El pasado sábado, entró en vigencia la Ley de Responsabilidad Parental y Pago Efectivo de las Pensiones de Alimentos, que establece entre sus principales novedades, un mecanismo de pago permanente para la o las deudas de pensiones de alimentos con cada uno de los hijos e hijas de la persona deudora. Esto, mediante la retención de los fondos de las cuentas bancarias o de otros instrumentos financieros y/o de inversión, del deudor o deudora.

Origen

“La Ley de Responsabilidad Parental impulsada por el movimiento de mujeres, el movimiento feminista y reconocida por nuestro Gobierno y por las Parlamentarias también aquí presentes, nos hace dar un paso hacia un mínimo de justicia para esos niños, niñas, jóvenes y para quienes los cuidan, que hoy son víctimas de irresponsabilidad o de la violencia económica, porque el pago oportuno de la pensión es un derecho de quienes cuidan y es un derecho de los hijos e hijas”, explicó el Presidente Gabriel Boric.

La ley, además facilita la búsqueda de patrimonio, a través de la acción de los órganos del Estado, para pagar las deudas de pensión de alimentos de sus hijas e hijos.

Registro Nacional de Deudores

En solo seis meses de funcionamiento, el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos suma 80.074 deudores inscritos, de los cuales 2.374 son mujeres (2,96%) y 77.700 hombres (97,04%), con una deuda total que supera los 90 mil millones de pesos.

Respecto a este punto, el Presidente Boric agregó que “hasta ahora la deuda de pensiones de alimento alcanza para comprar más de 1 millón 400 mil canastas básicas de alimentos. Es una vergüenza que en Chile nos mantengamos indiferentes o nos hubiésemos mantenido indiferentes frente a la privación a niños, niñas y adolescentes de los recursos que les corresponden, que es su derecho, para su alimentación, su vestuario, su educación”.

A esto se refirió también la ministra de la Mujer, Antonia Orellana, quien aseguró que “conocemos el dolor de esas madres que han vivido violencia económica y que han visto como se vulnera el derecho de niños, niñas y adolescentes. Precisamente a ellas, a esas madres y cuidadoras, les podemos decir que desde este sábado contarán con un mecanismo concreto y una solución real para buscar el patrimonio del deudor y pagar las deudas de pensión de alimentos”.

Sobre la Ley de Responsabilidad Parental y Pago Efectivo de Pensiones de Alimentos

La normativa tiene como objetivo establecer un procedimiento de pago especial para el cobro de pensiones de alimentos, mejorar el acceso a la información financiera de los deudores, y garantizar que el proceso de cobro se realice con criterios de justicia y dignidad.

Para ello, se deberán seguir cuatro pasos fundamentales, pedir al Tribunal que “liquide la deuda”, congelar las cuentas del deudor, realizar la búsqueda del patrimonio y pago de la deuda, y finalmente el pago con fondos de las AFP.

Según el último informe de la Superintendencia de Pensiones, a marzo de 2023 se habían solicitado más de 634.000 liquidaciones por deudas de alimentos entre los tres retiros de fondos de las AFP, por un desembolso total de 775 millones de dólares.

En el contexto de la conmemoración de los 50 años del Golpe de Estado, se llevó a cabo una reunión del Consejo de Monumentos Nacionales (CMN) dedicada, en exclusivo, a analizar las solicitudes de declaratoria como Monumento Histórico de siete Sitios de Memoria. Todas fueron aceptadas de forma unánime.

“Estas declaratorias demuestran el compromiso del Gobierno y el Estado chileno con la memoria histórica, y representan un acto de reparación y justicia con las personas que pasaron por esos recintos, y en general, con las víctimas de la dictadura”, dijo el ministro de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Jaime de Aguirre. Y agregó: “Estas declaratorias nos permiten completar el compromiso del Estado chileno de contar con al menos un sitio de memoria en cada región”.

A lo largo del país

Se trata de recintos de detención y tortura durante la dictadura cívico-militar, algunos manejados por la Dirección Nacional de Inteligencia (DINA), otras por la Central Nacional de Informaciones (CNI) o por alguna de las Fuerzas Armadas. Con tres de ellos se cumple el compromiso del Estado en el Plan Nacional de Derechos Humanos, de tener al menos un sitio de memoria en cada región: Arica y Parinacota, con la ex Cárcel de Arica; Atacama, con el Regimiento N° 23 de Copiapó, y Ñuble, con el Memorial Puente El Ala.

Los otros sitios son el recinto de la CNI en Talca, la fosa del Cementerio de La Serena y el Campo de Prisioneros de Pisagua. La Comisaría de Ancud, que ya es Monumento Histórico, vio ampliados sus valores para reconocer su condición de Sitio de Memoria, dado el uso del inmueble como centro de detención para los prisioneros políticos de la provincia.

A la sesión asistieron como invitados los representantes de las agrupaciones solicitantes de las declaratorias, así como las y los seremis de las regiones involucradas.

“Esta sesión es un logro significativo”, dijo Marcelo Acevedo, coordinador de la Red de Sitios de Memoria. “Estamos convencidos de que los sitios de memoria son uno de los ejes para las garantías de no repetición, y por lo tanto se deben fortalecer de Arica a Punta Arenas. Hoy aumentamos un buen porcentaje, por lo tanto celebramos este hito y compromiso”, dijo.

Siete nuevos Monumentos Históricos

El recinto que albergó a la CNI en la calle 4 oriente, en Talca, fue utilizado como lugar de detención y tortura, tal como revelan los testimonios consignados en el Informe Valech. La solicitud fue formulada por Luis Jaque Jaque, presidente de la Agrupación de Ex presas y Ex presos Políticos “Guillermo Muñoz Zúñiga”.

En Atacama, el primer Sitio de Memoria elevado a categoría de Monumento Histórico es el Regimiento N° 23 de Copiapó, utilizado entre 1973 y 1976 como centro clandestino de detención, de tortura y de ejecución, el principal de la ciudad. Además, según testimonios de detenidos, fueron ejecutadas 13 personas en el caso “Caravana de la muerte”. La solicitud fue presentada por Mario Silva Álvarez, presidente de la Agrupación de Familiares y Amigos de Ejecutados Políticos y Detenidos Desaparecidos de la Región de Atacama.

La ex Cárcel de Arica también es el primer Sitio de Memoria que recibirá protección legal desde el Estado en la región. En ese recinto, de acuerdo con el Informe Valech, hubo prisioneros políticos desde septiembre de 1973, quienes vivieron en condiciones de hacinamiento, insalubridad, privados de alimentos y agua. Desde allí fueron sacados para ser interrogados y torturados en otros recintos, especialmente en los regimientos del Ejército de la zona. La solicitud de declaratoria fue presentada por la Agrupación Mujeres Memoria y Derechos Humanos Arica y Parinacota, de abril de 2021.

Para la Región de Ñuble, el CMN acogió la solicitud de declaratoria presentada por Teresa Retamal Silva, coordinadora de Derechos Humanos de Ñuble, para el Memorial Puente El Ala, el primer Sitio de Memoria de la región. Este lugar recuerda el hallazgo de los cuerpos sin vida de nueve jóvenes, el 24 de diciembre de 1973, en la ribera del río Ñuble. En 1996, en el acceso oeste, se instaló un memorial en cuya base se ubicaron 17 trozos de los rieles metálicos, que formaban parte del viejo puente y que recuerda a las 17 víctimas ejecutadas en ese lugar.

Para el Monumento Histórico Comisaría de Ancud se ampliaron sus valores incluyendo su condición de Sitio de Memoria, pues allí estuvieron detenidos prisioneros políticos de la provincia, actuando como afluente para otros centros de detención fuera de Chiloé. Ello significó que a este lugar fueron enviados campesinos, obreros, estudiantes universitarios y militantes políticos. Los testimonios indican que fue centro de detención y prisión de paso para cientos de personas, sufriendo tratos degradantes, aplicación de tortura física y psicológica. La solicitud es de la Agrupación de usuarios PRAIS de Ancud y la Delegación Zonal de Chiloé del Colegio de Arquitectos de Chile.

La fosa del Cementerio de La Serena tiene relación con las acciones de la “Caravana de la Muerte”, que arribó el 16 de octubre de 1973 a la ciudad. En la región de Coquimbo fueron 15 los ejecutados, todos prisioneros en el ex regimiento Arica. Una vez fusilados, ningún médico revisó los cuerpos, los cuales fueron trasladados de manera inmediata al Cementerio Municipal de La Serena. El 9 de septiembre de 1998 se iniciaron las excavaciones en la fosa del cementerio. La solicitud fue hecha por Pablo Muñoz Pinto, presidente de la Agrupación de expresos políticos “16 de octubre” de La Serena.

El último de los nuevos monumentos es el Campo de Prisioneros de Pisagua, localidad que funcionó a través de una red articulada de inmuebles que estaban ubicados en diferentes lugares del pueblo, que en su conjunto conformaron el Campamento de Prisioneros. Las condiciones del recinto no cumplían ninguna normativa del Código Penitenciario, teniendo a los prisioneros totalmente incomunicados con el exterior y viviendo en un extremo hacinamiento. En Pisagua se registra el mayor porcentaje de víctimas fatales: según  los antecedentes de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, 24 personas habrían sido ejecutadas bajo Consejos de Guerra y Ley de Fuga. La solicitud es de Luis Caroca Vásquez, presidente Corporación de Derechos Humanos y Sitios de la memoria de Tarapacá.

La ministra del Trabajo y Previsión Social, Jeannette Jara, llamó a la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) y a la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC) a trabajar en un acuerdo de carácter tripartito para avanzar en la reforma previsional que el Gobierno tramita en la Cámara de Diputados y Diputadas.

Democracia y cohesión social

En el marco de la Cuenta Pública 2022 – 2023 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, la secretaria de Estado señaló que “para que la democracia y la cohesión social se fortalezcan en este país, se requiere que quienes tenemos intereses públicos, intereses sociales, intereses gremiales, seamos capaces de ponernos de acuerdo”.

“Quiero llamar desde este estrado, en particular a la CUT y a la CPC, a que los próximos días podamos confluir en el acuerdo tripartito que sea el motor sobre el cual nuestro Congreso Nacional pueda encontrar una base de apoyo más transversal para sacar adelante una reforma de las pensiones que lleva 10 años pendiente y que requiere, fundamentalmente, que nuestro país cambie definitivamente hacia un sistema mixto, ponderado, técnicamente sostenible, económicamente sustentable, pero, por sobre todo, socialmente sustentable”, agregó.

Tanto la CUT, en representación de los trabajadores, y la CPC, por los empleadores, participan junto al Gobierno del Consejo Superior Laboral, instancia tripartita de carácter consultivo cuya misión es colaborar en la formulación de propuestas y recomendaciones de políticas públicas.

Cabe recordar que la reforma previsional fue aprobada en general por la Comisión de Trabajo y Seguridad Social de la Cámara de Diputados y Diputadas y, para buscar acuerdos con distintas fuerzas políticas, se instaló una Mesa Técnica en la que participan representantes de partidos del oficialismo, además de la Democracia Cristiana, el Partido de la Gente e Independientes Social Cristianos.

El proyecto de ley que, de forma gradual, reajusta el salario mínimo a $500.000, fue aprobado en general este miércoles en la sala del Senado por 19 votos a favor, 5 en contra y 9 abstenciones; y en particular, se aprobaron por mayoría las normas del articulado del proyecto, a través de seis votaciones separadas. Ello, luego de que, más temprano, las comisiones unidas de Trabajo y Hacienda de la Cámara Alta lo visaran con 6 votos a favor y 4 abstenciones de Chile Vamos.

De este modo, la iniciativa pasó a un tercer trámite legislativo, en la Cámara de Diputadas y Diputados, al sufrir modificaciones en el Senado a través de indicaciones que apuntaron a mejorar la cobertura del subsidio de apoyo a las micro, pequeñas y medianas empresas.

Impresiones

La ministra del Trabajo y Previsión Social, Jeannette Jara, valoró el respaldo de los parlamentarios al proyecto y señaló que “es muy importante este reajuste del salario mínimo, porque junto con dar cumplimiento a lo que se comprometió con la ciudadanía y seguir avanzando en nuestra agenda de Gobierno, estamos generando una base de ingresos para cerca de un millón de familias de nuestro país, a las cuales se les hace muy difícil llegar a fin de mes y van a contar con un salario mínimo superior que les permita tener mayor tranquilidad”.

Agregó que “reconocemos en el avance que hemos logrado y la negociación que hemos tenido con la Central Unitaria de Trabajadores de Chile, en su presidente, David Acuña, y en su secretario general, Eric Campos, además de la importancia de seguir avanzando en derechos que fortalezcan la vida de las personas y sus seguridades económicas”.

Sobre el proyecto aprobado, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, destacó que «el tema de apoyar a las mipymes correspondió, por un lado, a tener conciencia de que el grueso de los trabajadores que ganan el ingreso mínimo trabajan en micro, pequeñas y medianas empresas, a las cuales se les puede hacer más difícil absorber el costo del incremento en ingreso mínimo cuando son aumentos importantes. Eso no quiere decir que este sea un mecanismo que tenga que mantenerse indefinidamente, sino está más relacionado con el hecho de que el año pasado tuvimos un primer incremento importante en el camino de llegar al ingreso mínimo de $500.000. En el proyecto que tenemos ahora, eso ya queda legislado para julio del 2024».

En la misma línea, mencionó que el proyecto recién aprobado incorpora en el subsidio a trabajadores que están por encima del mínimo actual, siendo igualmente beneficiados: «las empresas van a tener que asumir los costos de incrementar sus remuneraciones y esto va a permitir incorporar a varios miles de trabajadores más, con un costo del orden de los $20 mil millones anuales».

Cabe recordar que el proyecto fue ingresado el 24 de abril por el Ejecutivo, luego de que éste, a través de los ministerios del Trabajo y Previsión Social y de Hacienda, alcanzó un acuerdo con la Central Unitaria de Trabajadores (CUT). De despacharse la iniciativa desde el Congreso Nacional, se cumplirá uno de los compromisos del programa de Gobierno del Presidente Gabriel Boric, que es alcanzar un salario mínimo de $500.000 dentro de su mandato presidencial.

El detalle del proyecto

El proyecto propone, como medida central, el alza del salario mínimo hasta alcanzar los $500.000 durante el próximo año, a través de la siguiente gradualidad: un incremento desde los actuales $410.000 a $440.000 el 1 de mayo de 2023; luego, a $460.000 el 1 de septiembre de 2023; y, posteriormente, a $500.000 el 1 de julio de 2024.

Junto a ello, y en caso que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) acumulado durante 2023 supere el 6%, se realizará un alza previa de $10.000 el 1 de enero de 2024, quedando el salario mínimo en $470.000 en dicha fecha, para después continuar con la gradualidad anteriormente descrita. Posterior a esa fecha, el proyecto contempla, a todo evento, un reajuste automático del ingreso mínimo mensual conforme el IPC que se registre entre los meses de julio-diciembre de 2024 y que se concretará en enero del 2025.

Para analizar la problemática actual de la gestión del agua, así como su saneamiento en Chile, con especial énfasis en el Derecho Humano Agua, al Agua Potable Rural y a la gestión integrada de las aguas, instituciones y organizaciones sociales efectuaron el seminario “Derecho Humano al agua y al saneamiento: un enfoque integral”, organizado por la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF), el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), la Asociación Nacional de Funcionarios/as de Obras Hidráulicas (ANFURIEGO) y el Movimiento de Defensa por el Acceso al Agua, la Tierra y la Protección del Medioambiente (MODATIMA).

Sandra Marín Chequeulaf, presidenta de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales, ANEF Araucanía, dijo que este seminario fue propuesto por la dirigencia nacional de ANFURIEGO, “algo digno de imitar por los demás espacios, porque hay que entender que nuestra función pública es la entrega de los derechos a la ciudadanía, derechos que también son demandados, derechos que también no son satisfechos por la ciudadanía, y es importante tener estos seminarios, conversatorios, para ir conociendo esas opiniones y cómo se puede avanzar con los trabajadores, cómo podemos aportar también al Ejecutivo, a las autoridades, para ir mejorando las gestiones”.

En este seminario, al que asistió público de distintos territorios y sectores, a Sandra Marín Cheuquelaf le llamó la atención la asistencia de dirigentas que vienen de los Programas de Agua Potable Rural, APR, cuya gran mayoría son mujeres. Comentó la dirigente que, estos APR, surgen como administraciones en las comunidades, pero, también, donde adolecen de agua; donde se van sumando muchas familias y el caudal que provee el agua no alcanza para el número de familias que hay por comunidades, en donde hay muchos trabajadores de distintos sectores, tanto público como privado.

La dirigenta agregó que se debe cuidar el agua, porque, desde la cosmovisión mapuche están conectadas la tierra y el agua, que son vitales para la vida, para seguir, para el kume mognen (buen vivir), y donde ahora no hay un equilibrio. “No está el equilibrio, y eso, para la cultura, no es bueno, porque no puede faltarnos este elemento vital y que, lamentablemente, unos pocos están aprovechando en desmedro de unos muchos y muchas”, puntualizó.

Daños de los niveles pluviométricos en La Araucanía

Manuela Royo, vocera del Movimiento de Defensa por el Acceso al Agua, la Tierra y la Protección del Medioambiente (MODATIMA), detalló que en este seminario trataron el derecho humano al agua y la realidad que se está viviendo en la región.

La activista apuntó a los desafíos que trae el cambio climático, sobre lo que expresó “hoy día el cambio climático nos trae desafíos muy relevantes que tienen que ver con cómo nos adaptamos, y cómo, también, transformamos nuestra realidad para proteger las cuencas“.

Royo dijo, además, “Se vienen procesos muy importantes, que son los consejos de cuencas, y en ese espacio creemos que todos los que usamos las aguas tenemos que tener participación y pensar en cómo aseguramos el agua para las comunidades para los territorios, ya que es un derecho humano fundamental”. Asimismo, señaló que “las comunidades deben tener un enfoque ambiental, cuidando los ecosistemas, porque el agua no se pierde en el mar; existen ecosistemas en las costas, existen ecosistemas en los ríos que hay que proteger en su totalidad”.

Acceso al agua en La Araucanía

La vocera de MODATIMA advirtió que existe una realidad muy compleja, dado el avance de la aridez, la desertificación; “donde antes llovían 2 mil milímetros de agua por año, hoy día estamos en la mitad, sino menos. Las cuencas están cada vez más reducidas, y en ese plano quienes son los más afectados son quienes no tienen derechos de aguas, que son, mayoritariamente, las comunidades campesinas, las comunidades indígenas, y en ese plano, los que estamos pensando cómo hacemos de que el agua sea para todas las personas, que se asegure la participación y que se apoye a los APR, que son quienes que le dan agua a quienes vivimos en el campo”.

Casos puntuales en La Araucanía

Natalia Labbé, abogada de la Unidad de Protección de Derechos, Justicia y Legislación del Instituto Nacional de Derechos Humanos, INDH, expositora en este seminario, al ser consultada sobre los derechos de agua en La Araucanía, subrayó el abordaje que hizo el INDH sobre el acceso al agua en Perquenco, y la contaminación de su estero por un caso de maltratamiento de aguas servidas, a raíz del mal funcionamiento de la planta de tratamiento.

La abogada Labbé aclara que, el acceso al derecho humano al agua es cercano al saneamiento, que es un derecho, conexo, pero, distinto, que tiene sus propias características, y, por ende, se exige de una manera diferente. Para el INDH es posible proteger estos derechos a través de distintos instrumentos, ya que el Instituto presentó un recurso en este caso, pero, también, existen otras vías y alternativas, de acuerdo a la jurisprudente.

Sociedad civil comprometida en buscar sus derechos

Por su parte, Eduardo Abdala Abarzúa, director regional de Aguas de La Araucanía, y moderador de uno de los paneles en este seminario, sostuvo que le resultó interesante conocer los cambios legislativos que se han hecho en Chile, tanto en la Ley de Servicios Sanitarios Rurales, como también con el nuevo Código de Aguas. A su juicio de Abdala se “abren oportunidades y posibilidades distintas de mejora en el uso del agua, y particularmente, en las posibilidades de participación de la ciudadanía en término de la toma de decisiones respecto al quehacer con los recursos hídricos en el país, y en cada una de las cuencas hidrográficas”. Sostuvo, además, que es un espacio que nunca se había abierto, como es esta condición, que es la sociedad civil pueda coadyuvar al Estado en la toma de decisiones respecto de “qué hacemos con el agua en este país”, precisó.

Solución de problemáticas entorno al agua en La Araucanía

El jurista analizó también que “se abre un espacio interesante y lo que tiene que ver, particularmente, con la disponibilidad, y esto, porque, si bien, en Chile tenemos una concentración de derechos de agua en un número muy pequeño de personas, de familias, de empresas, no obstante, el nuevo Código de Aguas establece la condición de que todas aquellas aguas que no estén siendo utilizadas y que, por tanto, entren a un sistema de pago de patentes por no uso, al año quinto de la aprobación del Código, o sea, estamos hablando del año 2027, van a volver a propiedad completa del Estado y van a caducar esos derechos, y eso va a hacer que muchas de las aguas que están inscritas en manos de pequeños grupos de particulares, que no tienen ninguna posibilidad de utilizarlas, puesto que ellos inscribieron estos derechos con fines más bien de especulación, vayan paulatinamente devolviendo estos derechos al Estado, y eso pudiera permitir, además, por otras normas del Código de Aguas, el que la Dirección General de Aguas a instancias de la propia ciudadanía, ir generando reservas de aguas con fines específicos”.

Entre los expositores estuvo Fernando Krauss, profesional del Centro Internacional de Economía Social y Cooperativa, y del Centro de Estudios del Futuro de la Universidad de Santiago de Chile, USACH, quien entregó detalles sobre el derecho humano y la justicia al agua. Para Krauss, el caso chileno, al ser un problema global el del acceso al agua, hay que sumar el calentamiento global, el cambio climático, la contaminación y la sobreexplotación del agua.

Krauss considera que hay mejores condiciones que hace un tiempo atrás, básicamente, porque la legislación ha avanzado favorablemente. Manifiesta que, por una parte, porque existe una mayor conciencia para garantizar el derecho humano al agua. “Cuando hablo de la normativa, no hablo solo a nivel internacional, sino que también nacional con las aprobaciones del año 2022 al Código de Aguas, porque hay una mayor capacidad de organización para demandar y exigir el derecho humano al agua, porque también están planteados en los compromisos de Chile en materia de desarrollo sostenible al 2030, y por lo tanto, hay mayores condiciones, pero eso requeriría de una mayor exigencia de las organizaciones sociales de la sociedad civil, y también, una mayor incidencia política para que esas normativas, que han ido avanzando, puedan, efectivamente, concretarse y ponerse en práctica en las comunidades, en las regiones; por ejemplo, en La Araucanía, donde hay muchas comunidades que no tienen agua potable y saneamiento, hay posibilidades, pero se requiere de una demanda y de una organización para que eso se cumpla realmente, y un rol del Estado más activo, que nos parece que ha sucedido en el último tiempo, a pesar de que tenemos visiones que hoy en día están en la sociedad, y que apuntan a algo distinto”.

Fernando Krauss puntualizó que lo principal es, obtener y avanzar en el derecho humano al agua en Chile. Se requiere que la sociedad debata más, discuta más; se requiere más organización, para que las comunidades exijan este derecho. “Hoy día hay más posibilidades del punto de vista legal. Se requiere que las personas tengamos una relación distinta con el agua, que accedamos a una cultura distinta del agua, de mayor respeto a la naturaleza, también, de un uso más eficiente del agua, y de asociarnos, colaborarnos, de tener una mirada más solidaria, para poder resolver los problemas de acceso al agua y del cumplimiento del derecho humano al agua“.