En medio de un preocupante aumento de delitos violentos que origina una sensación de inseguridad en la región de Arica y Parinacota, la Asociación de Directivos, Profesionales, Técnicos, Administrativos y Auxiliares de Gendarmería de Chile (ADIPTGEN) ha declarado un estado de alerta, dado que los funcionarios/as civiles no uniformados que trabajan en Gendarmería de Chile, específicamente en el CRS Arica (Centro de Reinserción Social) están siendo afectados por las deficientes condiciones laborales y de infraestructura, donde lo más grave es el déficit de personal, que no está permitiendo cumplir a cabalidad la importante función pública de reinserción a la que están llamados. 

En este sentido, la labor principal de dichos establecimientos es de ejecutar todas aquellas medidas sustitutivas a la reclusión, así como también, la libertad vigilada, es decir, un rol fundamental en la tarea de la reinserción. Esto, considerando además que, a nivel nacional, el Servicio controla aproximadamente un 45% de la población penal. 

Brechas

Carolina Bravo, presidenta regional en Arica de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF), manifestó su preocupación por la situación actual: “Hoy día, se ha visto un desmedro importante en los Centros de Reinserción Social que trabajan con personas no privadas de libertad. En Arica, las dotaciones con las que cuenta el Servicio son insuficientes, existiendo brechas que no ha sido cubiertas, no contando hoy siquiera con los mínimos necesarios para su funcionamiento, ya que existen trabajadores/as que se han acogido al incentivo al retiro, los cuales no han sido reemplazados, siendo sus funciones absorbidas por el resto de quienes quedan, con el respectivo desgaste que ello produce. Así mismo, al aumentar la complejidad de los perfiles deben aumentar la cantidad de atenciones, de una al mes, a cuatro al mes, con el mismo personal, siendo aquellos los estándares establecidos por la misma institución a lo que no puede darse cumplimiento dada la falta de personal. El aumento de los delitos violentos, el crimen organizado, y la migración ilegal asociada a delitos de mayor complejidad, ha producido un aumento de un 130% de peligrosidad en los delitos con los cuales trabajan, hoy en día, los y las funcionarias.  

Dentro de las demandas expuestas por los trabajadores/as, se encuentran; mejoramiento en las dotaciones actuales; seguridad de los y las trabajadores/as en el ejercicio de su función considerando que el espacio de atención de la población de riesgo con la que trabajan, no contiene medidas de resguardo de ningún tipo para ellos (paleta, detección de metales, revisión corporal, otras), apoyo en salud mental para los/as trabajadores/as, ya que hay 3 casos centinela actualmente por estrés laboral, con apoyo psicológico en esta materia, lo que obliga a poner las alarmas en la forma en que se debe apoyar a los funcionarios/as que desempeñan cargos de tanta responsabilidad social, cuyas prestaciones de calidad hacen la diferencia entre un buen proceso de reinserción en aras de evitar reincidencias, considerando en rol de acompañamiento y control que tienen, y que es de gran impacto en el bienestar de la ciudadanía. 

Severos problemas de infraestructura

Por otro lado, la infraestructura no cumple con los requerimientos de los y las trabajadoras Así lo expresó Carolina Bravo: “A nosotros nos tocó ver dónde se encuentra el CRS hoy día, observándose vías de acceso muy peligrosas, que no cuentan con rutas de escape”. Además de las condiciones físicas, existe un déficit de funcionarios/as que agrava la situación y genera irremediablemente, una disminución en la calidad de las prestaciones que se entregan.

Ante esta problemática, ADIPTGEN ha decidido visibilizar las necesidades y particularidades del Servicio en la región de Arica y Parinacota. En este sentido busca generar conciencia en las autoridades y la opinión pública sobre la importancia de realizar un trabajo efectivo, sobre todo en el contexto actual, donde la principal problemática que identifica la ciudadanía es precisamente el alza de delitos violentos y la sensación de inseguridad.

Carolina Bravo hizo un llamado a las autoridades: “Le pedimos a la SEREMI de Justicia que intencione alguna reunión con el Subsecretario, ya que tenemos dos Servicios que están iniciando un estado de alerta o movilización en dicha cartera, SENAME ANFUR y ADIPTGEN“. Asimismo, además de plantearse la tarea de instalar esta problemática como tema de discusión en la mesa de trabajo de seguridad a cargo de la Delegación Presidencial, la presidenta regional de ANEF Arica, propuso la creación de una mesa de trabajo de seguridad, que visibilice las necesidades de los funcionarios públicos  y la misión de seguridad en la que cada uno de ellos aporta en la región, considerando la instalación de bandas criminales internacionales y todas las problemáticas relacionadas, que han golpeado con fuerza a la región de Arica y Parinacota y a todo el norte del país, donde el rol de los y las funcionarios/as públicos es fundamental.  

En su tercer trámite legislativo, la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó y despachó a ley el proyecto que aumenta gradualmente el Ingreso Mínimo Mensual a $500 mil en julio de 2024. La iniciativa recibió el respaldo de 84 votos a favor, 55 en contra y dos abstenciones.

Según la ministra del Trabajo y Previsión Social, Jeannette Jara, “estuvimos durante buena parte del día en riesgo de que esto se pudiera aprobar o no, principalmente porque Republicanos se opuso y efectivamente desde Chile Vamos también tenían algunas dudas que se manifestaron en el debate político con una posición contraria”.

La decisión de la Corporación fue celebrada por Jara, quien señaló que el aumento beneficiará a “946 mil familias de trabajadores y trabajadoras del país, que además se va a empezar a pagar en dos días más”. La ministra destacó que el salario mínimo se reajustará en una primera cuota de $410 mil a $440 mil durante el mes de mayo, luego a $460 mil en septiembre y finalmente alcanzará los $500 mil en julio de 2024.

El ministro de Hacienda, Mario Marcel, afirmó que “lo importante es que tenemos aprobado este incremento del ingreso mínimo, cumpliendo con anticipación a una meta que el programa de Gobierno tenía contemplado para el final de su periodo”.

Casi un millón a nivel nacional

Por su parte, el presidente de la Cámara de Diputados, Vlado Mirosevic, destacó que “es un aumento muy significativo el salario mínimo a $500 mil” y subrayó que más de 1 millón de trabajadores y trabajadoras en Chile se verán beneficiados con esta medida.

El proyecto contempla un alza que se dividirá en tres tramos. Según Jeannette Jara, “el salario mínimo se reajusta en una primera cuota de $410 mil a $440 mil ahora durante el mes de mayo. A $460 mil durante el mes de septiembre y en julio del 2024 a $500 mil”.

Además del aumento salarial, el proyecto incluye subsidios para las mypymes y cooperativas. Según el ministro de Economía, Nicolás Grau, la iniciativa “da 20 días para efectos de que la web del SII ofrezca la posibilidad de postular a este subsidio”.

Con la aprobación del proyecto, el Gobierno del Presidente Gabriel Boric cumple una de sus más importantes promesas de campaña, mejorando las condiciones económicas de miles de trabajadores y trabajadoras en el país.

Hoy, una alerta se extendió a las diferentes unidades del Ejército, prohibiendo a los funcionarios encender sus computadoras o acceder a Internet. La razón detrás de esta medida es un ataque cibernético que ha afectado las redes internas de la institución castrense.

Internamente, se ha comunicado a los funcionarios: “Buenas tardes a todos, por motivos de seguridad de la Red Intranet Institucional y de un incidente de seguridad informática que afecta a la Intranet del Ejército”. Asimismo, se les ha recomendado tomar medidas para prevenir vulnerabilidades.

En primer lugar, se ha ordenado “prohibido encender cualquier computadora de la unidad, todos los computadores deben permanecer apagados”. También se les ha indicado que no conecten dispositivos externos, como pendrives, y que desconecten físicamente el cable Ethernet de todas las computadoras e impresoras conectadas a la red Intranet institucional.

Ramsomware

Hasta el momento, se ha determinado que se trata de un ataque informático que comenzó el viernes e involucra un ransomware, un virus que encripta información y exige un rescate para liberarla. Sin embargo, actualmente se están llevando a cabo contrataques informáticos para intentar recuperar los sistemas y protegerlos. Aún no se ha determinado la magnitud exacta del ataque.

Desde el Ejército, han señalado que “la red de transmisión de datos institucional ha sido afectada por un incidente informático, el cual fue detectado por los sistemas de ciberseguridad implementados”.

Por lo tanto, se ha decidido aislar la red y “realizar las auditorías correspondientes por parte de los organismos de ciberseguridad institucionales, así como llevar a cabo los trabajos de recuperación y certificación de la red para su puesta en marcha de manera segura”.

La institución ha explicado que una vez detectada la amenaza, se han proporcionado los detalles al Equipo de Respuesta ante Incidentes de Seguridad Informática (CSIRT) del Estado Mayor Conjunto y, posteriormente, al Ministerio de Defensa Nacional. “Es importante destacar que hasta la fecha no se han visto afectados los sistemas críticos de información, aunque se continúa evaluando el posible alcance del incidente”, concluyeron desde el Ejército.

En una activa e intensa semana, labor liderada por Patricio López, presidente regional de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF), se alcanzaron diversos logros en la región de Coquimbo. La semana pasada estuvo marcada para el Consejo Regional, por el apoyo prestado a la movilización del Ministerio de las Culturas.

Tras días de manifestaciones, lograron captar la atención de la ministra Vocera de Gobierno, Camila Vallejo, quien se encontraba en la región para participar de la Cuenta Pública de la Delegación Presidencial. En una cita con la secretaria de Estado, sentaron las bases para establecer una mesa de trabajo regional, la cual abordará de manera prioritaria las problemáticas locales que afectan a los trabajadores del Ministerio de las Culturas en la región de Coquimbo.

Resultados

López destacó la importancia de este logro, afirmando: “De cinco problemáticas locales que estaban enfrentando las y los trabajadores, ya tenemos dos solucionados, y estamos trabajando en los otros tres”.

Una de las cuestiones que se resolvió gracias a la intervención de la ANEF Coquimbo fue la mejora de las condiciones del vehículo utilizado por los trabajadores para supervisar programas y realizar trabajos en terreno. López explicó: “Nuestra región es un territorio que tiene mucha ruralidad, y la exigencia desde el servicio es poder llegar a toda la comunidad. Ahí, desgraciadamente no se estaba logrando, al no tener ese vehículo. Y ya se logró, se acordó, incluso con compromiso del Gobierno Regional“.

Patricio López expresó su satisfacción al afirmar: “Fue bastante grato que la ministra nos escuchara e incidiera en la instalación de esta mesa regional, que seguirá sesionando constantemente hasta que se logren solucionar las problemáticas identificadas en el servicio“.

Limarí

Posteriormente, el Consejo Regional se trasladó hasta la provincia del Limarí para reunirse con las y los dirigentes de los gremios de trabajadores públicos de la provincia, en un esfuerzo por ampliar su representatividad y fortalecer la labor sindical en toda la región,

Aunque todavía no se ha podido conformar una directiva provincial de la ANEF en Limarí, este encuentro permitió iniciar la organización y establecer un comité de trabajo. El objetivo es construir un consejo provincial en la provincia de Limarí. Patricio López señaló: “Desgraciadamente, en la región, solamente está todo concentrado en un extremo, en las provincias de Elqui y Coquimbo, donde está la capital regional, por lo que se nos ha quedado un poco atrás el trabajo con Limarí y Choapa. Pero con esto empezamos a avanzar y trabajar con ellos, y creamos un comité con el cual vamos a empezar a trabajar y tener reuniones mensuales en terreno, allá“.

El presidente regional de la ANEF Coquimbo reconoció las particularidades y desafíos que enfrentan en Limarí y Choapa, y expresó su interés en replicar los logros obtenidos a nivel regional en estas provincias. La ANEF Coquimbo busca promover la participación y la elección de un director provincial en Limarí, ya sea a través de una elección complementaria o en las próximas elecciones oficiales.

Patricio López hizo mención especial al presidente histórico de la ANEF, Luis Vega Navarro, quien falleció el año pasado y fue homenajeado de forma póstuma por el consejo regional en el marco de los 80 años de la agrupación. López señaló que la falta de representantes en la provincia de Limarí es uno de los mayores desafíos a los que se enfrentan, pero agradeció el apoyo de los dirigentes de servicios motivados que permitieron iniciar el trabajo en conjunto.

La presidenta regional de ANEF Arica y Parinacota y dirigenta nacional de la Asociación Nacional de Funcionarios Regionales de SENAME (ANFUR), Carolina Bravo, manifestó su preocupación por la falta de claridad en el proceso de traspaso del Servicio Nacional de Menores (SENAME) al Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil, problemática que hoy en día afecta principalmente al norte de nuestro país, ya que la primera bajada en la implementación del nuevo Servicio comienza el 13 de julio del 2023, desde la región de Arica y Parinacota hasta la región de Coquimbo, por lo cual los trabajadores/as enfrentan numerosas inquietudes y falta de claridad en aspectos muy relevantes sobre su futuro laboral.

Según Bravo, si bien es cierto existen mesas de trabajo sostenidas con las tres asociaciones de carácter nacional, los avances en torno a temas trascendentales con el Ministerio de Justicia y SENAME, en búsqueda de certezas han sido lentas, y también lo ha sido el proceso de preparación para el traspaso y la aprobación de los respectivos decretos con fuerza de ley. Esto ha generado confusión y un sinnúmero de situaciones que afectan a los trabajadores/as y que a la fecha no tienen definición. Existen dudas sobre la homologación de cargos, los criterios de prelación que se han aplicado para dichos cargos, cuales regiones contarán con sistemas semi cerrados, cuáles serán las dotaciones por región, si se contará con algún segmento protegido que favorezca a las personas por edad, cuáles serán los grados de dichos cargos, la exigencia de profesionalización para los educadores y coordinadores y los cargos que definitivamente no vienen considerados y cuya falta de continuidad mantiene a las personas muy afectadas ante la posibilidad de no ser traspasadas.

La representante de ANFUR explicó: “Las respuestas han sido lentas y poco formales, siendo gran parte de ellas tales como “se está trabajando en ello” “se está viendo”. En este sentido se entiende que es parte de un proceso que cruza aspectos técnicos y presupuestarios, pero la gente del norte ve con mucha angustia que ya no queda tiempo, ante lo cual se instala una atmósfera de incertidumbre y desconfianza en el proceso y sus actores, incluidos los dirigentes, quienes no logran dar las respuestas que las bases esperan ante un proceso tan trascendental como el que se está viviendo” 

Falta de garantías

Es importante señalar que a un mes y medio de la fecha en que se debe comenzar el nuevo Servicio, “no existe claridad aún bajo que concepto se va a proceder, ya que el traspaso comienza el 13 de julio y termina el 13 de enero del 2024 en el norte. Entonces, qué trabajadores parten, quiénes terminan ¿los cargos que deben comenzar siendo traspasados en las direcciones regionales deben seguir ejecutando funciones en SENAME, o tendrán que ejecutar la mitad de las funciones en el Servicio antiguo y la mitad en el nuevo? son todas inquietudes que se han levantado y la verdad es que ante la gran mayoría de preguntas que los funcionarios/as han expresado, no hay respuestas claras por parte de las autoridades“.

Bravo agregó “las autoridades deben considerar que somos trabajadores/as públicos, quienes desempeñamos nuestras funciones en contacto directo con jóvenes infractores de ley, en contextos muy hostiles, de mucha adversidad y en sistemas privativos de libertad  muy complejos, por lo tanto, tener a los trabajadores en esas condiciones, de incertidumbre, de no saber que viene el día de mañana, si van a tener trabajo el próximo año o no, si podrán asumir compromisos económicos, es un tema muy delicado, necesitamos una mayor preocupación por la salud mental de las personas que están ejerciendo funciones hoy, ya que son quienes están encargados del trabajo de reinserción de muchos jóvenes”

En alerta

Ante esta situación, los trabajadores/as de ANFUR SENAME Arica han decidido iniciar un proceso de movilización, declarándose en estado de alerta, dando a conocer a través de carteles ubicados en el CIP CRC sus principales inquietudes, buscando visibilizar su situación, considerando la lejanía que mantienen con el resto de regiones. La dirigenta destacó, entre otros, la importancia de que las autoridades del Ministerio de Justicia aceleren los procesos y brinden claridad a los trabajadores/as, haciendo un llamado en esa línea, al subsecretario de justicia Jaime Gajardo, a modo de mejorar la información en calidad, tiempo y forma. 

Dicha autoridad fue informada sobre las inquietudes de los trabajadores/as del norte en una visita realizada este lunes a la región de Arica y Parinacota donde el presidente regional de ANFUR fue recibido por el representante del Ministerio de Justicia. La lentitud del trabajo en los decretos con fuerza de ley involucrados en la implementación de este servicio y la implementación progresiva de la ley en diferentes regiones han generado críticas, considerando que la carga de la “puesta a prueba” recae en las regiones del norte. 

Finalmente, los trabajadores/as requieren certezas para poder decidir, bajo legítimo derecho, si continúan o no en el nuevo Servicio, ya que la disponibilidad de información clara y precisa es fundamental para tomar decisiones informadas.