Una serie de reestructuraciones internas y la creación de unidades especializadas de la Fiscalía Nacional, son algunas de las medidas que ha implementado el Fiscal Nacional del Ministerio Público, Ángel Valencia, durante los primeros 90 días a cargo de la institución.

Así informó la autoridad ante los integrantes de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento del Senado, cumpliendo uno de los compromisos que adquirió con los legisladores al momento de asumir el cargo, en el sentido de informar las medidas que adoptó en los primeros meses de su gestión.

Nuevas unidades

Entre los compromisos, el Fiscal Valencia destacó la incorporación al circuito intersectorial de femicidios y la reorganización de unidades especializadas de la Fiscalía Nacional.

En tal sentido, señaló que se crearon:

• Unidad especializada en crimen organizado, tráfico ilícito de drogas, armas y personas, de homicidio y lavado de activos asociados.
• Unidad especializada en delitos económicos, medioambientales, ciberdelitos y lavado de activos asociados.
• Unidad especializada en anticorrupción, infracción a la probidad interna y lavado de activos asociados.
• Unidad especializada en responsabilidad penal adolescente
• Unidad especializada en delitos sexuales y de explotación sexual
• Unidad especializada en Derechos Humanos
• Unidad especializada en violencia de género
• Unidad de apoyo a la investigación financiera patrimonial
• Reformulación de la Unidad en cooperación internacional y extradiciones como unidad especializada.

Asimismo, indicó que se realizó una revisión integral del Sistema de Análisis Criminal y Focos Investigativos (SACFI); que se revisó la organización de las macrozonas y un protocolo de atención para las víctimas de las macrozonas Norte y Sur; la revisión de los protocolos de actuación de interceptaciones telefónicas; la auditoría de distintos procesos solicitando apoyo de la Contraloría General de la República, entre otras medidas.

Los senadores integrantes de la Comisión plantearon la disposición a colaborar desde el Senado con las iniciativas que permitan avanzar en los desafíos que planteó el Fiscal.

En esa línea, Ángel Valencia, señaló que los próximos desafíos son: avanzar en la creación de una Fiscalía supraterritorial; en nuevas tecnologías como el uso de inteligencia artificial en la persecución penal; y en el fortalecimiento del Ministerio Público con herramientas necesarias para combatir los nuevos fenómenos delictivos.

Medidas

Asimismo, el Fiscal Nacional se refirió a la medida de solicitar prisión preventiva para aquellos extranjeros que no puedan acreditar su identidad.

En tal sentido, dijo que existen problemas con “la persecución penal de las personas que ocultan su nombre o que se hacen pasar por otras personas, pues no existe forma de cotejar su identidad y, de ese modo, saber si tienen antecedentes u órdenes pendientes, entre otras“.

“Había un grupo importante de personas que estaba ocultando su identidad”, dijo, ante lo cual se instruyó que se tomen todas las medidas necesarias para establecer las identificaciones respectivas y que, si cumplidos los plazos no era posible conseguir aquello, entonces se solicitara la prisión preventiva, pues “el objeto es evitar que recuperen su libertad personas que están ocultando su identidad“.

El Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, a través del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural, abrió la convocatoria 2023 para subsidios del Programa de Sitios de Memoria (PSM) que administra la Subdirección de Fomento y Gestión Patrimonial. Esta primera versión se enmarca en la conmemoración de los 50 años del Golpe de Estado y considera un presupuesto total de 700 millones de pesos.

“Mediante este programa se busca asumir desde la institucionalidad patrimonial el compromiso del Estado de contribuir a los procesos de memorialización y patrimonialización de sitios y lugares asociados a la dictadura cívico militar chilena, cuya preservación y puesta en valor son indispensables para fortalecer el respeto a la democracia y avanzar en el camino de la verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición”, señaló la directora nacional del Servicio Nacional del Patrimonio, Nélida Pozo Kudo.

Sobre la convocatoria

El llamado está dirigido a organizaciones que gestionan sitios de memoria del país declarados monumentos históricos y que cumplan con los requisitos establecidos en la convocatoria. Las iniciativas, deben estar orientadas a gastos de operación y personal asociados a un Plan Anual de Gestión para el Resguardo Patrimonial, indicado en las bases.

La implementación de este nuevo programa tiene por objetivo fortalecer el resguardo, preservación y valoración pública de sitios de memoria vinculados a violaciones de Derechos Humanos en Chile, mediante el apoyo a sus organizaciones en el manejo integral de los valores y atributos patrimoniales que aseguren su sostenibilidad en el tiempo.

A aquellas organizaciones que ingresen al programa a través de esta convocatoria se les otorgará asistencias técnicas, según los requerimientos levantados para cada Sitio de Memoria, las que podrán ser desarrolladas por expertos y/o instituciones de la sociedad civil.

¿Cómo postular?

Las postulaciones se deben presentar exclusivamente en formato digital antes del día jueves 04 de mayo a las 23:59:59 horas, en el correo programasitiosdememoria@patrimoniocultural.gob.cl.

En el sitio web de la Subdirección Nacional de Fomento y Gestión Patrimonial se encuentran publicadas las bases y la información necesaria para participar de la convocatoria 2023.

El Gobierno ha dado a conocer su posición en torno a la situación que involucra a la periodista Paulina de Allende-Salazar, quien fue despedida de Mega después de cometer un error en vivo, y referirse al cabo primero Daniel Palma, el último mártir de Carabineros, como “paco”.

Controversia

La reportera, quien hasta la semana pasada trabajaba en el matinal Mucho Gusto, fue criticada públicamente por el general Alex Chaván, quien la vetó en un punto de prensa en las afueras de la Cuarta Comisaría de Santiago, donde trabajaba el fallecido funcionario policial.

“Si se encuentra presente la periodista Paulina de Allende, quien fue capaz de tratar a uno de nuestros mártires como paco, no vamos a dar ninguna declaración”, dijo el alto oficial, quien aclaró que el problema era específico con la comunicadora.

La controversia llegó al Consejo Nacional de Televisión (CNTV), que recibió miles de denuncias en contra de De Allende-Salazar. Pocas horas después, Megamedia anunció el despido de la profesional.

Postura

En este contexto, el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, dio a conocer la posición del Gobierno en relación al veto que le aplicó el general Chaván a Paulina de Allende-Salazar durante la conmoción por la muerte del cabo Palma.

“La libertad de prensa es un principio básico de la democracia y la autoridad no puede condicionar esa libertad. Por lo tanto, coincido en que son hechos que no podemos normalizar“, expresó la autoridad en el programa Mesa Central de Canal 13.

“Uno puede comprender el contexto pero también tiene que mirarlos en los principios que guían la conducta del país, y a mí me parece que no son ese tipo de hechos los que deben conducir el país“, explicó. Monsalve añadió que “esto se dio en un contexto particular, y en ese contexto creo que defender la libertad de prensa es una tarea básica de las instituciones democráticas“.

“Entiendo que la periodista actuó de buena fe y cometió un error, pero de inmediato pidió disculpas y cambió su expresión. Cuidar la libertad de prensa y la libertad de opinión es una tarea esencial de las instituciones democráticas“, concluyó.

Colegio de periodistas

Quien también entregó su respaldo a la periodista fue el Colegio de Periodistas de Chile. A través de Twitter, la entidad señaló que “condenamos el veto que sufrió la periodista Paulina De Allende por parte del general de Carabineros Álex Chaván. La colega pidió disculpas y no corresponde ser señalada de esta forma“.

A ello agregaron que “la suspensión del punto de prensa, por esta razón, refuerza los discursos estigmatizantes contra periodistas, lo que afecta al derecho a la información de la ciudadanía, que está por sobre los errores individuales“.

En línea con lo anunciado por el ministro de Educación el lunes 3 de abril, ayer miércoles llegó a Castro el equipo técnico del Mineduc para iniciar la mesa de trabajo con los alcaldes del Archipiélago de Chiloé. El objetivo es avanzar, de manera colaborativa y atendiendo a la realidad particular de cada comuna, en el abordaje de las dificultades financieras que atraviesan y que están afectando a los trabajadores de la educación en la zona.

Por su parte, la seremi de Educación, Daniela Carvacho; acompañada del jefe provincial de la cartera, Ítalo Martínez; el delegado provincial presidencial, Armando Barria; y el Director Regional de Junji, Francisco Oshiro; y del asesor del Mineduc, José Valenzuela, se reunieron -también en Castro- con unos 50 representantes del gremio educativo en el archipiélago. En la instancia, se dialogó en torno a diversas aristas del problema de las deudas que los municipios vienen arrastrando, y que han dificultado el pago de la totalidad de las remuneraciones y de las cotizaciones previsionales a trabajadores de la educación.

Durante el encuentro, las autoridades dieron a conocer los diversos dispositivos con que cuenta el Mineduc para avanzar, en apoyo a la administración comunal, hacia soluciones -en el corto y mediano plazo- de las principales dificultades que viven los municipios a nivel de la gestión educativa.

Al respecto, la Seremi de Educación, Daniela Carvacho, afirmó: “Vinimos a explicar con detalle todas las iniciativas, acciones legales e instrumentos vigentes que hoy día el ministerio de educación pone a disposición de los municipios y corporaciones para gestionar y fortalecer la educación pública y también a presentar las soluciones a corto, mediano y largo plazo que hoy día tenemos a nuestra disposición. Nos preocupa, por cierto, la realidad que hoy viven estudiantes y toda la comunidad educativa en aquellas comunas y escuelas donde se han vivido paralizaciones en solidaridad con la comuna de Ancud y entendemos que no todas las situaciones de las comunas son de la misma dificultad”.

Además, agregó “Nos hemos comprometido a realizar un trabajo conjunto y un seguimiento. Este trabajo conjunto requiere la confirmación de una mesa técnica donde tanto sostenedores como representantes de los trabajadores puedan trabajar de manera conjunta en hacer un análisis de la gestión que hoy día se está desarrollando y cómo se están administrando los recursos de la educación pública en el archipiélago(…) además de una instancia junto a los trabajadores de la educación en la que se informe sobre los avances en la cartera”

Sobre las reuniones sostenidas, la Subsecretaria de Educación, Alejandra Arratia, indicó que: “Nuestros equipos han estado trabajando con las corporaciones municipales, en distintas reuniones, también se han reunido con los gremios para ir avanzando. Tenemos una serie de dispositivos que hemos puesto a disposición de los municipios. Las situaciones no son iguales para las distintas comunas y en ese sentido hay que ir viendo cuáles de los diferentes dispositivos son pertinentes para abordar la situación que se vive en términos financieros. Estamos contentos de poder ir cumpliendo estos compromisos y sin duda entendiendo el desafío que tenemos por delante, de poder dar cuenta de la situación compleja que se vive en el archipiélago de Chiloé”.

El pasado 10 de enero, la ANEF Regional Coquimbo llevó a cabo la firma del protocolo sobre Buenas Prácticas Laborales en el Estado, con el delegado presidencial de la Región de Coquimbo, Rubén Quezada Gaete. En la oportunidad, estuvo presente como garante el presidente nacional de la ANEF, José Pérez Debelli.

En tanto, este martes 4 de abril se llevó a cabo la primera reunión de instalación de esta mesa, que contó con la participación de la seremi del Trabajo, Claudia Santander, la seremi de Gobierno, Paulina Mora y el delegado presidencial, Rubén Quezada.

En la cita, principalmente se dialogó en torno a cuáles van a ser las modalidades de trabajo de esta instancia. Asimismo, se evaluaron algunos casos específicos de la situación de algunos funcionarios y servicios, cuyo abordaje será prioridad en esta mesa de trabajo.

Conclusiones

Según el presidente de ANEF Coquimbo, Patricio López, una de las conclusiones principales fue la necesidad de aterrizar y difundir el concepto de buenas prácticas laborales. En este sentido, se acordó que en el próximo mes de mayo se realizará una gran capacitación destinada especialmente a las jefaturas, autoridades, seremis, jefes de servicio y mandos medios. Asimismo, se invitará a las y los dirigentes de la región.

López confirmó además la relevancia que tiene esta instancia, donde se espera poder trabajar de forma estrecha con el delegado presidencial como primera autoridad de la región, la seremi de Gobierno y par del Trabajo, en temas que son vitales para las y los funcionarios públicos, como son los climas laborales, y el maltrato y acoso. En este sentido, López señaló que “esta línea directa con las autoridades es extremadamente importante para nosotros desde la perspectiva de la defensa de los derechos funcionarios“.