“Carabineros nos vino prácticamente a censar todos esos días. Nos pedían el carnet; y cuando nosotros le preguntamos la razón por la cual nos estaban visitando, nos dijeron que estaban ahí porque venían en representación de la gobernación. Para poder entregar una caja de ayuda, por el motivo de la Pandemia”, declaró Sandra Mancilla, vecina del sector.

En Chile, según el último catastro realizado por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, realizado el año 2018, había cerca de 802 campamentos ilegales, los que equivalen a más de 47 mil hogares en todo el país. El desalojo de los vecinos en la toma de terrenos de ex linea férrea, viven hoy esta situación.

Este estudio reveló que desde el 2011 al 2019 hubo un incremento en casi un 22 por ciento de las tomas ilegales. Se determinó que la causante de esta situación es el incremento en el valor de los arriendos, equivalente a un 33% de las tomas. Otra de las causas es la necesidad de independencia –dejar de ser allegados- con un 24%. Finalmente se suma las bajas remuneraciones de los trabajadores, 11,5%, que no les alcanza para poder optar a la vivienda propia.

CAMPAMENTO LADERA PICHIPELLUCO

Son cerca de 10 familias las que hace más de un año que viven de la toma de terrenos, ubicados en ladera Pichipelluco. Fueron principalmente razones económicas las que determinaron la instalación de estas familias en los terrenos de la ex línea férrea.

Sandra Mancilla Contreras es una de las jefas de hogar que vive en este sector. En conversación con elajitador.cl comentó acerca de la compleja situación en la que se encuentran las familias. Recientemente, y por orden de la Gobernación Provincial, se les comunicó que debían hacer desalojo del terreno fiscal. Según los argumentos de la autoridad, es un sector que presenta riesgos para la edificación y habitabilidad de personas.

EL DESALOJO

“Todo esto se originó hace unos meses, cuando ellos dieron cuenta a las policías acerca de unos inmigrantes que habrían comenzado a utilizar maquinaria pesada para hacer remoción de tierra y poder construir” señaló.

Mancilla comentó al ajitador.cl que uno de los vecinos le habría vendido terrenos a extranjeros por un monto de 300 mil pesos.

Sandra Mancilla agregó que luego de que las autoridades se percataran de estos hechos personal de carabineros comenzó a realizar visitas a los vecinos, tomando notas y antecedentes de las personas que viven allí. Esta situación se repitió por un periodo de 3 días, donde acudieron tanto por la mañana como por la tarde.

“Carabineros nos vino prácticamente a censar todos esos días. Nos pedían el carnet; y cuando nosotros le preguntamos la razón por la cual nos estaban visitando, nos dijeron que estaban ahí porque venían en representación de la gobernación. Para poder entregar una caja de ayuda, por el motivo de la Pandemia”, declaró Mancilla.

Los vecinos tuvieron la sorpresa a los pocos días de haber firmado el supuesto recibo de carabineros. En ese momento, llegaron las autoridades a comunicarles que debían desalojar el lugar. Es importante agregar que la mayoría de los vecinos no sabe leer ni escribir. Indican entonces, que firmaron sin saber el contenido del texto donde estamparon su rúbrica.

“Nosotros fuimos a hablar con la gobernadora para explicarle la situación. Nosotros no habíamos realizado las obras, ya que estamos conscientes de que estos terrenos son peligrosos. No hemos echado mano más que parar unas mediaguas, mientras juntamos dinero para nuestra casa propia”, continuó Sandra.

Por lo que comentó la vecina del sector de caleta Pichi Pelluco, la autoridad provincial no quiso atenderlas, y ordenaron que fueran sacados del edificio de la gobernación.

Sandra Macilla contó que gracias a la ayuda de un abogado, que no quiso ser nombrado, pudieron presentar un recurso de protección ante la corte de apelaciones. Lo anterior, para poder frenar el desalojo que debió haberse hecho el lunes recién pasado.

GOBERNACION

Leticia Oyarce, Gobernadora de la Provincia de Llanquihue,  justificó la intención de desalojar a dichas familias de los terrenos donde estaban instaladas las líneas del tren. Lo anterior, por encontrarse en una zona de riesgo y de constantes movimientos de terreno.

Las familias que se han tomado esos terrenos aprovecharon que se trata de espacios de propiedad fiscal, planos y sin uso durante décadas. Piden que no se les saque en estos meses dada la crisis sanitaria y social derivada de la pandemia del COVID19.

Sin embargo, Leticia Oyarce sostiene la determinación de la Gobernación Provincial de Llanquihue.

“Es una decisión difícil, pero como autoridad provincial debo velar por la seguridad de las personas que viven en la provincia. En ese sector en específico, históricamente siempre ha habido desprendimiento de terreno”, explico la gobernadora.

Oyarce agregó que hace un par de semanas atrás se presentó una situación similar en la ladera Mackiver, donde hubo una vivienda afectada por el desprendimiento de terreno.

INFORME DE SERNAGEOMIN

“Hay un informe de SERNAGEOMIN que respalda la decisión. Por ello se emitió la orden para desalojar el lugar. Lo más importante para nosotros, es sacarlos de un lugar donde corren peligro sus vidas, y estamos trabajando para poder brindarles una solución”, sentenció Leticia Oyarce.

La autoridad indicó que si bien el desalojo está detenido por un recurso presentado ante la Corte de Apelaciones, se mantendrá la determinación de sacar a las familias de esos sectores.

Finalmente, Sandra Mancilla comentó que ninguna de las autoridades locales, ni el alcalde Gervoy Paredes, ni la gobernadora de la Provincia, se han acercado a conversar para poder lograr una solución. “No tenemos otro lugar donde ir. Si nos vamos a la playa, como lo habíamos pensado, está la posibilidad de que nos puedan arrestar por violar el toque de queda”.