denunciantes liberaron documentos, entre ellos cartas de renuncia

Ante la falta de respuesta y comunicación por parte del futuro Gobierno de Gabriel Boric, los denunciantes se decidieron a liberar públicamente todos los documentos en torno a los hechos que se encontraran en su poder. Entre ellos se encuentran una serie de cartas y correos destinadas al equipo de Gabriel Boric. Además de cartas de despedida y renuncia, y declaraciones públicas que los ex trabajadores han realizado.

“Viví episodios de hostigamiento laboral que hasta último momento fueron cuestionados, teniendo testigos directos, llevando tratamientos médicos respectivos y esto, no puede seguir ocurriendo. Esconder las cosas bajo la alfombra sólo hace que el andar sea dificultoso”.

Andrea Ocampo, ex trabajadora de Londres 38.

En un correo electrónico posterior a su renuncia, Andrea Ocampo señala: “viví episodios de hostigamiento laboral que hasta último momento fueron cuestionados, teniendo testigos directos, llevando tratamientos médicos respectivos y esto, no puede seguir ocurriendo. Esconder las cosas bajo la alfombra sólo hace que el andar sea dificultoso. Pues todo vuelve a aparecer. El diálogo es urgente, como también lo son las medidas de contención psicológicas colectivas y particulares”.

“El actuar se ha tornado enormemente agresivo”

Por otro lado, también al renunciar, Daniela Cornejo afirmó que “este último tiempo ha sido extremadamente difícil y doloroso, he preferido salir de Londres 38 principalmente por el clima laboral cotidiano que se asentó en nuestras relaciones (…) Espero de verdad, que puedan revisar con honestidad y fraternidad el actuar que se ha tenido, que desde algún tiempo se ha tornado enormemente agresivo para algunos como a mí posterior a la denuncia pública que hizo Andrea”.

“Es doloroso revivir esta experiencia, una y otra vez”

Al finalizar el último comunicado público, los denunciantes señalan: “esta denuncia pública no ha traído para nosotros y nosotras ningún rédito. Al contrario, es doloroso revivir esta experiencia, una y otra vez. Así como dar cuenta de la nula respuesta, acercamiento y acogida de nuestra acción por parte del equipo del presidente electo”.

Y agregan que su intención “ha sido dar a conocer todos los antecedentes a la administración entrante, para el desarrollo de un Gobierno de transformaciones reales, que esperábamos tomase en cuenta los derechos laborales de todos los trabajadores, así como la dimensión ética de sus ministros y ministras”.

Redacción: Manuela Barrueto

Fotografías:

La iniciativa popular de norma es el mecanismo dispuesto para que las instituciones y ciudadanos, comunes u organizados, presenten sus propuestas para que sean discutidas en la Convención Constitucional. Cada ciudadano mayor de 16 años tiene la posibilidad de patrocinar un máximo de siete iniciativas, proceso que debe realizarse de forma online en la Plataforma Digital de Participación Popular.

Para apoyar una iniciativa, el proceso exige primero registrarse, ya sea con Clave Única o el número de documento de la cédula de identidad. Para llegar a discutirse en la Convención, las iniciativas deben reunir un total de 15 mil patrocinios de al menos cuatro regiones distintas. El plazo para firmar por las propuestas ciudadanas concluye mañana martes 1 de febrero a las 23:59 horas.

Son un total de 2.496 las iniciativas ciudadanas que fueron publicadas en esta plataforma. Y entre todas ellas, los ciudadanos han entregado más de dos millones cien mil patrocinios.

55 iniciativas populares ya obtuvieron las firmas necesarias

Hasta el momento, 55 iniciativas populares de norma han logrado conseguir los 15 mil apoyos ciudadanos necesarios. Existen propuestas para cada una de las siete comisiones de la Convención. Pero predominan las propuestas ciudadanas en torno a Derechos Fundamentales, tanto en cuanto a las 55 que han logrado las 15 mil firmas como en general. Lo cual puede apreciarse en el gráfico interactivo de la Convención donde Derechos Fundamentales corresponde al color azul:

Por otro lado, hasta ahora existen 8 iniciativas con entre 10 mil y 15 mil apoyos. Dentro de las propuestas próximas a llegar a la meta de las 15 mil firmas destacan dos de ellas, provenientes de organizaciones sociales.

Salud Para un Chile de Todas y Todos

La primera es la Iniciativa Nº 7.062, “Salud para un Chile de Todas y Todos”. La propuesta de la Confederación Nacional de Funcionarios de la Salud Municipalizada (CONFUSAM) cuenta con 10.774 apoyos desde la ciudadanía.

Lo que proponen desde este gremio de la salud es que la nueva Constitución consagre la salud como un derecho humano universal, a lo largo de todo el ciclo vital de las personas, incluyendo el derecho a un buen morir. Además, plantean el derecho universal a la salud se financie a través de los impuestos generales de la nación. De forma que todo ciudadano contribuya en su financiamiento.

“Los que más tienen más aportan y los que menos tienen menos aportan o no aportan. Pero tod@s tienen derecho a igual respuesta a sus necesidades a través de un sistema público universal, integrado en la lógica de redes, descentralizado y que opera bajo la estrategia de Atención Primaria como eje del modelo”, propone la iniciativa.

Derecho a la identidad

Una segunda iniciativa del mundo social que se encuentra próxima a lograr las 15 mil firmas es la Iniciativa Nº 10.234, que ya cuenta con más de 12 mil apoyos. Se trata de la propuesta de norma denominada “Derecho a la identidad (incluyendo características sexuales, identidades de género, expresiones de género y orientaciones sexuales)”.

Esta iniciativa popular de norma nace desde la organización social Disidencias Unidas Recomponiendo Alianzas Sexopolíticas (D.U.R.A.S.). D.U.R.A.S. es el resultado de la unión de más de 42 organizaciones, colectivos y movimientos LGBTIQ+ de 9 regiones del país.

La propuesta de norma tiene por objetivo incorporar el derecho a la identidad en la nueva Constitución, en sus diversas manifestaciones y dimensiones, sin limitaciones, en cuanto al binarismo de sexo-género u otras. De esta forma, buscan en concreto que las personas puedan autodeterminar sus propias identidades y expresión de género, y que el ejercicio de este derecho esté garantizado por el Estado. Además, proponen que toda institución tanto pública como privada, deba respetar la identidad de género de las personas, “incluyendo su nombre social o elegido, y sus pronombres”.

¿Que pasará a continuación en la Convención?

A partir del 3 de febrero las siete comisiones temáticas de la Convención se dedicarán a votar en general tanto las iniciativas de norma presentadas por los convencionales, como aquellas emitidas por la ciudadanía y que lograron reunir 15 mil firmas.

En este proceso, los miembros de la comisión podrán aprobar o rechazar las iniciativas en mayoría simple (50%+1). Luego, se recibirán indicaciones respecto a las iniciativas aprobadas en general. Posteriormente, la comisión votará las normas en particular.

Luego de ello, las normas aprobadas se despacharán al pleno de la Convención. En este paso, los 154 convencionales deberán aprobarla o rechazarla, proceso que se espera ocurra entre el 15 de febrero y el 22 de abril.

Si una norma se aprueba por dos tercios en el plenario, quedará en el proyecto de nueva Constitución. Mientras que, si no alcanza el quórum de 2/3, pero si logra llegar a una mayoría simple (50%+1) se devolverá a la comisión correspondiente para que generen una nueva propuesta. Aquellas normas que no alcancen ni los 2/3 ni una mayoría simple se rechazarán definitivamente.

Redacción: Manuela Barrueto

Fotografías: Convención Constitucional

Este martes 25 de enero se promulgó en el Diario Oficial la ley número 21.409. La legislación establece un descanso reparatorio para las trabajadoras y los trabajadores de la salud, en reconocimiento a la labor desempeñada durante estos dos años de pandemia.

Esta iniciativa beneficiará a los trabajadores de la salud pública con 14 días hábiles de descanso, quienes podrán hacer uso de ellos en un plazo de tres años a partir de ayer. Los trabajadores podrán optar a este beneficio por única vez, y los 14 días hábiles de vacaciones contarán como días trabajados para todos los efectos legales, siendo compatibles con el uso de feriados y permisos.

Califican quienes hayan trabajado por 16 meses seguidos

El personal de salud, personal administrativo y auxiliar que se haya desempeñado continuamente en el sistema público desde el 30 de septiembre de 2020, y estaba en servicio al 25 de enero de 2020, podrá acceder a este beneficio. Calificarán para ello los trabajadores que tengan una jornada laboral igual o superior a 11 horas semanales en el sistema público de salud. Ya sea como planta, a contrata, contratado u honorarios.

Por otro lado, quienes en este mismo periodo hayan desempeñado servicios en modalidad exclusiva de teletrabajo, tendrán un descanso reparatorio de siete días hábiles. A la misma opción podrán optar quienes ejerzan funciones tanto en la Subsecretaría de Redes Asistenciales como en la Subsecretaría de Salud Pública. Ya sea en cargos directivos, de profesional funcionario, profesionales, técnicos, administrativos o auxiliares.

Excluye a servicios privados

Si bien esta iniciativa es un incentivo positivo para todos y todas funcionarias de la salud pública, excluye a trabajadores de servicios privados. Quienes de igual forma se han mantenido durante toda esta pandemia entregando atención a pacientes covid. 

Desde organizaciones gremiales como la Confederación Nacional de Profesionales Universitarios de los Servicios de Salud (Fenpruss) han criticado las exclusiones que contempla esta ley, manifestando que debería ser universal, “sin discriminaciones de ningún tipo”.

Cecilia Mancilla es presidenta de la Fenpruss Dirección Servicio Salud del Reloncaví. En relación a esta ley, la dirigenta lamentó la discriminación a aquellas personas que realizaron teletrabajo. Ya que “significa que nuevamente se deja afuera de un derecho a funcionarios de la salud que trabajan en las Direcciones de Servicios, que han cumplido una labor incondicional para que el sistema de salud funciones como es coordinar, gestionar y planificar”. Por ello, Mancilla señaló que, aunque trabajaron por mejorar esta ley, finalmente decidieron no firmar el acuerdo, al considerarla discriminatoria.

La primera línea contra el Covid-19

Darwin Ruiz, es enfermero, y trabaja desde el 2013 bajo la modalidad contrata en el Hospital de Puerto Montt. El profesional entregó su apreciación de lo que ha significado el trabajo en el sistema público de salud durante la pandemia. 

“Como profesional y personal de la salud, a nivel local y nacional, nos hemos centrado en entregar una atención digna; una atención de calidad; una atención cercana; más directa y empática con el usuario y familia afectados por el covid. Pese a las limitaciones que muchas veces tenemos como servicio público, en cuanto a la falta de recursos material, como también de recursos humanos”, explicó el enfermero. 

Respecto a esta nueva ley, el trabajador del Hospital comenta que “todo el personal implicado en la primera línea lo tiene más que merecido. Debido a que ya llevamos dos años de lucha y siendo parte de la primera línea en contra del covid, y eso implica estrés, agotamiento físico, psicológico y emocional”. Explica que “esto va a ayudar a desconectarse, a descansar al mismo personal. Como también ayuda a recuperarnos, llenarnos de energía para seguir atendiendo y brindando una atención de calidad”.

Por otro lado, la enfermera de la UTI Médica del Hospital de Puerto Montt, Rocio Varela, trabaja en calidad de honorario y señala no estar segura de recibir el beneficio, a pesar de que este no excluye a trabajadores honorarios. Pues explica que “eso también involucra una permanencia y como yo soy honoraria en este momento, significa que si ya no necesitan el personal me despiden”. Agrega que, “podría quedar sin pega en febrero y este beneficio lo podrán otorgar en marzo ponte tu”.

Redacción: Vanesa Vidal – Manuela Barrueto

El Ministerio de Educación presentó la nueva Prueba de Acceso a la Educación Superior (PAES), que reemplazará definitivamente a la PSU. El nuevo instrumento busca generar un sistema más equitativo y con mayores oportunidades para acceder a la educación universitaria.

La seremi de Educación, Paulina Lobos, aseguró que este cambio se ha gestado por más de dos años. Y es fruto de un trabajo conjunto con expertos y la consideración de estudios nacionales e internacionales

Lenguaje más cotidiano

El principal cambio que la PAES busca instaurar es la evaluación, no sólo de la acumulación de conocimientos de los estudiantes, sino también sus habilidades. Según explicó el ministro de Educación, Raúl Figueroa , es una prueba que medirá tanto “el saber” como el “saber hacer”. Además, las nuevas pruebas utilizarán un lenguaje más cotidiano y pertinente, atendiendo a las diversas realidades y experiencias de los postulantes

En lo concreto, una de las modificaciones más importantes de la PAES es que dividirá la prueba de matematica en dos. Una de ellas será obligatoria para todas las carreras (Competencia Matemática 1), y medirá conocimientos adquiridos entre 7° básico y II medio. Mientras que la electiva de Competencia Matemática 2 considerará, además, las habilidades y conocimientos del currículum escolar de III y IV medio.

Mayor rango de puntaje para resultados más precisos

Una tercera modificación importante es que se eliminará la actual escala de resultados (que va de 150 a 850 puntos). Reemplazándose por una que irá entre los 100 (mínimo referencial) y los 1.000 (máximo referencial) puntos. Esta escala sigue las recomendaciones de expertos, que han apuntado a agrandar el rango de puntajes para obtener una mayor precisión de los resultados, y se aplicará a todos los instrumentos de acceso: pruebas, NEM y Ranking de Notas.

Comité Técnico de Acceso al Subsistema Universitario decidió reemplazar la PSU

Estas modificaciones se han generado luego que, en 2020, el Comité Técnico de Acceso al Subsistema Universitario (compuesto por siete rectores de universidades y presidido por el Subsecretario de Educación Superior) resolviera reemplazar la Prueba de Selección Universitaria por una nueva prueba, a través de un paulatino proceso de transición.

Es por ello que, en los procesos de admisión 2021 y 2022 se aplicaron Pruebas de Transición (PDT) que, en la misma línea que la PAES, incorporó la evaluación de competencias necesarias para el buen desempeño de los estudiantes en la educación superior.

“Soluciones más pertinentes, equitativas y de calidad”

Los integrantes del Comité de Acceso, quienes han participado de estos cambios, comentaron que el anuncio viene a coronar un proceso de modificaciones paulatinas para mejorar el sistema de admisión a las universidades.

Para el rector de la Universidad de Chile, Ennio Vivaldi: “Este es el resultado de un trabajo colaborativo y comprometido con el bien público, de los rectores integrantes del Comité Técnico de Acceso, del Subsecretario de Educación Superior y su equipo, y del DEMRE, quienes además promovieron amplios debates técnicos y sociales, para lograr soluciones más pertinentes, equitativas y de calidad”.

Redacción: Manuela Barrueto