El Presidente Gabriel Boric participó en el lanzamiento de la Comisión Presidencial para la Paz y el Entendimiento, la cual fue anunciada por el mismo mandatario el pasado mes de noviembre y que tiene como objetivo sentar las bases para una solución de mediano y largo plazo en materias de tierras y reparación para las comunidades mapuche contribuyendo, a su vez, a una mejor convivencia de las y los habitantes de las regiones de Biobío, La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos.

Esta instancia tendrá una agenda abierta, pero con un mandato específico: determinar la demanda real de tierras de las comunidades  mapuche y proponer mecanismos concretos y diversos de reparación. En ese sentido, el trabajo de comisionados y comisionadas estará enfocado en proponer al país una solución de Estado a la demanda de tierras, por una vía institucional que cuente con el apoyo de un amplio espectro político, social y empresarial.

Ocho miembros

En ese sentido, se decidió que la Comisión Presidencial para la Paz y el Entendimiento estuviese conformada por ocho personas -dos de ellas propuestas por Gobierno Regional de Biobío y La Araucanía-, y que sea de carácter ejecutivo.

El comisionado presidencial, Víctor Ramos, tendrá el rol de secretario ejecutivo, en el que acompañará desde el Gobierno el trabajo realizado por la comisión. 

​​Para ofrecer un marco fundado de conversación y garantías a los distintos actores, existirá un equipo de expertos y expertas en materia de tierras, derechos de los pueblos indígenas, realización de catastros y calificación de antecedentes ad hoc, que acompañará técnicamente la labor de comisionados, este grupo se constituirá a través del consenso de los propios comisionados y la secretaría ejecutiva. 

Objetivos específicos

• Sistematizará la situación actual e histórica de las tierras mapuche y revisará las experiencias internacionales buscando las mejores alternativas que puedan contribuir a su resolución en nuestro país.
• Establecerá un canal de diálogo con los distintos actores involucrados en estas materias como Gobiernos Regionales, gobiernos locales, comunidades, gremios empresariales, agricultores, víctimas de la violencia y ciudadanía en general. 
• Elaborará una propuesta con los cambios que permitan llegar a un acuerdo sobre la demanda de tierras existente, diversificando mecanismos de reparación, produciendo mejoras y modificaciones legislativas e institucionales necesarias para esa tarea.
• Promoverá iniciativas de justicia hacia el pueblo mapuche, una propuesta de reparación integral a todas las víctimas, como también la incorporación de elementos que mejoren la vida y el desarrollo de todos los habitantes de las zonas involucradas.
• Establecerá un proceso de diálogo que produzca un acuerdo preliminar con las comunidades mapuche que permita conciliar las expectativas que hoy se tienen en cuanto a reparación, con las posibilidades reales que el Estado de Chile puede ofrecer. Este acuerdo preliminar también debe ser dialogado con las distintas fuerzas de representación política y actores sociales regionales buscando un consenso transversal que haga viables las reformas necesarias.
• Entregará un informe al Presidente de la República y al Congreso Nacional para avanzar en las modificaciones institucionales y de la legislación requeridas, incluida la Ley 19.253. Una vez aprobadas las reformas la comisión termina su cometido y comienza la etapa de la implementación de las medidas.

efwEl Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Rancagua dictó ayer -lunes 19 de junio- veredicto absolutorio en favor de Natalia Carolina Compagnon Soto, Jorge Alberto Sebastián Dávalos Bachelet y Mauricio Guillermo Valero Illanes, sindicados por el Ministerio Público y el Consejo de Defensa del Estado como autores de los delitos de estafa e infracción a la ley de propiedad intelectual. Ilícitos supuestamente cometidos entre 2011 y 2013, en perjuicio de la sociedad Inversiones Graneles Limitada.

En resolución unánime (causa rol 67-2020), el tribunal -integrado por los magistrados Carolina Garrido Acevedo (presidenta), Cristián Fredes Hernández (redactor) y Fadua Salas Eljatib-, tras la deliberación de rigor, decretó la absolución de los acusados dada la insuficiencia de la prueba rendida para dar por establecida los delitos imputados y la participación atribuida a los acusados.

Según la acusación fiscal, la sociedad Exportadora y de Gestión Caval Limitada (cuyos socios eran Compagnon Soto y Valero Illanes) habría generado entre 2011 y 2013 un perjuicio económico a sociedad Inversiones Graneles Ltda., a través de la venta de informes y asesorías copiados de sitios web.

“La prueba fue insuficiente”

El acta de deliberación consigna, respecto del delito de estafa que: «(….) un punto especialmente relevante para el persecutor, y en el cual se centró la mayoría de la prueba rendida durante el juicio, fue la existencia, como elemento del engaño, de una serie de informes relacionados con temas mineros, que habrían sido obtenidos desde la página web de la Comisión Chilena del Cobre (en adelante Chochilco) y luego entregados a Gonzalo Vial Concha como si hubiesen sido realizados por la sociedad Caval».

«(…) así, la prueba fue insuficiente para establecer el supuesto más básico de la imputación derivada de tales informes, pues ni siquiera se acreditó que esos documentos fueron entregados a Gonzalo Vial Concha por alguno de los socios o trabajadores de Caval. Lo anterior, es suficiente para desestimar toda imputación que deriva de este hecho, respecto de los tres encausados, pues el presupuesto básico de la misma era la mencionada entrega. Sin embargo, el tribunal estima que, aún de haber resultado probada la entrega de los documentos en los términos propuesto en la acusación, no es posible concluir que dicha acción sea constitutiva de un engaño típico», razona el tribunal.

“Impide configurar el ilícito imputado”

Asimismo, con relación a la infracción al artículo 79 bis de la ley sobre propiedad intelectual, el tribunal estimó que: «(…) en el presente caso, como se analizó a propósito del delito de estafa, la única conducta que puede ser atribuida a los acusados es la de suprimir o cambiar el nombre del autor de la obra, pues se trata de documentos que estaban a disposición de cualquier persona que quisiera consultarlos, bajarlos o imprimirlos desde la página web de Cochilco, es más, fueron realizados con la finalidad de difundir la información en ellos contenida».

«Como también se dijo antes, el primer hecho que debía ser acreditado, era que los referidos documentos fueron entregados a Gonzalo Vial por alguno de los acusados. Luego, debía probarse que en esa entrega, los acusados desconocieron la autoría real de esos informes y atribuyeron la realización de los mismos a la sociedad Caval. Como se dijo anteriormente, ninguno de tales hechos fue acreditado, muy por el contrario, la prueba solo permitió establecer que los documentos aludidos fueron entregados durante la investigación por el señor Vial, sin que pudiera probarse que fuera alguno de los acusados, en particular la señora Compagnon quien a su vez los entregó a señor Vial. Como consecuencia de lo anterior, tampoco se acreditó que fue lo que realmente recibió el señor Vial y en qué contexto, en particular si al momento de la entrega se le dijo que esos documentos, incluso el Reglamento de Minería al que se ha hecho referencia, eran de autoría de la empresa Caval. Por último, lo cierto es que, en su mayoría, los propios documentos mencionan como fuente a la Comisión Chilena del Cobre, de modo que no es posible pretender que se desconozca la autoría de los mismos, lo que impide configurar el ilícito imputado», releva el acta de deliberación.

La audiencia de comunicación de la sentencia -que será redactada por el juez Fredes Hernández- quedó agendada para las 13 horas del próximo martes 27 de junio.

En una significativa entrevista concedida a Radio Universidad de Chile, Mónica Araya, abogada de derechos humanos y madre de Juan Waldemar Henríquez Araya, quien fue asesinado por agentes de la CNI durante la matanza de Corpus Christi en 1987, compartió su lucha incansable por la verdad, la justicia y la memoria.

Durante la entrevista, Araya expresó: “Van a pasar 50 años y nosotros los familiares no sabemos qué ha pasado con nuestra gente. No tenemos conocimiento, fallecen los que han detenido a nuestra gente y mueren con una política del silencio, porque ese fue el compromiso de ellos“.

Memoria

Desde 1976, Araya ha estado en una intensa búsqueda para encontrar a sus padres, Bernardo Araya y María Olga Flores, quienes fueron detenidos por la DINA (Dirección de Inteligencia Nacional) en ese año. Además, recordó el doloroso momento en el que se enteró del asesinato de su hijo Juan durante la matanza de Corpus Christi: “No puede ser, si mi hijo no está en Chile. Cómo va ser así. De ahí me llevaron al Instituto Médico Legal y mi marido y la periodista Mónica González habían visto a mi hijo asesinado“.

En el contexto de la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado en Chile, Mónica Araya expresó su deseo de que nunca más se repitan atrocidades similares. Criticó la injerencia de Estados Unidos en los asuntos del país y subrayó la importancia de la verdad y la justicia en la búsqueda de la memoria histórica.

En un emotivo cierre, Araya destacó el valioso trabajo del Observatorio Ciudadano de la Corrupción Judicial y su compromiso en la lucha por la verdad y la reparación de las víctimas. A pesar de los obstáculos y las adversidades que ha enfrentado, su determinación y valentía continúan siendo un ejemplo de lucha incansable en la búsqueda de la memoria y la justicia en Chile.

Durante la gestión del gobierno anterior en la lucha contra la pandemia de Covid-19 en Chile, se han revelado situaciones preocupantes relacionadas con diferencias en el conteo de fallecidos y la eliminación de correos electrónicos en el Ministerio de Salud (Minsal).

Según una investigación del medio CiperChile, en cerca de 21 correos electrónicos entre altos funcionarios del Minsal, se han encontrado errores e inconsistencias en la información durante el pico de la pandemia. Específicamente, se han identificado falencias en el conteo de fallecidos, lo que ha llevado a informar erróneamente un número menor de muertes debido al virus. Esta situación ha generado inquietud entre los trabajadores del ministerio.

Fueron eliminados

El entonces ministro Jaime Mañalich, junto a asesores de Presidencia, era responsable del registro de fallecidos. El problema principal radica en la discrepancia entre las cifras de muertes que se reconocían públicamente y las que se manejaban internamente en el Minsal, llegando incluso a ser el doble.

Además, se ha descubierto que algunos correos electrónicos que reconocían esta problemática fueron eliminados de las casillas de correo. También se han registrado casos en los que personas fallecidas a causa del Covid-19 aparecían como vivas en registros duplicados.

Por ejemplo, en un informe de agosto de 2020 se informó de 2.475 fallecidos, mientras que en los registros del DEIS (Departamento de Estadísticas e Información de Salud) se indicaba un total de 4.675 decesos hasta esa fecha, casi el doble.

Es importante mencionar que estas diferencias también se reflejaban en el manejo de las bases de datos. Mientras los equipos técnicos del Ministerio de Salud trabajaban con su propia información, el círculo cercano del exministro Mañalich y la exsubsecretaria Daza generaban sus propios informes, que posteriormente se hacían públicos.

Advertencias

De hecho, una integrante de la Oficina de Inteligencia Sanitaria del DEIS advirtió sobre otra falla en el registro de muertes. Se reportó que en Epivigila, el sistema en el cual los equipos de salud de clínicas y hospitales informaban los contagios, los fallecidos seguían apareciendo como pacientes vivos.

En otro correo electrónico, Rodrigo Fuentes del Departamento de Epidemiología expresó: “(…) Estoy seguro de que si revisamos con detalle, hay muchos registros que no tienen coherencia interna (por ejemplo, casos descartados con PCR positiva).”

Por último, dentro del Ministerio de Salud surgió la incertidumbre sobre si era posible o no modificar los certificados de defunción. Esto se planteó debido a que algunas familias solicitaban cambios en los certificados para poder llevar a cabo funerales.