Judicialización de proyectos en Chile: US$10.520 millones en litigio según el catastro del SEA
El Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) reveló a través de una solicitud de Transparencia solicitada por el diario La Tercera, que actualmente hay 65 proyectos de inversión judicializados en el país, con un valor total de US$10.520 millones. Según el catastro, los sectores productivos más afectados son energía (29%), inmobiliario (18%), infraestructura (17%) y pesca y acuicultura (11%).
En cifras
Comparado con datos anteriores, la inversión comprometida ha disminuido en comparación con la cifra reportada en febrero, donde se contabilizaban 62 iniciativas judicializadas que ascendían a US$11.516 millones.
El informe del SEA revela que al cierre de mayo de 2023, hay 39 Declaraciones de Impacto Ambiental (DIA) y 25 Estudios de Impacto Ambiental (EIA) en proceso de judicialización.
Del total de proyectos cuestionados, el 85% de ellos mantiene su Resolución de Calificación Ambiental (RCA) aprobada, mientras que el 14% tiene un permiso ambiental desfavorable y el 1% restante aún está en evaluación.
Entre los proyectos más costosos que cuentan con su RCA favorable y están judicializados, se encuentran el Proyecto Línea 7 del Metro (US$2.528 millones), el Desarrollo Urbano Habitacional Maratué de Puchuncaví (US$2.000 millones), el Plan de Expansión Chile LT 2×500 kV Cardones-Polpaico (US$1.000 millones), el Proyecto Blanco (US$527 millones) y el Terminal Cerros de Valparaíso TCVAL (US$500 millones).
Tendencia
El incremento de la judicialización de proyectos ha sido una tendencia desde 2014, con un aumento en las acciones legales presentadas contra las resoluciones y actos administrativos relacionados con la evaluación de impacto ambiental. Estas acciones incluyen recursos de protección y reclamaciones judiciales ante los Tribunales Ambientales.
Expertos en derecho ambiental consultados coinciden en la necesidad de fortalecer la participación ciudadana, mejorar el proceso de consulta indígena y establecer reglas claras para todos los actores involucrados en los proyectos de inversión. Además, destacan la importancia de evitar cambios de criterio durante la evaluación y promover una instancia de coordinación entre comunidades y proponentes para discutir medidas de mitigación, compensación y reparación.
